miércoles, 11 de abril de 2012

¿Cómo puede afectar a las personas contratadas como promotoras de empleo el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado?

1. Es obligado leer las disposiciones adicionales y finales de todos los proyectos de ley, y desde luego lo es más aún en el del proyecto de Presupuestos Generales del Estado recientemente presentado. Por ejemplo, te encuentras con preceptos que dejan sin contenido el fondo de integración para inmigrantes durante este año, la fijación de un nuevo retraso para la entrada en vigor de la ampliación del permiso de paternidad, la prórroga del programa PREPARA,la fijación de la jornada general de trabajo para todo el sector público en 37,5 horas semanales con el carácter jurídico de disposición básica, o modificaciones relevantes en la regulación de la financiación de la formación profesional para el empleo como por ejemplo la utilización de los fondos que provienen de la cuota de formación profesional para financiar proyectos públicos de empleo y formación.

2. Pero el objeto de esta breve nota es referirme a un precepto que no ha pasado desapercibido en modo alguno a las personas que ejercen su actividad profesional como promotoras de empleo en los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, y que ha generado mucha incertidumbre sobre su futuro laboral, y desde luego también genera muchas dudas sobre su posible impacto negativo en la gestión de las políticas activas de empleo. Básicamente se trata de un cambio de fecha respecto a la de finalización de su actividad, ya que en la norma ahora derogada se mencionada el 31 de diciembre de 2012 y en la que todavía es proyecto de ley se hace referencia al 30 de junio.

La norma afectada es el Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, publicado el mismo día en el BOE. En su preámbulo encontramos estas referencias a la cuestión que merece mi atención:

“En los últimos tres años la economía española ha perdido casi dos millones de puestos de trabajo. Este nivel de desempleo constituye un coste personal y social para muchos trabajadores y trabajadoras y para sus familias y, además, supone un lastre inasumible para el crecimiento de nuestra economía y del empleo; por ello, el Gobierno quiere afrontar el problema del paro situando las necesidades y los servicios a las personas –especialmente a las desempleadas- y a las empresas como centro de gravedad de la actividad de los Servicios Públicos de Empleo, que deben estar muy próximos a las personas desempleadas, conocer mejor sus necesidades para mejorar su empleabilidad y prestarles apoyo.

Para ello, el Gobierno se ha comprometido, en el marco del diálogo social con los interlocutores sociales y la concertación territorial con las Comunidades Autónomas, a abordar de manera inmediata una reforma de las políticas activas de empleo, redefiniendo su contenido y desarrollo para que sean más útiles para las personas desempleadas, conjugar la competencia normativa del Estado con la competencia de ejecución de las Comunidades Autónomas y fortalecer los Servicios Públicos de Empleo.

Para garantizar la efectividad de esta línea prioritaria de la actuación del Gobierno, resulta imprescindible anticipar la adopción de medidas que permitan desarrollar un modelo de atención individualizada a las personas en situación de desempleo basado en un itinerario personalizado de inserción, que permita dar cumplimiento real y efectivo a lo dispuesto a este respecto en la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Para realizar eficazmente esta función, este Real Decreto-ley tiene por objeto la incorporación, hasta el 31 de diciembre de 2012, de 1500 nuevas personas promotoras de empleo a los Servicios Públicos de Empleo, así como la prórroga hasta el ejercicio 2012 del Plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral, aprobado en 2008, dotándole de estabilidad, de conformidad con la habilitación concedida al Gobierno por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, y que supuso un refuerzo del personal de los Servicios Públicos de Empleo, incrementando en 1.500 el personal técnico para la promoción de empleo disponible en las oficinas de empleo en todas las Comunidades Autónomas, incluidas el País Vasco, Ceuta y Melilla.

La valoración positiva de los efectos de este Plan extraordinario de medidas de orientación, formación profesional e inserción laboral aconseja su prórroga y la mejor definición de las actividades que desarrollarán estas personas promotoras de empleo, de atención directa y personalizada a trabajadores y desempleados y a las empresas, así como la financiación necesaria para estas medidas.

Dada la situación expuesta del mercado laboral, y lo dilatado de los procesos de selección de personal, con el fin de que el 1 de febrero de 2011 se encuentren desarrollando su labor en los Servicios Públicos de Empleo un total de 3.000 personas promotoras de empleo, las 1500 incorporadas en 2008 y las 1500 de nueva incorporación derivadas de lo previsto en el presente Real Decreto-ley, en las medidas que se adoptan, concurren, por la naturaleza y finalidad de las mismas, la circunstancia de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de la Constitución como presupuesto del Real Decreto-ley”.

Estas líneas generales se concretan en el texto articulado del RDL en su artículo 15, que lleva por título “Medida para el refuerzo de la atención a la demanda y oferta de empleo en el Sistema Nacional de Empleo”, y en el que se dispone lo siguiente:

“Con el fin de reforzar la atención a las personas demandantes de empleo y a las empresas que ofertan empleo, se aprueba la medida consistente en la incorporación de 1.500 personas como promotoras de empleo, que realizarán su actividad en las oficinas de empleo de los Servicios Públicos de Empleo, desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Esta medida será de aplicación en todo el territorio del Estado y su gestión se realizará por las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Respecto de la gestión por las Comunidades Autónomas de esta medida, los créditos correspondientes se distribuirán territorialmente entre dichas administraciones, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal”.

3. Pues bien, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado modifica este precepto. Hay que ir a la disposición final decimocuarta para encontrar este mínimo pero sustancial cambio de fechas por el impacto jurídico y social que puede tener.

El texto de la citada disposición adicional es el siguiente:

“Modificación del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo.

Con efectos de 1 de enero y con vigencia hasta 31 de diciembre de 2012, se modifica lo dispuesto en el artículo 15 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo, que quedará redactado de la siguiente manera:

“Con el fin de reforzar la atención a las personas demandantes de empleo y a las empresas que ofertan empleo, se aprueba la medida consistente en la incorporación de 1.500 personas como promotoras de empleo, que realizarán su actividad en las oficinas de empleo de los Servicios Públicos de Empleo, desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 30 de junio de 2012.

Esta medida será de aplicación en todo el territorio del Estado y su gestión se realizará por las Comunidades Autónomas con competencias estatutariamente asumidas en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación y por el Servicio Público de Empleo Estatal en el ámbito de sus respectivas competencias.

Respecto de la gestión por las Comunidades Autónomas de esta medida, los créditos correspondientes se distribuirán territorialmente entre dichas administraciones, de conformidad con lo establecido en la normativa estatal.”

4. Cabe por consiguiente plantear las siguientes cuestiones jurídicas:

a) ¿Se extinguirán los contratos de trabajo de los promotores de empleo el 30 de junio de 2012 y no el 31 de diciembre como estaba en principio previsto?

b) ¿Se producirá esa extinción por desaparición de la partida presupuestaria asignada al efecto en los presupuestos de empleo y posteriormente territorializada desde 2008 por acuerdo de la conferencia sectorial de empleo y asuntos laborales?

c) De ser así, ¿deberá abonarse indemnización a los trabajadores afectados por el cese y en qué cuantía? ¿Será distinta la situación según se trate de personas que fueron contratadas con efectos de 1 de enero de 2011 o de personas que ya prestaban sus servicios con anterioridad desde la entrada en vigor en abril de 2008 de la normativa reguladora de los denominados orientadores de empleo? ¿Estaremos en presencia de una extinción de un contrato de duración determinada o de una extinción por causas objetivas?

d) ¿Podrá alegarse la disposición final segunda del RDL 3/2012 de 10 de febrero para justificar estas extinciones por insuficiencia presupuestaria sobrevenida, o no habrá que recurrir a esta norma al tratarse, si así fuere, de contratos de duración determinada de obra o servicio al amparo del artículo 15.1 a) de la Ley del Estatuto de los trabajadores. ¿Qué ocurrirá si alguna Comunidad Autónoma ha utilizado la figura jurídica del interino y no la vía laboral para incorporar a los promotores?

Les confieso que no tengo respuestas claras a estas preguntas, y tampoco tengo ninguna certeza de que todas ellas sean jurídicamente correctas, pero me ha parecido conveniente plantearlas. Pero, desde luego no me gusta nada la situación ni para las personas que pueden verse directamente afectadas ni mucho menos para llevar a cabo unas buenas, y necesarias, políticas activas de empleo en estos tiempos de crisis.

Muy probablemente, y me gustaría equivocarme, los recortes o ajustes presupuestarios en el presupuesto del Ministerio de Empleo y Seguridad Social van a significar una pérdida de potencialidad de las políticas públicas de empleo para encarar la crisis, y puede ser que los responsables del Ministerio, y por consiguiente del Gobierno, crean que estas políticas públicas son poco necesarias y que la magia del mercado resolverá todos los problemas de nuestro país. El drama es que mientras sigan con estas tesis, muchas más personas pueden verse afectadas por la pérdida de sus puestos de trabajo.

5 comentarios:

Lucia Galera dijo...

¿Y no es posible que el legislador haya hecho una redacción un tanto ambigua y en realidad quiera decir que se mantiene en vigor la INCORPORACIÓN de promotores en ese plazo? Según tengo entendido hay Comunidades en las que aún no se han incorporado.

Pepa Muñoz dijo...

Si, la situación es preocupante y así lo estamos viviendo los orientadores del Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), contratados por la Generalitat. Especialmente los que nos incorporamos en abril de 2010. Después de los recortes de sueldo sin reducción de jornada (7,5% el pasado enero) y de jornada y sueldo (15% este mes de abril), esta noticia nos ha caído como otro jarro de agua fría. Otro más, sumado a la incertidumbre constante en la que estamos desde hace 2 años. Si a esto le añadimos la torpeza absoluta en la manera de gestionar la comunicación en los cambios sucesivos de condiciones laborales y el silencio total con el que se responde por parte del SOC a nuestras demandas, el retrato que se obtiene es como mínimo, lamentable.
A pesar de todo, seguimos realizando nuestra labor cada día, intentando no sucumbir al desánimo, pensando en las personas que atendemos, que bastante tienen con la que les ha venido encima. Trabajamos con muy pocos recursos, echando mano de nuestra creatividad y intentando no perder la poca motivación que nos queda. Pero sería muy ingenuo pensar que los usuarios no se van a ver afectados por esta y otras medidas. El discurso va por un lado, con las políticas activas y la orientación como bandera y los hechos por otro, con la escasísima oferta de formativa, especialmente para los colectivos más vulnerables, por poner un solo ejemplo.
Gracias a espacios como este blog, podemos llegar a entender lo que se publica en unos textos que de otro modo se nos acaban indigestando. Muchas gracias por esta explicación tan clara como poco tranquilizadora. En mi Oficina y en el resto seguiremos a la espera de más noticias.

Eduardo Rojo dijo...

Hola Lucía, muchas gracias por tu comentario. De la redacción del precepto, y de la documentación de los presupuestos no creo que la interpretación que planteas (como duda)sea la que puede deducirse. El cambio de fecha me parece muy claro. Saludos.

Hola Pepa, muchas gracias por tu comentario. habrá que seguir atentamente el debate parlamentario y el preocupante recorte planteado en las políticas activas de empleo. Saludos.

Marisa dijo...

Esta situación además de preocupante es, desconcertante, ya no vale ni un contrato firmado con una fecha de finalización, en este caso el 31 de diciembre de 2012, ni las condiciones de trabajo firmadas, que no se están cumpliendo, vivimos sobrecogidos, sujetos a determinaciones que pueden variar de un día a otro.
Se nos contrató, porque las oficinas de empleo estaban desbordadas, literalmente no se podía trabajar en esas condiciones, ese es el comentario de los que trabajaron de esta manera en el año 2010, ahora la cosa no solo no ha mejorado sino que es aún peor, cada día acuden mas seres humanos a los que la “crisis” se les ha venido encima como un tsunami, personas desconcertadas que tienen la angustia en los ojos y la desesperación en las palabras que profieren y ese es el tejido humano que tenemos que atender cada día, intentando, en la medida que podemos, transmitir optimismo en un futuro incierto.
Hemos llegado porque se nos ha llamado, hacemos desde el primer día nuestro trabajo y un poco mas, intentamos humanizar una administración sin corazón, seguramente porque no hace mucho estábamos al otro lado de la mesa y tenemos en mente que pude que volvamos a estar allí, tal vez por eso, somos mas receptivos y sensibles al drama de quienes se sientan frente a todos nosotros cada día.
Ahora, nos quieren quitar de en medio, como si de números se tratara, somos 1.500 personas, no números en el papel, que damos de comer a otras muchas, que se verán afectadas por una decisión que no se sabe bien quien ha tomado.
No acierto a entender el motivo de que sea el único colectivo profesional que se nombra en todo este proyecto de ley de los presupuestos generales del estado, como si no hubiese ningún otro financiado con fondos del estado.
Desde mi punto de vista es una clara discriminación, con respecto a otros colectivos, y una arbitrariedad que ni se justifica, ni se explica, habida cuenta que la situación laboral se empeora cada día y si antes hacíamos falta, ahora mucho más.
Espero, que alguien recapacite en las consecuencias que para el servicio público de empleo tendrá esta decisión y espero que no sea demasiado tarde.

Marisa dijo...

Esta situación además de preocupante es, desconcertante, ya no vale ni un contrato firmado con una fecha de finalización, en este caso el 31 de diciembre de 2012, ni las condiciones de trabajo firmadas, que no se están cumpliendo, vivimos sobrecogidos, sujetos a determinaciones que pueden variar de un día a otro.
Se nos contrató, porque las oficinas de empleo estaban desbordadas, literalmente no se podía trabajar en esas condiciones, ese es el comentario de los que trabajaron de esta manera en el año 2010, ahora la cosa no solo no ha mejorado sino que es aún peor, cada día acuden mas seres humanos a los que la “crisis” se les ha venido encima como un tsunami, personas desconcertadas que tienen la angustia en los ojos y la desesperación en las palabras que profieren y ese es el tejido humano que tenemos que atender cada día, intentando, en la medida que podemos, transmitir optimismo en un futuro incierto.
Hemos llegado porque se nos ha llamado, hacemos desde el primer día nuestro trabajo y un poco mas, intentamos humanizar una administración sin corazón, seguramente porque no hace mucho estábamos al otro lado de la mesa y tenemos en mente que pude que volvamos a estar allí, tal vez por eso, somos mas receptivos y sensibles al drama de quienes se sientan frente a todos nosotros cada día.
Ahora, nos quieren quitar de en medio, como si de números se tratara, somos 1.500 personas, no números en el papel, que damos de comer a otras muchas, que se verán afectadas por una decisión que no se sabe bien quien ha tomado.
No acierto a entender el motivo de que sea el único colectivo profesional que se nombra en todo este proyecto de ley de los presupuestos generales del estado, como si no hubiese ningún otro financiado con fondos del estado.
Desde mi punto de vista es una clara discriminación, con respecto a otros colectivos, y una arbitrariedad que ni se justifica, ni se explica, habida cuenta que la situación laboral se empeora cada día y si antes hacíamos falta, ahora mucho más.
Espero, que alguien recapacite en las consecuencias que para el servicio público de empleo tendrá esta decisión y espero que no sea demasiado tarde.