jueves, 31 de marzo de 2011

¿Preocupa de verdad el empleo? Un comentario a partir de las conclusiones del Consejo Europeo, y un apunte sobre la reunión catalana del 25.3

1. En Bruselas (24 y 25 de marzo) se ha hablado mucho sobre la difícil situación económica y se han aprobado conclusiones que apuestan por poner en marcha medidas que contribuyan a superar la situación de crisis y a la consiguiente recuperación económica. Por ello, también cabe decir que se ha hablado de empleo y de la necesidad de su recuperación para mejorar la situación de un número importante de trabajadores o personas desempleadas que son quienes sufren más directamente las consecuencias de una crisis que en modo alguno, por si a alguien se le olvida, provocaron.

Pero, y de aquí el título de esta entrada del blog, ¿cuál es la importancia real que se le otorga al empleo en la reunión y conclusiones de Bruselas, y en los documentos preparatorios que han servido, más o menos, para llegar a tales conclusiones? Sinceramente, tengo la sensación que dicha importancia está muy subordinada a la que alcanzan todas las medidas propuestas de ámbito económico, y que además estamos perdiendo, o debilitando si queremos ser más prudentes, un punto de referencia importante de las políticas sociales que es la calidad del empleo (formación, conciliación, estabilidad,…) que pueda crearse o que ya se está creando, y cantidad sin calidad puede ser pan para hoy y hambre para mañana.

2. Dicho sea incidentalmente, la preocupación por cómo reactivar la economía catalana ha estado bien presente en la reunión del gobierno y de las principales fuerzas políticas y sociales que tuvo lugar, casualmente, el día 25 de marzo, es decir el mismo día que se aprobaban las conclusiones europeas.

En las conclusiones de la reunión catalana, cuya concreción práctica es conveniente esperar para saber cómo se trasladarán a la realidad cotidiana, se destaca que la creación de empleo ha de ser el principal objetivo del país y en esa manifestación todos estaremos de acuerdo, aunque ya no parece que se esté en el resto del contenido del documento a juzgar por las reacciones de las diferentes fuerzas políticas y sociales. Será buenos conocer como se lleva a cabo una de las conclusiones que es de la integrar y reformar la formación profesional (reglada y continua) “para adaptarla al modelo productivo, actual y futuro”, y cómo se consigue “el traspaso definitivo de fondos y competencias de la formación continua”, tanto tiempo reivindicado por los gobiernos catalanes … desde 2004. Igualmente, habrá que seguir con atención cómo se concretan las medidas de fomento de empleo que se pretenden impulsar dirigidas a los sectores más intensivos en empleo y que combinen actividad formativa y laboral, el impulso de nuevos planes de empleo en sectores generadores de empleo (atención a las personas, energías renovables, servicios turísticos) y en los que se incorporen personas que integran los colectivos más protegidos en términos de bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social; también, la letra pequeña de las ayudas económicas en forma de créditos a jóvenes sin titulación reglada para favorecer su reincorporación a los estudios, o cómo garantizar, mediante la contratación de técnicos de empleo, la atención individualizada a más de 40.000 personas en situación de desempleo. Sin olvidar en fin, cómo mejorar los procesos formativos para los perceptores de la Renta Mínima de Inserción y facilitar que quienes agoten la prestación extraordinaria estatal por desempleo (hasta el 16 de febrero el PRODI, y a partir de esa fecha el PREPARA) puedan acceder a la RMI. Está por ver, además, y en la misma línea que alguna propuesta del Consejo europeo al que en seguida me referiré, cómo puede afectar al ámbito laboral el acuerdo alcanzado de pactar con los agentes económicos y sociales “un conjunto de medidas que permitan la creación de una marco específico para las pequeñas y medianas empresas, las microempresas y los autónomos, incluida la contratación pública”.

Por cierto, como documento de trabajo para la citada reunión se presentó un detallado informe económico elaborado por el “Consejo asesor para la reactivación económica y el crecimiento”, que en sus 48 páginas incluye un amplio número de medidas que deberían adoptarse, a juicio de sus miembros, para mejorar la situación de la economía catalana. En materia de empleo y relaciones laborales el documento recupera las tesis defendidas por el grupo de 100 economistas vinculados a FEDEA en el marco de su propuestas sobre reactivación laboral en España (probablemente la relación entre varios miembros del Consejo y el grupo citado de economistas sea bastante estrecha) y defiende las bondades del contrato único y la descentralización “máxima” de la negociación colectiva. Desde luego, si alguien quería dinamitar la reunión antes de empezarla, iba por buen camino con estas dos propuestas y especialmente con la primera, y me imagino la sorpresa (y quizás también preocupación) con que serían recibidas estas propuestas en el ámbito laboral del Departamento de Empresa y Empleo, básicamente por la Secretaria General de Empleo y el Director General de Relaciones Laborales y de Calidad en el Trabajo, que finalmente fueron dejadas totalmente de lado en las conclusiones de la reunión, algo que probablemente ya pudiera estar previsto por sus redactores por tratarse según ellos de orientaciones estratégicas “que no son competencia de la Generalitat de Cataluña”.

En fin, si me permiten formular desde este blog una sugerencia al gobierno catalán, y más en concreto a los responsables de empresa y empleo, no hubiera sido una mala idea incorporar al Consejo de sabios a alguna persona con conocimientos de la normativa laboral que hubiera podido ayudar a revisar, cuando menos, algunas de las propuestas formuladas en el Informe; un texto, en el que me bastan los dedos de una mano para contar cuántas veces aparece la palabra “trabajadores”, y además me sobra alguno.

3. Vuelvo a Bruselas. En el Consejo europeo nuevamente la “introducción de reformas en el mercado laboral” parece que sigue siendo la pócima mágica que contribuirá a la reducción del desempleo, reformas que en el terreno económico han de ir acompañadas, según aprobó el Consejo, de un plan plurianual de cada estado de medidas de saneamiento (¿dónde se aplicará la tijera?) “que incluya objetivos específicos de déficit, ingresos y gastos, así como la estrategia prevista para alcanzarlos y un calendario de ejecución”. Esas reformas laborales, supongo, deben ser adoptadas por los Estados de acuerdo a su específica realidad en materia de relaciones de trabajo, aunque ciertamente han de tomar como punto de referencia las orientaciones de política de empleo para el período 2011- 2014, algunas de las cuales son recogidas en las conclusiones del Consejo y calificadas de reformas estructurales, que de forma muy esquemática podrían resumirse a mi parecer como “trabajar más, más tiempo, de manera más flexible, y con mejor preparación formativa”.

En las conclusiones se remite a las decisiones que adopte cada Estado para poner en marcha medidas con el fin de “conseguir que el trabajo sea más atrayente; ayudar a los desempleados a volver a trabajar; luchar contra la pobreza y fomentar la inclusión social; invertir en la educación y la formación; lograr un equilibrio entre flexibilidad y seguridad; reformar los sistemas de pensiones”. De no menor importancia, pero está por ver si también alcanza al ámbito laboral, que no se olvide que es competencia de cada Estado, es la manifestación favorable por parte del Consejo de la propuesta formulada por la Comisión “de proponer formas de eximir a las microempresas de determinadas reglamentaciones futuras”. Por cierto, las medidas que han de adoptarse (y probablemente ahí se incluya la relativa al afloramiento del trabajo irregular o sumergido en España que ha sido anunciada recientemente, y no concretada, por el Presidente del Gobierno, así como también el proyecto de ley de reforma de la negociación colectiva tras el acuerdo, o no, de los agentes sociales) deberán incluirse en los programas nacionales de reforma que deben ser presentados durante el mes de abril que comienza mañana y que serán evaluados en el Consejo europeo de junio.

Frente a la rapidez con que deben acometerse reformas estructurales en el ámbito de las relaciones de trabajo, decepciona leer la escueta referencia en el número 15 a la conveniencia de explorar e impulsar la introducción de un impuesto de alcance mundial sobre las transacciones financieras (bueno, si quieren ver la botella medio llena piensen en que, como mínimo, ya hay una referencia al respecto en un documento de los 27 Estados) y que el Consejo simplemente “toma nota del propósito de la Comisión de elaborar, a más tardar en otoño de 2011, un informe sobre la fiscalidad del sector financiero”. ¡Cuán largo me lo fiais, amigo Sancho!

4. Sin duda, la última reunión del Consejo será recordada y conocida por la aprobación del “pacto por el euro”, o por citar el título exacto, “Pacto por el euro plus. Refuerzo de la coordinación de la política económica a favor de la competitividad y convergencia”, que ha merecido duras críticas del sindicalismo europeo. Dicho pacto, en aquello que ahora me interesa resaltar relativo al empleo, debe tener unos objetivos concretos y cubrir áreas prioritarias fundamentales para impulsar justamente la competitividad y la convergencia, acordándose unos objetivos comunes por parte de todos los Jefes de Estado y de gobierno, si bien nuevamente será cada Estado el que los concrete en su territorio “con la combinación de medidas que ellos mismos decidan, teniendo en cuenta los retos específicos a los que se enfrentan”. Justamente uno de los objetivos perseguidos es el impulso del empleo (que se añade al del impulso de la competitividad, la sostenibilidad de las finanzas públicas y el reforzamiento de la estabilidad financiera), en el bien entendido que la obligación política de llegar a un acuerdo en un texto que deben suscribir 27 Estado lleva a equilibrios tales como que se recoja en las conclusiones que un Estado miembro puede no incluir actuaciones en alguna de las áreas citadas si puede demostrar que ello no es necesario.

Para el impulso del empleo, cada Estado, dentro de su amplio margen de autonomía, deberá prestar atención a diversas medidas (que, por cierto, en España venimos ya aplicando desde hace un cierto tiempo) tales como la reforma del mercado laboral “para fomentar la flexiguridad” (por una vez no se vuelve a insistir sobre la dualidad del mercado de trabajo y la necesidad de aprobar formular contractuales “flexibles” que en buena parte de las ocasiones sólo conducen a la descausalización de la extinción del contrato de trabajo), el incremento de la tasa de actividad con mención expresa a la participación de más de un miembro de la unidad familiar en el mercado de trabajo, políticas que apuesten por el incremento de la formación permanente del conjunto de la población, reformas fiscales que incentiven el acceso al trabajo y desincentiven la permanencia en situación de inactividad por percibir (políticas pasivas de empleo), y una protección económica de cuantía semejante al salario neto a percibir en caso de acceso al trabajo (quizás el debate no deba centrarse sólo en las “prestaciones pasivas” sino también en los bajos salarios que percibe una buena parte de la población trabajadora, ¿no les parece?). Los avances que se consigan deberán tomar en consideración cómo afectan las medidas adoptadas en los índices de desempleo de larga duración, del juvenil, y de las tasas de actividad. Además del sindicalismo europeo, las centrales sindicales españolas de ámbito estatal más representativas también se han mostrado muy críticas con el Pacto, argumentando que “la creación de empleo se presenta como consecuencia de las reformas de los mercados laborales, que impulsen la flexiguridad, y nunca a medida alguna que potencie la inversión y el crecimiento económico. Y esto es un profundo error. Es bien sabido que las reformas laborales, por sí solas, no crean empleo, como ha vuelto a demostrar la reciente reforma en España”.

No me he olvidado de la mención recogida en el texto aprobado al impulso de medidas que contribuyan a “la reducción del trabajo no declarado”, y esta parece que puede ser una de las medidas estrella del gobierno español en el inminente nuevo conjunto de reformas para “cumplir” con nuestros deberes europeos (auguro más trabajo para mis buenos amigos y amigas de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que durante una primera etapa del plan deberán mostrar su cara más “amable” y en la segunda su faz mucho más “dura”). Pero como jurista que soy, creo que hay que esperar a conocer su contenido real para poder formular una valoración de su impacto, ya no sobre la actividad económica sino sobre el grado de flexibilidad que pueda predicarse durante un cierto tiempo de la normativa laboral y señaladamente de la tantas veces modificada Ley sobre infracciones y sanciones del orden social.

5. Ahora bien, las referencias de contenido laboral no se agotan en el apartado dedicado al impulso de empleo, sino que también se encuentran en los restantes objetivos propuestos, siempre subordinadas al objetivo prioritario de la mejora de la economía (esperemos que esa mejora redunde en beneficio de toda la ciudadanía y no sólo de una parte minoritaria de la población).

El debate sobre cómo ajustar los salarios al crecimiento de la productividad se plantea de forma muy clara en las propuestas contenidas para alcanzar el objetivo del impulso de la competitividad, en el bien entendido (soy muy pesado con estas referencias, pero no lo soy porque desee alargar el artículo innecesariamente sino porque los redactores de las conclusiones lo repiten una y otra vez para tranquilidad de los Estados) que cada país será responsable de las medidas concretas que deban adoptarse para lograr ese objetivo, y que ello deberá hacerse con pleno respeto de las tradiciones nacionales de diálogo social y relaciones laborales. Los agentes sociales, las organizaciones empresariales y sindicales, mantendrán su autonomía en el proceso de negociación colectiva (pero ello ocurre no porque lo digan unas conclusiones de un Consejo europeo, sino porque existen unas Constituciones y unas leyes en los Estados que así lo establecen), pero se llama por el Consejo a la “revisión de los acuerdos de fijación de salarios y, cuando sea necesario, del nivel de centralización del proceso de negociación y de los mecanismos de indexación”, y también a la adopción de medidas ejemplares en el sector público que contribuyan a los esfuerzos de competitividad en el sector privado, siendo no menos importante desde luego, y así se reconoce de forma expresa en las conclusiones, que tales medidas (reducción o congelación de salarios, por citar los ejemplos más recientes en varios países europeos, y España no es una excepción) pueden tener en los salarios negociados en el sector privado.

En fin, el “incremento de sostenibilidad de las finanzas públicas” pasa nuevamente por tomar en consideración, y reducirlo, el gasto en materia de pensiones, atención sanitaria y prestaciones sociales. Ciertamente, no hay nada nuevo en el texto que no se haya dicho ya en otros documentos comunitarios y en especial en el libro verde de reforma de las pensiones, y de ahí que se insista (España ya ha sido un alumno aplicado y ha hecho los deberes, al menos hasta que el Parlamento apruebe definitivamente el Proyecto de Ley sobre Adecuación, Adaptación y Modernización del Sistema de Seguridad Social) en que el ajuste de las pensiones debe tomar como referencia la situación demográfica nacional, “por ejemplo mediante el ajuste de la edad de jubilación efectiva a la esperanza de vida o mediante el incremento de la tasa de actividad”, y que deben limitarse (todos estamos de acuerdo en teoría, pero la realidad de muchas empresas va por un camino totalmente opuesto) los planes de jubilación anticipada y potenciarse los incentivos para conseguir una mayor presencia de los “trabajadores de edad avanzada” (55 y más años) en el mercado de trabajo.

1 comentario:

Emilio Palacios dijo...

Querido Eduardo:
Llevo días dando vueltas a dos temas: 1. Si realmente preocupa el empleo.- 2. Si realmente preocupa la educación-formación.
Supongo que lo mismo se podría decir de la sanidad-salud, tema que solo conozco como paciente-usuario.
Tu análisis es claro, lúcido y propositivo. Gracias por esta nueva ilustración.
Emilio