martes, 29 de marzo de 2011

Flujos migratorios e inestabilidad política.

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Parlamento Europeo ha aprobado el día 16 de marzo un interesante informe sobre los flujos migratorios provocados por la inestabilidad política, social y económica, en el que se plantea cuál debe ser el ámbito de aplicación y el papel de la política exterior de la Unión Europea. El texto pasa ahora al Plenario del PE para su aprobación como Resolución en una próxima sesión. Destaco en esta entrada del blog algunas de las tesis e ideas que me parecen más relevantes del documento cuya lectura íntegra recomiendo, así como también la lectura de un reciente e interesante artículo de Carmen González, investigadora del Real Instituto Elcano, sobre los cambios políticos y las migraciones en el mundo árabe, en el que la autora analiza la variedad de situaciones respecto a la migración que existe en los países sacudidos por revueltas políticas.

Para la CC del PE, cuyo informe final ha tenido en consideración las opiniones de las Comisiones de Desarrollo, y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, la inestabilidad política, social y económica, la falta de seguridad, la represión política y los regímenes autoritarios “son las principales fuerzas motrices de la inmigración”, así como también se pone de manifiesto que el cambio climático y la degradación del medio ambiente “son cada vez más una causa común de migración”. La CC, en una muestra de equilibrismo político, manifiesta que la migración es un fenómeno a escala mundial que contribuye al intercambio de ideas pero que también “ha entrañado retos en términos de integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida”, y es del parecer que la UE necesita “una inmigración controlable pero ordenada”, debido al proceso de envejecimiento de la población europea y de otros retos sociales y económicos a los que la UE debe hacer frente.

De ahí que se considere necesario que la UE decida hasta dónde desea abrir sus fronteras a los flujos migratorios en los próximos años, y en qué medida combina esta política con la puesta en marcha de una agenda económica centrada en la inversión y el empleo para los países de los que proviene buena parte de la inmigración y que permita también evitar la fuga de cerebros en sectores claves como el sanitario o educativo (la Comisión de Desarrollo destacó en su Opinión que los países en desarrollo pierden hasta un 70 % del personal sanitario, “lo que tiene consecuencias financieras negativas, porque se pierde el dinero invertido en formación, puede llevar al desgaste de sistemas sanitarios en su totalidad y dificulta enormemente la puesta en marcha de las iniciativas sanitarias mundiales”). O por decirlo en parecidos términos, la cuestión a debate es cómo conseguir un enfoque equilibrado “entra la promoción de la migración legal a la UE y las garantías a su capacidad para acoger e integrar satisfactoriamente a los migrantes”.

Por ello, no es extraño que se pida por una parte el reforzamiento del papel de FRONTEX para poder controlar mejor los flujos migratorios, y por otra que se potencie el desarrollo social y económico de los países vecinos para que sus nacionales “no se vean obligados a emigrar”, y también que los nacionales de terceros Estados tengan un buen conocimiento de los canales de migración legal hacia los Estados de la UE, poniendo como buen ejemplo “la experiencia adquirida con el proyecto piloto de Bamako, Mali (CIGEM)”. En el bien entendido, y deseo subrayarlo, que la crisis del norte de África no puede resolverse, ni mucho menos, con medios de control de fronteras, ya que conviene hacer frente a las causas que motivan esos conflictos tanto en el terreno político como social y económico, y hay que adoptar por otra parte medidas que (estoy pensando en la isla italiana de Lampedusa) permitan el reparto de cargas entre los Estados miembros con el fin de ayudar al reasentamiento de refugiados de la región, y para ello se dispone de la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001.

La Comisión pone como ejemplo de política “eficiente y sensata de migración, a la que deben mirar la UE y sus Estados miembros, las de Canadá, Australia o Nueva Zelanda, pero es consciente al mismo tiempo que la inestabilidad política de muchos países ubicados geográficamente en regiones vecinas de la UE “pone en peligro la creación de dicha política de migración”.

La CC se muestra crítica, aunque no carga en absoluto las tintas, ante el hecho de que ningún Estado miembro haya ratificado aún la Convención de las Naciones Unidas de 1990 sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, y es del parecer que es el mejor instrumento internacional para regular los derechos de las personas migrantes. Se destaca la importancia de la migración legal, regular y ordenada, y se alerta sobre los riesgos que para la cohesión social de una sociedad de acogida puede tener la inmigración irregular, ya que esta plantea tanto problemas de gestión como de integración para los países de acogida y en ocasiones también para los de tránsito. Nuevamente con un lenguaje cuidado en las formas, pero creo que claro en el fondo, se expone que la irregularidad “puede trastornar en los países de tránsito la sostenibilidad y las perspectivas de desarrollo de los mercados laborales locales y exacerbar la inestabilidad”. Como no podía ser de otra forma, a mi parecer, la CC insiste en la aplicación del Enfoque Global de la Migración, la mejora de sus instrumentos, y la necesidad de situar los objetivos de la política de migración “en el centro del diálogo político con los países de origen y tránsito”.

Como conclusión de esta nota, reproduzco el número 34 de la propuesta de Resolución, que creo que condensa en pocas palabras el largo texto aprobado: la CC pide el establecimiento “de una política europea global de inmigración que esté vinculada a todas las estrategias e instrumentos de desarrollo y se base en un elevado nivel de solidaridad política y operativa, confianza mutua, transparencia, colaboración, responsabilidad compartida y esfuerzos conjuntos a partir de principios comunes y de acciones concretas, así como en los valores consagrados en el Tratado de Lisboa”.