Elecciones autonómicas catalanas. La inmigración (especialmente la laboral) en los programas electorales (II).

5. Una fuerza política que gobernó Cataluña durante 23 años, y que por ello conoce muy bien la realidad de la inmigración en el territorio autonómico y como fue incrementándose el número de personas inmigradas a partir de finales del pasado siglo, es Convergència i Unió (CiU), que incluye 13 propuestas más o menos concretas en su programa electoral con respecto a este fenómeno, desde el planteamiento previo conceptual de que la inmigración es un reto que toda sociedad ha de afrontar, y también “una oportunidad que nos ha de permitir avanzar colectivamente en los ámbitos humano, económico y social”, y que desde el objetivo general de posibilitar el proceso de integración de las personas inmigradas se ha de “regular y ordenar la inmigración”, con fijación de un plazo concreto, 10 años, en cuyo período CiU “se compromete a consolidar este proceso de integración y de cohesión nacional”, con estrecha coordinación entre el gobierno autonómico y los gobiernos municipales para consensuar las grandes líneas de actuación política en este terreno.

La coalición se refiere a la asunción de un “compromiso de ciudadanía” por parte de las personas recién llegadas, sin mayor concreción (aunque algunos ya tendrán más que suficiente), que la referencia a que ese compromiso debe comportar “respeto y actitud de integración en el país”. Se plantea la resolución de la difícil situación de las personas que se encuentran en situación de irregularidad, resolución que ha de respetar sus derechos individuales pero que se integra en el programa dentro del apartado en el que se propone establecer mecanismos de control de estas situaciones e inmediatamente antes de la propuesta de que esas personas puedan ser retornadas a sus países de origen, propuesta que va acompañada de la petición/exigencia al Estado de que cumpla las obligaciones legales que posee en materia de control de fronteras.

En el ámbito competencial, me sorprende una propuesta concreta de articulación de los mecanismos necesarios para ejecutar la competencia en materia de autorizaciones de trabajo, ya que no alcanzo a ver qué puede proponerse que sea distinto de aquello que ya se está haciendo por la Generalitat desde la asunción de dicha competencia en octubre de 2009; sí parece más coherente la petición de desarrollar al máximo la potencialidad del artículo 138 del EAC en materia de participación autonómica en los procesos de regularización o en la fijación del contingente, en el bien entendido, y ya es suficientemente conocido, que la Sentencia número 31/2010 de 28 de junio del Tribunal Constitucional ha limitado sensiblemente el alcance de dicha participación.

En fin, desde la perspectiva más estrictamente laboral, CiU se alinea con las mismas tesis de los grupos políticos del gobierno tripartito por lo que respecta a la necesidad de combatir de forma contundente la economía sumergida y la contratación irregular de trabajadores extranjeros, echándose en falta a mi parecer una referencia concreta a la actuación de la ITSS en cuanto que ya está transferida a la Generalitat; por otra parte, la referencia a la relación entre contratación de trabajadores inmigrantes en origen y capacidad de absorción del mercado de trabajo de Cataluña es muy clara en las propuestas de CiU, claridad que no he encontrado en las de ERC, PSC e ICV-EUA (aunque todos ellos dieron su apoyo al pacto nacional para la inmigración, en el que sí hay claras líneas de actuación política con ese mismo planteamiento), al afirmarse que la contratación de trabajadores extranjeros estará en función de las necesidades de Cataluña, y que deberá adecuarse “el crecimiento de la inmigración a las posibilidades reales de absorción del mercado de trabajo de nuestro país”.

6. El Partido Popular (PP) ha sido noticias frecuente por sus propuestas en materia de inmigración, a las que me he referido y analizado en entradas anteriores del blog, con especial atención a la propuesta formulada en su día en sede estatal del “contrato de integración”. Toca ahora examinar las propuestas para las próximas elecciones autonómicas del Partido Popular de Cataluña (PPC), recogidas en un bloque de su programa electoral con el título de “inmigración legal e integrada”, y con un breve resumen que sintetiza muy bien a mi parecer todas las propuestas desarrolladas a continuación: “queremos un cambio radical en la política de inmigración que se adapte a la realidad económica del país y a las necesidades sociales. Por eso tenemos que poner orden a los flujos migratorios para que todo el que venga lo haga legalmente con un contrato de trabajo y con el compromiso de integrarse en nuestra sociedad”.

En coherencia con la última idea, el PPC propone la puesta en marcha de un compromiso de integración y de convivencia, en el que jugaría un papel importante el aprendizaje de las lenguas catalana y castellana “sin imposiciones”, al objeto de que no haya diferencias por motivos étnicos, culturales o religiosos, y para que los inmigrantes que deseen establecerse en Cataluña “se comprometan a aceptar y asumir nuestros valores constitucionales, a cumplir nuestras leyes, a aprender alguna nuestras lenguas (sic) y a pagar sus impuestos y cotizaciones sociales”. Como soy un poco ingenuo, se me ocurre pensar que en otros apartados del programa debe haber la misma referencia a la responsabilidad fiscal para todos los ciudadanos, con independencia del nivel de renta que posean (o dicho de forma más clara, muy en especial para aquellos que más tienen).

El texto del PPC enfatiza el control de la inmigración irregular y critica que a su parecer España sea una de las sociedades europeas donde sea “más fácil entrar de forma ilegal y quedarse sin problemas hasta ser regularizado”. Para ello se propone potenciar la actuación policial, dar prioridad a la expulsión de los extranjeros “que hayan cometido delitos o faltas”, luchar contra las redes de inmigración ilegal, y conseguir que el padrón municipal no sea “la puerta falsa de entrada a nuestro país”, para lo que será necesario un mayor control en la inscripción y se requerirá la identificación legal en forma de pasaporte o permiso de residencia para poderse empadronar (tendré que leer nuevamente la normativa de régimen local y de empadronamiento para conocer exactamente qué propuesta de cambio formula el PPC para un registro que es básicamente de índole administrativa y cuyo objetivo es saber cuántas personas viven en el municipio para poder planificar y ordenar adecuadamente las políticas dirigidas al conjunto de la población).

En fin, desde la perspectiva económica y laboral las propuestas del PPC quedan bien definidas en el apartado dedicado a “establecer un sistema para atraer a los profesionales que necesita nuestra economía”, en el que manifiesta una clara preocupación por una inmigración de baja cualificación, en muchas ocasiones prestando su actividad de forma irregular, con escasas oportunidades de encontrar empleo cuando pasan a la situación de desempleo, y que además no tienen especial interés en integrarse en nuestra sociedad y en el aprendizaje de las lenguas oficiales (cada uno de los lectores y lectoras del blog que le ponga el nombre del país o países cuyos ciudadanos y ciudadanas son criticados implícitamente en el texto ahora comentado). Para corregir esa situación y atraer una inmigración adecuada a las necesidades de nuestro tejido productivo (sobre cuál sea ese tejido es una cuestión que ahora no puedo abordar) se pide la potenciación en general de aquella inmigración que tiene más facilidades para integrarse en nuestra sociedad “en función al conocimiento de nuestras lenguas oficiales, así como del sistema legal español, su historia, cultura y la proximidad cultural”, y en particular de trabajadores altamente cualificados en función de la experiencia profesional y titulación (no creo que sobre esta última propuesta haya diferencias con los restantes grupos políticos, aunque no se recoja con la misma claridad que en la del PPC, que tiene como punto de referencia sin duda la normativa de la Unión Europea de 2009 sobre trabajadores inmigrantes cualificados y las posibilidades de acceder al territorio europeo).

7. Por último, una breve referencia a la propuesta electoral de Ciutadans per Catalunya (C’s), y no porque quiera tratarlos de peor condición que al resto de fuerzas políticas, sino porque sólo dedica cinco párrafos al fenómeno de la inmigración en su programa, siendo quizás la parte más llamativa y significativa la propuesta de establecer un “visado europeo de trabajo y residencia” (supongo que los redactores del programa conocen bien la normativa de la UE y las competencias europeas y de cada Estado en materia de inmigración, y que también saben qué cambios sería necesario efectuar en el marco normativo de la UE para llevar a buen puerto la propuesta. ¿Son esos cambios posibles en la actualidad?)

La regulación de la inmigración se ha de adecuar, según Ciutadans, a la situación económica y social para evitar la generación de problemas por el acceso a los servicios del Estado del Bienestar, y de ahí que el acceso de la población extranjera a España en general y Cataluña en particular “debe controlarse y regularse en función de la evolución económica y las necesidades laborales”, debiendo respetar las leyes y los valores democráticos los inmigrantes (y digo yo que toda población, ¿no les parece?), facilitándoles para ello el conocimiento de las lenguas oficiales en Cataluña pero, y aquí surge una de los ejes centrales de la política de esta fuerza parlamentaria, “sin exigir ningún certificado de integración cuyo objetivo es la asimilación cultural e identitaria”. Se debe facilitar la inserción laboral de quien se encuentra en situación legal (una forma educada de decir que no deben encontrarse en España, ni por supuesto en el mercado de trabajo, personas en situación irregular), y garantizar el derecho de voto de los inmigrantes en las elecciones municipales (entiendo pues que de todos y no únicamente de los ciudadanos de países con los que España tenga convenio de reciprocidad).

8. En fin, concluyo esta entrada, además de pedir la lectura íntegra de los programas sobre inmigración, con la misma observación que hice al iniciarla: la síntesis es única y exclusivamente mía, y la responsabilidad de que guste más o menos, que esté mejor o peor hecha también es únicamente de mi responsabilidad. Ahora bien, del contenido íntegro de las propuestas, de sus aciertos o errores, de sus correcciones e incorrecciones jurídicas, de la mayor o menor rigurosidad, seriedad y/o demagogia en las propuestas, son únicamente responsables sus redactores. Que cada palo aguante su vela.