Elecciones autonómicas catalanas. La inmigración (especialmente la laboral) en los programas electorales (I).

1. El propósito de esta entrada del blog es analizar, a partir de la documentación publicada en sus páginas web, cuáles son los aspectos más relevantes de las propuestas formuladas por las actuales fuerzas políticas parlamentarias catalanas en materia de inmigración que han incorporado a sus programas electorales para las elecciones autonómicas que se celebrarán el domingo 28 de noviembre. He procedido también a la lectura de los programas de otras fuerzas políticas, pero dejo el hipotético comentario de sus propuestas para otro momento si obtienen representación parlamentaria.

Digo una perogrullada de entrada, pero creo que conviene decirla: las notas que siguen son una síntesis de aquello que creo personalmente más importante de los citados documentos, y por ello puede haber desacuerdo con quienes los hayan elaborado y que a buen seguro en más de una ocasión pondrían el acento en aquello que no aparecen mencionado en mi texto. Bienvenidas sean, en consecuencia, las críticas a mi análisis si sirven para conocer mejor qué piensan las fuerzas políticas parlamentarias catalanas sobre la inmigración.

Otra observación no menos importante: he rastreado todos los programas en búsqueda de la información requerida para efectuar mi comentario, pero probablemente (casi seguro) puedo haber olvidado, por omisión involuntaria, la referencia a algún ámbito de importancia para alguna fuerza política. No me pidan, se lo digo con sinceridad, que me lea con detalle todos los programas de todas las fuerzas políticas, porque la virtud de la concisión y claridad expositiva no es precisamente la característica de la mayor parte de las mismas, aunque sí les aseguro que así he tratado de hacerlo y que también espero efectuarlo por lo que respecta a la materia de política laboral, trabajo y empleo.

Me detendré en primer lugar en las fuerzas políticas que han formado parte del gobierno autonómico durante la vigente legislatura, y a continuación serán objeto de examen las propuestas de las tres restantes fuerzas parlamentarias.

2. En el gobierno catalán durante el período 2007-2010 el núcleo duro de la política de inmigración ha estado a cargo de la Secretaria de Inmigración de la Generalitat de Cataluña, a cuyo frente ha estado Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), y por ello me detengo en primer lugar en sus propuestas.

Cómo es lógico, ERC realiza una valoración positiva de la normativa aprobada por el Parlamento catalán, en concreto la ley de acogida de la población inmigrada y retornada a Cataluña, así como también del Pacto Nacional para la Inmigración, al que considera el instrumento a utilizar para llevar a cabo “una buena gestión integral y transversal del hecho migratorio en Cataluña”. Desde el ámbito de las propuestas más concretas, y en el marco de la defensa de un modelo de interculturalidad que facilite que todas las personas se sientan integradas en una cultura pública común, la catalana, con igualdad de derechos y oportunidades, se plantea la necesidad de agilizar la homologación de los estudios (supongo que se refiere a las titulaciones obtenidas en el país de origen o en otros) de las personas recién llegadas; el desarrollo de la ley de acogida (recuérdese que ha sido impugnada por la defensora del pueblo en funciones) mediante la creación de la agencia de migraciones catalana para poner en marcha las medidas previstas en la misma; la promoción del acceso a la nacionalidad española con 5 años de residencia ininterrumpida (frente a la regla general actual de los 10 años fijada en el artículo 22 del Código Civil).

Obviamente, desde la perspectiva del grupo político ahora referenciado la lengua catalana ha de ser la vehicular en la política de acogida, y ha de configurarse como un mecanismo tanto de entendimiento como de cohesión social. Desde la perspectiva estrictamente laboral hay dos consideraciones de carácter muy generales referidas al impulso de la presencia y participación de las personas inmigradas en la vida laboral (así como también en la vida social, cultural y política) y a la incorporación de la perspectiva de género en los programas de inserción laboral.

3. Para el Partit del Socialistes de Catalunya (PSC), su programa pone el acento en varias ideas de carácter general: trabajar por unos barrios dignos y cohesionados; acoger y facilitar la integración de las personas inmigradas; trabajar por una sociedad cohesionada y en convivencia, basada en derechos y deberes; garantizar unos servicios públicos de acuerdo con la población actual de Cataluña; hacer que la cultura sea un motor de convivencia; asegurar una educación integradora y de calidad; garantizar una incorporación adecuada al mundo del trabajo; proteger de manera especial a las personas más débiles.

El PSC valora positivamente la diversidad cada vez más creciente de la sociedad catalana, al mismo tiempo que enfatiza que hay que gestionar bien los impactos que esa diversidad provoca en todos los ámbitos, muy especialmente en los barrios y en el sistema educativo. Desde la perspectiva algo más concreta, pero no mucho más a mi parecer, se propone establecer criterios de empadronamiento para evitar la sobreocupación de viviendas (un problema que ha reaparecido con el incremento de la población inmigrada y que se ha agravado durante la situación de crisis, pero que hay que recordar que no afecta sólo, ni mucho menos, a esa parte de la población); una dotación mínima de agentes de mediación en todos los territorios; garantizar el cumplimiento de la normativa reguladora de la actividad comercial (¿referencia implícita a un posible incumplimiento por parte de algún colectivo extranjero?); la creación de un servicio universal de acogida (una referencia obligada en este punto al ámbito municipal y a los movimientos asociativos) que facilite el conocimiento del entorno, de la lengua y del mercado laboral (supongo que se piensa tanto en el conocimiento como en el cumplimiento de las normas) a las personas inmigradas; aportar más recursos (¿públicos, privados, en régimen de colaboración o concierto?) para garantizar que el crecimiento de la demanda de servicios públicos no deje fuera de los mismos a las personas necesitadas.

Desde la perspectiva laboral, en estrecha relación con la de integración, se valora positivamente la modificación normativa recogida en la LO 2/2009 de 11 de diciembre de facilitar el acceso al mercado de trabajo de los familiares de las personas reagrupadas, por entender que ello permite una mejor socialización e integración de toda la familia (quiero recordar que esta modificación normativa fue una de las propuestas planteadas por el Pacto Nacional para la Inmigración y que fue acogida en sede parlamentaria española). Se apuesta por reforzar las herramientas o instrumentos jurídicos que permiten garantizar la igualdad de derechos y deberes en el ámbito laboral sin ningún tipo de discriminación, con petición de una mayor actuación y especialización de la Inspección de Trabajo (recuérdese que está transferida a la Generalitat desde el 1 de marzo de este año) y el reforzamiento de las tareas de orientación laboral a cargo del Servicio de Empleo de Cataluña, para el que se pide que dedique especial atención a los “colectivos más vulnerables” que llegan por la vía de reagrupación familiar sin contrato de trabajo.

No hay una referencia expresa en el programa socialista al acceso regular de la población inmigrada a territorio español, aunque creo que puede deducirse implícitamente del texto que así ha de ser. No se omite la referencia, siempre polémica, al retorno de los inmigrantes a sus países de origen aunque sólo encontramos una referencia a facilitar el que sea de carácter voluntario (el marco jurídico, recordémoslo, ya existe, principalmente con la capitalización de las prestaciones por desempleo a que se tenga derecho); también se llama a potenciar las migraciones circulares y a poner en marcha una verdadera política europea común de inmigración, a lo que el PSC se compromete “en el marco de nuestras competencias”.

4. Sin duda alguna tras la lectura de los programas, es Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa (IUV-EUA) quien dedica más atención al “eje de migración y ciudadanía”, título de por sí ya suficientemente expresivo de lo que viene a continuación. El documento efectúa en primer lugar un balance favorable del gobierno durante los últimos cuatro años (aunque critica también determinadas políticas, siendo la más significativa, la de educación, con valoración muy negativa de los llamados “espacios de bienvenida educativa”, a los que califica de “espacios de segregación”) y valora positivamente la asunción de nuevas competencias de autogobierno en desarrollo del Estatuto de Autonomía, el haber dispuesto de más recursos económicos para llevar a cabo las acciones de acogida en ámbitos municipales, y la novedad de la LO 2/2009, antes ya señalada, de permitir el acceso directo de las personas reagrupadas al mercado de trabajo, y en general la política autonómica coordinada llevada a cabo en materia de inmigración, que contrapone a las políticas de los gobiernos de Convergència i Unió anteriores, que a su parecer eran “un conjunto de acciones dispersas, insuficientes y descoordinadas realizadas por los municipios y los consejos comarcales”.

La tesis central del documento es que Cataluña es un solo pueblo y que ha de seguir siéndolo con independencia del origen, la lengua o la cultura de cada persona, siendo un objetivo de futuro de la coalición el reforzamiento del estado del bienestar para lograr una sociedad con igualdad de derechos, deberes y oportunidades para todos. A tal efecto se propone dotar de recursos suficientes tanto al gobierno autonómico como a los ayuntamientos para que puedan llevar a cabo adecuadamente las competencias en la materia, con una mención expresa al asesoramiento para el empleo, y se enfatiza que debe garantizarse el registro en el padrón municipal de todas las personas, con independencia de su situación legal (más correcto sería referirse a la situación de regularidad o irregularidad administrativa, aunque es bien sabido que los programas electoral tienden a la simplificación).

Desde el ámbito laboral se insiste, al igual que las dos fuerzas políticas antes referenciadas, en luchar contra todo tipo de irregularidad laboral, proteger los derechos de las personas más vulnerables, insertar la perspectiva de género en todas las políticas de inmigración (y por consiguiente también en la laboral), e incrementar las actuaciones de la ITSS para garantizar el cumplimiento de la normativa laboral. A medio camino entre el ámbito educativo y el laboral, y con impacto indudable para ambos, es bien sabido que la dificultad en la tramitación de la homologación de los títulos universitarios de los extranjeros complica su acceso a puestos de trabajo acordes a dicha titulación, y por ello se exige por ICV-EUA el traspaso de la competencia de homologación para facilitar una mayor rapidez y agilidad en la tramitación. Desde el planteamiento de querer el pleno reconocimiento de los derechos de ciudadanía y de participación de las personas inmigradas que viven en Cataluña, se pide (en coherencia con peticiones ya formuladas desde hace un cierto tiempo) el reconocimiento del derecho al voto para todos los procesos electorales, con la única condición de haber alcanzado la mayoría de edad legal y ser residente desde hace tres años (la propuesta requeriría la modificación del texto constitucional, recuerdo).