Directrices generales para la política económica de la UE durante el período 2010- 2014.

1. El Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea aprobó en su reunión de los días 13 y 14 de julio la Recomendación del Consejo sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión para el período 2010-2014. Quedan pendiente de aprobación las directrices sobre política de empleo, que lo será en octubre después de que se haya aprobado en septiembre el Informe del Parlamento Europeo. De esta forma, ya tendremos las directrices integradas económicas y de empleo para dicho período.

En la introducción de la recomendación, cuyo contenido será sustancialmente el mismo que la dedicada a las directrices de empleo, se expone que las 24 directrices aprobabas en el período 2005-2007 y 2008-2010, y que han sido objeto de atención en anteriores entradas del blog en sus apartados dedicados a las políticas de empleo, pusieron las bases de los programas nacionales de reforma y esbozaron las principales prioridades de la UE, pero se critica que no fijaran unas prioridades claras y, además, que los vínculos entre ellas podían haber sido más fuertes, factores ambos que limitaron “sus efectos sobre la elaboración de estrategias nacionales”.

Tras exponer y argumentar que la crisis económica iniciada en Europa en 2008 ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar medidas de alcance para enfrentarse a ella, e igualmente “la estrecha interdependencia de las economías y los mercados laborales de los Estados miembros”, se indica que el número de directrices es a partir de ahora bastante inferior con el objetivo de dar debida respuesta a los retos que plantea la nueva Estrategia Europa 2020 para lograr un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo, y que tratan “de manera coherente los temas relacionados con el empleo y la política económica en general”. Con una frase cuya concreción parece remitirse a un momento histórico sin concretar, la Recomendación pone de manifiesto que los programas de reforma de los Estados miembros han de reforzar su competitividad y mejorar los resultados del mercado laboral, y que por ello “las medidas temporales introducidas como respuesta a la crisis deben retirarse, en su caso, de manera coordinada, una vez esté garantizada la recuperación”.

2. Analizo a continuación las seis directrices de política económica, desde la perspectiva concreta de aquellos aspectos que se relacionan más directamente con las políticas de empleo.

A) Directriz número 1. Garantizar la calidad y la viabilidad de las finanzas públicas.

La UE plantea que hay que conceder prioridad al gasto en partidas que beneficien al crecimiento y a la competitividad europea, como por ejemplo la educación, las cualificaciones y la capacidad de inserción profesional. La hipotética subida de impuesto, que no me parece que sea valorada con especial interés por los políticos europeos, o como mínimo por los responsables de las políticas económicas de los Estados, deberían ir de la mano con medidas que favorezcan el empleo, y también con la adopción si es necesario de medidas fiscales que incentiven el acceso al trabajo y desincentiven que una persona siga percibiendo ayudas sociales.

Además de políticas de cantidad, el gasto público debe concentrarse en políticas de calidad y un ámbito fundamental de actuación es el del gasto en políticas de empleo que favorezca un incremento de la participación de toda la población en edad laboral en el mercado de trabajo y una consiguiente reducción del gasto en pensiones y salud como consecuencia de un incremento real (el documento no utiliza estos términos, pero sí se plantean en la reciente propuesta de la Comisión sobre el posible incremento de la edad de jubilación) de la edad de jubilación efectiva, a fin y efecto de conseguir que las medidas que se adopten sobre el gasto público relacionadas con el envejecimiento y los sistemas de bienestar social “sean financieramente sostenibles”.

B) Directriz número 2. Abordar los desequilibrios económicos.

Una clara llamada de atención, seguida de propuestas concretas de actuación sancionadora por parte de la Comisión tal como aparece en una reciente propuesta de Directiva, se dirige a los Estados miembros que sufran tales desequilibrios, para que los corrijan y adoptan las medidas oportunas si fueren necesarias, en su caso, en los ámbitos de la evolución salarial y de los mercados laborales, con una nueva llamada, y van…, a la negociación colectiva descentralizada para que todo convenio pueda ajustarse a la situación concreta del sector de actividad y de la empresa en cuestión, con una petición a los agentes sociales (no está mal que de vez en cuando el documento se acuerde de los mismos, aunque sea para implicarles en las cuestiones socialmente más complejas) para una participación activa en la puesta en marcha de este proceso negociador descentralizado que debería siempre tener en cuenta “las capacidades y condiciones de mercado laboral local”, con una debida y adecuada respuesta a “las grandes divergencias en rendimiento económico entre regiones, sectores y empresas dentro de un país”.

No menos importante en esta permanente llamada a la moderación salarial efectuada en los documentos del ECOFIN, y en España está por ver en qué medida las decisiones recientemente adoptadas para el sector público repercutirán próximamente en el sector privado, es su petición de que las medidas salariales en el sector público sean correctas y adecuadas para lanzar un claro mensaje al sector privado a fin de que vaya por la misma senda de moderación salarial y “en sintonía con la necesidad de aumentar la productividad”.

C) Directriz número 3. Reducir los desequilibrios dentro de la zona euro.
El toque de atención va dirigido a los países con altos déficits por cuenta corriente, a los que se exige una importante actuación en este ámbito, que debe ser paralela a la de reducción de los costes salariales unitarios, con el claro objetivo mejorar los niveles de competitividad y ajustarse a la evolución de la productividad en los diferentes ámbitos regionales, sectoriales y empresariales.

Nuevamente se plantea por parte del ECOFIN la conveniencia de suprimir todas aquellas regulaciones, de “trabas institucionales” habla el documento, que impidan las adaptaciones flexibles de los precios y los salarios a las condiciones del mercado; algo que dicho de forma más comprensible, significaría una reordenación de la regulación de la negociación colectiva (recuérdese que este es un debate recurrente en España y que se ha reabierto con ocasión del debate sobre la reforma del mercado de trabajo operado por el Real Decreto-Ley 10/2010 de 16 de junio, ahora ya en el Parlamento y en fase de tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia), con una mucho mayor libertad para la fijación de la regulación salarial en cada ámbito empresarial, y sin necesidad probablemente (la referencia es a España, pero puede ser válida para otros Estados que tengan o puedan tener regulaciones semejantes) de tener que acogerse a cláusulas de descuelgue o de inaplicación de convenios colectivos de ámbito superior a la empresa.

Directriz número 4. Optimizar el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (I + D + I), reforzar el “triángulo del conocimiento” y liberar el potencial de la economía digital.

Recuérdese que una de las líneas maestras de la Estrategia Europa 2020 es la apuesta por un crecimiento inteligente, mediante el desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la innovación. En este ámbito una de iniciativas, calificada de “emblemática” para desarrollar durante todo el período y que será el punto de referencia para ver y concretar cómo se avanza en la consecución de los objetivos citados, es la de de la “Unión por la innovación, con el fin de mejorar las condiciones generales y el acceso a la financiación para investigación e innovación y garantizar que las ideas innovadoras se puedan convertir en productos y servicios que generen crecimiento y empleo”. De especial interés me parece la propuesta de adoptar medidas que permitan disponer de un número suficiente de licenciados en ciencias matemáticas e ingeniería, y también la de centrar el currículo “en la creatividad, la innovación y el espíritu emprendedor”. El objetivo cuantitativo a conseguir es que el nivel de inversión pública y privada alcance el 3 % del PIB.

La inversión pública debe ir dirigida a lograr tanto un mayor crecimiento de la economía como a responder a los “grandes retos sociales”, entre los que la Recomendación comunitaria incluye dos de especial interés para el mundo del trabajo como son la cohesión social y el envejecimiento, sin menospreciar en modo alguno la incidencia que sobre el empleo pueden tener otros de los enumerados, como la energía, el rendimiento de los recursos, el cambio climático, la salud y la seguridad.

También encontramos referencias indirectas al mundo del trabajo en las propuestas de adaptación y simplificación de los sistemas nacionales de financiación y contratación referidos a los sistemas de investigación y al personal investigador, en cuanto que los objetivos a lograr, con indudable impacto sobre la política de inmigración de los investigadores y de otro personal cualificado, son “facilitar la cooperación transfronteriza, la transferencia de conocimientos y una competencia basada en los méritos”.

Por otra parte, ya encontramos aquí una mención expresa a la estrecha relación de las directrices económicas con las de empleo, en cuanto que la ahora examinada ha de guardar conexión con las números 8 y 9 (desarrollar una mano de obra cualificada en condiciones de responder a las necesidades del mercado de trabajo, promover empleos de calidad y la educación y formación durante toda la vida, y conseguir que los sistemas de educación y de formación alcancen resultados adecuados en todos los ámbitos y aumentar la participación en la enseñanza superior), de tal manera que todos los Estados miembros han de poder ofrecer “una amplia gama de capacidades necesarias para la innovación en todas sus formas, incluida la ecoinnovación”, y al mismo tiempo fijarse como objetivo conseguir que haya un número suficiente de licenciados en ámbitos técnicos del conocimiento, es decir en ciencias, matemáticas y tecnología.

Directiva número 5. Mejorar la utilización eficiente de los recursos y reducir los gases de efecto invernadero.

Recuérdese que unos de los objetivos a conseguir según la Estrategia Europa 2020 es el llamado «20/20/20» en materia de clima y energía (incluido un incremento al 30 % de la reducción de emisiones si se dan las condiciones para ello). La Comisión apuesta por la adopción de medidas que refuercen el liderazgo europeo en el mercado de tecnologías verdes como medio de garantizar un uso eficaz de los recursos en toda la economía (liderazgo que cada vez más está sufriendo la competencia de China y Estados Unidos), pero al mismo tiempo “eliminando los cuellos de botella en infraestructuras de red claves e impulsando nuestra competitividad industrial”.

Las nuevas oportunidades de negocio y empleo se han de desarrollar en el marco de un sistema económico que ha de adoptar las medidas necesarias, a escala europea, para adaptarse a una nueva realidad en la que deberá hacerse cada vez más un uso eficiente de los recursos disponibles y prestar especial atención a las políticas de protección, potenciación y desarrollo del medio ambiente (creación de “empleos verdes”); tales políticas tenderán, y así se plantea en los documentos comunitarios que se ocupan de esta cuestión, a lograr la puesta en marcha de políticas económicas que favorezcan un crecimiento sostenible y el empleo, al mismo tiempo que serán políticas que favorezcan el uso de tecnologías de baja intensidad en carbono y el ahorro de energía. Al mismo tiempo, y con un impacto directo sobre el empleo de las personas ocupadas en el sector, y de ahí que las medidas que se adopten deban tomar en consideración las medidas correctoras necesarias para amortiguar su impacto, la Recomendación llama a los Estados miembros a la supresión gradual de los subsidios con efectos nocivos para el medio ambiente, y a garantizar “un reparto justo de sus costes y beneficios”.

Directriz número 6. Mejorar el entorno empresarial y de los consumidores, y desarrollar la base industrial para garantizar el pleno funcionamiento del mercado interior.

La UE llama a los Estados miembros a la promoción del espíritu emprendedor, con una referencia explícita en cuanto a su impulso por parte de las mujeres, y a la agilización, y si fuera posible supresión, de todas las rigideces de índole administrativa que dificultan la actividad empresarial en el seno del mercado interior europeo.

La apuesta por un desarrollo global sostenible se configura como una de las ideas-eje de la nueva política comunitaria, sin olvidar en modo alguno que ha de ser compatible con un desarrollo del sector industrial que sigue siendo un puntal de referencia en las políticas de la UE y que ha de servir para identificar los problemas de la economía europea y para permitir los cambios que sean necesarios. Para conseguir ese objetivo es conveniente, yo diría que es necesario, fomentar la puesta en práctica y desarrollo de políticas de responsabilidad social corporativa en el ámbito empresarial que impliquen una mayor participación de todos los trabajadores en todas las decisiones que les afecten.