Los debates sobre el empleo y las medidas que deben adoptarse en los próximos meses en el ámbito comunitario (I).

1. El examen de qué políticas de empleo se proponen y/o adoptan por los poderes públicos, tanto en ámbito estatal como comunitario, adquiere mayor importancia si se repara en que el desempleo es la principal preocupación de los ciudadanos europeos, seguida muy de cerca por la difícil situación económica que hemos vivido en los dos últimos años y que algunos países (entre ellos España) sigue viviendo en la actualidad. Al respecto, los datos del último eurobarómetro de otoño sobre las percepciones de la opinión pública constatan que el desempleo es la más importante preocupación para el 51 % de los ciudadanos en sus respectivos Estados, seguida de la crisis económica (42 %), porcentajes que en el caso español se incrementan hasta el 66 y 55 % respectivamente, y de ahí que las autoridades comunitarias hayan destacado, en el análisis del documento, que “los ciudadanos manifiestan claramente que el empleo es su principal preocupación, y la UE debe dedicar la máxima atención y su compromiso pleno a luchar contra la crisis”.

2. El Consejo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores, celebrado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, ha dedicado especial atención a los retos fututos de las políticas de empleo. En dicho Consejo se celebró un debate sobré que medidas deben ser adoptadas y/o mantenidas a corto plazo para salir de la crisis, y cuáles deben ser las actuaciones a adoptar a largo plazo para evitar que se produzcan situaciones como las que hemos vivido en los dos últimos años.

Me parece importante destacar el consenso alcanzado sobre la necesidad de mantener medidas de política activa de empleo como las ayudas a las medidas de reducción de jornada, combinadas con políticas de formación para los trabajadores afectados por dichas reducciones, y para colectivos especialmente afectados como son los jóvenes, las personas de edad avanzada, los trabajadores temporales y las personas con discapacidad. En la misma línea se manifiesta el Comité Económico y Social europeo al pedir, en atención a las tendencias preocupantes del mercado de trabajo, “que debe darse la máxima prioridad en toda la UE a evitar los despidos colectivos y que siga aumentando el desempleo”.

En cuanto se refiere al medio y largo plazo, resalto el énfasis puesto en las reformas de los sistemas de protección social para afrontar el proceso de envejecimiento demográfico de la población comunitaria y garantizar la viabilidad financiera de los regímenes públicos de pensiones, con una nueva llamada (que hasta el presente no parece que haya sido acogida) para desincentivar las salidas anticipadas del mercado de trabajo, así como también las adopción de medidas que faciliten el cuidado de los menores y de las personas mayores para posibilitar tanto la creación de empleo en el sector de asistencia a las personas como para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y el incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo. Por cierto, el proceso de envejecimiento demográfico y su impacto sobre las condiciones de vida de la población y las finanzas públicas ha sido objeto de especial atención en el estudio de la OCDE sobre el panorama de las pensiones en 2009, en el que se consta que todos los países que forman parte de la Organización están envejeciendo pero con diferentes ritmos.

3. La importancia del mantenimiento de las medidas de estímulo a la economía y al empleo mientras no se produzca una mejora persistente de aquella también es defendida en el ámbito internacional por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que en su reciente Informe sobre el trabajo en el mundo alerta sobre el riesgo de que “a menos de que se tomen las medidas apropiadas, y en algunos casos se continúen con las medidas adoptadas, más de 40 millones de personas podrían abandonar el mercado de trabajo”, con especial preocupación por el impacto en los trabajadores de poca cualificación y las personas de edad avanzada, y en menor medida en los jóvenes y las mujeres, y afirma de forma clara para defender sus tesis, con riguroso apoyo empírico en el documento, que “es probable que se haya evitado otra Gran Depresión gracias a las medidas de estímulo adoptadas por los gobiernos desde que se declaró la crisis”.

La OIT llama a la adopción de medidas adecuadas en el terreno del empleo, la protección social y la mejora de las competencias profesionales, de acuerdo con las líneas maestras del Pacto Mundial para el Empleo aprobado el mes junio en la Conferencia Internacional del Trabajo, así como también al reforzamiento del diálogo social para encarar la salida de la crisis, y rechaza la adopción de medidas que califica de “contraproducentes”, como serían “una espiral descendente de los salarios o la degradación de las condiciones laborales”. Una retirada prematura de las medidas de estímulo adoptadas en los dos últimos años afectaría de forma negativa al empleo según la OIT, ya que retrasaría el riesgo de recuperación, incrementaría el número de personas desempleadas y provocaría un aumento del número de personas afectadas por procesos de exclusión social y con prestación de servicios en el ámbito de la economía informal.

Es especialmente interesante y sugestiva la propuesta formulada en documento de imponer un precio a las emisiones de CO2 y utilizar los ingreso que se originen para reducir los impuestos del trabajo, calculándose que “aumentaría el empleo en un 0.5 % para 2014, lo cual equivaldría a generar más de 14,3 millones de nuevos empleos para la economía mundial”. Sin embargo, la OIT también pone de manifiesto la necesidad de adoptar medidas adecuadas para facilitar estos nuevos empleos, ya que no se crearán automáticamente sino que requerirán de la adopción de medidas políticas y acuerdos sociales para facilitar el tránsito de unos sectores y actividades a otros, siendo muy importante el dato recogido en el estudio, y que demuestra la complejidad de las medidas que deben adoptarse en el próximo futuro, de que “casi el 38 % de todos los empleos se encuentran en sectores que producen altas emisiones de carbono”.

4. En el Consejo se ha tomado en consideración el Dictamen del Comité de Empleo sobre la estrategia europea para el empleo en el marco del programa de Lisboa para el período posterior a 2010, en el que se defiende la validez de los objetivos marcados en su momento por la Estrategia Europea para el Empleo y la toma en consideración de las nuevas realidades económicas y sociales; de esta forma, las políticas de empleo deben tomar en consideración factores como el proceso de envejecimiento de la población, el crecimiento proceso de mundialización económica, el fortalecimiento de los recursos humanos y la apuesta decidida por las políticas de innovación, el cambio climático y su impacto sobre la creación/destrucción de puestos de trabajo, y la necesidad de reforzar la dimensión social de la EEE.

Se solicita que se mantengan los objetivos generales de la EEE, como son la búsqueda del pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad del trabajo, y el reforzamiento de la cohesión económica, social y territorial, pero al mismo tiempo se pide que las prioridades de acción en el próximo futuro sean limitadas, muy vinculadas al contexto político y económico actual, y que sean claramente visibles y conocidas por la ciudadanía. Por decirlo con las mismas palabras del documento, la futura EEE “debe presentar una estructura más simple y ser formulada en términos más claros para comunicar más eficazmente al gran público la necesidad de reformas y los costes que implica que no se pongan en práctica, para reforzar la apropiación y la adhesión a los objetivos de las políticas”.

La tesis expuesta fue acogida por el Consejo de jefes de Estado y de Gobierno, y a ella se refirió ayer el presidente del Gobierno español en la sesión plenaria del Congreso dedicada al debate sobre dicho Consejo, poniendo de manifiesto que “La nueva estrategia de crecimiento y empleo, que se aprobará —como antes decía— bajo la Presidencia española, deberá plantear un número limitado de objetivos cuantitativos, estableciendo una visión compartida de la situación de la Unión Europea desde el punto de vista de la sostenibilidad productiva, medioambiental y social”.

Además, se sugiere que puedan adoptarse objetivos que tengan en consideración la diferente situación de los Estados comunitarios, argumentando que ello podría contribuir a que fueran más eficaces y con mayor posibilidad de ser realizados. Esta última propuesta puede encontrar un punto de apoyo en otro documento objeto de análisis y examen en el Consejo, en el que se concluye la dificultad de lograr una cohesión social y territorial en el momento actual en el seno de la UE, ya que la crisis ha afectado de manera desigual a los Estados miembros y ha acentuado los desequilibrios regionales.

De especial interés, además de las referencias ya contenidas en documentos anteriores sobre la necesidad de políticas inclusivas y la creación de empleos de calidad, me parece la mención a la conveniencia y necesidad de poner en marcha políticas que faciliten el tránsito desde los sectores y actividades en crisis o en fase intensa de reestructuración hacia otros con mayor protección de futuro y en el marco de los llamados sectores “verdes” emergentes, así como también el apunte sobre la necesidad de dedicar una especial atención a una mejor gestión de las migraciones económicas.