viernes, 25 de diciembre de 2009

30 medidas. Acuerdo para el diálogo social en Cataluña.

1. He podido leer con atención, antes y después de jugar con mi nieto Jaume, el texto completo del documento suscrito el día 21 por el gobierno autonómico, la patronal y los sindicatos, y que lleva por título "30 compromisos per a l’ocupació,el teixit econòmic i el desenvolupament social de Catalunya". Había tenido ya oportunidad de leer, con bastante más rapidez que ahora, el primer borrador, y con respecto a dicho documento creo que el cambio más importante es el compromiso adquirido en materia de formación profesional. Formulo a continuación unos breves comentarios.

2. La introducción es sólida y consistente respecto a aquello que se pretende hacer tanto en el corto plazo como en una perspectiva temporal más amplia; es decir, es una reflexión sobre qué se debe hacer ahora y qué se debería hacer en los próximos años. Sin embargo, no me parece que los objetivos que se proponen en esta introducción se concreten después en todas las propuestas de actuación, ya que creo que buena parte de dichas propuestas se plantean a corto plazo para salir de la difícil situación económica en que nos encontramos, que ciertamente si tienen éxito pueden ayudar a ir sentando las bases de cambios a más largo plazo. Por otra parte, me parece muy exagerado afirmar, aunque entiendo que puede formar de la estrategia política, afirmar que se pretenden sentar las bases de un modelo que pueda ser operativo durante como mínimo 3 o 4 décadas.

Creo que con el acuerdo las partes trabajan, y muy especialmente el gobierno autonómico, para resolver los problemas actuales, para mejorar la situación de las personas trabajadoras y de las empresas, para fortalecer la cohesión social tan necesaria en situaciones como las que actualmente estamos viviendo, y para no dejar a nadie fuera de las redes de protección social; pero al mismo tiempo se ha de pensar en el próximo futuro, y algunas de las propuestas pretenden establecer las bases para que Cataluña mantenga y refuerce un modelo económico y social que garantice la mejora de la calidad de vida de todas las personas en todo el territorio.

3. Respecto a las 30 propuestas, con prespuesto asignado para cada una de ellas, la que ha recibido mayor atención por los medios de comunicación hasta ahora, y me parece lógico, es la prestación extraordinaria de ayuda a los trabajadores autónomos que se encuentren en situación de desempleo y cumplan determinados requisitos. Con esta medida, que en principio me parece acertada, el gobierno catalán se adelanta a otras autonomías y en especial al gobierno estatal por lo que respecta a la protección de los autónomos en desempleo,como destacó el President en el discurso pronunciado con ocasión de la firma del acuerdo, ya que en el ámbito estatal sólo tenemos el proyecto de ley aprobado el pasado viernes en el Consejo de Ministros y que ha sido remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria al objeto de que pueda entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2.011.

La propuesta es interesante y guarda relación con el importante número de trabajadores autónomos que hay en Cataluña y que se han visto en un porcentaje no menospreciable afectado seriamente por la crisis, como lo demuestra incluso el informe de Cáritas Barcelona sobre qué colectivos han acudido a sus oficinas en el año que está a punto de terminar, y también en el observatorio de la crisis elaborado por los servicios técnicos de Cáritas Española. Supongo que también responde al interés de las organizaciones de autónomos encuadradas dentro de los dos sindicatos firmantes del pacto. Ciertamente, deberán concretarse los términos del disfrute de la prestación (qué se entiende por no disponer de recursos suficientes en la unidad de convivencia, quién gestionará el pago de la prestación extraordinaria -- parece que será el Servicio autonómico de empleo, a diferencia de la propuesta estatal en la que se recoge que serán las Mutuas --, etc.).

Desde la perspectiva de las políticas de empleo creo también importante destacar los recursos económicos que se dedicarán a su impulso, con especial atención a los sectores generadores de empleo para el próximo futuro, pero sin dejar de atender las necesidades de las personas trabajadoras que se encuentran en sectores y empresas en fase de reestructuración y adaptación a los nuevos marcos productivos, con especial atención a la potenciación de las actividades formativas para todas las personas ocupadas o en situación de desempleo que lo necesiten, con el objetivo de garantizar la posibilidad de llevar a cabo un itinerario personalizado de inserción para toda persona demandante de formación..

4. El compromiso en materia de integración de la formación profesional no me parece nuevo, ya que se apuntaba en el acuerdo de 2005 y se reiteraba en la revisión del mismo en 2007. De todas formas, parece que al final (nunca es tarde si la dicha es buena) los agentes sociales han conseguido que el gobierno se comprometa a crear, con una fecha fija, la comisión encargada de poner en marcha dicha integración, aunque cuánto tarde y en qué términos se efectúe tal integración no esté claro. En cualquier caso, es cierto que Cataluña necesita una mejora de la cualificación profesional de las personas trabajadoras, y por ello el acuerdo apuesta de manera decidida por conseguirlo en un breve período temporal y dar respuesta adecuada a los retos educativos, económicos y sociales de futuro. Esperemos que se consiga.

5. Por último, sobre las medidas que guardan relación con otras ámbitos externos a la política de empleo, mis conocimientos son limitados y no me atrevo a formular comentarios, más allá de la consideración general de que creo que buena parte de las medidas propuestas ya pueden desarrollarse en la actualidad y que otras se han de poner en práctica, haya o no acuerdo, por las previsiones recogidas en los presupuestos generales para el próximo año. Ahora bien, sí hay una propuesta interesante, al menos a mi parecer, desde la perspectiva social, que es la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública de la Generalitat. Aunque la propuesta no sea innovadora, ya que dicha política se aplica desde hace varios años, sí creo que ha de valorarse positivamente su aprobación en el pacto como ejemplo de política de especial atención hacia las personas en situación de riesgo o exclusión social, y en especial como señal de que la Generalitat se preocupa por las empresas que trabajan con estos colectivos. Igualmente, la flexibilización de los requisitos para acceder a la renta mínima de inserción avanza en el mismo sentido.

Ahora, a esperar al desarrollo y concreción del acuerdo.

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