viernes, 27 de noviembre de 2009

La respuesta europea a la crisis en materia de empleo (y II).

3. El segundo documento, de carácter e impacto mucho más inmediato, fue presentado el pasado martes como aportación de la Comisión al próximo Consejo Europeo de Empleo y Política Social que tendrá lugar el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Está dedicado a la crisis del empleo en la UE y sus Estados miembros, con el examen de cuáles son las tendencias, las respuestas políticas adoptadas, y qué acciones claves deben emprenderse en el próximo futuro para mejorar la situación de las personas trabajadoras, tanto las que se encuentran en el mercado de trabajo como aquellas que lo han abandonado temporalmente o están fuera del mismo pero quieren incorporarse.

A) Sobre las tendencias en los mercados de trabajo de la UE, se constata en primer lugar la importante destrucción de empleo con respecto al año anterior, ya que a mediados de 2009 el empleo se había reducido en 4,3 millones de personas con respecto al mismo período de 2.008, con especial impacto en la construcción y la industria, y siendo España uno de los países más afectados (como conocemos sobradamente) por la incidencia de la crisis del sector inmobiliario. En el mismo período de tiempo el desempleo se ha incrementado 2,5 puntos hasta alcanzar el 9,2 %, es decir 22,1 millones de desempleados.

¿Cuáles han sido los colectivos más perjudicados? Si bien en una primera etapa la población trabajadora masculina fue la más afectada (dada su mayoritaria presencia en la construcción y la industria), el impacto posterior en el sector servicios ha repercutido sensiblemente también sobre la población femenina. Más allá de la clasificación por razón de sexo, han sido los jóvenes, los trabajadores con bajo nivel de cualificación, los inmigrantes (en especial los menos cualificados), y quienes tienen contratos temporales, los grupos más intensamente afectados por la crisis, circunstancia que por otra parte no es nueva con respecto a cómo funciona el mercado de trabajo, ya que todos estos grupos, como se afirma en el documento analizado, “son tradicionalmente los más desfavorecidos en el mercado de trabajo, y la crisis actual ha empeorado aún más su situación relativa”.

En relación con las respuestas adoptadas por los Estados miembros, parece que un eje común de actuación (que creo que sólo es parcialmente aplicable a España a partir de las medidas adoptadas a finales de 2008 y en especial de marzo de este año) ha sido el ajuste de la producción y el tiempo de trabajo para contrarrestar el descenso de la demanda, optando por esta alternativa en lugar de reducir el volumen de empleo. Se trata de reducir la jornada laboral, suspender temporalmente los contratos y/o reforzar los programas formativos para facilitar la mejora de la cualificación profesional de los trabajadores afectados por la crisis y su transición hacia otros empleos.

Igualmente, y en el marco de la protección social, buena parte de los Estados miembros han mejorado la protección para colectivos desfavorecidos (en España es paradigmático el nuevo programa extraordinario de prestación temporal por desempleo, o la reposición de las prestaciones en caso de expedientes de regulación de empleo de suspensión de contratos o reducción de jornada), tanto en términos directamente económicos como en los de asistencia (en los ámbitos educativos y de servicios sociales). Igualmente, el refuerzo de los servicios públicos de empleo, al objeto de poder prestar una mejor atención e individualizada a los nuevos demandantes de empleo, se ha configurado como una actuación puesta en marcha por la mayor parte de Estados que han sufrido con mayor intensidad la crisis.

B) Como no podía ser otra forma a mi parece, el documento comunitario manifiesta que las tres prioridades definidas por el Consejo Europeo, y que están recogidas en las orientaciones generales en materia de empleo para los Estados miembros, siguen siendo el marco político adecuado de actuación a escala comunitaria.

En primer lugar, se trata de mantener el empleo, crear puestos de trabajo y fomentar la movilidad, y aquí la Comisión valora positivamente las medidas adoptadas en materia de reducción de jornada como alternativa a la destrucción de empleo, pero llama al mismo tiempo la atención sobre la necesidad de revisarlas periódicamente para determinar si siguen siendo necesarias o cabe su revisión. Es decir, se considera que los regímenes de reducción del tiempo de trabajo pueden seguir siendo útiles a corto plazo, “a condición de que sean efectivamente temporales, se orienten adecuadamente y se apliquen únicamente en las empresas en las que el descenso de la demanda se deba a circunstancias excepcionales de carácter transitorio”. Por ello, se propugna que estas medidas se combinen con políticas formativas para facilitar las transiciones laborales y se sugiere la introducción de “un sistema de prestaciones o créditos fiscales asociados al empleo” (medida esta última que creo ya recogida en España en la regulación de la formación profesional para el empleo).

En segundo término, se trata de mejorar las cualificaciones y de satisfacer las necesidades de mercado de trabajo. Nuevamente aquí se enfatiza la necesidad de reforzar los Servicios Públicos de Empleo, la reorientación de sus programas y servicios en razón de la nueva y variada tipología de demandantes de empleo, y el aumento de su capacidad de intervención en el mercado de trabajo. Se trata, en suma de poner en marcha medidas formativas y ocupacionales adaptadas a la nueva realidad, con una estrecha colaboración y cooperación entre los Servicios Públicos de Empleo y otras administraciones, centros y entidades colaboradoras y agentes sociales para poder llevar a cabo las acciones necesarias de información, orientación, asesoramiento, formación e intermediación, destacándose con carácter general que “para la mano de obra en su conjunto, la mejora de las cualificaciones y del reciclaje son esenciales para garantizar su adaptabilidad y empleabilidad en épocas de incertidumbre”.

En fin, facilitar el acceso al empleo y el apoyo a los hogares pasa por diseñar y poner en práctica unos regímenes de prestaciones y de fiscalidad que incentiven el acceso al empleo y la permanencia en el mismo, en estrecha complementariedad con las actuaciones puesta en marcha en el marco de las políticas activas de empleo. En este ámbito se sitúan las propuestas de desincentivación de las jubilaciones anticipadas o la reducción de los costes laborales no salariales para los colectivos más desfavorecidos en el acceso o permanencia en el mercado de trabajo.

C) La parte más importante del documento a mi parecer es aquella en la que se proponen cinco acciones claves para el próximo año y también para los venideros, si bien también constato que son tesis y propuestas que ya se han ido plasmando en documentos comunitarios de los dos últimos años y a los que he prestado especial atención en mi blog.

En primer lugar se pide invertir en medidas eficaces del mercado de trabajo y en competencias, a fin de evitar el paro de larga duración, con acento especial en las políticas educativas y formativas, en la adopción de medidas que posibiliten que los trabajadores permanezcan más tiempo en el mercado de trabajo, y en el apoyo personalizado para los demandante de empleo y para quienes deseen una mejora de sus competencias como medida preventiva ante posibles cambios posteriores. La Comisión llama a una mejor utilización de los fondos europeos para llevar a cabo las diferentes acciones.

En segundo lugar, se pide ayudar a las empresas a crear nuevos puestos de trabajo, con un mejor y más adecuado acceso a la financiación y a la disponibilidad crediticia, incentivos a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo, o incentivos financieros a la innovación y formación. En tercer lugar, se apuesta (y deseo destacarlo) por medidas de flexibilidad interna, tales como la reducción del tiempo de trabajo, para evitar despidos, si bien se insiste nuevamente en que tales medidas se revisen periódicamente para saber si siguen siendo necesarias o no, y que se apliquen a empresas sólidas y que no se vean afectados por problemas estructurales de rentabilidad y competitividad, en cuyo caso debería apostarse por facilitar medidas formativas al personal para adquirir las cualificaciones necesarias para acceder a nuevos empleos y ocupaciones.

Con respecto a los jóvenes y a otras personas más afectadas por la crisis se insiste en facilitar para los primeros las transiciones adecuadas de la escuela al trabajo y en promover la medidas formativas y contractuales más adecuadas para facilitar la incorporación estable al mundo laboral, mientras que para los restantes grupos vulnerables se insiste en la conveniencia de disponer igualmente de medidas formativas y contractuales adecuadas, combinadas en su caso con las de protección social. De especial interés a mi parecer es la insistencia del documento en la cooperación entre servicios públicos y privados para mejorar la gestión de las políticas de empleo, llamándose al establecimiento de asociaciones público – privadas para conseguir esos objetivos.

En fin, la mejora de la situación de los trabajadores con contratos atípicos también es destacada, llamando nuevamente a la mejora de la seguridad del empleo, a facilitar las transiciones y a desplazar el centro de atención de las políticas de empleo desde la atención de la defensa de un puesto de trabajo a la defensa del acceso al empleo, con una llamada al diálogo social para que contribuya al logro de esta protección.