Inicio del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de reforma de la normativa de extranjería.

1. No le faltó trabajo el pasado jueves al Ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en la sesión plenaria del Congreso de los Diputados. En primer lugar, tuvo que presentar la solicitud de convalidación del Real Decreto-Ley 10/2009 de 13 de agosto por el que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, y obviamente tuvo que escuchar nuevamente toda la retahíla de quejas de los diferentes grupos parlamentarios, a excepción del socialista, siendo el grupo popular el más beligerante en el terreno político.

Poco después, el Sr. Corbacho presentaba, en el debate de totalidad de iniciativas legislativas, el “proyecto de ley orgánica de reforma de la ley orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social”. Se produjo el debate de las enmiendas a la totalidad presentadas por el grupo de ERC-IU-ICV, el grupo nacionalista vasco y el grupo popular. Las enmiendas fueron rechazadas por 183 votos a favor, 154 en contra y 2 abstenciones, y a partir de ahora se inicia el trámite parlamentario de debate del proyecto hasta culminar en la aprobación de ley, previsiblemente antes de finalizar el año en curso.

2. La intervención del Ministro reiteró los ejes centrales del texto, de cuyo anteproyecto me ocupé detenidamente en entradas anteriores del blog, y puso el acento en los seis objetivos fundamentales que, a juicio del gobierno, persigue el proyecto. En primer lugar, garantizar a los extranjeros el pleno ejercicio de sus derechos fundamentales; en segundo término, perfeccionar el sistema de canalización legal y ordenada de los flujos migratorios, atendiendo a las necesidades del mercado de trabajo; también, reforzar la eficacia en la lucha contra la inmigración irregular; a continuación, favorecer las oportunidades de integración, poniendo de manifiesto el Ministro que la nueva ley recogerá los principios del pacto europeo de inmigración y asilo, suscrito en octubre de 2008 y que sido analizado en otras entradas del blog; en quinto lugar, la apuesta por la cooperación de todas las administraciones públicas en materia de inmigración, destacándose la importancia de que “las actuaciones de comunidades autónomas y ayuntamientos se realicen en coordinación con la política de inmigración del gobierno de la nación”; por fin, último pero no menos importante, la intensificación del diálogo con los agentes sociales y con las asociaciones de inmigrantes “para la definición y el desarrollo de la política migratoria”.

3. El debate parlamentario puso de manifiesto la necesidad del grupo socialista de buscar aliados para conseguir que el proyecto acabe convirtiéndose finalmente en ley, y es ahí donde habrá que hacer una tarea de “encaje de bolillos”, dado que hay posiciones sensiblemente alejadas y no parece, o al menos no me lo parece, posible que puedan pactarse unas enmiendas con unos grupos y otras con los restantes (a excepción del grupo popular que no está, en principio, por esa labor).
Desde la perspectiva autonómica, es lógico el planteamiento de los grupos nacionalistas catalanes de pedir que se cumplan en sus términos los preceptos del Estatuto de Autonomía de Cataluña, y tampoco resulta sorprendente la dureza del grupo popular en este punto, dado que su posición es clara desde la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto, y de ahí que queda entender, pero no comprender ni justificar por mi parte, la crítica del portavoz del grupo popular, Sr. Hernando Fraile, a la transferencia de las autorizaciones iniciales de trabajo a algunas autonomías, porque a su juicio con dicha medida estaríamos “fragmentando el mercado laboral, dificultando la movilidad de un sector de trabajadores entre los que precisamente esa característica de movilidad favorece sus oportunidades y poniendo además en riesgo la capacidad de la Administración General del Estado para planificar y ordenar el proceso en el conjunto de España”.
Desde la perspectiva económica, las palabras del diputado de CiU Carles Campuzano, preguntándose sobre cuál es el modelo de inmigración laboral que queremos de cara al futuro, estoy seguro que resonarán con fuerza durante toda la tramitación parlamentaria, así como también las de la diputada socialista Esperanza Esteve sobre la necesidad de tener en consideración que nuestra inmigración tiene un componente fundamentalmente económico, y que para que las políticas en este ámbito sean operativas es necesario disponer de un marco legal claro, “que apueste por la regularidad y la integración, que ponga en sintonía a las personas y sus expectativas con la sociedad receptora y sus expectativas”.

4. El debate parlamentario promete ser muy interesante y espero ocuparme del mismo en posteriores entradas. Digo que prometo ser interesante, y creo que también es importante, porque estamos hablando al fin y al cabo de cómo regular y ordenar derechos de las personas, y de ahí que también me permita sugerir al grupo socialista que lea con atención, aunque no esté de acuerdo con buena parte de su contenido, el documento de propuestas elaborado por CEAR; Red Acoge y Cáritas, y presentado el pasado día 16, en el que alertan de que la redacción de algún precepto de la reforma significaría, de ser aprobado en sus actuales términos, que los inmigrantes en situación irregular no podrían acceder al empadronamiento y por ello tampoco accederían a la asistencia sanitaria y a la escolarización obligatoria. Sin entrar ahora en el análisis jurídico de la argumentación del documento, aunque sí señalo que hay otras lecturas posibles del precepto a mi parecer, sí parece que sería contradictoria esa hipótesis con la voluntad manifestada por el gobierno de integración de los inmigrantes y de respeto a sus derechos, con independencia de la situación administrativa en que se encuentren, aunque otra cosa bien distinta, y creo que coincidiremos todos (o casi todos) en esta apreciación, es la importancia de que la inmigración de canalice de forma regular y ordenada en el acceso al país, justamente para poder garantizar plenamente la cohesión social.

Es un reforma importante, insisto, porque afecta a derechos de las personas, y es necesaria porque debe ayudar a su clarificación legal, más allá de cuál sea el resultado final, aunque el diario que siempre apoyó al partido socialista se haya desmarcado hace poco tiempo debido a la política audiovisual del gobierno y haya empezado una crítica descarnada contra el Presidente del Gobierno, crítica en la que mete también al proyecto de ley ahora analizado, al que califica en el editorial de hoy domingo de “reforma innecesaria”, y en la que carga contra el gobierno porque “no tiene dificultades en compatibilizar un discurso izquierdista, muchas veces primario y elemental, con iniciativas de signo contrario, como las ligadas a la reforma de la Ley de Extranjería” ¡Quien ha visto, o mejor dicho leído, el diario El País de hace pocos meses, y el de mediados de agosto¡