5. No podemos olvidar, ni mucho menos, la aportación de los propios trabajadores a la Cumbre, a través de las organizaciones sindicales internacionales. Se trata de un muy elaborado documento que se presenta por la agrupación Global Unions, y que han hecho suyo plenamente la Confederación Sindical de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores en España a través de un comunicado. Para el sindicalismo español, que destaca la importancia de que la OIT participe como invitada por primera vez en una reunión del G-20, y que pide una presencia sindical semejante a la que existente en las reuniones del G-8, hay que convertir los derechos fundamentales de la OIT en uno de los pilares de un nuevo modelo coherente de “normas económicas, financieras, comerciales, medioambientales y laborales que puedan regir las relaciones económicas y de trabajo en el mundo”.
A) El sindicalismo internacional es pesimista (o realista, que dirían algunos) sobre el futuro del empleo en el mundo y cree que el desempleo seguirá incrementándose por los menos durante el próximo año y una buena parte del siguiente, de acuerdo con las cifras que manejan organizaciones internacionales como la OIT y la OCDE, al mismo tiempo que manifiesta su preocupación por el incremento del número de personas pobres, en especial en países en desarrollo y emergentes. Por ello piden que la cumbre que se inicia hoy sea la de empleo y que se apruebe “un plan de recuperación internacional y crecimiento sostenible coordinado y orientado al empleo”.
El plan debería disponer de la cobertura económica adecuada para poner el acento en la creación y mantenimiento del empleo, en una política adecuada de protección social y en una decidida inversión en la economía verde y con indudable impacto sobre el empleo. En especial, habría que adoptar medidas para encara un problema que puede ser muy impactante en el próximo futuro y con una innegable carga de conflictividad, cual es el desempleo juvenil, con tasas de más del 20 % en muchos países del G-20. Por cierto, el sindicalismo internacional pide que la transición hacia la economía verde se haga en el marco de una negociación más general sobre el cambio climático y con medidas que protejan los derechos de los trabajadores afectados por ese cambio.
B) El empleo no es sólo una cuestión de cantidad, sino también de calidad, y de ahí que el documento sea muy crítico con los procesos de precarización y desregulación del mercado de trabajo, que al parecer sindical también ha contribuido a la recesión en que nos encontramos. Por todo ello, se hace necesario garantizar la seguridad del mercado laboral en una economía globalizada, ya que la flexibilidad del mercado de trabajo “no debe cimentarse en la eliminación de la relación de empleo normalizada, la erosión de los derechos fundamentales de los trabajadores/as y una reducción significativa del bienestar de los trabajadores”. En la puesta en marcha de medidas que potencien tanto la cantidad como la calidad del trabajo juegan un papel de primera importancia las políticas activas de mercado de trabajo, que deben contribuir tanto a la creación y mantenimiento del empleo, como a la adaptación de las condiciones laborales cuando fuere necesario, y actuando en coordinación con las políticas llamadas “pasivas” que garantizan prestaciones adecuadas en caso de necesidad; y en cualquier caso, cobra capital importancia, tanto para trabajadores con empleo como para personas desempleadas y para quienes están fuera del mercado laboral por haber sido desalentadas para permanecer o acceder al mismo, una importante inversión en capital humano por medio de la educación y la formación.
Por el interés que tienen las propuestas a mi parecer, las reproduzco de forma íntegra a continuación. Para las organizaciones sindicales, los líderes del G-20 deben actuar de la forma siguiente:
“Actuar de inmediato para asegurarse de que las medidas de recuperación sean adecuadas para mantener y proteger los empleos y proporcionar protección social;
Desarrollar inversiones en ‘economía verde’ para transformar la economía mundial entrando en una vía de crecimiento con bajas emisiones de carbono y crear empleos adecuados mediante el lanzamiento del ‘Nuevo Trato Verde’ solicitado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA);
Combatir el riesgo de deflación salarial y revertir las desigualdades de ingresos extendiendo la cobertura de la negociación colectiva y reforzando las instituciones encargadas de fijar salarios;
Impedir que las compañías recurran a la reducción de plantilla, brindando apoyo a las empresas afectadas por bajones temporales en sus ventas, por ejemplo, apoyando esquemas de reducción del tiempo de trabajo, con lo que se disminuiría el número de horas trabajadas en lugar del número de trabajadores/as;
Ajustar las políticas relativas a las redes de seguridad social y al mercado laboral activo para proteger mejor y brindar apoyo a los trabajadores y trabajadoras jóvenes incluyendo: ampliar los criterios de elegibilidad para poder recibir beneficios de desempleo, asistencia social y acceso a la formación; brindar ayuda a los aprendices que, por haber perdido sus puestos de trabajo, no consiguen completar su formación. Los gobiernos del G20 deberían proporcionar ‘Esquemas de Garantía de Empleo’ para los trabajadores/as jóvenes que permanezcan desempleados durante más de seis meses;
Proporcionar ayudas compensatorias, particularmente mediante programas ampliados de prestaciones por desempleo. Las opciones incluirían: mayores niveles de beneficios; extender la duración del cobro de las prestaciones; ampliar la cobertura; y la introducción de compensación de ingresos temporal y a corto plazo para aquellos trabajadores que no tengan derecho a las cobrar prestaciones de desempleo. El diseño de los programas de prestaciones de desempleo debería excluir la posibilidad de que los empleadores puedan influir sobre cuándo y cómo se realicen dichos pagos;
Garantizar el pleno respeto de las normas nacionales e internacionales de derechos de los trabajadores/as relativas a la terminación del empleo;
Abordar el problema del trabajo precario, que afecta a un número cada vez mayor de trabajadores y particularmente de trabajadoras. Ha de darse prioridad a la creación de empleos decentes y cualificados, mejorando la flexibilidad funcional e involucrando a los trabajadores/as a la hora de introducir cambios;
Tomar medidas para eliminar la brecha salarial de género;
Garantizar a los trabajadores/as migrantes los mismos derechos que a los demás ciudadanos;
Hacer frente a la crisis de los fondos de pensiones asegurándose de que los empleadores asuman su parte de responsabilidad en el riesgo respecto a las pensiones, reforzando los sistemas de garantía existentes y reformando la regulación de las inversiones de fondos de pensiones.
Situar el trabajo decente como elemento central de la asistencia al desarrollo y apoyar medidas para combatir el trabajo indecente, informal y no protegido, centrándose particularmente en las mujeres, con la extensión de la legislación laboral y la protección social a todos los trabajadores, al tiempo que se revierte la tendencia de una creciente precarización del empleo dentro de la economía formal. Establecer un Fondo Global para el Empleo Decente (FGED). Promover la ratificación y aplicación de los Convenios fundamentales de la OIT en los países asociados”
6. Concluyo. Cada vez es más clara la necesidad de establecer una estrecha relación entre crecimiento económico y mejora del empleo, y caso de que ello no se produzca los costes “colaterales” (mayor gasto en protección social, mayor conflictividad social, incremento del número de personas en situación o riesgo de exclusión social) pueden llegar a ser muy importantes en algunos países. Solo por evitar esos costes, y más allá de las propuestas de cada organización política o Estado, es más que conveniente llegar a acuerdos en el ámbito internacional para reordenar la actividad económica y sentar las bases para un nuevo ciclo de creación de empleo de calidad, y mientras ello se produce cubrir las necesidades de la población necesitada mediante una política adecuada de protección social.
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