No son buenos, ciertamente, los datos de la encuesta de población activa del primer trimestre de 2008 que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha hecho públicos en el día de hoy.
Si bien es importante destacar como dato positivo la creación de 330.000 nuevos empleos en el último año, no merece, desde luego, la misma valoración el descenso de 74.600 ocupados con respecto al trimestre anterior y el incremento de 246.600 personas desempleadas (149.600 españolas y 97.000 extranjeras), de tal forma que debemos empezar a preocuparnos nuevamente (y no lo hacíamos desde hace bastante tiempo) por el riesgo de volver a alcanzar una tasa de desempleo de dos dígitos en todo el Estado, ya que la actual es del 9,63 % y el crecimiento ha sido de 318.000 personas en los últimos meses.
También debe ser motivo de especial atención, para adoptar las medidas correctoras pertinentes en los plazos más breves posibles, el incremento del desempleo en el sector de la construcción (71.000 sobre el trimestre anterior), y la diferencia existente entre el desempleo de la población española y el de la extranjera, que casi alcanza seis puntos de diferencia (8,73 y 14,65 %, respectivamente). En el ámbito concreto de la Comunidad Autónoma de Cataluña los datos tampoco nos pueden llevar a ser optimistas, dado el descenso de la ocupación durante el primer trimestre de este año en 12.800 personas, y el incremento del desempleo en 39.000.
Con anterioridad a la publicación de estos datos, el gobierno español ya se había puesto manos a la obra para abordar, y tratar de corregir, las nuevas tendencias del mercado de trabajo, y en tal sentido debe entenderse la publicación el pasado martes en el Boletín Oficial del Estado del Real Decreto-Ley 2/2008 de 21 de abril, de medidas de impulso a la actividad económica, que entró en vigor el mismo día de su publicación, si bien las medidas de reforma de la política de empleo deberán esperar a su aprobación por el gobierno una vez que se planteen y debatan en la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales. . Entre las funciones de la Conferencia cabe destacar la necesidad de asegurar en todo momento “la necesaria coherencia de la actuación de los órganos con competencia en materia de políticas activas de empleo”, y la de velar por la estrecha coordinación entre el SPEE y los SPE autonómicos para la coordinación de las actuaciones en materia de políticas activas y pasivas de empleo.
En el texto del Real Decreto-Ley se expone en primer lugar que la economía española goza de sólidos fundamentos, aunque los periódicos ajustes que se efectúan por el gobierno de las previsiones de crecimiento del año en curso, como el hecho público con ocasión del Consejo de Ministros de hoy viernes, hacen empezar a dudar de dicha afirmación. Ahora bien, dadas las perturbaciones económicas internacionales y las dificultades específicamente españolas que se observan en el sector de la vivienda (y de todas las actividades relacionadas con el mismo), el gobierno ha apostado por adoptar una serie de medidas urgentes, y entre ellas se encuentra un plan extraordinario de medidas de orientación, formación e inserción profesional, y la norma le habilita para su aprobación.
Pero, dado que las competencias en materia de gestión de las políticas activas de empleo están transferidas a las Comunidades Autónomas, dicho plan deberá ser gestionado conjuntamente, en sus ámbitos competenciales respectivos, por el Servicio Público de Empleo Estatal y los respectivos servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas, y que ello será así lo deja meridianamente claro los artículos 12 y 13 al disponer que la gestión de las subvenciones por búsqueda de empleo que se regulan en la norma (una ayuda económica de 350 euros mensuales, por un período máximo de tres meses, para desempleados que participen en acciones de orientación y que no perciban prestaciones de desempleo y que además carezcan de rentas superiores al Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples mensual) corresponderá al Servicio Público de Empleo Estatal y a los órganos o entidades correspondientes de las Comunidades Autónomas con competencias en materia de gestión de las políticas activas de empleo respecto de los trabajadores inscritos en las oficinas de empleo de su ámbito territorial; también corresponderá a los servicios públicos de empleo competentes la determinación de la forma y plazos de la presentación de solicitudes de las subvenciones previstas en esta norma, así como también la tramitación del procedimiento, “respetando la naturaleza jurídica de las subvenciones, la resolución y, en su caso, el pago de las subvenciones y la realización de los controles necesarios”.
Por consiguiente, parece urgente que el nuevo equipo directivo del Ministerio de Trabajo e Inmigración acabe de concretar con los agentes sociales, continuando las conversaciones y negociaciones ya iniciados desde hace más de un mes, los términos del plan, para llevarlo después a la Conferencia Sectorial y a la aprobación por el Consejo de Ministros, con la fijación en el momento oportuno de la distribución territorial de los fondos que se asignen a cada Comunidad Autónoma para llevar a buen puerto los objetivos del Plan. En este sentido debe recordarse que el gobierno catalán ya aprobó un conjunto de medidas para paliar la crisis económica en los sectores afectados por ella, y que deberá coordinar con las medidas que se aprueben para el conjunto del Estado. A mi parecer cabe destacar, entre las propuestas aprobadas por el ejecutivo catalán el día 15 de abril, la de poner en marcha un plan especifico para garantizar el asesoramiento individualizado para las personas desempleadas, con el objetivo de que puedan encontrar un nuevo empleo en el plazo más breve posible.
No es fácil la tarea que le espera a los nuevos gestores de la política de empleo en el Estado, en una etapa que se anuncia de crisis en un sector como el de la construcción que había creado numeroso empleo (de su calidad no hablemos ahora) en los últimos años, y en donde será necesario apostar por la reconversión de las personas desempleadas hacia sectores de posible crecimiento del empleo, como el de atención a las personas dependientes. Pero no olvidemos que ello, cuando sea posible y sabemos también que no lo será en bastantes casos, no se hace de la noche a la mañana, y que la protección económica por desempleo deberá volver a ser un elemento de protección para muchas personas mientras dure la situación de crisis que parece que se avecina. Les deseo toda la suerte en este difícil empeño, y muy en especial a la nueva Secretaría de Empleo, Maravillas Rojo Torrecilla.
1 comentario:
Enhorabuena por ese nombramiento!!!Es una muy buena elección que permite augurar buenos resultados en el nuevo ministerio de trabajo.
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