sábado, 20 de octubre de 2007

Hacia un Servicio Exterior de Empleo

La complejidad de la inmigración desde la óptica laboral aconseja plantear un debate sobre la posible creación de un Servicio Exterior de Empleo que proporcione respuestas adecuadas a las nuevas necesidades del mercado de trabajo español, en el marco de actuación conjunta con la política migratoria de la Unión Europea en este ámbito, y también para articular una acción coordinada con los países de los que proviene la mayor parte de los flujos migratorios hacia nuestro país y que requieren de nuestra ayuda y colaboración para poner en marcha políticas de migración legal que eviten muchos dramas humanos, señaladamente la perdida de vidas de muchos de sus ciudadanos; políticas laborales que deben ir acompañadas de otras de codesarrollo y de creación de riqueza en el propio territorio para evitar la pérdida de su capital humano más cualificado.

El dato cierto de que gran parte de la inmigración laboral se ubique en puestos de trabajo de baja cualificación no significa en modo alguno que una buena parte de los inmigrantes que acceden a España no tuvieran trabajo en su país de origen ni tampoco que sus conocimientos y titulación no sea de grado medio o superior. A título de ejemplo significativo, los estudios sobre la emigración de América Central y del Sur realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) constatan que en promedio los inmigrantes tienen un nivel educativo superior mayor que el de sus poblaciones de origen, dato que revela la selectividad del proceso migratorio y que el número de inmigrantes cualificados es muy importante en relación con la disponibilidad de recursos humanos de similar nivel educativo en sus países de origen.

Desde ámbitos sindicales europeos, como la Confederación Europea de Sindicatos, se ha puesto de manifiesto la necesidad de conseguir condiciones de trabajo justas y dignas para todas las personas que trabajan como paso necesario para lograr la integración de los inmigrantes, dado que en ningún caso el recurso a la mano de obra de terceros Estados puede ser una alternativa a las condiciones de trabajo penosas o a sistemas de formación profesional deficientes. De ahí que sea necesario y conveniente actuar contra la degradación del mercado de trabajo y las situaciones de explotación laboral, y la posible creación del Servicio Exterior de Empleo debería contribuir de forma eficaz a ello.

La evolución de la normativa, con la aprobación de la Ley de Empleo, la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social y el Real Decreto de desarrollo de la norma anterior, suponen un nuevo marco legal que posibilita una actuación hacia el exterior en materia de empleo y que permite asimismo una ordenación del flujo migratorio hacia España. Desde la perspectiva de la política de empleo, quiero destacar que la Ley de Empleo manifiesta ya en su Exposición de Motivos que uno de los factores que han llevado a su adopción, y que han afectado al mercado de trabajo en estos últimos años, ha sido “el fenómeno inmigratorio, con la consiguiente llegada de importantes recursos humanos procedentes del exterior a nuestro mercado de trabajo”.

Nuestra política de empleo dirigida hacia los trabajadores de terceros países que se incorporan al mercado de trabajo español debe ir estrechamente coordinada con la, aún incipiente, política de inmigración laboral de la UE. En efecto, en las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 14 y 15 de diciembre de 2006 se apuesta por elaborar, por lo que respecta a la inmigración legal, políticas de migración bien gestionadas, en el pleno respeto de las competencias nacionales, para ayudar a los Estados miembros a cubrir las necesidades actuales y futuras de mano de obra, contribuyendo simultáneamente al desarrollo sostenible de todos los países.

No hay duda de que hemos de apostar por la mejora de calidad y la competitividad de nuestro tejido productivo, y ello no puede hacerse por la vía de una política de mano de obra que opte por la precariedad, la desregulación y el incumplimiento de la legalidad. Necesitamos apostar por una política de mano de obra que potencie la formación y la cualificación del personal. De ahí que la incorporación de los inmigrantes al mercado de trabajo ha de hacerse de forma que aprovechen todos sus conocimientos y habilidades, y no como ocurre en la actualidad en muchas ocasiones, ya que prestan sus servicios en los niveles más bajos de cualificación profesional. De ahí que cobre toda su importancia la posible creación de un Servicio Exterior de Empleo que canalice el acceso al mercado de trabajo español de los ciudadanos extranjeros que puedan incorporarse en adecuadas condiciones y con los conocimientos profesionales requeridos.
Además, la posible creación de un Servicio Exterior de Empleo encuentra ahora una excelente oportunidad para dar respuesta no sólo a las necesidades de incorporación de trabajadores extracomunitarios a nuestro mercado de trabajo, sino también porque será necesaria su puesta en práctica si queremos dar respuesta adecuada a las nuevas obligaciones impuestas por la nueva normativa que regula los derechos de los emigrantes españoles, la Ley 40/2006, de 14 de diciembre, que debe ser una excelente oportunidad para reestructurar nuestro servicios consulares laborales, al objeto de facilitar no sólo la reincorporación de emigrantes españoles sino también el acceso regular y ordenado de los inmigrantes extracomunitarios a España.
Por último, y no menos importante, cualquier análisis que efectuemos en orden a la posible creación de un Servicio Exterior de Empleo ha de partir de la asunción de un dato previo: la cooperación entre las administraciones públicas para la contratación de trabajadores extranjeros en origen, cooperación que debe incardinarse en el ámbito del nuevo marco jurídico competencial de las políticas de inmigración y de empleo.