Informe del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa sobre “los derechos sociales y la crisis del coste de la vida”: las diez conclusiones claves. Y una nota sobre la OIT y la protección social.

 

1. La profesora Carmen Salcedo Beltrán  , catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad Valencia y miembro del Comité Europeo de Derechos Sociales del Consejo de Europa, difundió el pasado  19 de marzo a través de sus redes sociales  el importante Informe del CEDS sobre el impacto de la crisis del coste de lavida en los derechos sociales en toda Europa 

En la nota de prensa de presentación del Informe se explica que este “... ofrece un panorama detallado de los retos a los que se enfrentan los Estados para salvaguardar los derechos consagrados en la Carta Social Europea. Formula recomendaciones a los gobiernos sobre cómo garantizar la garantía de estos derechos en situaciones en las que el coste de los bienes esenciales aumenta mucho más rápido que los ingresos familiares promedio”. También se sintetiza el contenido del Informe enfatizando que “El CEDS se centra en la situación de los grupos más afectados por la crisis del coste de la vida: hogares de bajos ingresos, niños, personas con discapacidad y personas mayores. Invita a los Estados Partes a adoptar medidas a medio y largo plazo basadas en los derechos para abordar los efectos a largo plazo de la crisis del coste de la vida, no solo las de corto plazo (como subsidios puntuales o únicos en efectivo o aumentos temporales de las prestaciones). El CEDS deja claro que abordar la crisis del coste de la vida de forma coherente con los derechos establecidos en la Carta es esencial para que los Estados cumplan con sus obligaciones de derecho internacional en virtud del derecho europeo de los derechos humanos. Las dificultades económicas no deben conducir a la erosión de los derechos sociales fundamentales, y los gobiernos deben garantizar que las políticas respeten los principios de justicia social y solidaridad”. También se manifiesta que su análisis “marca la primera vez que el CEDS examina los informes ad hoc de los Estados Partes”, y que “... establece los requisitos de la Carta en situaciones en las que el coste de los bienes esenciales aumenta mucho más rápido que los ingresos medios de los hogares y ofrece orientación y recomendaciones que los Estados Partes pueden utilizar como marco”. .

2. Uno de los contenidos más destacados del Informe, y al que se presta especial atención es el de la protección social, considerada, y con total razón a mi  parecer, como “un elemento fundamental de la Carta”, manifestando que “el aumento de la inflación ha reducido considerablemente el valor de las prestaciones y la asistencia social, impidiendo que los beneficiarios puedan acceder a los bienes esenciales”, y añadiendo que “los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que estas prestaciones sigan siendo adecuadas, ajustándolas para que se ajusten a la inflación y apoyar a los grupos más afectados”. 

Pues bien, ante de referirme a las diez conclusiones claves del Informa, quiero señalar que la preocupación por una adecuada protección social como pieza básica para la reducción de las desigualdades siempre ha estado, y sigue estando, en el punto de mira de la Organización Internacional del Trabajo. Lo prueba el informe “Combatirlas desigualdades: ¿Qué papel puede desempeñar la protección social universal?” , publicado el pasado mes de noviembre y que fue presentado en un reciente evento organizado por la OIT , del que me permito reproducir unos fragmentos de especial interés de su resumen ejecutivo:

“La evidencia presentada en este documento de trabajo muestra que la protección social es una herramienta eficaz para reducir las desigualdades de ingresos. Las mayores reducciones en la desigualdad de ingresos (medida en términos de ingresos individuales) se observan en las pensiones contributivas. En 18 de los 35 países con microdatos disponibles del Estudio de Ingresos de Luxemburgo, principalmente países de ingresos altos y medianos-altos, estas pensiones reducen el coeficiente de Gini de la desigualdad de ingresos en más del 15%, y en los casos de Chequia, Polonia, Serbia y Hungría, al menos en un 30%. Cabe destacar que este resultado surge desde una perspectiva transversal, es decir, no considera las perspectivas a largo plazo ni el componente financiero de las pensiones contributivas, lo que podría reducir significativamente el efecto progresivo de las pensiones públicas.

En 25 de los 35 países con datos disponibles, las pensiones no contributivas contribuyen a una reducción de la desigualdad de ingresos inferior al 4%. Solo en Dinamarca, Georgia y Suiza estas pensiones tienen un efecto igualador sobre la desigualdad de ingresos superior al 15%. Las prestaciones familiares, junto con las prestaciones por desempleo, las prestaciones por enfermedad y accidentes laborales, y las prestaciones por discapacidad, son las responsables de las menores reducciones de la desigualdad de ingresos en comparación con las pensiones. Esto no es sorprendente, dado el tamaño generalmente menor de la mayoría de las prestaciones a corto plazo en comparación con las pensiones. En promedio, los países que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos brutos totales a una determinada prestación de protección social son también los que logran una mayor reducción de la desigualdad de ingresos. Sin embargo, el diseño de las prestaciones de protección social es relevante para explicar este resultado: algunos países destinan una cantidad menor de sus ingresos brutos totales que otros a una prestación determinada, pero obtienen una mayor redistribución de la renta con dicha inversión.

En 23 de los 25 países con datos disponibles, los impuestos sobre la renta de las personas físicas también conducen a una reducción de la desigualdad de ingresos general. Sin embargo, estas reducciones son mucho menores que las observadas en las prestaciones de protección social. En 14 de los 25 países, el coeficiente de Gini se reduce en menos del 5% después de considerar los impuestos sobre la renta. Las cotizaciones a la seguridad social desempeñan un papel clave en la financiación de la seguridad social. Estas cotizaciones permiten el pago de las prestaciones contributivas de protección social, que reducen sustancialmente la desigualdad de ingresos. Sin embargo, las cotizaciones a la seguridad social con tasa única pueden ser regresivas y aumentar la desigualdad de ingresos. Los impuestos sobre el patrimonio, poco utilizados, tienen el potencial de reducir la desigualdad de ingresos.

Los efectos positivos de los sistemas de protección social en la reducción de la desigualdad de ingresos, tanto vertical como horizontalmente (explorados aquí en términos de género), refuerzan la necesidad de establecer y mantener sistemas universales de protección social basados en tres principios establecidos en las normas internacionales de seguridad social.

Estos tres principios son: (1) centrarse en garantizar la cobertura universal de los sistemas de protección social anclados en la legislación, que cubran todo el ciclo de vida y proporcionen beneficios adecuados; (2) seguir una estrategia bidimensional, combinando mecanismos de seguro social contributivos con disposiciones financiadas con impuestos; y (3) explorar todas las opciones disponibles de espacio fiscal para extender la protección social a quienes actualmente están excluidos, independientemente de su situación laboral. Sin embargo, la reducción de las desigualdades de ingresos no puede dejarse solo en manos de los sistemas de protección social. Requiere una amplia gama de políticas públicas integradas, desde el acceso a educación de calidad y formación de habilidades hasta políticas salariales y estrategias de formalización, políticas macroeconómicas que creen empleo y medios de vida, e inversión en servicios públicos de calidad, para reducir la distribución primaria del ingreso y hacer que los mercados laborales sean más equitativos”.

3. Aquí están las diez conclusiones o mensajes claves del Informe, que conviene sin duda alguna conocer y efectuar su difusión:  

“1. Los responsables políticos deben garantizar ajustes regulares del salario mínimo, ya sea mediante indexación automática o revisiones periódicas, para mantener su nivel de al menos el 60 % del salario medio nacional, salvaguardando así el poder adquisitivo de las personas en el contexto de la crisis del coste de la vida.

2. El coste de la energía ha supuesto un desafío muy importante para las personas durante la crisis del coste de la vida. Los gobiernos deben monitorear de cerca los niveles de pobreza energética, brindar apoyo específico a las personas más afectadas e implementar políticas a largo plazo para garantizar un acceso estable, constante y seguro a una energía adecuada.

3. La vivienda representa el mayor gasto para todos los grupos de ingresos, y la crisis del costo de la vida ha agravado los problemas de vivienda existentes. Los gobiernos deben garantizar que los alquileres sean asequibles, priorizar a los hogares vulnerables para la vivienda social y prevenir los desahucios por impago de alquileres o atrasos en el pago de la vivienda.

4. La protección social es un elemento fundamental de la Carta. El aumento de la inflación ha reducido considerablemente el valor de las prestaciones y la asistencia de la seguridad social, impidiendo que los beneficiarios puedan acceder a los bienes esenciales. Los Estados deben tomar todas las medidas necesarias para garantizar que estas prestaciones sigan siendo adecuadas, ajustándolas para que se ajusten a la inflación y apoyando a los grupos más afectados.

5. El aumento del costo de los alimentos durante la crisis del costo de la vida dejó a algunos grupos sin poder acceder a productos básicos, lo que afectó los derechos reconocidos en la Carta relacionados con la educación, la salud y la protección contra la pobreza y la exclusión social. Los Estados deben pasar del apoyo temporal y la dependencia de formas de ayuda de último recurso, como los bancos de alimentos, a soluciones a largo plazo que garanticen que todas las personas, especialmente los grupos más afectados, puedan acceder a una alimentación adecuada y sostenible.

6. La crisis del costo de la vida afectó desproporcionadamente a los hogares de bajos ingresos, los niños, los jóvenes, las personas con discapacidad, las personas mayores, las personas LGBTI, las comunidades marginadas, las minorías étnicas, la comunidad romaní y las familias migrantes. Los Estados Partes deben realizar evaluaciones del impacto en los derechos humanos, recopilar datos exhaustivos, priorizar las medidas a largo plazo y garantizar una consulta significativa con los grupos afectados al implementar el apoyo específico.

7. Las mujeres se han visto particularmente afectadas por las consecuencias de la crisis del costo de la vida. Los gobiernos deben adoptar políticas económicas con perspectiva de género para abordar las vulnerabilidades financieras de las mujeres y garantizar que las medidas de crisis aborden sus necesidades específicas.

8. Durante una crisis del costo de la vida, los Estados Partes deben garantizar la participación significativa y la consulta con las personas más afectadas en los procesos de toma de decisiones sobre sus derechos consagrados en la Carta.

9. La existencia de una crisis del costo de la vida no reduce las obligaciones de los Estados en virtud de la Carta. Defender los derechos consagrados en la Carta para beneficio de todos impulsa la recuperación económica, la justicia social y la estabilidad democrática.

10. La protección de los derechos sociales contribuye directamente a la reducción de la pobreza y la exclusión social, la mejora de las condiciones de vida y la promoción de mayores oportunidades para todos”. 

Buena lectura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The European Committee of Social Rights publishes its review on Social Rights and Cost of Living Crisis 

 

https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/the-european-committee-of-social-rights-publishes-its-review-on-social-rights-and-cost-of-living-crisis   19.3.2025.

 

Today, during a launching event, the European Committee of Social Rights (ECSR) has published a review focused on the impact of the cost-of-living crisis on social rights across Europe. The review provides a detailed overview of the challenges faced by states in safeguarding the rights enshrined in the European Social Charter. It sets out recommendations to governments on how to ensure that those rights are guaranteed in situations where the cost of essentials rises much faster than average household incomes.

 

Gianluca Esposito, Director general of Human Rights and Rule of Law, in his opening speech underlined: “The cost-of-living crisis affects very many people in CoE member states, and its effects are still being felt, every day. Many people struggle making it to the end of the month. This crisis exacerbates social inequalities and impacts individuals' ability to exercise their rights in areas including social protection, employment and housing. It is time to act to address it.”

 

In the review, the Committee provides a general overview of states’ responses to the crisis. It sets out guidance and a series of recommendations:

 

States Parties must design and implement targeted measures for the groups most affected by the crisis, taking their specific needs into account.

Social protection is a fundamental element of the Charter. Rising inflation has greatly reduced the value of social security benefits and assistance, leaving recipients unable to afford essentials. States must take all necessary steps to ensure these benefits remain adequate by adjusting them to keep up with inflation and support the most affected groups.

 

The real value of the minimum wage has declined in numerous countries due to high inflation. The Committee makes clear that states must ensure fair remuneration in line with Article 4 of the Charter ensuring that workers and their families enjoy a decent standard of living. This includes ensuring that minimum wages are set at no less than 60% of the net national average wage.

Rising housing costs and an increasing risk of homelessness are critical issues faced by many Europeans. The Committee stresses that the Charter rights require States to ensure that rents are affordable and that adequate housing benefits are dequate in relation to housing costs. Governments should increase initiatives to enhance the supply of social housing and strengthen protections against evictions.

Sharp increases in energy and food prices have severely affected households, particularly those on low incomes. Governments should closely monitor levels of energy poverty, provide targeted support to those most affected, and implement long-term policies to ensure stable, consistent, and safe access to adequate energy.

Governments must carry out meaningful consultation with persons belonging to the groups most affected by the crisis and ensure their participation of in the design, implementation, and evaluation of measures taken in response to the crisis.

The ECSR focuses on the situation regarding the groups most affected by the cost-of-living crisis: low-income households, children, persons with disabilities and older persons. It invites States Parties to adopt rights-based medium- and long-term measures to address the long-term effects of the cost-of-living crises – not just short-term ones (such as ad hoc or one-off cash allowances or temporary benefit increases). The ECSR makes clear that addressing a cost-of-living crisis in a Charter rights-consistent way is essential if states are to give effect to their international law obligations under European human rights law. Economic hardship should not lead to the erosion of fundamental social rights, and governments must ensure that policies uphold the principles of social justice and solidarity.

 

“Upholding Charter rights for the benefit of all supports economic recovery and social justice. Ensuring that everyone in Europe enjoys their rights related to social protection, housing, work, education constitutes direct, meaningful pushback against the growing threats to democracy that have been fed by fears about diminishing living standards and life opportunities” ECSR President Aoife Nolan concluded.

 

 

 

 

SOCIAL RIGHTS AND THE COST OF LIVING CRISIS

A review of States Parties’ad hoc reports on the cost-of-living crisis

■ The review on “Social rights and the cost-of-living crisis” marks the first time, the European Committee of Social Rights (ECSR) has undertaken an examination of State Party ad hoc reports. The review provides a general overview of the social rights impacts on the cost-of-living crisis within the Council of Europe member states; as well as the measures taken by states in response to the crisis.

■ In it, the ECSR sets out what the Charter requires in situations where the cost of essentials rises much faster than average household incomes and provides guidance and recommendations to be used as a framework by States Parties.

■ Upholding Charter rights for the benefit of all is not just essential – it is fundamental for economic recovery, social justice, and democratic stability. As Europe emerges from the current cost-of-living crisis, a steadfast commitment to these rights is crucial to rebuilding a fairer and more resilient society.

 

ECSR KEY MESSAGES

1. Policymakers should ensure regular adjustments to the minimum wage, either through automatic indexation or periodic revisions, to maintain its alignment with at least 60% of the national average wage, thereby safeguarding people’s purchasing power in the context of the cost-of-living crisis.

2. The cost of energy has been a very significant challenge for people during the cost-of-living crisis. Governments should closely monitor levels of energy poverty, provide targeted support to those most affected, and implement long-term policies to ensure stable, consistent, and safe access to adequate energy.

3. Housing is the biggest expense for all income groups, and the cost-of-living crisis has worsened existing housing issues. Governments must ensure rents are affordable, prioritise vulnerable households for social housing, and prevent evictions due to unpaid rent or/and housing arrears.

4. Social protection is a fundamental element of the Charter. Rising inflation has greatly reduced the value of social security benefits and assistance, leaving recipients unable to afford essentials. States must take all necessary steps to ensure these benefits remain adequate by adjusting them to keep up with inflation and support the most affected groups.

5. Rising food costs during the cost-of living crisis left some groups unable to afford basic essentials, impacting Charter rights related to education, health and protection from poverty and social exclusion. States should move from temporary support and reliance on forms of last-resort relief, such as food banks, to long-term solutions that ensure everyone, especially the most affected groups, can afford adequate, sustainable food.

6. The cost-of-living crisis disproportionately affected low-income households, children, youth, persons with disabilities, older persons, LGBTI individuals, marginalised communities, ethnic minorities, Roma, and migrant families. States Parties should conduct human rights impact assessments, collect comprehensive data, prioritise long term measures, and ensure meaningful consultation with affected groups while implementing targeted support.

7. Women have been particularly severely affected by the consequences of the cost of-living crisis. Governments must adopt gender-sensitive economic policies to address women’s financial vulnerabilities and ensure crisis measures address their specific needs.

8. During a cost-of-living crisis, States Parties must ensure meaningful participation of and consultation with those most affected by the crisis in the decision-making processes concerning their Charter rights.

9. The existence of a cost-of-living crisis does not reduce States’ duties under the Charter. Upholding Charter rights for the benefit of all supports economic recovery, social justice and democratic stability.

10. The protection of social rights contributes directly to the reduction of poverty and social exclusion, the improvement of living conditions, and the promotion of greater opportunities for all.