1. El jueves 14 de noviembre, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el texto del Proyectode Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, siendo el resultado de la votación de 179 votos a favor y 168 en contra. El texto de los debates de dicha sesión plenaria se encuentra en este enlace Ha sido publicado en el Boletín Oficial del CD el día 21
La tramitación del
Proyecto de Ley, publicado el 22 de marzo, puede seguirse en este enlace
El Proyecto pasa
ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria. Dado que el grupo
parlamentario popular del Congreso voto en su contra, es más que previsible
esperar que se modifique sustancialmente, para volver después a la Cámara Baja
y ser rechazadas todas las enmiendas incorporadas si se mantiene el bloque de
los grupos políticos que dieron su apoyo al Proyecto en el Pleno del día 14.
En esta entrada
paso revista a las novedades y modificaciones operadas en la normativa laboral
y de protección social, y procedo a la comparación con la normativa vigente, a
la espera de un análisis más detallado cuando se apruebe definitivamente el
texto.
2. En la
exposición de motivos encontramos las siguientes referencias a los cambios
incorporados en el texto articulado.
A) “... Por lo que respecta al orden jurisdiccional social, se
acomete una reforma de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción
social en idéntico sentido y con la misma finalidad que en el resto de
órdenes jurisdiccionales, a saber, dotar de mayor agilidad a la tramitación de
los procedimientos, sin merma alguna de las garantías exigibles.
Con el fin de cohonestar lo dispuesto para los cuatro órdenes jurisdiccionales, se incentiva el impulso de la oralidad de las sentencias, con la finalidad de agilizar no sólo su dictado, sino también la notificación y la declaración de firmeza de éstas, salvo cuando las partes comparezcan por ellas mismas.
También se pretende dotar a la jurisdicción social de la máxima agilización posible en lo que respecta a los actos de conciliación ante el letrado o la letrada de la Administración de Justicia, impulsando su labor y posibilitando una agenda doble y compatible de trabajo, que podrá establecerse a instancia de cualquiera de las partes, si estimaran razonadamente que existe la posibilidad de llegar a un acuerdo conciliatorio, o de oficio por el letrado o la letrada de la Administración de Justicia si entendiera que, por la naturaleza y circunstancias del litigio o por la solución dada judicialmente en casos análogos, pudiera ser factible que las partes alcanzaran un acuerdo, descargando así de trabajo al órgano judicial. Se pretende que el acto de conciliación se celebre a partir de los diez días desde la admisión de la demanda y con una antelación mínima de treinta días a la celebración del acto de la vista, con el fin de poder dar una respuesta ajustada a lo que la realidad social exige
Se amplía además el plazo de cinco a diez días de antelación a la fecha del juicio, para solicitar diligencias de preparación de la prueba a practicar en dicho acto, dando con ello margen suficiente a los juzgados para hacer las notificaciones y recibir la prueba que se haya solicitado, especialmente en el caso de que se trate de prueba documental.
Por último, en la misma línea de consolidación de los derechos y garantías de la ciudadanía en el acceso a la justicia a fin de que el funcionamiento de ésta como servicio público se produzca en condiciones de eficiencia operativa, deviene necesario ahondar en el orden social en la reforma del recurso de casación para la unificación de doctrina. Al igual que sucede en el orden civil, tampoco este recurso de casación constituye una tercera instancia con plenitud de cognición, de manera que le resulta de aplicación la misma jurisprudencia del Tribunal Constitucional —residenciando en el Tribunal Supremo la configuración de esa admisibilidad, con las excepciones del artículo 123 CE— y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de la propia Sala Primera insistiendo en el especial rigor de los requisitos de admisión del recurso de casación.
Se perfila la
existencia de interés casacional objetivo, entendiendo que existe si concurren
circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento de la Sala, cuando la
cuestión posee una trascendencia o proyección significativa, o si el debate
suscitado presenta relevancia para la formación de la jurisprudencia.
Con esta reforma se unifica el alcance y finalidad del recurso de casación en todas las Salas del Tribunal Supremo, completando el tratamiento como criterio de admisión o inadmisión que ya rige en las Salas Segunda y Tercera, y que en la última reforma legal se extendió a la Sala Primera, paralelo a la denominada especial trascendencia constitucional existente en el seno de la LO 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional”.
B) La disposición final decimocuarta revisa diversos aspectos de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio. ...
En
segundo lugar, se modifica la letra e) del artículo 7 de la Ley 35/2006, de 28
de noviembre, con la finalidad de evitar cualquier duda interpretativa e
incrementar la seguridad jurídica, señalando expresamente a nivel legal que no
derivan de un pacto, convenio o contrato, las indemnizaciones acordadas ante el
servicio administrativo como paso previo al inicio de la vía judicial social.
Debe recordarse que dicha precisión coincide con la interpretación que al
respecto viene manteniendo tanto la Administración tributaria como los
Tribunales de Justicia, por lo que la misma responde a una finalidad meramente
aclaratoria.
3.
Texto articulado.
A)
TÍTULO I. Medidas en materia de eficiencia organizativa del Servicio Público de
Justicia para la implantación de los Tribunales de Instancia y las Oficinas de
Justicia en los municipios
Artículo
1. Modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
La
Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada en los
siguientes términos:
Seis. Se modifica
la rúbrica del libro I:
«LIBRO I
De la extensión y
límites de la Jurisdicción y de la Planta y Organización de los Tribunales»
Siete. Se modifica
el artículo 25, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
25. En
el orden social, los Juzgados y Tribunales españoles serán competentes: 1.º
En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo,
cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya
celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en
territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra
representación en España; cuando el trabajador y el empresario tengan
nacionalidad española, cualquiera que sea el lugar de prestación de los
servicios o de celebración del contrato; y, además, en el caso de contrato de
embarque, si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por
trabajador español. 2.º
En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo
celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de
trabajo promovidos en territorio español. 3.º
En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o
que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en
España. |
«Artículo
25. En
el orden social, los jueces y juezas, así como los Tribunales españoles
serán competentes: 1.º
En materia de derechos y obligaciones derivados de contrato de trabajo,
cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya
celebrado en territorio español; cuando el demandado tenga su domicilio en
territorio español o una agencia, sucursal, delegación o cualquier otra
representación en España; cuando el trabajador o la trabajadora y el
empresario o la empresaria tengan nacionalidad española, cualquiera
que sea el lugar de prestación de los servicios o de celebración del
contrato; y, además, en el caso de contrato de embarque, si el contrato fue
precedido de oferta recibida en España por trabajador español. 2.º
En materia de control de legalidad de los convenios colectivos de trabajo
celebrados en España y de pretensiones derivadas de conflictos colectivos de
trabajo promovidos en territorio español. 3.º
En materia de pretensiones de Seguridad Social frente a entidades españolas o
que tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en
España.» |
Diecinueve. Se
modifica el artículo 75, que queda redactado de la siguiente forma:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de ley |
|
Artículo
75. La
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá: 1.º
En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias
que afecten a intereses de los trabajadores y empresarios en ámbito superior
al de un Juzgado de lo Social y no superior al de la Comunidad Autónoma. 2.º
De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por
los Juzgados de lo Social de la comunidad autónoma, así como de los recursos
de suplicación y los demás que prevé la ley contra las resoluciones de los
juzgados de lo mercantil de la comunidad autónoma en materia laboral, y las
que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia. 3.º
De las cuestiones de competencia que se susciten entre los Juzgados de lo
Social de la Comunidad Autónoma. |
«Artículo
75. La
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia conocerá: 1.º
En única instancia, de los procesos que la ley establezca sobre controversias
que afecten a intereses de los trabajadores y trabajadoras y
empresarios y empresarias en ámbito superior al de una Sección de lo
Social del Tribunal de Instancia y no superior al de la comunidad
autónoma. 2.º
De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por
las Secciones de lo Social de los Tribunales de Instancia de la
comunidad autónoma, así como de los recursos de suplicación y los demás que
prevé la ley contra las resoluciones de las Secciones de lo Mercantil de
los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma en materia laboral,
y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma
materia. 3.º
De las cuestiones de competencia que se susciten entre las Secciones de lo
Social de los Tribunales de Instancia de la comunidad autónoma.» |
Treinta y seis. Se
da nueva redacción al artículo 94, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
94. 1.
En cada provincia, y dentro del orden jurisdiccional penal, habrá uno o
varios Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, que tendrán las funciones
jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria en materia de
ejecución de penas privativas de libertad y medidas de seguridad, emisión y
ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales
en la Unión Europea que les atribuya la ley, control jurisdiccional de la
potestad disciplinaria de las autoridades penitenciarias, amparo de los
derechos y beneficios de los internos en los establecimientos penitenciarios
y demás que señale la ley. 2.
Podrán establecerse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria que extiendan su
jurisdicción a dos o más provincias de la misma Comunidad Autónoma. 3.
También podrán crearse Juzgados de Vigilancia Penitenciaria cuya jurisdicción
no se extienda a toda la provincia. 4.
En la villa de Madrid, con jurisdicción en toda España, habrá uno o varios
Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria que tendrán las funciones
jurisdiccionales previstas en la Ley General Penitenciaria, descritas en el
apartado 1 de este artículo, la competencia para la emisión y ejecución de
los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión
Europea que les atribuya la ley y demás funciones que señale la ley, en
relación con los delitos competencia de la Audiencia Nacional. En todo caso,
la competencia de estos Juzgados Centrales será preferente y excluyente
cuando el penado cumpla también otras condenas que no hubiesen sido impuestas
por la Audiencia Nacional. 5.
El cargo de Juez de Vigilancia Penitenciaria será compatible con el desempeño
de un órgano del orden jurisdiccional penal. |
«Artículo
94. 1.
Con carácter general, en el Tribunal de Instancia con sede en la capital de
cada provincia y con jurisdicción en toda ella existirá una Sección de lo
Social. 2.
Podrán establecerse Secciones de lo Social en Tribunales de Instancia que
tengan su sede en poblaciones distintas de la capital de provincia,
delimitándose en cada caso el ámbito territorial de su jurisdicción. Asimismo,
las Secciones de lo Social podrán excepcionalmente extender su jurisdicción a
dos o más provincias dentro de la misma comunidad autónoma. 3.
Las Secciones de lo Social conocerán, en primera o única instancia, de los
procesos sobre materias propias de este orden jurisdiccional que no estén
atribuidos a otros órganos del mismo.» |
B) TÍTULO II
Medidas en materia
de eficiencia procesal del Servicio Público de Justicia
CAPÍTULO II
Modificación de
leyes procesales
Artículo 22. Modificación
de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
La Ley 36/2011, de
10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica
el artículo 50, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
50. Sentencias orales. 1.
El juez, en el momento de terminar el juicio, y salvo cuando por razón de la
materia o de la cuantía proceda recurso de suplicación, podrá pronunciar
sentencia de viva voz, con el contenido y los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 97. En este supuesto, las partes podrán solicitar
que se les entregue documento que contenga la transcripción por escrito de la
sentencia. Igualmente
podrá aprobar mediante sentencia de viva voz, cualquiera que sea la
materia y la cuantía, el allanamiento total efectuado, así como, en su
caso, los términos de ejecución de la sentencia que le sean propuestos de
común acuerdo por las partes, siempre que, de proceder recurso,
manifestaran éstas su decisión de no recurrir. 2.
También podrá el juez limitarse a pronunciar el fallo, cualquiera que sea la
cuantía o la materia, con motivación sucinta del mismo, sin perjuicio de la
redacción posterior de la sentencia dentro del plazo y en la forma legalmente
previstos. 3.
Las partes quedarán notificadas de las sentencias dictadas oralmente. Si,
conocida la sentencia de viva voz o el fallo anticipado, las partes
expresaran su decisión de no recurrir, el juez en el mismo acto declarará la
firmeza de la sentencia. 4.
Si alguna de las partes no hubiera comparecido se le hará la oportuna
notificación. |
«Artículo
50. Sentencias orales. El
juez o la jueza, en el momento de terminar el juicio, podrá pronunciar
sentencia de viva voz, con el contenido y los requisitos establecidos en el
apartado 2 del artículo 97. Igualmente podrá aprobar mediante sentencia de viva voz, el allanamiento total efectuado, así como, en su caso, los términos de ejecución de la sentencia que le sean propuestos de común acuerdo por las partes. Su
dictado tendrá lugar al concluir el mismo acto de la vista en presencia de
las partes, quedando documentada en el soporte audiovisual del acto, sin
perjuicio de la ulterior redacción por el juez, la jueza o el magistrado o la
magistrada del encabezamiento, los hechos probados y la mera referencia a la
motivación pronunciada de viva voz, dándose por reproducida, y el fallo
integro, con expresa indicación de su firmeza o, en su caso, de los recursos
que procedan, órgano ante el que deben interponerse y plazo para ello. En
aquellos procedimientos en los que no intervenga abogado ni graduado social,
de conformidad con la ley, la resolución que se dicte tendrá que ser
necesariamente escrita. Pronunciada
oralmente una sentencia, si todas las personas que fueren parte en el
proceso estuvieren presentes en el acto debidamente asistidas por abogado o
representadas por procurador o graduado social, y expresaren su decisión
de no recurrir, se declarará, en el mismo acto, la firmeza de la resolución. Fuera
de este caso, el plazo para recurrir comenzará a contar desde que se
notificase a la parte la resolución así redactada.» |
Dos. Se modifican
los apartados 1 y 2 del artículo 65, que quedan redactados como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
65. Efectos de la solicitud de conciliación o de mediación previa. Los laudos
arbitrales. 1.
La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación suspenderá los
plazos de caducidad e interrumpirá los de prescripción. El cómputo de la
caducidad se reanudará al día siguiente de intentada la conciliación o
mediación o transcurridos quince días hábiles, excluyendo del cómputo los
sábados, desde su presentación sin que se haya celebrado. 2.
En todo caso, transcurridos treinta días, computados en la forma indicada en
el número anterior, sin haberse celebrado el acto de conciliación o sin
haberse iniciado mediación o alcanzado acuerdo en la misma se tendrá por
terminado el procedimiento y cumplido el trámite. |
1.
La presentación de la solicitud de conciliación o de mediación interrumpirá
la prescripción o suspenderá la caducidad de acciones desde la fecha de
dicha presentación, reiniciándose o reanudándose respectivamente el
cómputo de los plazos al día siguiente de intentada la conciliación o
mediación o transcurridos quince días hábiles desde su presentación sin que
se haya celebrado. 2.
En todo caso, transcurrido el plazo de treinta días hábiles sin haberse
celebrado el acto de conciliación o sin haberse iniciado mediación o
alcanzado acuerdo en la misma se tendrá por terminado el procedimiento y
cumplido el trámite.» |
Tres. Se modifica
el apartado 4 del artículo 75, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
4.
Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la
buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de
pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior,
el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma
motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las
circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al
proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de
ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la
cuantía de la tercera parte del litigio |
«4.
Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la
buena fe. De vulnerarse estas, así como en caso de formulación de
pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior,
el juez, la jueza o el tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza
separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad,
ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los
perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una
multa que podrá oscilar de seiscientos a seis mil euros, sin que en ningún
caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. Aquel
al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser
oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres
días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito
presentado ante el juez, la jueza o el tribunal que la haya impuesto. La
audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada
en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá
previo informe del juez, jueza o Sala que impuso la multa. De
apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los
recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas
respectivas |
Tres bis (nuevo).
Se suprime el apartado 2 del artículo 80, pasando el actual apartado 3 a
numerarse como 2.
Cuatro. Se
modifica el artículo 82, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
82. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio. 1.
De ser admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos, en la misma resolución de admisión a trámite el
secretario judicial señalará el día y la hora en que hayan de tener lugar
sucesivamente los actos de conciliación y juicio, debiendo mediar un mínimo
de diez días entre la citación y la efectiva celebración de dichos actos,
salvo en los supuestos en que la Ley disponga otro distinto y en los
supuestos de nuevo señalamiento después de una suspensión. En
el señalamiento de las vistas y juicios el secretario judicial atenderá a los
criterios establecidos en el artículo 182 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y
procurará, en la medida de lo posible, señalar en un mismo día los que se
refieran a los mismos interesados y no puedan ser acumulados, así como
relacionar los señalamientos de los procesos en los que se deba intentar la
conciliación previa por parte del secretario judicial con los exentos de
dicho trámite. En especial, las audiencias y vistas que requieran la
presencia del representante del Ministerio Fiscal, abogado del Estado,
letrados de las Cortes Generales, letrados de la Administración de la
Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas o de la Administración Local,
serán agrupadas, señalándose de forma consecutiva. 2.
La celebración de los actos de conciliación y juicio, el primero ante el
secretario judicial y el segundo ante el juez o Magistrado, tendrá lugar en
única convocatoria pero en sucesivos actos, debiendo hacerse a este efecto la
citación en forma, con entrega a los demandados, a los interesados y, en su
caso, al Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y demás documentos; así
como requiriendo de la Administración pública la remisión del expediente
administrativo, cuando proceda, dentro de los diez días siguientes a la
notificación. 4.
De oficio o a petición de parte, podrá requerirse el previo traslado entre
las partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente
informático, con cinco días de antelación al acto de juicio, de la prueba
documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente
posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba. 5.
Cuando la representación y defensa en juicio sea atribuida al abogado del
Estado, se le concederá un plazo de veintidós días para la consulta a la
Abogacía General del Estado–Dirección del Servicio Jurídico del Estado.
Cuando la representación y defensa en juicio sea atribuida al letrado de la
Administración de la Seguridad Social, se le concederá igualmente un plazo de
veintidós días para la consulta a la Dirección del Servicio Jurídico de la
Administración de la Seguridad Social. Este mismo plazo se entenderá,
respecto de las Comunidades Autónomas, para consulta al organismo que
establezca su legislación propia, así como cuando la representación y
presencia en juicio sea atribuida al letrado de las Cortes Generales. El
señalamiento del juicio se hará de modo que tenga lugar en fecha posterior al
indicado plazo. |
«Artículo
82. Señalamiento de los actos de conciliación y juicio. 1.
De ser admitida la demanda, una vez verificada la concurrencia de los
requisitos exigidos, en la misma resolución de admisión a trámite el letrado
de la Administración de Justicia señalará el día y la hora en que hayan
de tener lugar, separada o sucesivamente, los actos de conciliación y de
juicio, debiendo mediar un mínimo de diez días entre la citación y la
efectiva celebración de dichos actos, salvo en los supuestos en que la ley
disponga otro distinto y en los supuestos de nuevo señalamiento después de
una suspensión. En
el caso de que la representación corresponda al abogado del Estado, al
letrado o letrada de la Administración de la Seguridad Social, a los
representantes procesales de las Comunidades Autónomas o de la Administración
Local o al letrado o la letrada de las Cortes Generales, la resolución de
admisión a trámite señalará el día y la hora en que deba tener lugar el acto
del juicio. En
el señalamiento de las vistas y juicios el letrado o la letrada de la
Administración de Justicia atenderá a los criterios establecidos en el
artículo 182 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, y
procurará, en la medida de lo posible, señalar en un mismo día los que se
refieran a los mismos interesados y no puedan ser acumulados, así como
relacionar los señalamientos de los procesos en los que se deba intentar la
conciliación previa por parte del letrado o la letrada de la Administración
de Justicia con los exentos de dicho trámite. En especial, las audiencias y
vistas que requieran la presencia del representante del Ministerio Fiscal,
abogado del Estado, letrados de las Cortes Generales, letrados o letradas de
la Administración de la Seguridad Social, de las Comunidades Autónomas o de
la Administración Local, serán agrupadas, señalándose de forma consecutiva. 2.
La celebración de los actos de conciliación y juicio, el primero ante el
letrado o la letrada de la Administración de Justicia y el segundo ante
el juez, la jueza, el magistrado o la magistrada podrá tener
lugar en distinta convocatoria, debiendo hacerse a este efecto la citación en
forma, con entrega a los demandados, a los interesados y, en su caso, al
Ministerio Fiscal, de copia de la demanda y demás documentos; así como
requiriendo de la Administración pública la remisión del expediente
administrativo, cuando proceda, dentro de los diez días siguientes a la
notificación. El
señalamiento del acto de conciliación en convocatoria separada y anticipada a
la fecha del juicio podrá establecerse a instancia de cualquiera de las
partes, si estimaran razonadamente que existe la posibilidad de llegar a un
acuerdo conciliatorio, o de oficio por el letrado o la letrada de la
Administración de Justicia si entendiera que, por la naturaleza y
circunstancias del litigio o por la solución dada judicialmente en casos
análogos, pudiera ser factible que las partes alcanzaran un acuerdo. 3.
El acto de conciliación anticipada se celebrará a partir de los diez días
desde la admisión de la demanda, y en todo caso con una antelación mínima de
treinta días a la celebración del acto del juicio, salvo los supuestos
fijados en esta ley. También
en el señalamiento del acto de conciliación anticipada se procurará fijar
para un mismo día los procedimientos que se refieran a los mismos interesados
y no puedan ser acumulados. Intentada
la conciliación anticipada ante el letrado o la letrada de la Administración
de Justicia, se tendrá por celebrada sin necesidad de reiterarse el día de la
vista, salvo que con anterioridad a la celebración del acto de juicio las
partes manifiesten su intención de alcanzar un acuerdo. 4.
En las cédulas de citación se hará constar que los actos de conciliación y
juicio no podrán suspenderse por incomparecencia del demandado, salvo
causas justificadas y en los supuestos legalmente previstos. También se
consignará que los litigantes han de concurrir al juicio con todos los medios
de prueba de que intenten valerse y que podrán formalizar, sin esperar a la
fecha del señalamiento, conciliación en evitación del juicio, por medio de
comparecencia ante la oficina judicial o en los términos previstos en el
apartado 1 del artículo 84. Asimismo, podrán someter la cuestión
litigiosa a los procedimientos de mediación que pudieran estar constituidos
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63, adoptando las medidas
oportunas a tal fin sin que ello dé lugar a la suspensión de la comparecencia,
salvo que de común acuerdo lo soliciten ambas partes justificando la sumisión
a la mediación, y por el tiempo máximo establecido en el procedimiento
correspondiente, que en todo caso no podrá exceder de quince días. 5.
De oficio o a petición de parte podrá requerirse el previo traslado entre las
partes o la aportación anticipada, en soporte preferiblemente informático y
con diez días de antelación al acto de juicio, de la prueba documental
o pericial que, por su volumen o complejidad, precise de su examen
previamente al momento de la práctica de la prueba. 6.
Cuando la representación y defensa en juicio sea atribuida al abogado del
Estado, se le concederá un plazo de veintidós días para la consulta a la
Abogacía General del Estado. Cuando la representación y defensa en juicio sea
atribuida al letrado o letrada de la Administración de la Seguridad
Social, se le concederá igualmente un plazo de veintidós días para la
consulta a la Dirección del Servicio Jurídico de la Administración de la
Seguridad Social. Este mismo plazo se entenderá, respecto de las Comunidades
Autónomas, para consulta al organismo que establezca su legislación propia,
así como cuando la representación y presencia en juicio sea atribuida al
letrado o letrada de las Cortes Generales. El señalamiento del juicio se hará
de modo que tenga lugar en fecha posterior al indicado plazo.» |
Cinco. Se modifica
el apartado 3 del artículo 83, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
83. Suspensión de los actos de conciliación y juicio 3.
La incomparecencia injustificada del demandado no impedirá la celebración de
los actos de conciliación y juicio, continuando éste sin necesidad de
declarar su rebeldía |
«3.
La incomparecencia injustificada del demandado al acto de conciliación no
impedirá la celebración de los actos de conciliación y juicio, continuando
este sin necesidad de declarar su rebeldía y sin perjuicio de la sanción
que, por esta circunstancia, se podrá imponer en sentencia en los términos
establecidos en el artículo 97.3.» |
Seis. Se modifican
los apartados 1 y 3 del artículo 84, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
84. Celebración del acto de conciliación. 1.
El secretario judicial intentará la conciliación, llevando a cabo la labor
mediadora que le es propia, y advertirá a las partes de los derechos y
obligaciones que pudieran corresponderles. Si las partes alcanzan la
avenencia, dictará decreto aprobándola y acordando, además, el archivo de las
actuaciones. Del mismo modo, corresponderá al secretario judicial la
aprobación del acuerdo alcanzado por las partes antes del día señalado para
los actos de conciliación y juicio. La conciliación y la resolución aprobatoria,
oral o escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia. La
conciliación alcanzada ante el secretario judicial y los acuerdos logrados
entre las partes aprobados por aquél tendrán, a todos los efectos legales, la
consideración de conciliación judicial. |
«1.
El letrado o letrada de la Administración de Justicia intentará la
conciliación, llevando a cabo la labor mediadora que le es propia, y
advertirá a las partes de los derechos y obligaciones que pudieran
corresponderles. Si las partes alcanzan la avenencia, dictará decreto
aprobándola y acordando, además, el archivo de las actuaciones. Del mismo
modo, corresponderá al letrado letrada de la Administración de Justicia la
aprobación del acuerdo alcanzado por las partes antes del día señalado para
el acto del juicio, de haberse señalado conciliación anticipada, o en la
misma fecha del juicio de tratarse de conciliación y juicio señalados
sucesivamente. A tal efecto las partes podrán anticipar la conciliación por
vía telemática. Cuando
el acuerdo venga firmado digitalmente por todas las partes, se dictará
decreto en el plazo máximo de tres días. En su defecto, y para su posterior
ratificación y firma, se citará a las partes a comparecencia en un plazo
máximo de cinco días. La conciliación y la resolución aprobatoria, oral o
escrita, se documentarán en la propia acta de comparecencia. La
conciliación alcanzada ante el letrado o la letrada de la Administración
de Justicia y los acuerdos logrados entre las partes y aprobados por
aquél tendrán, a todos los efectos legales, la consideración de conciliación
judicial.» «3.
En caso de no haber avenencia ante el letrado o la letrada de la
Administración de Justicia y procederse a la celebración del juicio, la
aprobación del acuerdo conciliatorio que, en su caso, alcanzasen las partes
en dicho momento corresponderá al juez, la jueza o el tribunal ante el que se
hubiere obtenido mediante resolución oral o escrita documentada en el propio
acuerdo. Sólo cabrá nueva intervención del letrado o letrada de la
Administración de Justicia aprobando un acuerdo entre las partes si el acto
del juicio se llegase a suspender por cualquier causa. De
celebrarse la conciliación anticipada prevista en el artículo 82 y resultar
sin acuerdo, el letrado o la letrada de la Administración de Justicia dejará constancia
en el acta de los aspectos controvertidos que hayan impedido el mismo y, de
concurrir cuestiones procesales que pudieran suscitar la suspensión del acto
del juicio, tales como la existencia de terceros que deban ser llamados al
procedimiento o la situación concursal de cualquiera de los intervinientes,
advertirá a las partes en los términos establecidos en el artículo 81.» |
Siete. Se modifica
el apartado 1 del artículo 85, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
85. Celebración del juicio. 1.
Si no hubiera avenencia en conciliación, se pasará seguidamente a juicio y se
dará cuenta de lo actuado. Con
carácter previo se resolverá, motivadamente, en forma oral y oídas las
partes, sobre las cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, así
como sobre los recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin
perjuicio de la ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando
proceda. Igualmente serán oídas las partes y, en su caso, se resolverá,
motivadamente y en forma oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez
o tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los
presupuestos de la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada,
respetando las garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo
del asunto. A
continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en
ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial. |
«1.
En el acto del juicio, habiéndose dado cuenta de lo actuado, se resolverá, en
primer término, motivadamente, en forma oral y oídas las partes, sobre las
cuestiones previas que se puedan formular en ese acto, así como sobre los
recursos u otras incidencias pendientes de resolución, sin perjuicio de la
ulterior sucinta fundamentación en la sentencia, cuando proceda. Igualmente
serán oídas las partes y, en su caso, se resolverá, motivadamente y en forma
oral, lo procedente sobre las cuestiones que el juez, la jueza o el
tribunal pueda plantear en ese momento sobre su competencia, los presupuestos
de la demanda o el alcance y límites de la pretensión formulada, respetando
las garantías procesales de las partes y sin prejuzgar el fondo del asunto. A
continuación, el demandante ratificará o ampliará su demanda, aunque en
ningún caso podrá hacer en ella variación sustancial.» |
Ocho. Se modifica
la rúbrica y el apartado 3 del artículo 90, que quedan redactados como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
90. Admisibilidad de los medios de prueba. 3.
Podrán asimismo solicitar, al menos con cinco días de antelación a la fecha
del juicio, aquellas pruebas que, habiendo de practicarse en el mismo,
requieran diligencias de citación o requerimiento, salvo cuando el
señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en cuyo caso el plazo
será de tres días |
«Artículo
90. Preparación y admisibilidad de los medios de prueba.» «3.
Podrán asimismo solicitar, al menos con diez días de antelación a la
fecha del juicio, diligencias de preparación de la prueba a practicar en
juicio salvo cuando el señalamiento se deba efectuar con antelación menor, en
cuyo caso el plazo será de tres días, y sin perjuicio de lo que el juez,
la jueza o el tribunal decida sobre su admisión o inadmisión en el acto del
juicio.» |
Ocho bis (nuevo).
Se modifica el apartado 1 del artículo 196, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
196. Escrito de interposición. 1.
El escrito interponiendo el recurso de suplicación se presentará ante el
juzgado que dictó la resolución impugnada, con tantas copias cuantas sean
las partes recurridas. |
«1.
El escrito interponiendo el recurso de suplicación se presentará ante el
juzgado que dictó la resolución impugnada.» |
Ocho ter (nuevo).
Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 210, pasando el actual apartado 3
a ser 4, que quedan redactados como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
210. Interposición del recurso. 1.
El escrito de formalización se presentará ante la Sala que dictó la
resolución impugnada, por el abogado designado al efecto quien, de no
indicarse otra cosa, asumirá desde ese momento la representación de la parte
en el recurso, con tantas copias como partes recurridas y designando
un domicilio a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para
su práctica, con los efectos del apartado 2 del artículo 53. 3.
Si el recurso no se hubiera formalizado dentro del plazo conferido al efecto
o si en el escrito se hubiesen omitido de modo manifiesto los requisitos
exigidos, la Sala dictará auto poniendo fin al trámite del recurso quedando
firme, en cuanto a dicha parte recurrente, la sentencia o resolución
impugnada. Contra dicho auto, previa reposición ante la Sala, procederá
recurso de queja ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. |
«1.
El escrito de formalización se presentará ante la Sala que dictó la
resolución impugnada, por el abogado designado al efecto quien, de no
indicarse otra cosa, asumirá desde ese momento la representación de la parte
en el recurso, designando un domicilio a efectos de notificaciones, con todos
los datos necesarios para su práctica, con los efectos del apartado 2 del
artículo 53.» «3.
La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo podrá determinar, mediante acuerdo
que se publicará en el “Boletín Oficial del Estado”, la extensión máxima y
otras condiciones extrínsecas, incluidas las relativas al formato en el que
deban ser presentados, de los escritos de formalización y de impugnación de
los recursos de casación.» |
Ocho quater
(nuevo). Se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 219, que quedan
redactados como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
219. Finalidad del recurso. Legitimación del Ministerio Fiscal. 1.
El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de
sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los
Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con
la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con sentencias
del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en
idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y pretensiones
sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.
3.
El Ministerio Fiscal, en su función de defensa de la legalidad, de oficio o a
instancia de los sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones
representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes o
entidades públicas que, por las competencias que tengan atribuidas, ostenten
interés legítimo en la unidad jurisprudencial sobre la cuestión litigiosa, y
con independencia de la facultad que ordinariamente tiene atribuida conforme
al artículo siguiente de esta Ley, podrá interponer recurso de casación para
unificación de doctrina. Dicho recurso podrá interponerse cuando, sin existir
doctrina unificada en la materia de que se trate, se hayan dictado
pronunciamientos distintos por los Tribunales Superiores de Justicia, en
interpretación de unas mismas normas sustantivas o procesales y en
circunstancias sustancialmente iguales, así como cuando se constate la
dificultad de que la cuestión pueda acceder a unificación de doctrina según
los requisitos ordinariamente exigidos o cuando las normas cuestionadas por
parte de los tribunales del orden social sean de reciente vigencia o
aplicación, por llevar menos de cinco años en vigor en el momento de haberse
iniciado el proceso en primera instancia, y no existieran aún resoluciones
suficientes e idóneas sobre todas las cuestiones discutidas que cumplieran
los requisitos exigidos en el apartado 1 de este artículo. El
recurso podrá prepararlo la Fiscalía de Sala de lo Social del Tribunal
Supremo dentro de los diez días siguientes a la notificación a la Fiscalía de
la Comunidad Autónoma de la sentencia impugnada, mediante escrito reducido a
la manifestación del propósito de entablar el recurso y exponiendo
sucintamente la fundamentación que se propondrá desarrollar en el mismo. El
escrito se presentará ante la Sala que dictó la resolución impugnada y del
mismo se dará traslado a las demás partes, hayan o no preparado las mismas
recurso. Las partes podrán dentro de los cinco días siguientes, solicitar que
en el recurso el Ministerio Fiscal interese la alteración de la situación
jurídica particular resultante de la sentencia recurrida y el contenido de
las pretensiones que el ministerio público habría de formular en su nombre en
tal caso. Trascurrido
el plazo anterior, aunque no se hubieran presentado escritos de las partes en
el sentido expresado, dentro de los cinco días siguientes se elevarán los
autos a la Sala de lo Social del Tribunal Supremo junto con los escritos de
preparación que se hubieran presentado y las actuaciones que se hubieren
practicado hasta ese momento en el estado en que se encuentren, previo
emplazamiento por el secretario judicial a las demás partes que no hubieran
recurrido para su personación por escrito por medio de letrado ante la Sala
de lo Social del Tribunal Supremo dentro del plazo de los diez días
siguientes, debiendo acreditarse la representación de la parte de no constar
previamente en las actuaciones. La parte recurrente en su caso, y el
Ministerio Fiscal se entenderán personados de derecho con la remisión de los
autos. Las
actuaciones ulteriores se seguirán ante la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo conforme a las reglas establecidas en los artículos 222 a 228 con las
adaptaciones necesarias teniendo en cuenta las especialidades de esta
modalidad del recurso. En
caso de estimación del recurso, la sentencia fijará en el fallo la doctrina
jurisprudencial y podrá afectar a la situación jurídica particular derivada
de la sentencia recurrida conforme a las pretensiones oportunamente deducidas
por el Ministerio Fiscal y por las partes comparecidas en el recurso que se
hubieren adherido al mismo. En
defecto de solicitud de parte o en el caso de que las partes no hayan
recurrido, la sentencia respetará la situación jurídica particular derivada
de la sentencia recurrida y en cuanto afecte a las pretensiones deducidas por
el Ministerio Fiscal, de ser estimatoria, fijará en el fallo la doctrina
jurisprudencial. En este caso, el fallo se publicará en el Boletín Oficial
del Estado y, a partir de su inserción en él, complementará el ordenamiento
jurídico, vinculando en tal concepto a todos los jueces y tribunales del
orden jurisdiccional social diferentes al Tribunal Supremo. |
«1.
El recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina con ocasión de
sentencias dictadas en suplicación por las Salas de lo Social de los
Tribunales Superiores de Justicia, que fueran contradictorias entre sí, con
la de otra u otras Salas de los referidos Tribunales Superiores o con
sentencias del Tribunal Supremo, respecto de los mismos litigantes u otros
diferentes en idéntica situación donde, en mérito a hechos, fundamentos y
pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos
distintos, siempre que la Sala Social del Tribunal Supremo aprecie que el
recurso presenta interés casacional objetivo. Existe interés casacional
objetivo cuando se de alguno de los siguientes supuestos: a)
Si concurren circunstancias que aconsejen un nuevo pronunciamiento de la
Sala. b)
Si la cuestión posee una trascendencia o proyección significativa. c)
Si el debate suscitado presenta relevancia para la formación de la
jurisprudencia.» «3.
El Ministerio Fiscal, en su función de defensa de la legalidad, de oficio o a
instancia de los sindicatos, organizaciones empresariales, asociaciones
representativas de los trabajadores autónomos económicamente dependientes o
entidades públicas que, por las competencias que tengan atribuidas, ostenten
interés legítimo en la unidad jurisprudencial sobre la cuestión litigiosa, y
con independencia de la facultad que ordinariamente tiene atribuida conforme
al artículo siguiente de esta Ley, podrá interponer recurso de casación para
unificación de doctrina. Dicho recurso podrá interponerse en los siguientes
casos: a)
Cuando, sin existir doctrina unificada en la materia de que se trate, se
hayan dictado pronunciamientos distintos por los Tribunales Superiores de
Justicia, en interpretación de unas mismas normas sustantivas o procesales y
en circunstancias sustancialmente iguales. b)
Cuando se constate la dificultad de que la cuestión pueda acceder a
unificación de doctrina según los requisitos ordinariamente exigidos. c)
Cuando las normas cuestionadas por parte de los tribunales del orden social
sean de reciente vigencia o aplicación, por llevar menos de cinco años en
vigor en el momento de haberse iniciado el proceso en la instancia. d)
Cuando no existieran aún resoluciones suficientes e idóneas sobre todas las
cuestiones discutidas que cumplieran los requisitos exigidos en el apartado 1
de este artículo. e)
Cuando la cuestión debatida presente interés casacional objetivo.» |
Ocho quinquies
(nuevo). Se modifica el apartado 1 y se añade una letra c) al apartado 2 del
artículo 221, con la siguiente redacción:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
221. Forma y contenido del escrito de preparación del recurso. 1.
El recurso se preparará mediante escrito dirigido a la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia que dictó la sentencia de suplicación, con
tantas copias como partes recurridas y designando un domicilio en la sede
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo a efectos de notificaciones, con
todos los datos necesarios para su práctica y con los efectos del apartado 2
del artículo 53 |
«1.
El recurso se preparará mediante escrito dirigido a la Sala de lo Social del
Tribunal Superior de Justicia que dictó la sentencia de suplicación, y
designando un domicilio en la sede de la Sala de lo Social del Tribunal
Supremo a efectos de notificaciones, con todos los datos necesarios para su
práctica y con los efectos del apartado 2 del artículo 53.» «c)
Exponer, de manera sucinta, las razones por las que la cuestión suscitada
posee interés casacional objetivo.» |
Ocho sexies
(nuevo). Se añaden una letra c) en el apartado 1 y un nuevo apartado 5 al
artículo 224, con la siguiente redacción:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
224. Contenido del escrito de interposición del recurso. 1.
El escrito de interposición del recurso deberá contener: |
«c)
La exposición argumentada de la concurrencia del interés casacional
objetivo.» «5.
Será de aplicación a los escritos de interposición y de impugnación del
recurso de casación para la unificación de doctrina lo preceptuado en el art.
210.3 de esta ley.» |
Ocho septies
(nuevo). Se modifican los apartados 1, 3, 4 y 5 del artículo 225, que queda
redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
225. Decisión sobre la admisión del recurso. 1.
Recibidos los autos en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si el
letrado o letrada de la Administración de Justicia apreciara el defecto
insubsanable de haberse preparado o interpuesto fuera de plazo dictará
decreto poniendo fin al trámite del recurso, contra el que sólo procederá
recurso de revisión. De
apreciar defectos subsanables en la tramitación del recurso, o en su
preparación e interposición, concederá a la parte un plazo de diez días para
la aportación de los documentos omitidos o la subsanación de los defectos
apreciados. De
no efectuarse la subsanación en el tiempo y forma establecidos, dará cuenta a
la Sala para que resuelva lo que proceda y, de dictarse auto poniendo fin al
trámite del recurso, declarará la firmeza en su caso de la resolución
recurrida, con pérdida del depósito constituido y remisión de las actuaciones
a la Sala de procedencia. 3.
El magistrado ponente, dará cuenta a la Sala del recurso interpuesto y de las
causas de inadmisión que apreciare, en su caso. Si la Sala estimare que
concurre alguna de las causas de inadmisión referidas en las letras a), b) y
c) del apartado siguiente, pasará los autos al Ministerio Fiscal, de no haber
interpuesto el recurso, para que, en el plazo de cinco días, informe sobre la
admisión o inadmisión del mismo. Si
la Sala estimare que concurre la causa de inadmisión referida en las letras
d) y e) del apartado siguiente acordará oír al recurrente sobre las mismas
por un plazo de cinco días, con ulterior informe del Ministerio Fiscal por
otros cinco días, de no haber interpuesto el recurso. 4.
Son causas de inadmisión: a)
el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos
procesales para preparar o interponer el recurso, b)
la carencia sobrevenida del objeto del recurso, c)
la falta de contradicción entre las sentencias comparadas, d)
la falta de contenido casacional de la pretensión, e)
el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos
sustancialmente iguales. 5.
Si la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisión referidas
dictará, en el plazo de tres días, auto declarando la inadmisión y la firmeza
de la resolución recurrida, con imposición al recurrente de las costas
causadas, de haber comparecido en el recurso las partes recurridas, en los
términos establecidos en esta ley y sin que quepa recurso contra dicha
resolución. El auto de inadmisión comportará, en su caso, la pérdida del
depósito constituido, dándose a las consignaciones y aseguramientos prestados
el destino que corresponda, de acuerdo con la sentencia de suplicación. |
«1.
Recibidos los autos en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, si el
Letrado o Letrada de la Administración de Justicia apreciara el defecto
insubsanable de haberse preparado o interpuesto fuera de plazo dictará
decreto poniendo fin al trámite del recurso, contra el que sólo procederá
recurso de revisión. De
apreciar defectos subsanables en la tramitación del recurso, o en su
preparación e interposición, concederá a la parte un plazo de diez días para
la aportación de los documentos omitidos o la subsanación de los defectos
apreciados. De
no efectuarse la subsanación en el tiempo y forma establecidos, dará cuenta a
la Sala para que resuelva lo que proceda y, de dictarse providencia
sucintamente motivada poniendo fin al trámite del recurso, declarará la
firmeza en su caso de la resolución recurrida, con pérdida del depósito
constituido y remisión de las actuaciones a la Sala de procedencia. Contra
dicha providencia no cabrá interponer recurso alguno.» «3.
El magistrado ponente, dará cuenta a la Sala del recurso interpuesto y de las
causas de inadmisión que apreciare, en su caso. Si la Sala acordare la
admisión total del recurso dictará providencia poniéndolo de manifiesto, sin
que frente a la misma quepa recurso alguno. Si la Sala estimare que
concurre alguna de las causas de inadmisión referidas en las letras a), b) y
c) del apartado siguiente, pasará los autos al Ministerio Fiscal, de no haber
interpuesto el recurso, para que, en el plazo de cinco días, informe sobre la
admisión o inadmisión del mismo. Si la Sala estimare que concurre la causa de
inadmisión referida en las letras d), e) y f) del apartado siguiente acordará
oír al recurrente sobre las mismas por un plazo de cinco días, con ulterior
informe del Ministerio Fiscal por otros cinco días, de no haber interpuesto
el recurso. 4.
Son causas de inadmisión: a)
el incumplimiento de manera manifiesta e insubsanable de los requisitos
procesales para preparar o interponer el recurso, b)
la carencia sobrevenida del objeto del recurso, c)
la falta de contradicción entre las sentencias comparadas, d)
la falta de contenido casacional de la pretensión, e)
el haberse desestimado en el fondo otros recursos en supuestos
sustancialmente iguales, f)
la falta de interés casacional objetivo. 5.
Si la Sala estimara que concurre alguna de las causas de inadmisión referidas
dictará, en el plazo de tres días, providencia sucintamente motivada
declarando la inadmisión y la firmeza de la resolución recurrida, con
imposición al recurrente de las costas causadas, de haber comparecido en el
recurso las partes recurridas, en los términos establecidos en esta Ley y sin
que quepa recurso contra dicha resolución. La inadmisión comportará, en su
caso, la pérdida del depósito constituido, dándose a las consignaciones y
aseguramientos prestados el destino que corresponda, de acuerdo con la
sentencia de suplicación. Cuando
la inadmisión se refiera solamente a alguno de los motivos aducidos o a
alguno de los recursos interpuestos, se dispondrá la continuación del trámite
de los restantes recursos o motivos no afectados por la providencia de
inadmisión parcial, sin que la resolución dictada al efecto sea recurrible.» |
Ocho octies
(nuevo). Se introduce un nuevo cuarto párrafo, pasando el actual cuarto a ser
quinto, en el apartado 1, y un nuevo segundo párrafo en el apartado 2 del
artículo 236, con la siguiente redacción:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
236. Revisión y error judicial, competencia y tramitación. |
«Si
la Sala apreciara la concurrencia de cualquiera de tales causas de inadmisión
dictará auto, contra el cual no cabe recurso.» «Si
la Sala apreciara la concurrencia de cualquiera de tales causas de inadmisión
dictará auto, contra el cual no cabe recurso» |
Nueve. Se modifica
el apartado 2 del artículo 260, que queda redactado como sigue:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
260. Tercería de dominio. 2.
La solicitud, a la que se acompañará el título en que se funde la pretensión,
deberá formularse por el tercerista con una antelación a la fecha señalada
para la celebración de la primera subasta no inferior a quince días |
«2.
El tribunal, mediante auto, rechazará de plano y sin sustanciación alguna la
demanda de tercería de dominio a la que no se acompañe un principio de prueba
por escrito del fundamento de la pretensión del tercerista, así como la que
se interponga con posterioridad al momento en que, de acuerdo con lo
dispuesto en la legislación civil, se produzca la transmisión del bien al
acreedor o al tercero que lo adquiera en pública subasta.» |
Diez. Se modifica
el artículo 264, que queda redactado como sigue:
|
Texto vigente |
Proyecto de Ley |
|
Artículo 264. Realización
de los bienes. La realización de los bienes embargados se ajustará a lo
dispuesto en la legislación procesal civil, con la única excepción de que
para el caso de resultar desierta la subasta tendrán los ejecutantes o, en su
defecto, los responsables legales solidarios o subsidiarios, el derecho a
adjudicarse los bienes por el 30 por ciento del avalúo, dándoseles, a tal
fin, el plazo común de diez días. De no hacerse uso de este derecho, se
alzará el embargo. |
«Artículo 264.
Realización de los bienes. La realización de los bienes embargados se ajustará a lo
dispuesto en la legislación procesal civil. |
C) Disposición
adicional octava. Regulación básica sobre teletrabajo en el ámbito
de la Administración de Justicia.
1. Se considera
teletrabajo aquella modalidad de prestación de servicios a distancia en la que
el contenido competencial del puesto de trabajo puede desarrollarse, siempre
que las necesidades del servicio lo permitan, fuera de las dependencias de la
Administración, mediante el uso de tecnologías de la información y
comunicación.
2. La prestación de los
servicios en la modalidad de teletrabajo tiene carácter voluntario y reversible
y deberá ser expresamente autorizada por la Administración competente en cada
caso concreto. Además, será compatible con la modalidad presencial. Se realizará
en los términos de las normas que se dicten en desarrollo de esta norma, siendo
objeto de negociación colectiva en el ámbito correspondiente y contemplarán
criterios objetivos en el acceso a esta modalidad de prestación de servicio.
3. Se consideran
puestos susceptibles de teletrabajo aquellos en los que la modalidad de
servicios descrita en los apartados anteriores pueda ser ejercida a distancia,
conforme a lo dispuesto en la presente disposición.
El teletrabajo deberá
contribuir a una mejor organización del trabajo a través de la identificación
de objetivos y la evaluación de su cumplimiento.
4. Con carácter
general, y sin perjuicio de circunstancias excepcionales determinadas por la
Administración competente, únicamente podrá autorizarse esta modalidad de
prestación de servicios respecto de los puestos susceptibles de teletrabajo.
No podrán ser ejercidas
mediante la modalidad de teletrabajo las siguientes funciones que estén
asociadas a determinados puestos:
a) Aquellas funciones
cuya prestación efectiva solo quede garantizada con la presencia física de la
persona funcionaria en el centro de trabajo.
b) Los servicios y
funciones habituales de los juzgados en turno de guardia que requieran la
presencia física de la persona funcionaria.
5. Para la prestación
de los servicios en esta modalidad se utilizarán los medios tecnológicos y
electrónicos definidos y proporcionados por la Administración competente que,
sin alterar la prestación del servicio público de Justicia, ni los procedimientos
y la gestión del trabajo de otros órganos afectados, garanticen el canal de
comunicación y los protocolos de seguridad tecnológica admitidos.
6. Las personas
funcionarias que soliciten prestar sus servicios en la modalidad de teletrabajo
deberán encontrarse en servicio activo en la Administración de Justicia y
contar con el tiempo de servicios continuados en el mismo juzgado, fiscalía,
servicio o unidad que, previa negociación con las organizaciones más
representativas, se determine por la Administración competente en materia de
Justicia. Esa antigüedad en el puesto no será necesaria cuando se acredite la
experiencia suficiente y adecuada por razón de la ocupación de puestos en
anteriores centros de destino del mismo orden jurisdiccional, o de similar
contenido competencial, acreditada por la Administración Pública con
competencias en materia de personal.
7. Las
personas que desarrollen el contenido competencial del puesto de trabajo en la
modalidad de teletrabajo, tendrán los mismos deberes y derechos, individuales y
colectivos, que las que lo desarrollen de manera presencial.
D) Disposición
transitoria novena. Régimen transitorio aplicable a los procedimientos
judiciales.
1. Las previsiones
recogidas por la presente ley serán aplicables exclusivamente a los
procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.
2. En los
procedimientos judiciales en curso a la entrada en vigor de esta ley, las
partes de común acuerdo se podrán someter a cualquier medio adecuado de
solución de controversias, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/2000, de
7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
7 . La
modificación del apartado 1 del artículo 50 de la Ley 36/2011, de 10 de
octubre, reguladora de la jurisdicción social, será de aplicación a los
procedimientos en los que no se haya celebrado juicio a la entrada en vigor de
esta ley.
8 . La
nueva regulación de los recursos de casación social será de aplicación a los
recursos que se formulen contra las resoluciones dictadas a partir de su
entrada en vigor. En todo caso, la inadmisión de los recursos de casación para
la unificación de doctrina interpuestos contra las resoluciones dictadas con
anterioridad a la entrada en vigor de esta norma se acordará, previa audiencia
de las partes, por providencia sucintamente motivada que será irrecurrible.
E) Disposición
final decimocuarta. Modificación de la Ley 35/2006 de 28 de noviembre, del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de
las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y
sobre el Patrimonio.
La Ley 35/2006, de
28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de
modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la
Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifican
las letras d), e) y k) del artículo 7, que quedan redactadas de la siguiente
forma:
|
Texto
vigente |
Proyecto
de Ley |
|
Artículo
7. Rentas exentas. Estarán
exentas las siguientes rentas: e)
Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía
establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en
su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la
ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida
en virtud de convenio, pacto o contrato. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de
despidos colectivos realizados de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, o producidos por las causas
previstas en la letra c) del artículo 52 del citado Estatuto, siempre que, en
ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de
producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización percibida
que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en el
mencionado Estatuto para el despido improcedente. El
importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como
límite la cantidad de 180.000 euros. |
e)
Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía
establecida con carácter obligatorio en el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo
2/2015, de 23 de octubre, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Sin
perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, en los supuestos de
despidos colectivos realizados, o cuando se extinga el contrato en el
supuesto de la letra c) del artículo 52 del mismo texto, siempre que, en
ambos casos, se deban a causas económicas, técnicas, organizativas, de
producción o por fuerza mayor, quedará exenta la parte de indemnización
percibida que no supere los límites establecidos con carácter obligatorio en
el mencionado Estatuto para el despido improcedente. No
tendrán la consideración de indemnizaciones establecidas en virtud de
convenio, pacto o contrato, las acordadas en el acto de conciliación ante el
Servicio administrativo al que se refiere el artículo 63 de la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. El
importe de la indemnización exenta a que se refiere esta letra tendrá como
límite la cantidad de 180.000 euros.» |
F) Disposición
final vigésimoprimera. Modificación de la Ley 14/2013, de 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
La Ley 14/2013, de
27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, queda
modificada como sigue:
Uno. Se dejan sin
contenido los artículos 63, 64, 65, 66 y 67.
Dos. Se introduce
una nueva disposición transitoria primera con la siguiente redacción:
«Disposición
transitoria primera. Solicitudes presentadas con anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio
Público de Justicia.
Aquellos
inversores o familiares de inversores que, con anterioridad a la fecha de
entrada en vigor de esta disposición transitoria, hubieran presentado la
correspondiente solicitud, podrán recibir el visado o autorización
correspondiente conforme a la normativa vigente en la fecha de presentación de
la solicitud.»
Tres. Se introduce
una nueva disposición transitoria segunda con la siguiente redacción:
«Disposición
transitoria segunda. Renovaciones de visados y autorizaciones para inversores
por adquisición de bienes inmuebles.
Los visados y
autorizaciones para inversores que tengan validez a la fecha de la entrada en
vigor de esta disposición transitoria, conservarán dicha validez durante el
tiempo para el que hubieran sido expedidos.
En el caso de
presentarse solicitudes de renovación, se tramitarán y resolverán conforme a la
normativa vigente en la fecha de concesión de la autorización inicial.»
G) Disposición final vigésimosexta. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre.
El texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como sigue:
|
LET vigente |
Modificación
en el Proyecto de Ley |
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Artículo
50. Extinción por voluntad del trabajador. 1.
Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del
contrato: a)
Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo
sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la
dignidad del trabajador. b)
La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. c)
Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del
empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del
mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en
los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una sentencia
judicial haya declarado los mismos injustificados. 2.
En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas
para el despido improcedente. Artículo
53. Forma y efectos de la extinción por causas objetivas. ...
Será también nula la decisión extintiva en los siguientes supuestos b)
El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el
de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los
que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia
prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de
violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a
la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral Artículo
55. Forma y efectos del despido disciplinario. Será
también nulo el despido, en los siguientes supuestos b)
El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el
de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los
que se refieren los apartados 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia
prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de
violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a
la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral |
Disposición
final decimonovena. Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto
de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23
de octubre. El
texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, queda modificado como
sigue: Uno.
Se modifica el artículo 50, que queda redactado como sigue: «Artículo
50. Extinción por voluntad del trabajador. 1.
Serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la extinción del
contrato: a.
Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo llevadas a cabo
sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la
dignidad del trabajador. b.
La falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. Sin
perjuicio de otros supuestos que por el juez, la jueza o el tribunal puedan
considerarse causa justa a estos efectos, se entenderá que hay retraso cuando
se supere en quince días la fecha fijada para el abono del salario,
concurriendo la causa cuando se adeuden al trabajador o la trabajadora, en el
período de un año, tres mensualidades completas de salario, aún no
consecutivas, o cuando concurra retraso en el pago del salario durante seis
meses, aún no consecutivos. c.
Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del
empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del
mismo a reintegrar al trabajador o la trabajadora en sus anteriores
condiciones de trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41,
cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados. 2.
En tales casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas
para el despido improcedente.» Dos.
Se modifica la letra b) del apartado 4 del artículo 53, que queda redactada
en los siguientes términos: «b)
El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el
de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los
que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las
adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia
prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de
violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a
la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.» Tres.
Se modifica la letra b) del apartado 5 del artículo 55, que queda redactada
en los siguientes términos: «b)
El de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo
hasta el comienzo del periodo de suspensión a que se refiere la letra a); el
de las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los
que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén
disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando de las
adaptaciones de jornada previstas en el artículo 34.8 o la excedencia
prevista en el artículo 46.3; y el de las personas trabajadoras víctimas de
violencia de género o de violencia sexual, por el ejercicio de su derecho a
la tutela judicial efectiva o de los derechos reconocidos en esta ley para
hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral.» |
H) Disposición final vigésimoquinta. Modificación de la Ley 23/2015, de 21 de julio,
Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Se incluye una nueva
disposición adicional undécima en la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora
del sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la siguiente
redacción:
«Disposición adicional
undécima. Régimen de incompatibilidades.
El personal funcionario
previsto en el artículo 3 de esta ley, podrá realizar actividades de
conciliación, mediación y arbitraje en huelgas y otros conflictos laborales
ajenas a la función inspectora, en el ámbito de los sistemas autónomos de
solución de conflictos laborales constituidos mediante los acuerdos
interprofesionales o los convenios colectivos a los que se refiere el artículo
83 del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con las normas reguladoras del
funcionamiento de los mismos, así como funciones arbitrales previstas en el
artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, siempre que
estas actividades no tengan carácter permanente.
Dichas actividades
quedan exceptuadas del régimen de incompatibilidades previsto en la Ley
53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades al servicio de las
Administraciones Públicas.»
I) Disposición final trigesimotercera. Magistrados y magistradas suplentes y juezas y
jueces sustitutos.
1. Con el fin de acabar
con la temporalidad, aumentar el número de efectivos y fortalecer la Carreras
judicial y fiscal, el Gobierno presentará a las Cortes Generales, en el plazo
de tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, un proyecto de ley
orgánica para garantizar el cumplimiento de los estándares europeos fijados en
la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al
Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración
determinada, conforme a la interpretación realizada por la jurisprudencia del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
2.
Este proyecto de ley orgánica acomodará el régimen retributivo y de seguridad
social de magistrados y magistradas suplentes y juezas y jueces sustitutos a
los principios de independencia económica y protección durante el servicio
activo y la jubilación, conforme a lo dispuesto en el artículo 402 de la ley
Orgánica del Poder Judicial.
J)
Disposición final trigésima séptima. Rango normativo.
«Tienen
carácter de ley ordinaria:
a)
los apartados ochenta y noventa quinquies (nuevo) del artículo 1, que
introducen, respectivamente, un nuevo Capítulo IV en el Título I del Libro V, y
una nueva sección 7.ª en el Capítulo II del Título V del Libro VIII, compuesto
por el artículo 620 bis, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
b)
los artículos 2 a 22
c)
las disposiciones adicionales segunda, quinta, quinta bis, quinta ter, quinta
quater, sexta y décima.
d)
la disposición transitoria decimoquinta.
e)
las disposiciones finales, con excepción de la segunda, la decimonovena
undecies, la vigésima, la vigésima segunda y la vigésima tercera, que tienen
carácter orgánico.»
K) Disposición final trigésima octava Entrada en vigor.
1. La presente ley entrará en vigor a los tres meses de su
publicación en el Boletín oficial del Estado.
2.
El título I; la disposición adicional primera; las disposiciones transitorias
primera a quinta, séptima y octava, y la disposición final segunda de la
presente ley entrarán en vigor a los veinte días de su publicación en el
«Boletín Oficial del Estado»
Buena
lectura.
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