1. La aprobación
institucional del Pilar Europeo de Derechos Sociales (PEDS) en noviembre de
2017 marcó un antes y un después en la política social Europa. Aun cuando su
valor estrictamente jurídico sea muy limitado, su influencia sobre el
desarrollo posterior de dicha política ha sido de mucha importancia, como lo
atestiguan varias Directivas aprobadas después de la grave crisis sanitaria
acaecida en 2020 y que ha tenido devastadoras consecuencias económicas y
sociales para una gran parte de la población. El reto de futuro, y en el que la
Presidencia Española de la Unión Europea, durante el segundo semestre de 2023
adquiere una importancia de primer nivel, es consolidar el desarrollo ya
llevado a cabo y seguir avanzando en la aprobación de nuevas normas,
actualmente en debate, que permitan mejorar las condiciones de vida y de trabajo
de la población trabajadora y que refuercen el modelo social europeo.
El 17 de noviembre
de 2017, con ocasión de la cumbre social celebrada en la ciudad sueca de
Gotemburgo, y durante la presidencia europea de Estonia, se procedía
solemnemente a la proclamación institucional sobre el Pilar Europeo de Derechos
Sociales por parte del Parlamento, el
Consejo y la Comisión Europea
Concluía así un
recorrido del texto que se había iniciado con el discurso pronunciado por el
entonces presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker ante el Parlamento
Europeo el 9 de septiembre de 2015, reiterado en este punto en su intervención
el día 29 del mismo mes en el decimotercer congreso de la Confederación Europea
de Sindicatos, en el que anunció que se presentaría durante la primavera de
2016 “un piso de derechos sociales mínimos, un cordón sanitario que rodeará el
mercado de trabajo para protegerlo mejor”.
La declaración de
Gotemburgo daba solemne cobertura de las instituciones comunitarias a la
Recomendación (UE) 2017/761 de la Comisión, de 26 de abril de 2017, sobre el PEDS,
en la que ya se recogían los veinte principios que debían ser desarrollados. Un
pilar que, se afirmaba en la introducción de dicha norma, “debe formar parte de
un esfuerzo más amplio para construir un modelo de crecimiento más inclusivo y
sostenible, mejorando la competitividad de Europa y haciendo de ella un mejor
lugar para invertir, crear puestos de trabajo y fomentar la cohesión social”.
Un PEDS que debía servir para lograr los tres objetivos que se marcaba la Unión
Europea (en adelante UE) para 2030, que son que en dicha fecha la tasa de
ocupación de la población de 20 a 64 años alcance el 78 %, que como mínimo el
60 % de la población adulta participe en actividades formativas cada año, y que
el número de personas en riesgo de pobreza o exclusión social se reduzca en al
menos 15 millones en comparación con 2019, siendo como mínimo cinco millones
niños.
Un PEDS igualmente, que ha de contribuir, con la puesta en marcha de políticas y normas tendentes a lograr los objetivos marcados, a reducir las desigualdades en el seno de la UE, especialmente en materia de ingresos, que es considerada muy elevada por el 81 % de la ciudadanía en un reciente eurobárometro , al mismo tiempo que un 77 % apuesta por políticas y medidas que permitan una mayor redistribución, siendo el aumento del gasto en asistencia sanitaria la principal prioridad en casi todos los países, seguida de la educación, las pensiones, la vivienda las ayudas a la renta y las prestaciones. Un PEDS que ha de servir, y tomo prestada la expresión de un reciente artículo suscrito por la Secretaria General de la Confederación Europea de Sindicatos, Ester Lynch,https://www.socialeurope.eu/europe-needs-a-social-compass . como “brújula social” de la UE
2. El 1 de julio
se inicia la presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023.
Desde la proclamación del PEDS hemos pasado por una larga y dolorosa crisis
sanitaria que ha tenido graves consecuencias económicas y sociales, y a la que
ha seguido una mejora de la economía que sin embargo ha tenido muy poco
impacto, o más bien negativo, en la disminución de las desigualdades sociales.
Conviene referirse
a los objetivos que se ha marcado la futura presidencia española en materia de
política laboral y de protección social, que enlazan en algunos de sus
contenidos con los que han sido objeto de debate durante la presidencia sueca
del primer semestre de este año.
En efecto, baste ahora decir que en la reunión informal del Consejo EPSCO, y en concreto de los Ministros y Ministras de Empleo y Asuntos Sociales de los Estados miembros, celebrada los días 3 y 4 de mayo, se debatieron dos asuntos de indudable importancia y que también se integran en el “paquete” de actuaciones a llevar a cabo por la Presidencia española: en primer lugar, cómo las transiciones están influyendo en el mercado laboral y, más concretamente, sobre cómo evitar el desajuste entre cualificaciones y puestos de trabajo en tiempos de transición, a partir de un documento de trabajo elaborado por Eurofound que apunta algunos factores para mejorar la adecuación entre las cualificaciones y los puestos de trabajo, tanto a corto como a largo plazo[3]. En segundo término, cómo hacer posible una protección social adecuada y sostenible a la luz de la transición demográfica, en el que se debatió a partir del informe presentado por el Grupo de Alto Nivel sobre el futuro de laprotección social y el Estado del bienestar en la UE
¿Cuáles son las prioridades
marcadas por la presidencia española en materia laboral y de protección social,
y que guardan relación con los principios del PEDS, es decir sobre su
desarrollo? Las conocemos por el discurso pronunciado por el Secretario de
Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, el pasado 27 de abril, en el acto de
inauguración del nuevo Comité Económico y Social Europeo.
En dicho discurso (texto íntegro
de la intervención el 26 de abril en https://www.eesc.europa.eu/en/plenary-session-webstream
, sesión de 14 a 18:30, a partir de las 15:22 y hasta las 15:32), muy resumido
en la nota de prensa del Ministerio de Empleo y Economía Social , el Secretario de Estado manifestó que avanzar
en derechos para las personas trabajadoras y mejorar la vida de las ciudadanas
y ciudadanos de la UE es una labor en la que el MITES redoblará esfuerzos a
través de tres grandes prioridades: el diálogo social, el trabajo decente y la
economía social, anunciando que se vertebrarán en “expedientes legislativos y
debates políticos concretos”, y siguiendo el desarrollo del PEDS. También
expuso que España quiere situar en la agenda europea “temas de vital
importancia como la democracia en el trabajo, la negociación colectiva verde,
convergencia social y los efectos de la precariedad laboral en la salud
mental”. Enfatizó además la importancia de los dictámenes del CESE,
comprometiéndose a seguirlos, e impulsando “unas recomendaciones del Consejo
que hagan de Europa un ejemplo democrático también en el ámbito de la economía
y de la empresa”, además de prestar especial atención a la precariedad y la
salud mental, y al mecanismo de desequilibrios sociales preparado conjuntamente
por España y Bélgica. Sobre este último, y según la explicación de la Vicepresidenta segunda del
Gobierno, y Ministra del MITES, Yolanda Díaz, “El mecanismo propuesto
contribuye a reforzar la efectividad en la formulación de los derechos sociales
en Europa. El Social Imbalance Procedure (SIP), como se denomina en inglés,
conlleva que los países miembros rindan cuentas sobre sus políticas sociales,
unas políticas que pasan a formar parte del funcionamiento y la gobernanza de
la Unión Europea”
3. Desde luego, la presidencia
española tiene un excelente material de trabajo en muy recientes dictámenes del
CESE para avanzar en el desarrollo del Pilar. Justamente en la sesión plenaria
celebrada los días 26 y 27 de abril se aprobaron varios de indudableimportancia social, ya publicados en la página web del CESE : “Refuerzo del diálogo social”, “Trabajo precario y salud mental”, “Democracia
en el trabajo”, y “Procedimiento de desequilibrio social”. Cabe destacar que el
relativo a la vinculación de la salud mental con el trabajo precario y el
relativo a los desequilibrios sociales fueron solicitados por la (futura)
presidencia española de la UE.
A estos Dictámenes me refiero a
continuación, para reproducir algunos de sus contenidos más destacados a mi
parecer, remitiendo a su lectura íntegra a todas las personas interesadas.
A) Trabajo
precario y salud mental
En este dictamen,
solicitado por la próxima Presidencia española de la UE, el CESE analiza las
consecuencias de las condiciones laborales precarias en la salud mental de los
trabajadores.
El CESE “-
respalda firmemente las pruebas que demuestran que el trabajo precario aumenta
las posibilidades de deterioro de la salud mental de los trabajadores y es
incompatible con la consecución de los ODS en la UE: es un problema de salud
pública que debe erradicarse
- subraya que la
lucha contra los riesgos psicosociales relacionados con el trabajo en su
origen, mediante intervenciones organizativas para remodelar las condiciones de
trabajo, es un primer paso esencial para promover la salud mental en el lugar
de trabajo, como han destacado la OMS y la OIT
- propone adoptar
una legislación comunitaria específica sobre la prevención de los riesgos
psicosociales, así como desarrollar y modernizar la actual directiva sobre
seguridad y salud en el trabajo”.
Dos conclusiones
relevantes son estas: “1.8 Para reducir el
trabajo precario y la prevalencia de los problemas de salud mental asociados,
el CESE entiende como necesario garantizar la aplicación de la legislación
europea y nacional que establece unas condiciones de empleo y trabajo de
calidad, saludables y que permitan llevar una vida digna. 1.9 Para ello el CESE considera
imprescindible multiplicar las acciones de vigilancia y control del
cumplimiento de dicha normativa, previa dotación de recursos suficientes a la
autoridad pública competente (ratios de la OIT), además de garantizar las
sanciones económicas adecuadas en caso de incumplimiento”.
B) Procedimiento
de desequilibrios sociales
“Este dictamen
subraya que el Procedimiento de Desequilibrio Social (SIP) ofrecería la
oportunidad de mejorar la coordinación de los esfuerzos nacionales para lograr
una convergencia social ascendente. Recomienda que el PSI se integre en el
Semestre Europeo, a lo largo de sus distintas fases. El dictamen propone que
los desequilibrios sociales se definan como las situaciones críticas
identificadas por el cuadro de indicadores sociales y las desviaciones claras
del camino hacia la consecución de los objetivos del Plan de Acción del Pilar
Europeo de Derechos Sociales. También sugiere que la Comisión y los Estados
miembros consideren la posibilidad de flexibilizar las normas existentes para
la asignación de fondos, de modo que puedan adaptarse rápidamente a los retos
sociales actuales y a las situaciones críticas identificadas en la aplicación
del PIE”.
Una de sus
conclusiones más importantes a mi parecer es la recogida en el punto 1.7: “1.7
El CESE recomienda que el PIE se integre en el Semestre Europeo, a lo largo de
sus distintas fases. La Comisión y el Consejo deberían utilizar el Informe
conjunto sobre el empleo, los informes por país y los exámenes ad hoc en
profundidad para identificar y abordar los desequilibrios sociales. Las
recomendaciones específicas por país, en un punto aparte del preámbulo y en las
propias recomendaciones, deberían abordar los desequilibrios sociales descritos
en el informe por país. Las recomendaciones deben animar a los Estados miembros
a aplicar las reformas específicas que, según el análisis de la Comisión y las
evaluaciones de los Estados miembros, los interlocutores sociales nacionales y
las organizaciones de la sociedad civil, tengan más probabilidades de mejorar
la situación en los ámbitos identificados como críticos. En respuesta, previa
consulta con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad
civil, el Estado miembro en cuestión debería proponer las iniciativas y
reformas que deben aplicarse para mejorar las situaciones críticas
identificadas. Dicho plan también podría incluir una evaluación de la
coherencia entre las iniciativas incluidas y las políticas macroeconómicas y
presupuestarias seguidas por el Estado miembro en cuestión, a fin de garantizar
un equilibrio adecuado entre las dimensiones económica, social y presupuestaria”.
C) Democracia en
el trabajo
“La democracia en
el trabajo debe abarcar a todos los trabajadores, tipos de trabajo, así como
todos los lugares de trabajo, incluidos los trabajadores de plataformas. Hace
que las empresas sean más resistentes, tengan más éxito económico y sean más
capaces de ofrecer empleo y trabajo decente. La economía social y las
cooperativas son otras formas de participación democrática de éxito. Los
Comités de Empresa Europeos (CEE) podrían mejorarse mejorando los derechos de
participación y sancionando las infracciones. Una mayor democracia en el mundo
laboral depende de la cooperación de todas las partes interesadas, y puede
contribuir a facilitar las transiciones ecológica y digital. Es crucial educar
a los jóvenes a favor de la democracia en el trabajo”.
D) Reforzar el
diálogo social
“El CESE acoge
favorablemente la Comunicación de la Comisión y la propuesta de Recomendación
de la Comisión sobre el refuerzo del diálogo social en la Unión Europea. El
Comité comparte plenamente la opinión de que el diálogo social puede ser un
instrumento beneficioso para impulsar la resiliencia económica y social, la
competitividad y un crecimiento sostenible e integrador. El establecimiento de
un marco común eficaz, que se aplique a nivel nacional para la participación de
los interlocutores sociales, podría contribuir a garantizar que se lleven a
cabo consultas eficaces y de calidad con los interlocutores sociales nacionales”.
Dos conclusiones
especialmente relevantes a mi parecer son las siguientes: “1.5 El CESE acoge
con satisfacción el hecho de que la Recomendación pretenda mejorar el diálogo
social tripartito tanto a nivel europeo como nacional, si bien observa que en
algunos Estados miembros la dimensión tripartita del diálogo social es más
formalista que significativa. El CESE considera que el establecimiento de un
marco común eficaz, que deberá aplicarse a nivel nacional para la participación
de los interlocutores sociales, podría contribuir a garantizar la celebración
de consultas eficaces y de calidad con los interlocutores sociales nacionales.
Los Estados miembros también deberían tener la obligación de adjuntar el
resultado de las consultas con los interlocutores sociales a los planes
nacionales de reformas e inversiones. Si no se lleva a cabo una participación
significativa, la Comisión debería tomar medidas.
1.6 El CESE
expresa su preocupación por la situación poco clara en lo que se refiere a la
aplicación de los acuerdos con los interlocutores sociales mediante directivas
del Consejo. Sin claridad, transparencia y previsibilidad, es probable que la
amplia discrecionalidad de la Comisión Europea en esta materia tenga la
consecuencia no deseada de disuadir a los interlocutores sociales de negociar
este tipo de acuerdos. El CESE reitera su llamamiento a la Comisión para que
debata esta cuestión con los interlocutores sociales”.
Buena lectura.
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