Elecciones a representantes del personal y número de miembros del comité de empresa a elegir. Interpretación del art. 72.2 b) de la LET: cómputo según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la elección. Notas a la importante sentencia del TS de 15 de noviembre de 2022.

 

1. Nos encontramos en pleno proceso de elecciones a representantes de personal, o elecciones sindicales por utilizar la terminología habitual, en gran parte de las empresas. Basta acudir a las páginas web de las distintas organizaciones sindicales para darse cuenta inmediatamente de la importancia que se confiere a tales elecciones, algo que por otra parte no es de extrañar en absoluto, dado que la “audiencia electoral”, según dispone el art. 6 de la Ley Orgánica 11/1985 de 2 de agosto, es la que confiere a un sindicato la condición de más representativo cuando supera los porcentajes previstos en aquel.

En esta entrada no se trata de debatir sobre dicha condición de mayor representatividad y de los criterios fijados por el legislador, de los que ya se ha hablado y debatido mucho desde la aprobación de la LOLS y de su plena conformidad al marco constitucional tal como concluyó el Tribunal Constitucional en su sentencia 98/1985de 29 de julio   , de la que fue ponente el magistrado Antonio Truyol, de la que reproduzco el fragmento en el que apuntala jurídicamente el criterio enunciado:

“el planteamiento jurídico-constitucional del tema no puede prescindir de dos principios derivados del texto constitucional, cuya compatibilidad es preciso garantizar: en primer lugar, el de libertad sindical e igualdad de trato de los sindicatos, derivado del art. 28.1 de la Constitución (en relación con el 14); en segundo, el de promoción del hecho sindical, que enlaza con el art. 7 de la Constitución y sería obstaculizado por una defensa a ultranza del primero. En la tensión entre estos principios, el problema obviamente es de límites, tal y como en el fondo vienen a reconocer los recurrentes, que no rechazan la existencia de los sindicatos más representativos ni la atribución a los mismos de determinadas prerrogativas, aunque no admitan la regulación legal. Ello se desprende también de la jurisprudencia constitucional, que no ha rechazado el concepto y sus consecuencias, así en las Sentencias núm. 53/1982, de 22 de julio («Boletín Oficial del Estado» de 18 de agosto), y núm. 65/1982, de 10 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» de 10 de diciembre), en relación con la más eficaz defensa de los intereses de los trabajadores, que se vería perjudicada por una atomización sindical. ...”

2. La cuestión que merece atención es la interpretación de un determinado precepto de la Ley del Estatuto de los trabajadores, en concreto el art. 72.2 b). Versa el precepto sobre representantes de quienes presten servicios en trabajos fijos-discontinuos y de trabajadores no fijos, disponiendo que a los efectos de determinar el número de aquellos “Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la elección. Cada doscientos días trabajados o fracción se computará como un trabajador más”.

Ha sido una, agradable, causalidad que la explicación de un tema del programa de la asignatura de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social I que imparto en el Grado en Derecho y en el doble Grado de Derecho y Administración y Dirección de Empresas, dedicado a la explicación del derecho de participación de las y los trabajadores en la empresa, centrado fundamentalmente en la explicación del art. 129.2 de la Constitución y el título II (arts. 61 a 81) de la LET, haya coincidido con la publicación en el CENDOJ de la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el 15 de noviembre    , de la que fue ponente el magistrado Ángel Blasco, también integrada por las magistradas Rosa María Virolés y Concepción Rosario Ureste, y por los magistrados Antonio V. Sempere e Ignacio García-Perrote.  

Causalidad, además, afortunada, ya que las tesis que explico al alumnado sobre la interpretación del precepto se ajustan a los criterios que ha fijado el alto tribunal en esta sentencia y que a mi parecer estaban ya ampliamente consolidados, si bien la lectura de la sentencia me ha permitido conocer que no era tal, ya que tanto el árbitro que dictó el laudo para dar respuesta a la impugnación presentada por un sindicato contra una resolución de la mesa electoral, como más adelante el Juzgado de lo Social que conoció del recurso contra el laudo, y posteriormente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia, se manifestaron en sentido contrario al que ha sido acogido por el TS.

La sentencia del TS me ha permitido, además, recordar mi etapa de árbitro en los procesos electorales para elegir representantes del personal en la provincia de Girona, desde el 3 de noviembre de 1994 a 30 de abril de 2000, en la que dicté 90 laudos, alguno de los cuales versó sobre la misma temática de la que trata la sentencia del TS, con la que ya adelanto que manifiesto mi pleno acuerdo.

Para un estudio muy detallado del proceso electoral, y de los laudos dictados desde que fueron puestas en marcha estas elecciones en toda España, me permito remitir a todas las personas interesadas a la lectura de la obra “Elecciones Sindicales:Sentencias y Laudos Arbitrales (3ª edición actualizada septiembre 2022)”  , a cargo de los profesores Luís Collado y Francisco J. Trillo, y de las profesoras María José Romero y Encarna Tarancón, y más concretamente por lo que respecta a la temática abordada en la sentencia del TS, el capítulo cuarto, en el que se presta atención a la regulación del censo laboral, del censo electoral, y del número de representantes a elegir.

3. Vayamos pues a la anotación de la sentencia, cuyo resumen oficial, que ya nos permite conocer el fallo, es el siguiente: “Elecciones a representantes de los trabajadores. El cómputo de las jornadas trabajadas en el año anterior a la convocatoria se refiere a los trabajadores contratados temporalmente durante dicho año y no a los que estén de alta en la fecha del preaviso electoral”.

La resolución judicial ha sido recibida con innegable satisfacción por el sindicato recurrente, tal como se demuestra en la información publicada en su página web el día 24, titulada “El Supremo da la razón a CCOO y se computaran todas lasjornadas realizadas por los eventuales a la hora de fijar el número derepresentantes a elegir en las empresas creando jurisprudencia para todo elpaís”  , manifestando su parecer de que “... con esta interpretación se establece un criterio mas estable, evitando que en función del número de trabajadores de alta en un momento u otro en empresas con una gran variabilidad de plantilla, la representación de los trabajadores pueda verse afectada como pasó en el caso enjuiciado. Apunta la sentencia que el Reglamento de Elecciones Sindicales al establecer una limitación a los trabajadores eventuales que tengan contratos de duración determinada inferior a un año en el momento de iniciación del proceso electoral, introduce una limitación que la ley no prevé y por lo tanto excede de su competencia y no puede ser aplicado en este aspecto”

La sentencia estima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Unión Sindical de CC OO de Navarra contra la sentencia dictada por la Salade lo Social del TSJ navarro el 7 de diciembre de 2018  , de la que fue ponente la magistrada María del Carmen Arnedo.

La Sala autonómica había desestimado el recurso de suplicación interpuesto por el citado sindicato contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 1 de Pamplona, dictada el 5 de septiembre de 2018 y que desestimó la demanda interpuesta por el sindicato en procedimiento en materia electoral de impugnación de laudos arbitrales (arts. 126 a 132 de la Ley reguladora de la jurisdicción social).

4. El conflicto encuentra su origen en el preaviso de celebración de elecciones que presentó el 28 de noviembre de 2017 el sindicato citado, en un centro de trabajo de laempresa Primark ubicado en Pamplona  Constituida la mesa electoral un mes más tarde, se aprobó el calendario electoral y el número de representantes a elegir, un total de nueve miembros en colegio electoral único. Consta en el hecho probado segundo de la sentencia de instancia que la empresa facilitó un censo laboral en el que constaban “79 trabajadores con contrato indefinido o temporal demás de un año de duración y otro censo de trabajadores temporales por término igual o inferior a un año que ascendía a 173 personas”.  

La fijación de nueve representantes a elegir fue cuestionada por un representante del sindicato ELA, que solicitó a la mesa su modificación para que se fijara en cinco, siendo su argumento que “para determinar el número de representantes a elegir debían tenerse en cuenta los 79 trabajadores con contratos indefinidos o temporales superiores a un año y solamente 2 trabajadores con contratos temporales iguales o inferiores a un año que estaban de alta en la fecha de constitución de la mesa electoral, de lo que resulta que debía elegirse un Comité de 5 miembros”. La petición fue desestimada por la mesa, y contra su decisión se interpuso escrito de impugnación que fue resuelto por laudo arbitral de fecha 1 de febrero de 2018, que estimó la petición de ELA y declaró que el comité de empresa debía estar constituido por cinco miembros, por lo que ordenó retrotraer el proceso al momento de constitución de la mesa y la fijación del número de miembros a elegir.

En el período que medió entre la impugnación y el laudo arbitral se tuvo conocimiento de la sentencia dictada por el TS el 21 de diciembre   , de la que fue ponente la magistrada Milagros Calvo. Hago mención a esta sentencia, a la que me referiré con mayor atención más adelante, ya que fue en la que se basaron las tesis del JS y del TSJ navarro para desestimar la demanda y el recurso posterior, mientras que una interpretación completamente diferente de su contenido es la que realiza el TS y que le lleva, junto con otros argumentos, a la estimación del RCUD.

En los hechos probados quinto y sexto de la sentencia de instancia conocemos con detalle los periodos de mayor actividad de la empresa y de la necesidad de disponer de personal. Dado que el conocimiento de los datos concretos del personal con contratación “por término de hasta un año” (art. 72.2 b LET) es necesario para poder dar respuesta al conflicto planteado, conviene destacar en primer lugar que “Obra en autos certificado del Store Manager de Primark Pamplona de fecha 15 de febrero de 2018, según el cual en los 12 meses anteriores al 28 de noviembre de 2017, fecha de preaviso del proceso electoral, el centro de trabajo siempre ha tenido una plantilla superiora 100 trabajadores, excepto en el mes de marzo de 2017 que fueron 96 empleados”; y en segundo lugar, y mucho más relevante para la resolución del litigio, que “... En la fecha del preaviso (28 de noviembre de 2017), figuraban de alta en la empresa 40 trabajadores temporales con contrato de duración de hasta un año. Las jornadas trabajadas por estos 40 trabajadores en el año anterior al preaviso (29 de noviembre de 2016 a 28 de noviembre de 2017) fueron 3.948,40 (redondeando al alza las jornadas que se indica no completas serían 3.954). Según informe de la TGSS, a fecha 29 de diciembre de 2017, figuraban dados de alta en la empresa en Navarra 129 trabajadores”.  

5. Como ya he indicado, el JS desestimó la demanda interpuesta contra el laudo arbitral, y la misma suerte corrió el recurso de suplicación. En ambas sentencias se fijó el criterio de que debía computarse, a efectos del número de representantes a elegir solo “las jornadas de los trabajadores temporales con contrato en vigor en la fecha del preaviso”, quedando pues excluidas todas las de aquellas y aquellos trabajadores que hubieran extinguido sus contratos, aun cuando hubieran prestado sus servicios en el año inmediatamente anterior a la fecha del preaviso electoral.

A través de la sentencia del TSJ conocemos que la resolución dictada en instancia se apoya en la sentencia del TS de 21 de diciembre de 2017. Pues bien, la Sala autonómica reproduce el fundamento jurídico segundo de esta y concluye, según obviamente la interpretación que efectúa de su contenido, que será completamente distinta para e TS, que

“... el Tribunal Supremo analiza y resuelve en Casación para Unificación de Doctrina la cuestión referida a la forma de computar a los trabajadores con contratos de duración determinada a los efectos de establecer la relación entre el número de representantes y el de trabajadores, y como presupuesto para ello determina que sólo deben computarse las jornadas realizadas por los trabajadores temporales "en alta en la empresa" a la fecha del preaviso electoral. Y esta interpretación la sustenta en el artículo 72.2 del Estatuto de los Trabajadores, esto es, en el mismo precepto que ahora se denuncia como infringido, aceptando como doctrina correcta la de la sentencia de contraste (STSJ de Castilla-León-Valladolid de 28 de julio de 2008) que mantenía la exigencia del alta a la fecha del preaviso”, y añade para cerrar su argumentación que “Por tanto, la aplicación de tal criterio jurisprudencial, que resulta vinculante, determina la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia recurrida. Sin que tampoco se aprecie vulneración alguna del derecho de libertad sindical en cuanto, como apunta la Magistrada de instancia, el derecho a la participación electoral que corresponde a los sindicatos forma parte del contenido adicional de la libertad sindicas y, como tal, es de estricta configuración legal, no resultando admisibles interpretaciones que pudieran ser más beneficiosas para sus titulares”.

6. Contra la sentencia del TSJ se interpuso RCUD, con aportación como sentencia de contraste de la dictada por la Sala de lo Social del TSJ de la Comunidad Valenciana el 27de noviembre de 2009   , de la que fue ponente  el magistrado Francisco Javier Lluch.

Como fundamentación jurídica, al amparo del art. 207 e) LRJS, se denuncia (primer motivo) infracción del art. 72.2 b) LET en relación con el art. 68, el art. 9.4 del Real Decreto 1844/1995 de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los trabajadores en la empresa, y la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada”, y  (segundo motivo) el art. 28 de la Constitución.

Su tesis, con respecto al primer motivo, es la de deber computar todas las jornadas de trabajo del personal que ha prestado sus servicios en la empresa en los doce meses anteriores al preaviso electoral, siendo así que de efectuarse dicho cómputo, tal como llevó a cabo inicialmente la mesa electoral, la plantilla de la empresa a efectos del número de representantes a elegir sería superior a 100 personas trabajadores y, por consiguiente, el número de representantes a elegir sería de nueve.

Y con respecto al segundo, en el que no entrará el TS por considerarlo “innecesario” al haber estimado el primero, y sobre el que ciertamente hubiera sido muy interesante conocer cuál es el parecer del TS, teniendo presente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, sobre el derecho de participación electoral como contenido adicional del derecho de libertad sindical, tesis de la parte recurrente, la tesis parte, al haber sido regulado en sede legal, del derecho de libertad sindical y por ello “debe ser interpretado de la forma más favorable a su ejercicio”.

Y es justamente esta cuestión a la que debe dar respuesta el TS y que con prontitud delimita al entrar a conocer del RCUD; es decir, “decidir sobre el cómputo de las jornadas trabajadas por los trabajadores temporales durante el año anterior a la convocatoria de elecciones (la fecha del preaviso electoral) a efectos de determinar el número de representantes a elegir. En concreto, se trata de decidir si la expresión legal del artículo 72.2 b) ET "Los contratados por término de hasta un año se computarán según el número de días trabajados en el periodo de un año anterior a la convocatoria de la elección. Cada doscientos días trabajados o fracción se computará como un trabajador más", se refiere a los trabajadores que están de alta en la empresa en la fecha de la convocatoria o, por el contrario, se refiere a los trabajadores que han estado contratados temporalmente durante el último año” (la negrita es mía).

7. En primer lugar, la Sala debe pronunciarse sobre la existencia del obligado requisito de contradicción entre la sentencia recurrida y de contraste, dando respuesta positiva a ello, con plena corrección a mi parecer.

Conocemos ya el contenido la sentencia del TSJ navarro y de su fallo desestimatorio, mientas que la sentencia de contraste resuelve en sentido completamente opuesto, ya que, haciendo suya la tesis mantenida en una sentencia anterior de 15 de abrilde 2003     de la que fue ponente la magistrada María Luisa Mediavilla se manifiesta en estos términos:

“... será la interpretación que el Estatuto de los Trabajadores -ex. artículo 72.2.b)- laque facilita la solución al conflicto planteado. En efecto, del citado apartado del artículo parece desprenderse la tesis contraria a la mantenida por el sindicato actor (en este caso por la empresa), por cuanto que si se adoptara la solución que éste pretende, es decir, tomar en consideración únicamente los días trabajados por los trabajadores contratados por término de hasta un año durante el período de un año anterior a la convocatoria de la elección que actualmente siguen con la empresa, ello implicaría dejar sin contenido parte de la propia dicción de este apartado del artículo. O, dicho en otros términos, para adoptar la tesis que pretende (...), al apartado b) del artículo 72.2 E.T., le habría bastado con señalar que los contratados por término de hasta un año, cada 200 días trabajados o fracción se computarán como un trabajador más; lo contrario es una clara tautología: si su contrato en inferior a un año, lógicamente el cómputo de sus días trabajados quedará incluido necesariamente dentro del año anterior.

En suma, sólo si se entiende que el cómputo de días trabajados en el período de un año anterior a la convocatoria de la elección se predica para todos los trabajadores que están ahora o estuvieron antes vinculados a la empresa o centro de trabajo con contrato temporal inferior a un año, adquiere completo significado y alcance el apartado b) del artículo 72.2 E.T".

Apreciada la contradicción, la Sala concluirá que la tesis correcta es la de la sentencia aportada de contraste, por lo que casará y anulará la sentencia del TSJ, anular la sentencia del JS, y  estimar la demanda que interpuso la Unión Sindical de CC OO de Navarra, debiendo computarse los días trabajados durante el año anterior a la convocatoria (preaviso electoral) “por todos los trabajadores, tanto los que mantengan su contrato en vigor en esa fecha, como también los temporales aunque en el momento de la convocatoria hubiesen finalizado su contrato, computándose como un trabajador más por cada doscientos días trabajados o fracción”.

La tesis del TS, que ya he indicado que comparto plenamente y que apliqué en algún laudo arbitral que tuve oportunidad de dictar, se sustenta tanto en la interpretación literal de la norma, como en la finalista, que para el alto tribunal, en plena sintonía con la tesis de la parte recurrente, debe ser la “más acorde con el legislador y (que) se alinee mejor con lo que dispone la normativa europea”.

La interpretación literal le lleva a concluir en los mismos términos que lo hizo la sentencia aportada de contraste, ya que para acoger la tesis contraria hubiera bastado con indicar en el precepto que los contratados por término de hasta un año, cada 200 días o fracción computan como un trabajador más, sin necesidad de mención alguna al año inmediatamente anterior al del preaviso electoral.

La interpretación finalista debe llevar a un resultado que se encuentre en sintonía con la finalidad de la normativa comunitaria, y que también se encuentra recogida en la estatal, cual es la  de evitar cualquier diferencia de trato que no esté justificada entre trabajadores temporales y aquellos que tienen la condición de indefinidos, algo que ocurriría si quienes han trabajado durante un período de tiempo determinado, y extinguido el contrato, antes de la convocatoria de elecciones, no fueran tomado en consideración.

Además, no es solo que esta sea la finalidad perseguida por el legislador y que permite reforzar el derecho de participación de los trabajadores, sino que la Sala acude a otra norma comunitaria que no es referenciada habitualmente con ocasión de conflictos como el que estoy analizando, cual es la Directiva 94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994  , sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, cuyo art. 2 (definiciones) dispone en su apartado 2 que “A efectos de la presente Directiva, la plantilla mínima de los trabajadores se fijará con arreglo a la media de trabajadores, incluidos los trabajadores a tiempo parcial, contratados durante los dos años precedentes, calculada con arreglo a las legislaciones y/o las prácticas nacionales”. Si bien es cierto que no se trata en puridad de un proceso electoral como el que es objeto del presente litigio, sí es un poderoso punto de referencia para apoyar la tesis basada en la interpretación literal del art. 72.2 LET.

8. ¿Es la primera ocasión en que el TS se manifiesta en los términos que lo hace en esta sentencia? En modo alguno, por lo que reconozco, como he indicado con anterioridad, mi sorpresa ante las tesis contrarias del árbitro, del JS y del TSJ navarro, si bien cabe pensar razonablemente que una determinada interpretación de la sentencia del TS de 21 de diciembre de 2017, dictada justamente mientras el conflicto se encontraba en plena ebullición, llevó a ese resultado.

Aunque, su interpretación no fue en absoluto acertada, tal como más adelante concluye la Sala, que ya hace bastante tiempo, y se cita la sentencia de 26 de abril de 2010   , de la que fue ponente el magistrado Jesús Souto (resumen oficial: “sindical. Designación de delegados sindicales. Cómputo de la plantilla de los trabajadores. Posible inclusión de trabajadores fijos y temporales. Aplicación analógica del art. 72 ET”), se había manifestado a favor de la tesis que ahora se reafirma y que es sin duda la más favorable para el ejercicio del derecho de participación y representación en el ámbito de la empresa, aun cuando se tratara de delegados sindicales. Reproduzco un fragmento de dicha sentencia:

“...El problema supone, por tanto, decidir sobre si se aplica o no analógicamente el art. 72 del ET a estos supuestos de conformación de la plantilla en orden a determinar, en el momento de la designación, el número de Delegados Sindicales a los que deban reconocerse las garantías previstas en el art. 10.3 de la LOLS.Y la respuesta debe ser afirmativa de acuerdo con los razonables argumentos expuestos en la sentencia de contraste: fundamentalmente, que con ello se establece un criterio más estable, evitando que para tales designaciones se escojan estratégicamente momentos distintos en consideración a una gran variabilidad de la plantilla, cosa frecuente y hasta cierto punto previsible en determinados sectores de actividad, especialmente en el de comercio de alimentación en zonas turísticas; y por otra parte, no se ofrecen razones lógicas para impedir que el criterio establecido en el art. 72 del ET para el cómputo de la plantilla a efectos de la elección del órgano de representación unitaria de los trabajadores, determinando su dimensión a lo largo de un plazo objetivo como el anual, no se aplique también para la designación de Delegados Sindicales que, al fin y al cabo, y aunque no coincida exactamente en el mismo ámbito, constituye otro canal de representación de los trabajadores”.

9. Es cierto, y no conviene olvidarlo, que una respuesta contraria a la tesis que sostiene el TS, y que comparto, podría venir dada por la dicción literal del art. 9.4 del Reglamento de elecciones. En efecto, el citado precepto dispone lo siguiente: “A los efectos del cómputo de los doscientos días trabajados previstos en el artículo 72.2 b) del Estatuto de los Trabajadores, se contabilizarán tanto los días efectivamente trabajados como los días de descanso, incluyendo descanso semanal, festivos y vacaciones anuales. El cómputo de los trabajadores fijos y no fijos previstos en el artículo 72 del Estatuto de los Trabajadores se tomará igualmente en consideración a efectos de determinar la superación del mínimo de 50 trabajadores para la elección de un Comité de Empresa y de 6 trabajadores para la elección de un Delegado de Personal en los términos del artículo 62.1 del Estatuto de los Trabajadores. Cuando el cociente que resulta de dividir por 200 el número de días trabajados, en el período de un año anterior a la iniciación del proceso electoral, sea superior al número de trabajadores que se computan, se tendrá en cuenta, como máximo, el total de dichos trabajadores que presten servicio en la empresa en la fecha de iniciación del proceso electoral, a efectos de determinar el número de representantes” (la negrita es mía).

Ciertamente su dicción va en un sentido contrario a la de la norma legal, tratándose de un desarrollo ultra vires al introducir una limitación no prevista en la norma. No recuerdo, aunque probablemente sí haya sentencias anteriores que se pronuncien de esta forma, resoluciones judiciales en las que el TS se hubiera manifestado en estos términos, pero en cualquier caso bienvenida sea, si no hubiera sido hecha con anterioridad, esta manifestación, ya que, como bien dice la Sala, el precepto contraviene la finalidad del art. 72.2. b) LET que, tal como ha expuesto con anterioridad el TS, “tiene en cuenta en volumen global de contratación temporal de duración inferior al año que existe en la empresa”.

10. La última argumentación del TS para estimar el recurso guarda relación con la interpretación que se efectuó por el JS y el TSJ navarro del fundamento de derecho segundo de la sentencia del TS de 21 de diciembre de 2017. Conviene, pues, antes de conocer la tesis de la sentencia ahora analizada, qué es aquello que dijo el TS en dicha resolución, de la que reproduzco un amplio fragmento (resumen oficial: “Elecciones sindicales. En el censo electoral la fecha de preaviso es determinante a los efectos del cómputo regulado en el art. 72 del ET a fin de establecer el número de representantes a elegir”).

“SEGUNDO.- Aun cuando la redacción del suplico pudiera inducir a una cierta confusión acerca de cuál es el objeto perseguido con la reclamación, una atenta lectura del mismo se centra en determinar cual deberá serla fecha a tener en cuenta a la hora de establecer la relación de cómputo entre número de representantes y el número de trabajadores de suerte que si bien las cifras resultantes se incorporarán el censo no es su fecha de elaboración lo trascendente sino, como se anticipa, la relación entre número de representantes y número de trabajadores en especial en lo que afecta a los trabajadores con contrato de duración limitada.

Por el recurrente se alega la infracción de los artículos 72.2 b) y 67.2) del Estatuto de los Trabajadores, E T ,en relación con el artículo 9.3 de la Constitución española...

2. Por tanto, a efectos de determinar el número de representantes, se estará a lo siguiente:

.....

Es terminante el precepto al señalar la " convocatoria" de la elección como fecha que sirve para determinar el número de representantes a elegir cuando existe un contingente variable de trabajadores, aun cuando el artículo 74 señale como fecha de comienzo del proceso electoral aquella en la que se constituye formalmente la mesa electoral, fecha que será a su vez la fijada por los promotores. De no ser tan claro el precepto podría realizarse toda una elaboración doctrinal acerca de cuál podría ser el momento idóneo, pero el artículo 72.2) ahorra toda especulación al referirse al "número de días trabajados en el período de un año anterior a la convocatoria de la elección" cerrando el círculo el artículo 74, con la designación de la fecha inicial del proceso electoral.

.... Siendo pacífico el número de representantes que el sindicato postula, como resultado de la aplicación de la regla de cálculo estatutaria ya que la cuestión se ha limitado a la discrepancia acerca la fecha a la que debe entenderse referido el cómputo de electores respecto de los contratos temporales y resuelta en los términos que figuran en párrafos anteriores, deberá apreciarse vulneración de los preceptos indicados, artículos 72.2 )y 74 del Estatuto de los Trabajadores y en consecuencia estimado el motivo y con el recurso de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal sin que haya lugar a la imposición de las costas a tenor de lo preceptuado en el art. 235 de la LJS”.

Si el resumen oficial de la sentencia nos deja bien claro cuál fue el punto de conflicto suscitado, no es menor la claridad con la que ahora el TS subraya cuál fue aquel, que en modo alguno se refirió al cómputo o no de las jornadas de trabajo de quienes prestaron sus servicios a la empresa, y extinguieron sus contratos, en los doce meses anteriores al inicio del proceso electoral, sino que fue “el relativo a la determinación del inicio del proceso electoral, sobre el que se cuestionaba si debía fijarse en el momento del preaviso electoral o en el de la constitución de la comisión negociadora; habiendo decidido la Sala que el inicio del proceso electoral debe situarse en el momento del preaviso electoral”, añadiendo con precisión que “sobre esa única cuestión se pronunció la Sala unificando doctrina al respecto. Tal decisión en nada condiciona la fijación de la doctrina en la cuestión controvertida que se examina en el presente recurso”.

11. Concluyo aquí mi comentario de esta importante sentencia, no tanto por cómo resuelve el conflicto, ya que se mantiene en su línea anterior, sino porque debería evitar que se volvieran a suscitar litigios como el que he tenido oportunidad de analizar.

Y ahora, toca esperar el resultado de las elecciones para representantes del personal, y desear que el derecho de participación sea practicado por la mayor parte de las y los trabajadores de todas aquellas empresas en las que se celebre. Sería una forma de desarrollo real del art. 129 CE y del título II de la LET.

Mientras tanto, buena lectura.