La Organización Internacional del Trabajó publicó el 19 de julio un muy interesante informe sobre la problemática laboral femenina en la situación de crisis sanitaria que venimos sufriendo desde principios de 2020, cuyo título es claramente ilustrativo de cuáles han de ser las líneas de actuación: “Avanzar en la reconstrucción con más equidad: Los derechos de las mujeres al trabajo y en el trabajo, en el centro de la recuperación de la COVID-19 19 de julio de 2021”.
La importancia del
documento radica no solo en las propuestas que efectúa, que son continuación de
las formuladas en informes y estudios anteriores, y obviamente teniendo en consideración
el impacto de la crisis, sino muy especialmente en la constatación, con datos
estadísticos tanto a escala internacional como de cada continente, sobre el
empleo, y los derechos, de las mujeres, que vienen a demostrar, por si aún
hubiera alguna duda al respecto, que la crisis está afectando más desfavorablemente
al personal femenino, presente además en gran parte de los trabajos
necesariamente presenciales, es decir de contacto con otras personas, calificados
ahora de “esenciales” y que durante mucho tiempo han sido (y creo que lo siguen
siendo, al menos en el ámbito de las relaciones de trabajo) muy poco valorados
por gran parte de la sociedad.
Algunos datos que
he extraído del informe, tras su atenta lectura, refuerzan las argumentaciones
anteriores.
En primer lugar,
que si bien la crisis ha afectado de manera muy contundente tanto a hombres
como mujeres, con un impacto superior en 2019 y 2020 a la que se produjo durante
la Gran Recesión, las consecuencias a corto plazo serán más impactantes para
las mujeres, ya que en el año 2021 se prevé que haya 13 millones menos de
mujeres empleadas que en 2019, mientras que el número de trabajadores se situará
en los mismos niveles que en dicho años.
Más exactamente, los
datos de la OIT son que en este año “la cifra de mujeres empleadas sea de 1.270
millones y que la de los hombres con un empleo alcance los 2.019 millones. Sólo
el 43,2 por ciento de las mujeres que en todo el mundo tienen edad para
trabajar estarán empleadas en 2021, frente al 68,6 por ciento de los hombres en
la misma situación”, porcentajes que varían algo, a favor de las mujeres, en
Europa y Asia Central (46,0 por ciento, frente al 60.8 masculino).
De los datos cuantitativos,
es decir del número de personas empleadas, hemos de pasar a los datos
cualitativos, es decir las condiciones de trabajo. El Informe pone de manifiesto
que las “brechas de género” siguen persistiendo y que incluso se han incrementado
durante la crisis, consecuencia en buena parte de dónde se ubica en gran medida
la población trabajadora femenina y los límites que ello supone para poder
llevar a cabo su actividad a distancia.
Si bien durante la
crisis la OIT calcula que el número de personas trabajadoras que pudieron
trabajar de manera no presencial fue de 557 millones, el 17,4 por ciento del
empleo mundial, el porcentaje del empleo femenino es varios puntos inferior, ya
que “… aunque en muchos empleos de altos salarios se podría pasar al
teletrabajo a tiempo completo, no ha sido éste el caso de las muchas mujeres
que tienen salarios bajos y cuyos empleos, por ejemplo en el comercio
minorista, las ventas y la hostelería, requieren una interacción física con
clientes, consumidores o pacientes…”.
Preocupación por
empleo, y las condiciones de trabajo, de las mujeres, que llevan una vez a la
OIT a plantear, y pedir a los Estados miembros, que las políticas económicas y
de empleo que se adopten lo sean “con perspectiva de género”, con especial
atención a la adopción de medidas que fortalezcan la llamada “economía delcuidado”, a la que ha prestado especial atención en anteriores documento y que
ha sintetizado de esta manera: “Hallar soluciones a la prestación de cuidados
es esencial para que las mujeres gocen de igualdad de oportunidades en el mundo
del trabajo. El trabajo de cuidados tiene lugar en diversos entornos y tanto en
la economía formal como en la informal. Una parte de estos cuidados son
prestados por el sector de los servicios de salud, que es esencialmente formal
y público. Los servicios públicos de cuidado de niños y niñas, la educación de
la primera infancia, los cuidados dirigidos a las personas con discapacidad y
los cuidados de larga duración, así como el cuidado de las personas de edad,
son otros de los ámbitos que integran la economía del cuidado”.
Fortalecer esta línea
de actuación es prioritaria para la OIT, que subraya sus efectivos positivos en
la generación de trabajo decente, y aunque afecten particularmente a las
mujeres también benefician a los hombres, De ahí que la OIT insista en que las consideraciones
sobre igualdad de género “deben ser un componente intrínseco del diseño, la
elaboración, la aplicación y los resultados de la totalidad de programas y
estrategias, políticas, leyes y reglamentos implementados para responder a la
pandemia de COVID-19 y recuperarnos de ella”, y que vuelva a recordar (ya lo
había hecho en la Declaración del Centenario, 2019, y en el Plan de Acción,
2021) que hay que adoptar lo más rápidamente posible medidas en estos ámbitos:
“Invertir en la
economía del cuidado. Los sectores de la salud, el trabajo social y la
enseñanza son importantes generadores de empleo, especialmente para las
mujeres, aportan resiliencia a las economías y a las sociedades y permiten a
los trabajadores con responsabilidades familiares trabajar fuera de casa (o
incluso desde casa).
Trabajar por el
acceso universal a una protección social amplia, adecuada y sostenible para
todos, a fin de reducir la actual brecha de género en la cobertura de la
protección social…
Promover la
igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor.
Prevenir, afrontar
y eliminar la violencia y el acoso.
Promover que haya
más mujeres en los puestos de adopción de decisiones…
No son propuestas novedosas
ciertamente, pero sí es aún más necesaria su puesta en práctica que en etapas
anteriores a la crisis.
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