lunes, 1 de junio de 2020

COVID-19. Actualización a 31 de mayo de normativa, resoluciones judiciales, y aportaciones económicas, jurídicas y sociales.


Actualizo en esta entrada las normas que se van dictando por las autoridades públicas, así como las aportaciones jurídicas y económicas, con evidentes incrustaciones y reflexiones sociales, de las que tengo conocimiento (y que con toda seguridad serán muchas más). He podido leer (al menos hasta ahora) todas las normas y parte de resoluciones judiciales y artículos que enumero en cada actualización, y cuando lo considero oportuno extraigo aquellas tesis o ideas que me parecen más importantes de todas ellas, con independencia de que esté o no de acuerdo con sus contenidos. 

Dado que el número de normas es cada vez más elevado, y por ello muy difícil de seguir con regularidad, es necesario remitirse al   Código electrónico “Covid-19 Derecho Europeo, Estatal y Autonómico” https://boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355&nota=1&tab=2    que ha publicado el Boletín Oficial del Estado y que se actualiza a medida que se van dictando



La  Jurisdicción  Social  no  es competente para conocer de la demanda formulada por el SINDICATO DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍAJUPOL, sobre TUTELA DE DERECHOS FUNDAMENTALES CONTRA el GOBIERNO DE ESPAÑA, Y EL MINISTERIODE INTERIOR, en la que se solicita: Se declare la existencia de vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, concretamente así del artículo 15 de nuestra Constitución Española infringido, que contiene el derecho a la integridad física, dentro de los límites del debate procesal y conforme a las normas y doctrina constitucionales aplicables al caso, hayan sido o no acertadamente invocadas por los litigantes. Se ordene el cese inmediato de la actuación contraria a derechos fundamentales o a libertades públicas ya expuestos en el apartado anterior". En el presente caso el sindicato actor persigue la salvaguarda de un derecho fundamental (el derecho a la integridad física) cuyo ataque entiende producido en el marco de la relación de prestación de servicios que mantiene con la Administración demandada. No nos encontramos en marco del art. 2 e) LRJS), sino en el del art. 2 f) LRJ.


2. Isabelle Marc y Juan Varela-Portas.   La encrucijada de la Universidad post-covid    ( profesora de la UCM y vocal del Consejo Social de la URJC, y profesor de la UCM y miembro del Consejo Universitario de la Comunidad de Madrid). 28 de mayo.


… En el ámbito universitario, que no solo es responsable de la formación superior sino también de la mayor parte de la investigación de este país, desde los rectorados se han tomado medidas de urgencia para intentar salvar el curso, y el conjunto de la comunidad universitaria ha realizado un muy loable esfuerzo en este sentido. Pero más allá de intentar paliar la debacle inmediata, es necesario mirar al problema de frente y realizar un diagnóstico certero de la situación de nuestra universidad, no solo para que sobreviva sino para que se reafirme y se convierta en uno de los motores de la España post-covid. 
La crisis actual llega a una universidad pública profundamente maltratada por 20 años de reformas de corte neoliberal (Plan Bolonia), aplicadas a contrapié de Europa y sin fondos, agravadas por diez años de intensos recortes, con la excusa de la crisis iniciada en 2008, y no revertidos en los últimos dos años. Ello ha sido así en toda España, pero especialmente en Madrid y Cataluña, las regiones susceptibles de convertirse en un hub educativo donde se podía abrir –y de hecho se ha abierto– un nicho de negocio a la universidad privada. Esta visión ha promovido un progresivo cambio en la concepción de la educación superior (y de la educación en general), que ha dejado de ser un derecho y un servicio público para convertirse en una aspiración y un servicio mercantilizado. Esta ideología de la educación superior se está imponiendo, no solo por medio de potentísimos aparatos ideológicos, sino por la fuerza de los hechos –que es la mejor forma de imponer una ideología– a través de cuatro mecanismos perversos ejecutados con la excusa de las crisis (en un perfecto ejemplo de “doctrina del shock”). En primer lugar, el encarecimiento exponencial de los precios públicos, que ha conllevado la expulsión de facto de decenas de miles de estudiantes con rentas más bajas y la difusión de la mentalidad cliente-servicio en las relaciones pedagógicas. En segundo lugar, la precarización del profesorado, con la consabida “fuga de cerebros”, la pauperización de los jóvenes investigadores, además de constituir un atentado directo a la libertad de cátedra y la autonomía del saber. En tercer lugar, el estrangulamiento económico, que obliga a las universidades a echarse en manos de agentes privados para su financiación. Por último, la sujeción de la actividad investigadora a financiación por objetivos impuestos desde fuera del mundo académico, relegando así la investigación básica y en artes y humanidades a un papel secundario….

…. Si, por el contrario, decidimos no repetir los errores de la crisis del 2008, no expulsar a los estudiantes ni a los investigadores y evitar que caigan en saco roto el esfuerzo y los recursos públicos, podremos proporcionar un horizonte profesional y vital a nuestros jóvenes. Podremos, asimismo, gracias a una investigación pública e independiente de presiones mercantilistas, a la vez que eficiente y dinámica, hacer frente a los cada vez más complejos desafíos sanitarios, medioambientales, sociales y culturales que se nos avecinan, así como contribuir al imprescindible cambio de modelo productivo que España necesita urgentemente.

Concretamente, si elegimos esta segunda opción, es necesario bajar de forma inmediata las tasas y aumentar las becas, garantizar los puestos de trabajo, aumentar la financiación de proyectos de investigación en ciencia básica y aplicada y promover la transferencia del conocimiento. Asimismo, deben aprovecharse las tecnologías para dinamizar la enseñanza en línea, con más inversión, por tanto, pero sin olvidar que la comunidad universitaria es mucho más que una serie de clases presenciales: la universidad son contactos, debates, confrontaciones…; aprendizaje, en suma, que va mucho más allá de las aulas y que lo virtual no puede ni debe pretender suplir.  En definitiva, es urgente colocar a la universidad pública en el centro de las políticas públicas, valorando lo que tenemos, mejorándolo, ofreciéndole las condiciones materiales y jurídicas necesarias para cumplir su misión. …

3. Borja de Riquer. Per a un rearmament intel·lectual i polític  28 de mayo.


Hace unos siete años, coincidiendo con los peores momentos de la pasada crisis económica, algunos destacados historiadores, como Tony Judt, Eric Hobsbawm o el mismo José Fontana, publicaron interesantes libros donde reflexionaban sobre el carácter de la etapa posterior a la Segunda Guerra mundial para entender como se había llegado a aquella situación tan compleja y difícil. Para comprender aquella crisis económica y política la perspectiva histórica, aunque fuera de sólo 70 años, parecía extremadamente útil. Judt, en El mundo no se sale, explicaba que los europeos aprendieron en 1945, después del gran desastre de la Segunda Guerra Mundial, que tenían que cambiar muchas cosas de sus actitudes y debían dotarse de unas reglas del juego político muy diferentes a las de preguerra. Pero después, y hasta finales del siglo, los europeos occidentales se creyeron que ya estaban en una situación de prosperidad ilimitada y que tenían unos sistemas políticos auténticamente democráticos. Y eso fue un grave error dado que, según Judt, los últimos 20 años supusieron una "etapa perdida" para buena parte de los habitantes de Europa occidental porque habían sido demasiado egoístas e ingenuos. No previeron los efectos políticos y sociales de la globalización y del predominio de la revolución conservadora e individualista impulsada por Thatcher, Blair, Reagan, Busch y compañía. Y no reaccionaron a tiempo ante la realidad que dirigentes políticos de todo el mundo, y de todo tipo de adscripciones ideológicas, fomentaban políticas que favorecían las desigualdades sociales, el deterioro de los servicios básicos del estado del bienestar y el descontrol de los grandes flujos financieros.

De la lectura de los historiadores citados se deducía que era muy necesario un rearme intelectual para hacer frente al pesimismo y la confusión que existía y también para denunciar el individualismo neoliberal que parecía lo invadía todo. Hoy, en 2020, después de la gran devastación provocada por la pandemia del Covid-19, no deberíamos llegar a un conclusión semejante? Ahora hay, tal vez, una perplejidad ciudadana de mayores dimensiones que la de hace siete años que se traduce en pesimismo, confusión y sensación de impotencia. Por eso pienso que el rearme intelectual y político es hoy todavía más necesario que entonces. Hay que repensar, ciertamente, muchas cosas de cómo se ha organizado nuestra sociedad y por ello la agenda de temáticas es bien larga. En mi opinión, las temáticas más centrales deberían ser repensar y rehacer la misma idea de democracia, relanzar y rectificar las políticas de igualdad social y redefinir el lugar y el papel de las administraciones públicas.

4. Lucrezia Reichlin..  ¿Un salto gigante para Europa?  26 de mayo.



LONDRES – El fondo de 500 mil millones de EUR (547 mil millones de USD) para la recuperación de la COVID-19 que propusieron la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron fue recibido como un punto de inflexión para la Unión Europea, por buenos motivos. Más allá de sus implicaciones económicas concretas, la propuesta reafirma un compromiso con la solidaridad por parte de las dos mayores economías de la UE, preparando así el terreno para un avance genuino hacia la unión fiscal.


La propuesta básica es simple: la UE tomaría créditos de largo plazo en el mercado con la garantía implícita del presupuesto común, luego canalizaría los fondos obtenidos hacia las regiones y sectores más golpeados por la crisis de la COVID-19. Aún hay mucho por negociar, por ejemplo, si ofrecer créditos o subsidios, el tipo de condiciones que corresponderían a los proyectos y el grado en el cual habría que aumentar la capacidad fiscal agregada. La oposición de los llamados «cuatro frugales» —Austria, los Países Bajos, Finlandia y Suecia— indudablemente obligará a buscar un acuerdo.

Pero, dejando estas consideraciones de lado y mientras esperamos la propuesta que debe presentar la Comisión Europea esta semana, es importante considerar cuáles son las posibles implicaciones en el largo plazo para la UE si se implementa alguna versión de la propuesta francogermana.En especial, ¿cómo queda con esto el debate sobre la capacidad fiscal europea y la coordinación monetaria y de política fiscal en la zona del euro? ¿Es éste un paso decisivo en esa dirección?, ¿un momento tan crucial como la declaración en 2012 del entonces presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi de que el BCE haría «todo lo necesario» para salvar al euro?, ¿o es una respuesta pragmática a la crisis actual, que define los límites viables para compartir riesgos dadas las condiciones actuales? La propuesta atraviesa varios límites históricos, desde el supuesto del nivel de la deuda europea, hasta las transferencias basadas en las necesidades en vez de contribuciones al presupuesto de la UE, y el otorgamiento de subsidios en vez de créditos. En principio, lograría finalmente el tan promocionado objetivo de la «solidaridad».

 5. COVID-19 LESPROVES DIAGNÒSTIQUES EN L’ÀMBIT LABORAL CCOO de Catalunya   18 de mayo.


CCOO entiende que la vigilancia y el interés epidemiológico son competencias de las autoridades sanitarias públicas, y no un interés legítimo que puedan invocar empresas ni servicios de prevención para la realización de las pruebas del coronavirus SARS-CoV-2 de forma unilateral y fuera del control del sistema público. Por este motivo, nuestro sindicato ha elaborado una guía sindical en relación con la aplicación de estas pruebas





Sumario
Carta de redacción

La economía española experimentará, durante la primera mitad de 2020, una contracción sin precedentes. Aun contando con el previsible rebote posterior, las medidas de confinamiento y cierre de las actividades productivas decretadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19 provocarán una caída del PIB en torno al -8,4% en el conjunto
del año, situando la tasa de paro cerca del 19% en media anual. Frente a los impactos de todo tipo que provoca una paralización económica de duración aún incierta, la intervención de las autoridades económicas y monetarias ha sido mucho más rápida y adecuada que en crisis precedentes. También el tejido productivo de la economía española se encontraba en mejor posición que en los años previos a la Gran Recesión, con registros de competitividad exterior que siguen sorprendiendo por su persistencia y con un sistema
bancario con mayores niveles de solvencia, buena calidad de los activos y una holgada situación de liquidez. Por el contrario, el escaso margen de maniobra de las cuentas públicas y la todavía elevada tasa de paro conformaban –como reiteradamente se ha señalado en estas mismas páginas– las dos principales vulnerabilidades de la economía española a finales de 2019”.

El Gran Confinamiento de la economía española / Raymond Torres y María Jesús Fernández

Ayudas a la financiación ante el COVID-19: marco temporal y suficiencia / Santiago Carbó Valverde y Francisco Rodríguez Fernández

Medidas fiscales para mejorar la liquidez empresarial en respuesta al COVID-19 / Desiderio Romero-Jordán y José Félix Sanz-Sanz



COVID-19: un terremoto para las cuentas públicas / Santiago Lago Peñas

Resiliencia de la banca española frente a la crisis del COVID-19: comparativa europea / Joaquín Maudos

Alivio de capital y liquidez ante el COVID-19: implicaciones para la banca española / Marta Alberni, María Rodríguez y Fernando Rojas

COVID-19: globalización contra pandemia / José Antonio Martínez Serrano

SOS en tiempos de COVID-19: la evaluación económica en salud pública / Marta Trapero-Bertran



https://www.etuc.org/en/document/etuc-note-posted-workers-and-covid-19-outbreak
Los trabajadores desplazados en la UE se enfrentan a retos particulares en vista del brote de COVID-19 y las medidas impuestas, no sólo en lo que respecta a las restricciones fronterizas a la libre circulación de trabajadores y servicios, sino también en lo que respecta a las medidas de emergencia introducidas para mitigar y proteger a los trabajadores y las empresas de las consecuencias negativas de la crisis. Los trabajadores desplazados corren un riesgo especial de quedarse atrás.

Si bien en los Estados Miembros se están introduciendo medidas como planes de trabajo a jornada reducida, prestaciones de desempleo ajustadas y medidas para facilitar el trabajo desde el hogar, esas disposiciones no se aplican necesariamente a los trabajadores desplazados o no atienden suficientemente sus necesidades o su situación particular.

Faltan medidas específicas y coordinadas para los trabajadores desplazados. No deben quedar rezagados en la crisis, como resultado de que sus empleadores hayan ejercido su libertad de prestación de servicios en virtud de la legislación de la UE.


P. ¿No es imprudente tratar de escribir, y más publicar, un libro en una crisis tan in fieri, tan dinámica y volátil, originada además por la realidad biológica, por definición abierta? Al poco de iniciar el libro escribe: “Una teoría de la crisis no es, ni siquiera en estos momentos de prioridad y triajes, algo ocioso”. ¿Se puede pensar con claridad en el fragor de la batalla?

R. ¿Y por qué tendríamos que renunciar a pensar en ese fragor de las batallas? Me temo que entramos en un mundo de turbulencias y que pensar en medio de ellas va a ser requerido, con toda la modestia y la disposición a rectificar, si es que no queremos cometer errores que en esos momentos se pagan especialmente caros. Realmente llevo veinte años pensando y escribiendo sobre esto. Cuando escribí La transformación de la política en 2002 ya advertía que nuestros sistemas políticos no estaban suficientemente preparados para gobernar las sociedades complejas. Y en mi último libro Una teoría de la democracia compleja lo formulaba expresamente de un modo sistemático. Nuestro mundo se caracteriza porque además de cambios graduales o previsibles cada vez hay más lo que se viene llamando cambios discontinuos, repentinos, no anticipados, y que modifican las sociedades de un modo catastrófico. Una pandemia es un caso típico de esta clase de acontecimientos. La dificultad de predecir estas irrupciones no es solo acerca de cuándo van a suceder sino incluso sobre su naturaleza, de manera que no sabemos exactamente qué va a suceder (o qué ha sucedido y qué va a cambiar después). La pandemia me ofrecía una posibilidad de explicitar una teoría que había formulado previamente. De todas maneras, los filósofos solo llegaríamos demasiado pronto a la batalla si lo hiciéramos con la pretensión de dar el golpe definitivo. Mientras estemos dispuestos a reconocer lo que somos (una propuesta en espera de su refutación), nuestra intervención puede ser útil para quienes desean una descripción de la realidad y no pueden permitirse el lujo de esperar a que sea la definitiva. Un ejemplo para mi de pensamiento en medio de la crisis y sin renunciar a la necesaria profundidad fue Ulrich Beck, a quien escuché en Alemania su teoría de la sociedad del riesgo en plena crisis de Chernobil en los años 80. Beck llevaba tiempo reflexionando sobre el riesgo y eso le permitió ofrecer una teoría de lo que estaba pasando que el tiempo ha confirmado. De vivir hoy, nos estaría ilustrando sobre la presente crisis de un modo muy clarividente.

… ¿Hay motivos para esperanza?

Nunca he entendido por qué el pesimismo crítico y la negatividad desesperanzada gozan de tanto prestigio en el mundo intelectual. Si no puedes ser muy profundo, intenta parecerlo siendo muy cenizo. De todas maneras, déjame hacer una precisión sobre qué significa esperar. No habría ninguna esperanza si no hubiera incertidumbre y por tanto un cierto temor a que no se cumpla lo esperado. Se trata de una expectativa que no se deriva ni de la experiencia ni del conocimiento. El optimismo, el pensamiento positivo, son actitudes subjetivas que aumentan la verosimilitud de que acontezca lo esperado; la esperanza no facilita su satisfacción y puede recompensar también a quienes no la tienen. Al optimista no le sorprenden los buenos resultados; al esperanzado, sí.



… Un «movimiento migratorio (desplazamiento)» tan masivo desde los centros de trabajo a los domicilios, legalmente decretado por la autoridad gubernativa (art. 5 RDL 8/2020), en su improvisación, no solo genera pérdidas de productividad (asumidas como mal menor), sino que pone en riesgo la salud laboral de las personas trabajadoras, perjudicando su calidad de vida (riesgos psicosociales, riesgos ergonómicos, riesgos higiénicos –fatiga visual–, etc.). De todo ello era consciente la regulación, cuando la ordenada preferencia del teletrabajo, como medida de prevención del riesgo de contagio de la COVID-19 por antonomasia, se condicionaba sea al criterio de posibilidad tecnológica (realismo) sea al de la razonabilidad organizativa (utilidad económica) para la empresa. En última instancia, el teletrabajo, en su dimensión jurídico-laboral, constituye una forma alternativa de organización de la prestación de servicios asalariados que no pueden imponerse, ni al empleador, pues la organización forma parte de la libertad de empresa (art. 38 CE) ni a la persona trabajadora (art. 13 ET), por cuanto responde al principio de voluntariedad. En consecuencia, el paradigma de la imposición choca de raíz, en el Derecho del Trabajo común o «normal» –hasta ahora– con la forma organizativa de teletrabajo (Acuerdo marco comunitario de 16 de julio de 2002 y STS de 11 de abril de 2005, rec. 143/2004).

Consecuentemente, pasado lo más duro del confinamiento social masivo, abierto ya el proceso de desescalada, con el impulso gubernativo a la recuperación de la actividad económica y social, aun en el marco de ese extraño horizonte que llaman –con una formulación digna del título de un best seller de esoterismo– la «nueva normalidad», cabía pensar en que se produciría la reversibilidad progresiva de esa situación. Asimismo, la gran reducción de la prevalencia de los contagios en nuestro país y la mayor disposición –cierto que gradual y también asimétrica, según empresas– de medios preventivos, iría alimentando los procesos de retorno desde los domicilios a los centros de trabajo. No obstante, la autoridad gubernativa, conforme al principio que hoy parece hacer furor, ignorado en la etapa preCOVID-19, decidió mantener la preferencia unos meses más, incluso finalizado el estado de alarma (hasta septiembre), sin ponerle tampoco una fecha de caducidad cierta –se reserva, discrecionalmente, la continuidad de la preferencia, a resultas de las decisiones de autoridad sanitaria–.

10. Mar Calpena. Auge y caída del “país de camareros”  31 de mayo.



Uno de los sectores económicos, si no el sector, que en España más rápidamente ha notado el embate de la covid es el turismo. No es de extrañar: el “país de camareros” debía  a esta industria, a finales de 2019, el 12,3% de su PIB, y un 12,7% de sus puestos de trabajo. Un peso económico que, sin embargo, se traducía en un salario medio un 17,4% inferior al de otros sectores. 
El turismo es, además, un sector que depende de la movilidad y de la sociabilidad, dos intangibles que ahora mismo están más que racionados. Si se cumplen las previsiones del World Travel and Tourism Council, uno de sus foros principales, este sector perderá cien millones de empleos en todo el mundo a causa de la pandemia y dejará de contribuir un 2% al PIB mundial. En esta tesitura, es lógico preguntarse si esta crisis no es la proverbial oportunidad para el necesario cambio de rumbo. Pero no se puede entender este desastre turístico –ni plantear soluciones– si no entendemos antes cómo hemos llegado hasta él.



¿Cómo se pasa de ser una abogada laboralista puño en alto, a sentarte en la zona noble de Madrid como ministra de Trabajo?

Lo mejor que le puede pasar a una abogada laboralista, que además procede de una familia que ha pisado y conocido las cárceles franquistas, que ha luchado toda su vida por la igualdad y por la defensa de los trabajadores y las trabajadoras es tener la oportunidad de defender a la mayoría social. ¿Cómo se vive? Con una enorme responsabilidad y con la convicción firme de no olvidar nunca a qué hemos venido aquí. Llevábamos un mes antes de la pandemia y ahora estamos gestionando una crisis de una magnitud que es desconcertante. En un mes teníamos avanzado mucho, pero ni siquiera hemos tenido tiempo de comprobar la dinámica ordinaria del Ministerio.
¿Cuál es la cesión que más ha dolido?

Yo entiendo muy bien la dinámica del diálogo social. Este ministerio dialoga no solo con los sindicatos grandes y con las patronales grandes, sino también con los sindicatos pequeños y con las patronales pequeñas. Y dialoga a diario con todos los portavoces parlamentarios. No tendría por qué hacerlo, sin embargo me parece que democráticamente debo de hacerlo. ¿Qué cesiones se hacen? Nuestro programa, como sabéis, decía “alcanzar el 60% del salario mínimo interprofesional en la legislatura”, y hay una discusión técnica entre los economistas de cuánto es el 60% de la media salarial de aquí al año cuatro de la legislatura, pero obviamente a mí me pareció que era más positivo para una familia avanzar en un mínimo de 50 euros. Sé de la importancia de esos 50 euros. A lo mejor hubiera querido 955, o correr un poco más... Bueno, creo que no hay que perder el pulso de lo que la gente ahí fuera necesita. …

12.  Vicente Roldán Martínez.   ¿Desliz o trampa? Sobre ERTEs y concursos de acreedores  28 de mayo.



“… Así, la disposición final primera del Real Decreto 18/2020 modifica, entre otras, la disposición adicional sexta del Real Decreto ley 8/2020 en lo atinente a las medidas de protección del empleo, estableciendo una excepción al deber de mantenimiento de los puestos de trabajo durante los próximos seis meses posteriores: que concurra en las empresas el riesgo de concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la ley concursal.

Aquí es donde puede aparecer la trampa porque, a priori, la referencia al artículo podría parecer inocua, pero en realidad no lo sería. Dicho precepto determina dos cuestiones esenciales. En primer lugar, parte del hecho indubitado de que el deudor (reza el artículo) ha conocido su situación de insolvencia cuando concurre alguno de los supuestos que pueden servir de base a la solicitud de un concurso necesario conforme al artículo 2.4 de dicha norma. Y en segundo lugar, que según éste, concurre cuando se haya producido el incumplimiento generalizado en el pago de las obligaciones tributarias exigibles durante los tres meses anteriores a la declaración de concurso, las de pago de cuotas seguridad social y demás conceptos de recaudación, o el impago de salarios e indemnizaciones así como de indemnizaciones de los tres últimos meses….”

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