El Parlamento Europeo aprobó en sesión plenaria
de los días 16 y 17 de abril una importante resolución “sobre la accióncoordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID‑19 y susconsecuencias”.
Reproduzco en esta entrada del blog los fragmentos
que considero más significativos y relevantes desde las perspectivas social y
laboral, en el bien entendido que todo el documento es de afectación general a
estas.
2. Se
confiesa impresionado y expresa su admiración por todos aquellos que se
encuentran en la primera línea de la lucha contra la pandemia y han trabajado
sin descanso, como médicos y enfermeros, al tiempo que manifiesta su profundo
agradecimiento a todos los héroes anónimos que desempeñan funciones esenciales,
como quienes trabajan en los sectores de la venta al por menor y la
distribución de alimentos, la educación, la agricultura, el transporte, los
miembros de los servicios de emergencia, la sociedad civil, los voluntarios y
el personal de los servicios de limpieza y recogida de residuos, al objeto de
mantener la vida y los servicios públicos y garantizar el acceso a bienes
esenciales; destaca que el 70 % de los trabajadores de los ámbitos
sanitario y social a escala mundial son mujeres, que a menudo solo reciben el
salario mínimo y en condiciones de trabajo precarias, y pide la nivelación al
alza de los salarios y de las condiciones laborales en sectores en los que
predominan las mujeres, como el cuidado, la salud y las ventas al por menor,
así como la erradicación de la brecha salarial y en materia de pensiones entre
mujeres y hombres y de la segregación en el mercado laboral; considera que es
deber de la Unión y sus Estados miembros prestar el máximo apoyo a estos
trabajadores esenciales y reconocer los sacrificios diarios que realizan; insta a los Estados miembros a que garanticen unas condiciones de trabajo
seguras para todos los trabajadores en primera línea frente a esta epidemia, en
particular para el personal médico de primera línea, a través de la puesta en
marcha de medidas nacionales adecuadas y coordinadas, incluido el suministro de
suficientes equipos de protección individual (EPI); pide a la Comisión que
supervise la aplicación de estas medidas;
Soluciones
europeas para superar las consecuencias económicas y sociales
19. Pide
a la Comisión Europea que proponga un paquete de recuperación y reconstrucción
a gran escala destinado a realizar inversiones en apoyo de la economía europea
después de la crisis, más allá de lo que ya están haciendo el Mecanismo Europeo
de Estabilidad, el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Central Europeo, que
forme parte del nuevo marco financiero plurianual (MFP); considera que dicho
paquete debería estar activo mientras se mantenga la perturbación económica
provocada por esta crisis; la inversión necesaria se financiaría a través de un
MFP más amplio, de los fondos e instrumentos financieros de la Unión existentes
y de bonos de recuperación garantizados por el presupuesto de la Unión; este
paquete no debe implicar la mutualización de la deuda existente y ha de
orientarse a inversiones futuras;
20. Subraya
que este paquete de recuperación y reconstrucción debería tener como ejes el
Pacto Verde Europeo y la transformación digital, a fin de dar un impulso
inicial a la economía, mejorar su resiliencia y crear empleo, así como, al
mismo tiempo, contribuir a la transición ecológica, fomentar una economía
sostenible y el desarrollo económico y social —incluida la autonomía estratégica—
de nuestro continente, y favorecer la aplicación de una estrategia industrial
que preserve los sectores industriales clave de la Unión; destaca la necesidad
de adaptar nuestras respuestas al objetivo de la Unión de neutralidad
climática;
28. Propone
la creación de un Fondo de Solidaridad de la UE en respuesta a la COVID-19 de
al menos 50 000 millones EUR, constituido por un máximo de
20 000 millones EUR, al margen de los límites máximos del MFP para
subvenciones y por un máximo de 30 000 millones EUR en préstamos,
garantizados por el presupuesto de la Unión (ambos anticipados en los primeros
dos años del próximo MFP o, en caso de que no se llegue a un acuerdo sobre el
MFP a su debido tiempo, distribuidos a lo largo del período de contingencia),
destinados a apoyar los esfuerzos financieros realizados por los sectores de la
asistencia sanitaria de todos los Estados miembros durante la crisis actual,
así como las inversiones en el sector de la asistencia sanitaria en el período
posterior a la crisis, con el fin de que los sistemas sanitarios sean más
resilientes y centren su atención en los más necesitados;
32. Subraya
que la crisis, además de la dimensión de la salud, está teniendo gravísimas
repercusiones en los trabajadores, los empleados, los trabajadores por cuenta
propia y las pymes, que constituyen la columna vertebral de nuestras
sociedades; considera que la Comisión, junto con los Estados miembros, debe
adoptar todas las medidas necesarias para mantener el mayor número posible de
puestos de trabajo y garantizar que la recuperación se basa en la convergencia
económica y social al alza, el diálogo social y la mejora de los derechos
sociales y las condiciones de trabajo, con medidas específicas para quienes
soportan formas de trabajo precario;
34. Insiste
en que las instituciones de la Unión y los Estados miembros se aseguren de que
las ayudas financieras públicas concedidas a las empresas para combatir los
efectos económicos de la COVID-19 se concedan únicamente si la financiación se
utiliza en beneficio de sus empleados, y si las empresas beneficiarias se
abstienen de pagar bonificaciones a sus directivos, practicar la evasión
fiscal, abonar dividendos o de recomprar valores mientras reciban
dicho apoyo;
35. Pide
a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad a las medidas de ayuda
y mitigación de la crisis destinadas a los ciudadanos más vulnerables, las
mujeres y los niños expuestos a la violencia doméstica, las personas de edad
avanzada, las personas con discapacidad, las minorías étnicas y las personas de
regiones remotas y aisladas, incluidos los países y territorios de ultramar y
las regiones ultraperiféricas, mediante un fondo de apoyo excepcional específico
que se centre en el sistema de asistencia sanitaria y los sectores afectados
por el brote de COVID‑19, así como en las personas en riesgo de pobreza o
exclusión social, quienes corren el mayor riesgo de infección por el virus de
la COVID‑19 pero también más sufren sus efectos económicos; pide que se tomen
medidas para proteger a los inquilinos de los desahucios durante la crisis y se
creen refugios seguros para las personas que necesitan refugio; pide una
estrategia global de lucha contra la pobreza, con una garantía infantil
europea; insta a la Unión y a los Estados miembros a que incorporen un análisis
de género a todos los esfuerzos de respuesta, para evitar que se agraven las
desigualdades de género, asegurar que los servicios para las víctimas de la violencia
continúan abiertos, y reforzar los servicios de asistencia telefónica, los
centros de acogida de emergencia para las víctimas, la asistencia jurídica en
línea y los servicios de notificación, con el fin de combatir y proteger a
todas las mujeres y niños frente a la violencia doméstica y de género; recuerda
que las medidas pertinentes deben estar en consonancia con la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad,
garantizándose un acceso equitativo y no discriminatorio a los servicios
sociales y sanitarios y adoptándose medidas específicas destinadas a proteger a
las personas con discapacidad, sobre la base de consultas y de la participación
de estas personas a través de sus familiares u organizaciones representativas,
siempre que se adopten medidas que les afecten;
37. Considera
que los Estados miembros deben adoptar medidas para garantizar que los
trabajadores en Europa, incluidos los trabajadores por cuenta propia, estén
protegidos ante la pérdida de ingresos y que los sectores y las empresas más
afectados, en particular las pymes, cuenten con el apoyo y la liquidez
financiera necesarios; acoge con satisfacción, a este respecto, la nueva
propuesta de la Comisión sobre un Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para
Mitigar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE) y solicita su rápida
puesta en marcha y la creación de un régimen europeo permanente de reaseguro de
desempleo; anima a los Estados miembros a que mejoren la coordinación de la
legislación social y fiscal con el fin de evitar repercusiones en términos de
seguridad social y sistemas fiscales sobre los trabajadores transfronterizos y
los trabajadores migrantes como consecuencia de medidas de emergencia;
39. Pide
a los Estados miembros y a la Comisión que impulsen el diálogo social y la
negociación colectiva a la hora de dar respuesta a la crisis de la COVID‑19,
así como que velen por que los interlocutores sociales participen plenamente en
el diseño y la aplicación de las medidas adoptadas; solicita a los Estados
miembros que actúen como proceda al objeto de salvaguardar los puestos de
trabajo, las condiciones laborales y los salarios, lo que puede incluir medidas
de reducción del tiempo de trabajo, regímenes de compensación de la renta y
otras medidas similares;
42. Considera
que los sectores del transporte y del turismo se han visto gravemente afectados
y pide que se tomen medidas para garantizar la salud, la seguridad y las
condiciones de trabajo de los trabajadores del transporte y que las empresas de
transporte puedan sobrevivir a la crisis; sugiere que se desarrolle un
mecanismo de prevención y gestión para el sector turístico a escala de la
Unión, al objeto de proteger a nuestros trabajadores, ayudar a nuestras
empresas y garantizar la seguridad de los pasajeros;
Protección de la democracia, el
Estado de Derecho y los derechos fundamentales
46. Pone
de relieve que la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y el
respeto del Estado de Derecho deben seguir aplicándose, y que, en el contexto
de las medidas de excepción, las autoridades deben garantizar a todas las
personas los mismos derechos y protección; subraya que todas las medidas
adoptadas a nivel nacional o de la Unión deben estar en consonancia con el
Estado de Derecho, ser estrictamente proporcionadas a las necesidades de la
situación, estar claramente vinculadas a la crisis sanitaria en curso,
limitadas en el tiempo y sujetas a un control periódico; considera totalmente
incompatible con los valores europeos la decisión del Gobierno húngaro de
prolongar indefinidamente el estado de excepción, autorizar al Gobierno a
gobernar por decreto sin límite de tiempo, y debilitar la supervisión de la
excepción por parte del Parlamento, así como las medidas adoptadas por el
Gobierno polaco, a saber, la modificación de la ley electoral contra la
sentencia del Tribunal Constitucional y las disposiciones legales, para
celebrar elecciones presidenciales en el centro de una pandemia, lo que puede
poner en peligro la vida de los ciudadanos polacos y socavar el concepto de
elecciones libres, iguales, directas y secretas, tal y como se consagran en la
Constitución polaca;
50. Pide
el pleno respeto de la Convención de Ginebra y del Derecho europeo en materia
de asilo; señala que deben adoptarse disposiciones para la acogida de nuevos
solicitantes de asilo en condiciones sanitarias adecuadas y con apoyo médico,
por lo que expresa su profunda preocupación por la situación de los refugiados
y solicitantes de asilo que llegan a las islas griegas, así como en los puntos
críticos y los centros de internamiento, que carecen de acceso a una atención
sanitaria adecuada y que corren un riesgo especialmente elevado; considera que
deben encontrarse las soluciones necesarias, incluidas la evacuación y la
reubicación preventivas de la población de alto riesgo, a fin de garantizar las
condiciones materiales y el distanciamiento social adecuados para evitar la
contaminación; recuerda la importante contribución de muchos migrantes y
descendientes de migrantes que están trabajando para garantizar el correcto
funcionamiento de un gran número de sectores esenciales en toda la Unión, en
particular los sectores sanitario y de cuidados;
Acción exterior, solidaridad y cooperación
internacionales
62. Acoge
con satisfacción las iniciativas adoptadas por el secretario general de las
Naciones Unidas para un enfoque multilateral de la crisis relacionada con la
COVID-19 y sus consecuencias a nivel mundial, y pide un enfoque coordinado a
escala internacional; pide a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros
que apoyen política y financieramente las iniciativas de las Naciones Unidas
para coordinar esfuerzos a nivel internacional, principalmente a través del
«Plan Mundial de Respuesta Humanitaria a la COVID-19» y del «COVID-19 Response
and Recovery Fund» (Fondo de Respuesta y Recuperación frente a la COVID-19);…”.
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