1. El martes 20 de agosto, la coalición
Unidas Podemos remitía al Partido Socialista Obrero Español un documento de 119páginas titulado “Propuestas para retomar el diálogo. Por un acuerdo integralde gobierno de coalición”. En su introducción se expone que “Tras haber
mantenido reuniones con cerca de 300 colectivos de la sociedad civil y haber
recogido sus demandas, y basándonos en el documento programático que nos hizo llegar
el PSOE y que ya estuvimos trabajando durante la breve negociación del mes de
julio, realizamos las siguientes propuestas programáticas para mejorar la vida
de la gente y construir un país mejor. Esperamos que sirvan como un inicio constructivo
para retomar el diálogo entre las dos fuerzas políticas indispensables para
conformar un Gobierno de coalición progresista en el punto en el que lo dejamos.
Las personas de nuestro país no se merecen menos”.
Poco después, no sé si tras la
lectura del documento o a partir de una previa toma de posición, y me inclino
por la segunda hipótesis en atención a cómo de se desarrolló el debate de
investidura y cuál fue el resultado, el PSOE respondía con un comunicado cuyotitular deja bien clara su postura: “considera inviable la coalición pero invitaa UP a encontrar otras fórmulas que faciliten un gobierno y programaprogresistas”, si bien reconoce el acuerdo programático en muchas de las propuestas,
exponiéndose que “Agradecemos la propuesta que, en lo programático, nos resulta
muy próxima. En contenidos, el documento cuenta con muchas de las medidas que
ya formaron parte del discurso de investidura del candidato socialista a la
Presidencia del Gobierno. Sin embargo, no hay ningún avance respecto a la
posición que Unidas Podemos ha mantenido desde el principio. En materia de
contenidos, si algo demuestra el documento es la cercanía existente en muchas
políticas sociales que ambas formaciones queremos impulsar, tal y como ya
hicimos en los meses de la anterior legislatura en los que Pedro Sánchez lideró
un gobierno progresista, que llevó a cabo importantes avances sociales”.
El viernes 23 la propuesta laboralera objeto de un amplio y detallado análisis en el blog del profesor AntonioBaylos, en un artículo suscrito conjuntamente con el profesor Joaquín Pérez Rey,ambos sin duda, así lo creo, con una estrecha participación en la elaboración
de dicha parte del documento.
Remito a las personas interesadas a
la lectura de dicha entrada, en cuya parte introductoria se afirma que “Mientras
que se conoce la reacción que al gobierno le ha merecido esta propuesta, es muy
posible que la ciudadanía informada no haya tenido ocasión de saber en detalle cuál
es el contenido de este documento sobre el concreto tema de la reforma de las
relaciones laborales, que sin embargo reviste, como se verá a continuación, un
evidente interés. Por eso ambos firmantes de esta nota, …. procedemos a
extractar sus contenidos más relevantes aun en la idea que se trata de una
propuesta flexible y abierta a posteriores desarrollos”. Los citados autores, que se manifiestan muy
optimistas sobre las posibilidades de un acuerdo, si no en todo sí al menos en
los contenidos esenciales, concluyen su amplia exposición en estos términos: “La
densidad de este programa laboral tiene una correspondencia institucional en el
documento respecto del reparto de posiciones políticas en un futuro gobierno de
coalición, que como hemos visto sigue siendo, de manera inexplicable, el único
elemento sobre el que parece que quepa discutir entre el PSOE y su “socio
preferente”. La propuesta en su vertiente institucional por el contrario, es un
planteamiento razonable, que además se presenta como objeto de negociación y de
transacción política. Sólo resta esperar que este diálogo se efectúe en el
momento y en el espacio de decisión adecuado y que reconstruya la centralidad
del trabajo con derechos como uno de los ejes fundamentales del cambio político
que debe producirse en el gobierno de la Nación a partir de la votación del 23
de septiembre. No hay motivos para que sea de otra forma”.
2. A mi parecer, es necesario
conocer el contenido exacto del documento, junto con el análisis explicativo realizado
por los profesores Baylos y Pérez Rey, para que todas las personas interesadas
pueden formar su parecer con total fundamento. La propuesta presentada no estápublicada hasta el momento de redactar esta entrada en la página web de UP,algo que me sorprende, y mucho, si el objetivo es tanto hacer propuestas a otra
fuerza política como a una gran parte de la sociedad y de la ciudadanía, y
supongo que será publicado en próximas fechas cuando se retome con normalidad
(el mes de agosto parece un mes perdido en España, salvo para el descanso
vacacional) la actividad política, económica y social.(Actualización a 29 de agosto: en efecto, el texto ya ha sido publicado en la página web).
Ahora bien, sí ha sido publicada, y
hay que felicitarse por ello, en la página web de uno de los grupos integrantesde la coalición, Izquierda Unida, lo que permite su lectura tranquila y
detallada de los once bloques en que se dividen sus propuestas programáticas y
que son los siguientes: “1. Trabajo y Seguridad Social. 2. Educación. 3. Sanidad.
4. Feminismo y derechos LGTBI. 5. Reto demográfico, mundo rural, movilidad e
infraestructuras. 6. Anticorrupción, transparencia, democracia, diálogo y
garantía de los derechos y libertades de la ciudadanía. 7. Vivienda. 8. Cultura.
9. Servicios Sociales. 10. Fiscalidad y Economía. 11. Emergencia climática y
transición ecológica de la economía. 12. Avance tecnológico, nueva economía y
transición digital. 13. España en Europa, España en el mundo”.
También nos permite conocer las “propuestas
de estructura de gobierno” que plantea la coalición (y rechazadas por el PSOE)
y que son un total de cuatro, es decir distintas propuestas en las que se
recogen la vicepresidencia y los departamentos ministeriales que podría ocupar UP
en un gobierno de coalición, y que son las siguientes: “1. Vicepresidencia de
Derechos Sociales e Igualdad. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social. Ministerio de Sanidad y Consumo. Ministerio de Vivienda y Economía
Social. 2. Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad. Ministerio de Transición Ecológica. Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades. Ministerio de Vivienda y Economía
Social. 3. Vicepresidencia de Derechos Sociales e Igualdad. Ministerio de
Transición Ecológica. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Ministerio
de Agricultura, Pesca y España Vaciada. 4. Vicepresidencia de Derechos Sociales
e Igualdad. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ministerio
de Ciencia, Innovación y Universidades. Ministerio de Cultura”.
3. Tras la lectura del documento, al
que tuve acceso el mismo día 20, he procedido a extractar los contenidos
laborales, de protección social y de inmigración, que si bien se encuentran en
su gran mayoría en el bloque 1 también los hay en otros. Mi selección es
forzosamente subjetiva y puedo haberme dejado en el tintero (ordenador) cuestiones
que, siempre desde la perspectiva laboral y de protección social, los lectores
y lectoras puedan considerar más relevantes, si bien creo que he recogido lo más
sustancial.
Con carácter descriptivo, y por tanto
con la petición de que la lectura de esta entrada sea completada con la de
texto íntegro, adjunto a continuación las partes que he seleccionado. He destacado
en negrita aquellas que considero más importantes, y aquí evidentemente sí hay
una valoración subjetiva por mi parte qe someto a la mejor consideración de todas las personas que lean el documento.
Buena lectura.
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
Medidas contra la precariedad.
1. Refuerzo de la
causalidad de la contratación temporal y de las sanciones aplicables a su uso
fraudulento:
El artículo 15 debe ser
simplificado permitiendo tan solo un único contrato temporal ligado a causas
productivas absolutamente imprevistas (no campañas ni estaciones) y
organizativas estrictas y debidamente acreditadas.
De su ámbito se debe expulsar
expresamente la contratación temporal vinculada a contratas y concesiones.
El
uso irregular de la contratación temporal debe sancionarse con la nulidad de la
extinción y la obligación de reincorporar al trabajador.
2. Revisión de la
normativa sobre trabajo a tiempo parcial, para prevenir su uso fraudulento y
para garantizar efectivamente que las condiciones de trabajo y los derechos
laborales de los trabajadores y las trabajadoras a tiempo parcial son iguales a
los de los trabajadores y las trabajadoras a tiempo completo. (Reforma del
artículo 12 del ET). Supresión de horas complementarias. Intensificación de las
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, particularmente en
su vertiente de inspección en materia de tiempo de trabajo y de economía
irregular, así como para endurecer el régimen de infracciones y sanciones
aplicables frente a eventuales incumplimientos por parte de las empresas.
3. Reforma del despido
basada en cuatro ejes:
Hacer más precisa y menos
evanescente la definición de las causas económicas, técnicas, organizativas o
de producción. Supresión del despido por absentismo.
Restaurar las funciones de control
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en los expedientes de regulación
de empleo y la correspondiente autorización administrativa.
Recuperación
de los salarios de tramitación.
Recuperación
del despido nulo por fraude de ley vinculado a las extinciones contractuales
sin causa.
4. Revisión de los
contratos formativos y eliminación de las fórmulas formativas supuestamente
extracontractuales (becas), pero que tienen dimensión laboral. Generación de un
marco de fomento de la formación garantista y eficiente, pero sobre todo
garantista. Se debe trabajar por una normativa educativa y laboral integrada y
no separada. El estatuto del becario no debe naturalizar la expulsión del
Derecho del Trabajo de las relaciones laborales, sino se ha de operar justo en
la dirección contraria atrayendo a la contratación formativa laboral las relaciones
de naturaleza mixta (formativa-laboral).
5. Incremento de las
sanciones e indemnizaciones para los supuestos de contratación de falsos
autónomos. Es preciso incorporar una presunción de laboralidad que
reconduzca al trabajo por cuenta ajena las prestaciones de servicios para un
solo empleador, tales como las de los riders, en el marco de una
respuesta legislativa eficiente y adecuada a las nuevas formas de trabajo en la
era digital. Asimismo, es necesario establecer un régimen de sanciones
económicas realmente disuasorio para las empresas que sean descubiertas
realizando este fraude. Restringir la figura del trabajador autónomo o
trabajadora autónoma económicamente dependiente (TRADE) y creación de un
registro.
6. Revisar las
subvenciones al emprendimiento y enfocar la política de empleo hacia trabajos
de calidad.
7. Revisión del
contrato de interinidad en las Administraciones Públicas evitando su uso
abusivo y una adecuada reparación. Dar continuidad a partir de 2021 a la
estrategia de mejora del empleo público y de las condiciones de trabajo
pactadas hasta ese año con los sindicatos en materias de empleo, estabilidad,
salarios, condiciones y negociación colectiva del personal al servicio de las
Administraciones Públicas.
Medidas para un
trabajo digno y garante de los derechos fundamentales de los trabajadores y las
trabajadoras
8. Derogación de la
reforma laboral de 2012. Reforzamiento de los derechos colectivos y
recuperación de la fuerza de los convenios colectivos. Debe recuperarse la
fuerza vinculante de los convenios colectivos (particularmente de los
sectoriales) mediante una reforma del ET que restablezca la prevalencia de los
convenios sectoriales sobre los convenios de empresa. Los aspectos más lesivos
de la reforma laboral son los siguientes y se debe actuar sobre ellos de forma
inmediata:
Eliminación total de la prioridad
del convenio de empresa.
Eliminación del mecanismo de
inaplicación del convenio no basado en el acuerdo con la representación legal
de los trabajadores.
Recuperación
incondicional de la ultraactividad indefinida.
9. Seguir aumentando
progresivamente el SMI hasta alcanzar los 1200 euros al final de la
legislatura, estableciéndolo en 1000 euros en 2020 y 1100 euros en 2021.
Propiciar desde el Gobierno incrementos salariales por encima de la inflación
que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido en la crisis, lo que
permitirá mejorar el consumo y la distribución de la riqueza. El peso de las
rentas salariales sobre el PIB debe volver al nivel previo a la recesión.
Ratificar la Carta Social Europea y el protocolo de reclamaciones colectivas.
10. Reforma integral de
la legislación sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de que:
Se desvincule el contrato de obra o
servicio de la realización de trabajos o tareas en el marco de contratas,
subcontratas o concesiones administrativas.
Se
limite la subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad
principal de la empresa, excluyendo los servicios propios de la empresa, y se
garantice que los trabajadores y las trabajadoras de la contratista tienen los
mismos derechos (incluidas retribuciones) que los trabajadores y las
trabajadoras de la empresa principal.
11. Recuperación de
derechos laborales en los procesos de modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, garantizando su reversibilidad y su carácter negociado.
12. Establecimiento de
medidas efectivas para la igualdad de género en el trabajo mediante una legislación
completa y transversal para la igualdad retributiva y para la consolidación de
un tiempo de trabajo corresponsable. El tema de la conciliación no es solo un
problema de permisos (iguales e intransferibles), sino de una completa e
integral revisión de los tiempos de trabajo y descanso. En este sentido, urge
abordar la jornada laboral de 34 horas semanales, en el marco de una
reorganización completa de los tiempos de trabajo, ocio y cuidados.
13. Abordaje
contundente transversal y concreto de las políticas para la lucha contra la
brecha salarial entre hombres y mujeres que vaya más allá de un registro
salarial en las empresas carente de sanción. El tema del
cuidado/corresponsabilidad no solo es un tema de permisos iguales e
intransferibles (aunque este sea un aspecto muy importante). Es un tema de
tiempo de trabajo corresponsable que requiere un tratamiento intenso.
14. Integración plena
en el Régimen General de la Seguridad Social de las empleadas de hogar, con
carácter inmediato. Ratificación, antes del 31/12/2020, de Convenio 189 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y los
trabajadores domésticos de 2011. Debe reformarse la legislación para extender
la protección de desempleo a las trabajadoras del hogar.
15. Trabajadoras y
trabajadores autónomos. Gradual equiparación de los derechos de este colectivo
con los de las trabajadoras y trabajadores por cuenta ajena y establecimiento
de una cotización acorde con sus ingresos reales, sobre la base de una
actuación cruzada con la información fiscal, que les comportará mayor
protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación.
16. Iniciar en 2019 el
diálogo con los agentes sociales para la elaboración de un nuevo Estatuto de
los Trabajadores, que garantice la creación de empleo digno, así como la
protección de los trabajadores y las trabajadoras frente a los desafíos
sociales, tecnológicos y ecológicos del siglo XXI reforzando su participación
en las decisiones de las empresas y recuperando el papel crucial de la negociación
colectiva. A tal efecto, se constituirá un grupo de trabajo para su
redacción, integrado por personas expertas de reconocido prestigio, del ámbito
académico y profesional.
17. Actualización de la
legislación de prevención de riesgos laborales, clarificar los conceptos de
enfermedad profesional y de accidente de trabajo y su notificación. Incorporar
el tratamiento y la prevención de nuevos riesgos asociados al uso de las TIC,
los psicosociales y de determinadas sustancias químicas dañinas para la salud,
así como la creciente digitalización y robotización y las nuevas formas de
organizar el trabajo. El derecho efectivo a la prevención de riesgos laborales
debe prestar especial atención al riesgo psicosocial, incluyendo el que se
genera por la falta de atención a las necesidades de conciliación de los
trabajadores y las trabajadoras. Incorporar el derecho a la desconexión, la
adecuada gestión del tiempo de trabajo y la protección efectiva en casos de
embarazo y lactancia. Es particularmente importante garantizar (así lo ha
establecido el TJUE con relación a España) que las trabajadoras pueden
compatibilizar efectivamente su derecho a la lactancia de sus hijos e hijas con
el trabajo.
18. Garantías y
derechos laborales frente a la digitalización de la economía. Derecho efectivo
a la intimidad mediante establecimiento de garantías en el ámbito de la
geolocalización, tiempos, intimidad informática… La digitalización debe fomentarse,
pero deben tenerse en cuenta sus riesgos para los trabajadores y las
trabajadoras. Elaboración de una carta de derechos de los trabajadores y
trabajadoras al estilo de la experiencia sindical italiana que actualice el
catálogo de derechos a las exigencias de la digitalización.
19. La creación de
empleo en el medio rural es una prioridad de la Estrategia frente al Reto
Demográfico. Para ello, durante la presente legislatura, se garantizará la
total conectividad del territorio y se promoverá la creación de empleo y el
trabajo autónomo, aprovechando al máximo los fondos europeos disponibles, así
como la formación continua, el retorno de jóvenes y la integración de
inmigrantes, en las zonas más despobladas, todo ello teniendo en cuenta la
perspectiva de género. Se incentivará la titularidad compartida de las
explotaciones agrarias a través de la aplicación efectiva de la Ley 35/2011
mejorando la posición de las mujeres del campo dentro del sistema de Seguridad
Social. Se reforzarán las Oficinas Comarcales ya previstas, favoreciendo la
implicación de gobiernos autónomos y locales para la prestación de los
servicios básicos en el medio rural.
20. Reforzar el apoyo a
las empresas de economía social, como modelo de empresa sostenible, integradora
y generadora de empleo de calidad y como agentes clave para un desarrollo
territorial equilibrado y una mayor cohesión social. Mejoraremos la
representatividad y el diálogo institucional con las principales asociaciones
nacionales del sector. Revisaremos el régimen fiscal de cooperativas y
sociedades laborales para recuperar la eficacia tributaria en el fomento de
este tipo de empresas.
21. Muchas empresas
españolas han conseguido ya competir con éxito en los mercados internacionales.
Nuestro empeño es que su competitividad no descanse en ningún caso en salarios
bajos ni empleos precarios, sino en el enorme potencial existente para la
mejora de su productividad, gracias a un mayor impulso público a la educación,
la formación profesional y la innovación. El apoyo a la internacionalización de
nuestras empresas debe alcanzar a las pymes.
Adecuación del
sistema de seguridad social a los principios constitucionales
22. Derogación de la
reforma de pensiones del PP.
23. Garantía permanente
de actualización de las pensiones con arreglo al IPC real establecida mediante
ley, con incrementos progresivos mayores en plazos breves para la equiparación
de las pensiones (o garantías) mínimas al SMI.
24. Eliminación
inmediata y permanente del factor de sostenibilidad.
25. Las personas que
hayan cotizado al menos 35 años podrán jubilarse anticipadamente sin
penalización en sus pensiones. Con el actual sistema, muchas personas que ya
han cotizado más de 35 años pero que no encuentran un empleo digno en los
últimos años de su vida laboral no pueden sin embargo acceder a la jubilación
porque sufrirían una penalización muy alta por cada año que adelantaran la
fecha. La medida se aplicará también de forma retroactiva a quienes se hayan
visto perjudicados viendo reducida su jubilación al hacerlo anticipadamente
bajo la regla en vigor.
26. Jubilación
anticipada en sectores especialmente duros. Agilizar el reconocimiento de la
posibilidad de jubilarse antes de los 65 años sin penalización para
trabajadores y trabajadoras en sectores especialmente duros y precarios, así
como profesiones feminizadas en situación de especial riesgo, como camareras y
camareros de piso, extinción de incendios, ayuda a domicilio, buceo, rederas,
trabajo en astilleros y en la estiba, trabajos industriales penosos y de
transporte en carretera, entre otros.
27. Cálculo de la base
reguladora: posibilidad de elección de los 240 mejores meses de la vida laboral
y sin que necesariamente hayan de ser consecutivos, para el cálculo de la base
reguladora, de modo que no se perjudiquen las carreras profesionales
irregulares (lo que tiene efecto en brecha de género en pensiones).
28. Reforma del sistema
de Seguridad Social para eliminar las discriminaciones por razón de género,
particularmente en materia de trabajo a tiempo parcial y prestaciones
perpetuadoras de roles como el complemento de maternidad. Al efecto, debe
equipararse inmediatamente el sistema de carencia (como requiere el TJUE) para
todas las prestaciones para que el tiempo cotizado sea igual al tiempo en que
el trabajador o la trabajadora esté en alta, independientemente de que realice
trabajo efectivo, e independientemente de la prestación.
En este sentido, es
fundamental revisar y modificar el sistema de integración de las llamadas
lagunas de cotización. Asimismo debe garantizarse que computa a efectos de
carencia el tiempo de servicio militar obligatorio, prestación social
sustitutoria y servicio social.
29. Eliminación de los
beneficios fiscales a los planes privados de pensiones.
30. Fijación del IPREM
en 650 euros y compromiso de actualización anual del mismo, como mínimo, con
arreglo al incremento del IPC.
31. Mejora de la
protección por desempleo, ampliando la cobertura y mejorando su calidad.
Garantía del 70 % durante toda la prestación, aumento de la cuantía mínima y
máxima, y compromiso de cobertura del 80 %. Características específicas para
trabajadores y trabajadoras jóvenes (periodo de cotización reducido); revisión
del sistema de coordinación del desempleo con trabajo a tiempo parcial; y nueva
regulación de la prestación de desempleo en relación con los trabajos de escasa
duración. Extensión de la prestación de desempleo a las trabajadoras y
trabajadores del hogar y agrarios.
32. Cotización de los
autónomos por ingresos reales, sobre la base de una actuación cruzada con la
información fiscal.
33. Mejorar la
suficiencia del sistema público de pensiones actuando en una doble línea:
aumentando sus ingresos de forma estructural y descargándolo de gastos
impropios que deben ser asumidos por otras Administraciones. Aumentar los
ingresos con una medida fundamental, destope progresivo y gradual de las bases
de cotización, aproximándolas a los ingresos reales.
34. Supresión de
deducciones, bonificaciones y tarifas planas, ya que se han revelado ineficaces
como políticas de fomento del empleo, manteniéndose únicamente aquellas que
tienen por objeto la inserción o el mantenimiento en el mercado laboral de
colectivos con especial vulnerabilidad.
Proteger a los
trabajadores y trabajadoras del sector público
35. Empleo público. Es
un objetivo fundamental la gestión directa en la Administración Pública y la
optimización del desempeño de los profesionales. También constituye un objetivo
la recuperación del empleo público que se ha destruido y privatizado desde la
crisis y orientar las decisiones siempre en función de los principios del bien
común y del interés general. Para ello adoptará, entre otras, las siguientes
medidas:
Fomentar
la promoción profesional vertical y horizontal que permita combinar la libre
elección de cambio del puesto de trabajo con el cuidado de la riqueza técnica
de los equipos estables.
Implementar la perspectiva de
género en las instituciones de la Administración General del Estado para
eliminar la discriminación y hacer efectiva la igualdad entre hombres y
mujeres.
Desarrollar el Estatuto Básico del
Empleado Público, en particular en lo concerniente a la mejora para el acceso
al empleo público, agilización de los procesos, carrera profesional, evaluación
del desempeño, clasificación profesional, etcétera.
Mejorar
las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicas de los
distintos servicios, como desarrollamos más adelante para el ámbito educativo (apartado
3), el sanitario (apartado 4), de los servicios sociales (apartado 10) y del
sistema científico (apartado 13).
36. Servicios de
rescate, extinción de incendios y salvamento. Se adoptarán, entre otras, las
siguientes medidas:
Aprobación
de una ley del sector de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y
Salvamento (SPEIS), en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil, que
establezca los criterios básicos para la coordinación de la actuación de los
servicios en todo el Estado y los derechos laborales de este personal,
homologando las escalas, categorías y distintivos comunes en las comunidades
autónomas y garantizando que la categoría profesional de bombero o bombera sea,
como mínimo, C1 en todo el Estado, de conformidad con lo que establece el
Estatuto Básico del Empleado Público. Aprobación de una ley de bomberos y
bomberas forestales en el marco del Sistema Nacional de Protección Civil. Esta
norma establecerá obligaciones para las Administraciones competentes en
relación con la elaboración de planes generales, territoriales, especiales y de
autoprotección. También establecerá los derechos laborales del sector mediante
la creación del Estatuto Básico de Bomberas y Bomberos Forestales, que
reconozca las funciones propias de estos servicios en el medio natural y rural,
y los aspectos de salud y prevención de riesgos laborales, así como las
categorías profesionales y sus especificaciones de formación. Mejorar de la
estabilidad y condiciones de empleo en los Servicios Aéreos, así como estudiar
su incorporación al sector público.
Aumento
de los recursos de los Servicios de Salvamento Marítimo, fortaleciendo la
estabilidad de su plantilla, su carácter civil y su función exclusiva de
salvamento.
37. Funcionarios y
funcionarias de prisiones. Se adoptarán las siguientes medidas para dignificar
la situación de las funcionarias y los funcionarios de prisiones:
Mejora de sus condiciones
sociolaborales, en cuanto a retribución, formación y medios, con la
equiparación de condiciones entre personal funcionario y laboral, una
adecuación de los complementos conforme a una retribución lineal y un proceso
de negociación con las asociaciones y los sindicatos.
Incremento de esta plantilla para
responder a las 3400 vacantes actuales sin cubrir y resolver con empleo público
la masificación de las prisiones, en lugar de hacerlo con personal precario y
sin formación adecuada.
Desprivatización
de la vigilancia de los perímetros de las cárceles, ya que se trata de un
servicio de seguridad pública que deben asumir la Policía y la Guardia Civil,
como ya hacían antes en exclusiva. Así, se dispondrá de recursos para mejorar
las condiciones laborales de la Policía, la Guardia Civil y los funcionarios y
las funcionarias de prisiones, así como la vida de las personas reclusas.
38. Policías y Guardias
Civiles. Se adoptarán las siguientes medidas: Reconocimiento
de los derechos sindicales y civiles negados a los y las guardias civiles, entre
ellos, la condición de sindicatos de las distintas asociaciones de la Guardia
Civil y la derogación de las normas que prohíban a sus miembros la
participación en la vida sindical. Supresión de la aplicación del Código
Penal Militar a la Guardia Civil, con el fin de separarla del ámbito militar y
constituirla como una verdadera fuerza civil de seguridad pública.
Culminación
de la equiparación salarial de la Policía y la Guardia Civil al hacer efectiva
la iniciativa legislativa popular de Proposición de Ley para la Efectiva Igualdad
y Equiparación Salarial de las Policías del Estado español.
39. Militares. Se
adoptarán las siguientes medidas dirigidas a dignificar las retribuciones de
nuestros y nuestras militares y a equiparar sus derechos:
Aumento de la partida dedicada a
retribuciones en los próximos presupuestos y su consolidación en el reglamento
de retribuciones del personal, con el objetivo de aproximar sus condiciones
sociolaborales a las de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (FCSE) y
al conjunto de la función pública.
Equipararemos
sus derechos civiles a los del resto de la ciudadanía, en particular, en cuanto
a sus derechos fundamentales de reunión, manifestación, asociación, libertad de
expresión, sindicación y afiliación a partidos políticos. Para ello fomentaremos y
normalizaremos la actividad de las asociaciones de militares como instrumento
clave para el desarrollo de sus derechos y deberes, permitiendo su actividad y
otorgando protección laboral a sus representantes y subvenciones equiparables a
las de las que operan en el ámbito de las FCSE.
4. FEMINISMO Y DERECHOS LGTBI.
Igualdad
de oportunidades en el empleo y la ocupación
España cuenta con un ordenamiento jurídico propio de las
sociedades democráticas más avanzadas, que proclama la igualdad y no
discriminación por razón de sexo en toda la pirámide normativa, desde la
Constitución y la Ley Orgánica de Igualdad, hasta la base. Sin embargo, a pesar
de la prohibición de discriminación por razón de sexo (artículo 14 de la CE) y
la obligación de los poderes públicos de remover los obstáculos para hacer
efectivo el principio de igualdad (artículo 9.2 de la CE) los datos sobre
brechas de género son evidentes e injustos: en la tasa de ocupación: es de 11,5
puntos; en el salario anual: es del 21,92 %; en la cuantía de las pensiones: es
del 34,88 %; en la tasa de parcialidad: 18,16 puntos.
Para revertir esa situación, es necesario impulsar medidas
efectivas que garanticen la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres
en la ocupación y el empleo, y que favorezcan la corresponsabilidad de ambos en
los cuidados y las labores familiares, así como que incidan en las condiciones
de los sectores más precarizados que, están a su vez, profundamente
feminizados.
1. Durante la pasada legislatura, hemos aprobado medidas para
reducir la brecha laboral y salarial, a través del Real Decreto Ley 6/2019, de
1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de
oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Nos
proponemos aplicar todas estas medidas, articuladas en una ley de igualdad
retributiva para lograr: la implantación de planes de igualdad en las empresas
de 50 o más trabajadores, que deberán ser inscritos en el registro que se
creará reglamentariamente; y la obligatoriedad de la transparencia salarial, obligando
a las empresas de llevar un libro de salarios. Las grandes empresas tendrán que
realizar auditorías salariales y enfrentarse a sanciones en caso de negativa.
También se implementarán estos protocolos para prevenir tanto las violencias
machistas como la LGTBIfobia en las Administraciones Públicas y en los centros
de trabajo de más de 50 trabajadores y trabajadoras.
2. Del mismo modo, garantizaremos el derecho a la adaptación de la
jornada de trabajo, en el caso de personas trabajadoras con hijos o hijas, tras
la reincorporación de un permiso de crianza y hasta que cumplan doce años. Para
velar por el cumplimiento de estas medidas, se potenciarán las inspecciones
laborales, se incrementará el régimen sancionador y crearemos la Oficina
Estatal de lucha contra la discriminación en la Inspección de Trabajo.
3. Tras la aprobación de la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad
efectiva entre mujeres y hombres, se han producido avances en la presencia de
mujeres en el gobierno corporativo de las empresas. Aunque insuficientes, ya
que aún estamos lejos de alcanzar la presencia equilibrada prevista en la Ley.
Por esta razón, estableceremos en cuatro años y de forma progresiva la
obligación de que los consejos de administración de las sociedades así como los
distintos órganos públicos, como el Consejo de Ministros y Ministras,
tribunales de justicia como el Tribunal Supremo —donde la proporción de mujeres
no llega al 15 %— y las entidades cuya financiación proceda en una proporción
relevante de dinero público, como la Real Academia de la Lengua —donde solo hay
8 mujeres en 46 sillones—, cumplan con el principio de diversidad y presencia
equilibrada por lo que deberán tener una composición paritaria.
4. Es imprescindible avanzar en la corresponsabilidad de hombres y
mujeres en el cuidado y la crianza de los hijos y para ello, seguiremos
impulsando a través de una ley la equiparación de los permisos de paternidad y
maternidad iguales e intransferibles para el cuidado durante el primer año de
vida en caso de nacimiento, acogida u adopción. Lo haremos de forma progresiva,
para que estos permisos sean totalmente iguales (16 semanas), intransferibles y
retribuidos al 100 % en 2021, modificando aquellas trabas actuales que
dificultan la no simultaneidad de los permisos a partir de la tercera semana.
5. El
avance de la igualdad y de la corresponsabilidad implica una reflexión sobre el
uso que damos al tiempo y las posibilidades que mujeres y hombres tenemos de
conciliar nuestra vida familiar y laboral. Por ello vamos a impulsar y
aprobar un pacto social y político por la racionalización de los horarios, que
queremos acordar con todos los agentes sociales y políticos. Esta es una de
las claves —así como la precariedad del empleo en un sentido más amplio o los
recortes en los servicios públicos— para abordar otro de los grandes retos que
tenemos como país, como es el descenso de la natalidad y el reto demográfico.
Con todo ello, impulsaremos la ley de usos del tiempo, conciliación y
racionalización de los horarios.
RETO
DEMOGRÁFICO, MUNDO RURAL, MOVILIDAD E INFRAESTRUCTURAS
Movilidad
e infraestructuras.
12.
Desarrollar un modelo de transporte que garantice las relaciones laborales
estables y dignas, que sean equiparables dentro del mismo sector. Para ello se
fortalecerá la vigilancia y sanción de las fórmulas ilegales de contratación
que proliferan en el sector, como la contratación de servicios a falsos
autónomos o la realización de contratos en terceros países, para prestar
servicios de transporte con base en nuestro país.
CULTURA.
8. Para mejorar las condiciones de nuestros
creadores y artistas, completaremos el desarrollo del Estatuto del y de la
Artista para proteger a quienes trabajan en la cultura y hacer sostenible su
trabajo, mejorando el reconocimiento de las enfermedades profesionales y su
protección, los periodos de creación y formación, así como la transición
profesional al final de las carreras artísticas. Actualizaremos los epígrafes
del impuesto de actividades económicas y las protecciones por desempleo e
impulsaremos protocolos frente a las violencias machistas.
11. Uno de los sectores más dinámicos en estos momentos y que
ofrece grandes oportunidades de crecimiento y creación de empleo en nuestro
país es el sector del videojuego. Para apoyar el desarrollo de este sector,
reactivaremos la Mesa Estado-comunidades autónomas del videojuego y
elaboraremos un plan de profesionalización de este sector. Además, fomentaremos
el talento del sector y de los ecosistemas de pymes existentes con programas de
ayuda a la creación de videojuegos y cultura digital para que las empresas
españolas puedan competir en igualdad de oportunidades ante las grandes
transnacionales del videojuego. Adoptaremos medidas para proteger a las
personas que trabajan en el sector, impulsando una mayor presencia de mujeres y
vigilando, en particular, que las fórmulas de subcontratación no sean
fraudulentas ni supongan una merma de derechos, que las horas extras se pagan y
que se protegen riesgos asociados a la intermitencia o la movilidad, o el crunch.
También articularemos un plan de formación superior y continua para el
sector, con especial atención a las dimensiones de desarrollo de software,
monetización, diseño y arte, y marketing.
SERVICIOS SOCIALES.
Derechos de las personas migradas
18. El pasado diciembre de 2018, España ratificó en Marrakech el Pacto
Mundial de la Migración. El Gobierno de coalición se propone realizar las
siguientes acciones en cumplimiento de dicho pacto:
Aumentar
la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular que
actualmente están seriamente restringidas, provocando que muchas personas
tengan que emigrar por vías cada vez más peligrosas.
Salvar
vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes
desaparecidos. Para ello se garantizará que Salvamento Marítimo se mantiene
como cuerpo civil, que atienda únicamente a criterios de salvaguarda de la vida
en el mar y se le dota de los recursos necesarios para cumplir con sus
funciones.
Se elaborará una nueva Ley de Asilo que se adapte a los nuevos
retos de la movilidad global y proteja especialmente el derecho de asilo del
colectivo LGTBI y las víctimas de trata. Mientras tanto, se desarrollará con
urgencia el reglamento de la ley de asilo.
19. Además, España se comprometerá a, en coordinación con otros
países de la Unión Europea, acoger a aquellas personas rescatadas por ONG en el
Mediterráneo Central, evitando casos de sufrimiento extremo como el que hemos
visto este verano con el barco de Open Arms. En el mismo sentido, impulsará un
servicio de salvamento europeo que evite que situaciones como esta vuelvan a
repetirse.
EMERGENCIA CLIMÁTICA Y TRANSICIÓN ECOLÓGICA DE LA ECONOMIA.
20. Garantías efectivas contra las deslocalizaciones. Nuestro país
necesita una estrategia industrial para expandir y hacer más competitivo este
sector, pero también para que gane peso en un contexto global. Por eso,
activaremos los recursos del Estado que sean necesarios para garantizar la
continuidad y permanencia de aquellas empresas que sean una fuente crítica o
fundamental de empleo en sus comarcas:
Quienes
reciban ayudas o subvenciones públicas firmarán un contrato de diez años de
permanencia y la Administración tendrá la obligación de estudiar la viabilidad
de las empresas que quieran marcharse con el objetivo de apoyar técnica y
financieramente a sus trabajadores y trabajadoras en la adquisición de la
empresa, si así lo deciden.
En
caso de que la situación de los trabajadores y la empresa haga imposible esta
transición, el Estado podrá asumir la titularidad de las instalaciones para
evitar la eliminación abrupta de los puestos de trabajo y con la perspectiva de
que los trabajadores puedan acabar asumiendo la titularidad.
En los casos más graves y cuando esté demostrada la falta de
viabilidad de la empresa, el Estado garantizará que se recuperan dos puestos de
trabajo por cada puesto desaparecido en la misma comarca.
Estas medidas se implementarán de manera especial en las comarcas
más vulnerables a la despoblación.
AVANCE TECNOLÓGICO, NUEVA ECONOMÍA Y TRANSICIÓN DIGITAL.
5. Se implementarán las mejoras del Estatuto del Personal
Investigador en Formación, y se avanzará en la equiparación de derechos de
estos investigadores e investigadoras respecto al conjunto de los empleados
públicos. Asimismo, se incorporarán a dicho Estatuto las reivindicaciones de
los colectivos de investigadores e investigadoras predoctorales, en particular,
las relacionadas con el salario mínimo, la indemnización al final del contrato,
reconocimiento en los convenios colectivos de sus instituciones conforme a su
formación y excelencia, así como unas obligaciones docentes que les permitan
obtener experiencia útil en su carrera sin que perjudique sus tiempos de
investigación.
ESPAÑA EN EUROPEA, ESPAÑA EN EL MUNDO.
8. El proyecto europeo debe ser reforzado para garantizar la reducción
de las desigualdades, la precariedad y la pobreza, que se han agravado durante
los últimos diez años, como consecuencia de las medidas adoptadas frente a la
crisis. Por ello, impulsaremos: El establecimiento de un Salario Mínimo
Interprofesional europeo. Garantía europea de crecimiento salarial. Se definirá
una referencia europea común para el crecimiento salarial que impida la
competencia a la baja entre Estados y reconecte el crecimiento de los salarios
con la evolución de la productividad. La Unión asumirá el objetivo de recuperar
el peso de los salarios en el conjunto de la renta de los Estados, al menos, al
nivel previo a la crisis de 2008.
Un Seguro Europeo de Desempleo. Esta protección contribuirá a
asegurar que el presupuesto común tenga un efecto estabilizador y se garantice
un suelo mínimo de derechos sociales al conjunto de la ciudadanía europea.
La
consolidación efectiva del Pilar Social de la UE: Garantía de ingresos
suficientes. La Unión creará una prestación europea de ingresos suficientes,
junto a una prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes con el
objetivo de acabar con la pobreza infantil. Para ello se impulsará a escala
europea una prestación de ingresos suficientes, complementada con una
prestación para el cuidado de niños, niñas y adolescentes, ajustadas a los
estándares de vida de cada Estado. La prestación para luchar contra la pobreza
infantil se incrementará un 50 % en el caso de familias monomarentales o
monoparentales.
En la
UE y en colaboración con los EEMM, promoveremos planes contra la pobreza
infantil con prestaciones suficientes y adecuadas a las necesidades de cada
familia, especialmente las monomarentales y monoparentales.
Derecho
a una vivienda digna impulsando una regulación marco eficaz y justa de los
alquileres que garanticen y alentando la incorporación de viviendas de
entidades financieras rescatadas a parques públicos.
Sanidad pública y universal. La Unión Europea garantizará el
derecho a la salud y un modelo de asistencia sanitaria público, de cobertura
universal, equitativa y gratuita, con dotación presupuestaria suficiente, sin
copago de medicamentos y servicios que introducen barreras económicas ajenas a
la racionalidad sanitaria y sin exclusión alguna para las personas que residan
en cualquiera de los países de la Unión.
Europa debe liderar el avance hacia la igualdad entre mujeres y
hombres, en todos los ámbitos, poniendo medidas eficaces para acabar con la
brecha salarial, incluida la erradicación de la violencia machista contra las
mujeres. Consideramos esencial una «Estrategia de igualdad de género de la
Unión Europea» independiente y de alto nivel, con carácter vinculante.
Promoveremos la aprobación de Directivas que comporten obligaciones concretas
de los países miembros en esta materia y aumenten la dotación de todas las
políticas públicas que promueven la igualdad de género.
14. Consideramos urgente la formulación de una auténtica política
europea de inmigración así como la modificación del Sistema de Acogida e
Integración de refugiados, con los objetivos de hacer efectivo el derecho
internacional sobre asilo y gestionar los flujos migratorios respetando los
derechos humanos y trabajando con los países de origen, para facilitar una
inmigración ordenada, así como el desarrollo sostenible de dichos países.
España debe promover el cumplimiento de los Acuerdos de Marrakech. Para ello:
Impulsaremos
la creación de un sistema europeo de búsqueda y salvamento marítimo en
coordinación con los servicios de cada EEMM, garantizando mientras tanto el
trabajo de las ONG de rescate y salvamento en el Mediterráneo.
Impulsaremos
un debate europeo sobre migraciones para garantizar el cumplimiento del derecho
al asilo y evitar muertes en las fronteras europeas mediante vías legales y
seguras de acceso.
Promoveremos un debate europeo para caminar hacia un sistema
integral migratorio en la Unión Europea que evite las trabas burocráticas de
las personas residentes en territorio europeo. …”
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