1. El Pleno del Congresode los Diputados aprobó el pasado 19 de junio una proposición no de ley delGrupo Parlamentario Socialista sobre la política europea de control migratorioen el Mediterráneo Central, con 213 votos a favor y 127 abstenciones, después
de haber pactado el texto finalmente aprobado con los grupos parlamentarios Confederal de
Unidos Podemos- En Comú Podem- En
Marea, Ciudadanos y Mixto.
El texto ha sido
publicado en el Boletín Oficial del Congreso el 27 de junio, y trata sobre
todas aquellas cuestiones que también han sido objeto de intenso, y muy duro,
debate en el último Consejo Europeo celebrado los días 28 y 29 del pasado mesen Bruselas.
Justamente, una de las peticiones
dirigidas por el Congreso al Gobierno era “Reabrir, de cara al Consejo Europeo
del 28 y 29 de junio de 2018, el debate sobre la necesidad de acometer una
reforma urgente del Sistema Europeo Común de Asilo que garantice una respuesta
común, solidaria, equilibrada y vinculante a nivel europeo ante las situaciones
de incremento de solicitudes de asilo y refugio en los Estados Miembros que son
frontera exterior de la Unión Europea”. Una petición dirigida al Gobierno, y
que este necesariamente ha de luchar para que sea efectiva en el ámbito
europeo, es la de “Cambiar con urgencia unas políticas a nivel de la UE que no
han generado la resolución del problema de fondo por políticas de choque que
permitan una mejor gestión, por parte de todos los países miembros de la crisis
del Mediterráneo, y que eso no pase por la externalización a terceros países de
la mayor carga del problema que afecta y seguirá afectando a miles y miles de
personas que no pueden ser acogidas con garantías”.
Mucho menos lejano en el
tiempo de loas acuerdos y pactos políticos, y más cercano a la realidad que
sufren a diario cientos de personas, aunque con la misma dificultad política
para llegar a un acuerdo, es la petición de garantizar en sede europea “El
efectivo respeto de los derechos humanos, del derecho humanitario internacional
y de los compromisos en materia de desarrollo del Tratado de la Unión Europea,
en los acuerdos de cooperación de la UE con terceros países en materia de
migración y asilo. Dicha cooperación ha de conllevar a la realización de una
evaluación sobre la seguridad del país, sus sistemas de asilo, su apoyo a los
refugiados y su capacidad y voluntad de luchar contra la trata de seres humanos
y tráfico ilícito de personas”.
2. Mucho trabajo tiene ante
sí en materia de inmigración y asilo el nuevo gobierno español, y hay que
desearle que tenga muchos éxitos, si desea llevar a la práctica las peticiones
del Congreso; y mucho más si se comprueba las dificultades cada vez mayores de
llevar a cabo una política comunitaria en ambos ámbitos, cada vez más estrechamente
unidos porque las migraciones responden tanto a motivos políticos (guerras
civiles) como económicos (falta de oportunidades para vivir dignamente en
países arrasados por las guerras) y en buena medida climáticos que lleva a las personas a la obligada necesidad de
abandonar sus lugares de residencia.
Y digo que tiene, y
tendrá, muchas dificultades si leemos las conclusiones del último Consejo
Europeo, en acuerdo alcanzado en la madrugada el viernes 29 y ante la dureza
del nuevo gobierno italiano en su política migratoria, o más correcto sería calificarla
de antiinmigratoria y con falta de respeto a la normativa internacional y europea.
Pero, recordemos que el gobierno italiano no es el único, ni muchos menos, de
una serie de Estados cuyos gobiernos hacen de la inmigración el chivo
expiatorio de todos los males para captar los votos de gran parte de la
población y tapando cualquier otro problema que pudiera y debiera resolverse
para mejorar las condiciones de vida de quienes creen que los migrantes son el
principal problema que tiene su sociedad.
No es de extrañar por
ello que la organización francesa La Cimade, que asiste a los migrantes y
defiende sus derechos, haya publicado recientemente un duro informe sobre larealidad europea que pone de manifiesto la existencia de numerosas fronteras
interiores en el seno de la UE, con el objetivo de “bloquear, controlar,
filtrar” a la población migrante, así como sobre la actuación de la guardia de
control de frontera en el Mediterraneo, pidiendo un cambio radical de la
política europea, al objeto de poner en práctica “una política de inmigración
europea ambiciosa que concentre sus medios sobre la acogida y la protección de
las personas, y con una verdadera reflexión para permitir la puesta en práctica
concreta de la libertad de circulación antes que sobre la vigilancia de sus
fronteras y la externalización.
3. Las mismas críticas a
la actual política comunitaria en materia de inmigración y asilo, tanto desde
una perspectiva de respeto a los derechos de toda personas como desde la de
integración en la sociedad de acogida y en su mercado de trabajo para favorecer
la cohesión social y evitar los brotes de populismo xenófobo, se encuentran en
la resolución aprobada por el Comité Ejecutivo de la Confederación Europea deSindicatos en su reunión celebrada los días 25 y 26 de junio, criticando
duramente la decisión del gobierno italiano de no permitir el rescate de los
629 inmigrantes del navío Acuarius, finalmente recalado en el puerto español de
Valencia, que pondría de manifiesto a su parecer la falta de una auténtica
política europea a pesar de todas las medidas y acuerdos adoptados desde el
inicio de la crisis de los refugiados en 2015, y enfatizando el lado humano del
debate al resaltar que “la crisis de los refugiados no se resolverá sellando
las fronteras de la UE, levantando vallas, cerrando puertos, rechazando a una
buena parte de los refugiados o descargando las responsabilidades en otro lugar”.
Desde la perspectiva que
ha guiado desde sus orígenes al movimiento sindical, cuál es la defensa de
todas las personas trabajadoras sin distinción, la CES ponía de manifiesto que “Los
migrantes y los trabajadores nativos se enfrentan entre sí por propaganda
xenófoba y también por intereses corporativos de explotar a los migrantes como
mano de obra barata. La narrativa de la extrema derecha, que transforma a los
migrantes en enemigos de los trabajadores, sólo puede combatirse con una
estrategia global basada en la inversión en el crecimiento sostenible, la
creación de empleo de calidad y la inclusión social. Actuamos por todos los
trabajadores, nativos y migrantes, para que todos puedan disfrutar de un
trabajo de calidad, un salario decente, condiciones de trabajo justas y protección
social universal. Se trata de una política de integración basada en la igualdad
de trato”.
4. No eran halagüeñas las
perspectivas de la reunión del Consejo tras la dureza del gobierno italiano, y
desde luego el contenido de la invitación formulada por el Presidente DonaldTusk a los miembros del Consejo no iba en una línea distinta de aquella de
dureza defendida por varios Estados, ya que se manifestaba en estos términos: “Una
condición previa para una verdadera política de migración de la UE es que los
europeos decidan efectivamente quién entra en territorio europeo. El fracaso en
la consecución de este objetivo sería, de hecho, una manifestación de nuestra
debilidad y, sobre todo, podría crear la impresión de que Europa no tiene una
frontera exterior. Los ciudadanos de Europa esperan de nosotros -y lo han hecho
durante mucho tiempo- que mostremos determinación en nuestras acciones
encaminadas a restaurar su sensación de seguridad. La gente quiere esto no
porque de repente se hayan vuelto xenófobos y quieran levantar muros contra el
resto del mundo, sino porque es tarea de toda autoridad política hacer cumplir
la ley, proteger su territorio y la frontera. Después de todo, ese era el
propósito de crear guardias fronterizos, para proteger las fronteras”.
Y el guion de la sesión
se ha cumplido con creces si leemos con detalle las conclusiones del Consejo,
donde la palabra seguridad es la estrella, y las de solidaridad, integración y
cohesión social parecen casi convidadas de piedra.
Tres páginas y media
(apartados 1 a 12) están dedicadas “migración”, donde probablemente la imagen
más clara de esta política de seguridad se concrete en el apartado 2, donde,
tras haber expuesto en el número 1 que la política de control de fronteras
puesta en marcha ha reducido en un 95 % el cruce ilegales de fronteras con respecto al
número máximo alcanzado en 2015, afirma con contundencia que el Consejo Europeo
“está resuelto a mantener y reforzar esta línea de actuación para evitar que se
reanude la afluencia descontrolada de 2015, y a seguir conteniendo la migración
ilegal en todas las rutas existentes y que puedan abrirse”. “Afluencia
descontrolada”, “Inmigración ilegal”, cierre de todas las rutas, desde luego
parece que se satisfaga los intereses de los gobiernos que han hecho de la retórica
antiinmigración (y más si quienes llegan profesan religiones y creencias distintas
de las son mayoría en un Estado) el eje central de sus políticas (anti)
sociales.
Y todo ello, intensificando,
entre otras medidas, el apoyo a la guardia costera de Libia (¿Pueden garantizar,
que se respetan los derechos humanos?), con una llamada implícita, que no
expresa (pero la redacción desde luego no permite a mi parecer otra interpretación)
a que todos los buques que operan en el Mediterráneo (por consiguiente, todos
los navíos de las ONGs) “deben respetar la legislación aplicable” (supongo que
eso debería incluir toda la normativa de protección de derechos humanos y la Convención
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del mar ¿no les parece?) y “no
obstaculizar las operaciones de la guardia coste de Libia”.
Si dejamos de lado la ruta
del Mediterráneo Central y nos desplazamos a la Oriental, un nuevo mensaje de
seguridad, eso sí combinado ahora con dosis de apoyo económico para países como
España que ha llevado a cabo, y parece que así puede seguir siendo en el futuro,
acciones de carácter humanitario para salvar la vida de muchos migrantes. Una
aplicación estricta del acuerdo UE -Turquía debe llevar a “poner mayor empeño
en garantizar retornos rápidos e impedir que se desarrollen nuevas vías por mar
o por tierra”. Hay que evitar, en suma, la “migración ilegal”, y si para ello es
necesario ayudar, por ejemplo, a España, o a un país como Marruecos, país al
que la UE presta especial atención por ser la puerta de entrada de miles de
africanos a Europa, se encontrarán los recursos necesarios para ello.
5. Quizás lo más
llamativo, más “periodístico” del resultado del Consejo, aunque no sea lo más
importante a mi parecer porque sí lo es el reforzamiento de las políticas de
seguridad, es que pueden crearse, es decir es una decisión voluntaria de cada
Estado, “centros controlados” que acogerían personas rescatadas, como paso
previo a un distinción (cada ve más compleja jurídicamente hablando) entre
migrantes irregulares (por una vez el documento no utiliza el término ilegales),
a los que se devolverá (¿al país de origen? ¿al de tránsito, y si ha habido
varios, a cuál?), y las personas necesitadas de protección internacional, “a
las que se aplicará el principio de solidaridad” (¡eureka!. Aparece un término
cuya concreción práctica debería ser un eje central de las políticas de
inmigración).
Insisto, lo hago yo ahora,
pero no porque tenga mayor interés sino porque lo hacen las conclusiones: la
decisión de creación de centros controlados en territorio de un Estado miembro,
así como las medidas que se adopten de reubicación y reasentamiento respecto a
dicha población, “se aplicarán de manera voluntaria, sin perjuicio de la
reforma de Dublín”.
6. La conveniencia, y necesidad,
de adoptar medidas rápidas de índole económica cuando concurran circunstancias
en el ámbito de las políticas de inmigración que las hagan necesarias, es puesta
de manifiesto en las conclusiones, siempre con el objetivo de combatir la
migración ilegal.
Esos instrumentos
flexibles que permitan desembolsos rápidos son diferentes fondos que tiene
prevista la Comisión que entren en funcionamiento el 1 de enero de 2021 tras su
tramitación parlamentaria.
Entre ellos, se encuentra
uno de especial interés para la temática objeto de mi actual comentario, cual
es la Propuesta de Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración,
hecha publica el 12 de junio, al que se le encomienda, entre sus funciones, “apoyar
la gestión eficiente de los flujos migratorios, entre otras cosas mediante el
fomento de medidas comunes en el ámbito del asilo, incluidos los esfuerzos de
los Estados miembros en la acogida de las personas que necesitan protección internacional
a través del reasentamiento y el traslado de solicitantes o beneficiarios de
protección internacional entre los Estados miembros, el apoyo a estrategias de
integración y una política de migración regular más eficaz, a fin de garantizar
la competitividad de la Unión a largo plazo y el futuro de su modelo social y
reducir los incentivos a la migración irregular con una política sostenible en
materia de retorno y readmisión. El Fondo debe apoyar el refuerzo de la
cooperación con terceros países con el fin de mejorar la gestión de los flujos
de personas que solicitan asilo u otras formas de protección internacional, así
como vías de migración regular, y de luchar contra la inmigración irregular y
garantizar la sostenibilidad del retorno y la readmisión efectiva en terceros
países”.
También es conveniente
referirse a la propuesta de Reglamento por el que se crea el Fondo SocialEuropeo (FSE+), hecha pública el 30 de mayo, que fusionaría los fondos y programas
actualmente existentes (FES y la Iniciativa de Empleo Juvenil, Fondo de ayuda
para las personas más desfavorecidas, programa para el empleo y la innovación
social – EaSI - y el programa de acción de la Unión en el ámbito de la salud),
en cuyo considerando 20 puede leerse que “Ante la necesidad persistente de
intensificar los esfuerzos para abordar la gestión de los flujos migratorios en
la Unión en su conjunto, y con el fin de garantizar un enfoque coherente,
sólido y consistente de apoyo a los esfuerzos de solidaridad y reparto de
responsabilidades, el FSE+ debe prestar apoyo para promover la integración
socioeconómica de los nacionales de terceros países, de manera complementaria a
las acciones financiadas al amparo del Fondo de Asilo y Migración”.
Un mensaje en el que machaconamente
insisten las conclusiones (creo que más para uso político interno que no como
una manifestación consciente de que la realidad vaya a ir por ese camino) es
que necesario aumentar “considerablemente” los retornos efectivos de migrantes
irregulares, que puede pasar por un reforzamiento de la “función de apoyo que
desempeña Frontex” en cooperación con países terceros.
7. Last but not the least,
ultimo, pero no menos importante, quien esperaba algún acuerdo político sobre
la reforma del sistema europeo común de asilo quedará decepcionado, aun cuando
las grandes proclamas de las conclusiones (“se han conseguido grandes progresos”)
parecerían avanzar en un sentido contrario. Como siempre que no hay acuerdo, se
requiere que el asunto sea debatido más adelante, para intentar que en el
próximo Consejo de octubre pudiera disponerse de un “informe de situación” que
contribuyera a desbloquear la situación actualmente existente.
8. Seguridad 1 -Solidaridad,
integración y cohesión social 0, sería el resultado a mi parecer del Consejo,
al menos en su primera parte. Siempre hay segundas partes que son mejores, y la
sociedad europea debe contribuir a que este deseo se convierta en realidad.
Buena lectura.
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