1. El Consejo de
Asuntos Económicos y Financieros (ECOFIN) aprobó en su última reunión,
celebrada el 13 de julio, la Recomendación “relativa al Programa nacional dereformas de 2018 de España y por la que se emite un dictamen del Consejo sobreel programa de estabilidad de 2018 de España”.
En una entradaanterior, publicada el 29 de mayo, abordé el contenido más relevante de lapropuesta de Recomendación. Dado que su contenido es sustancialmente semejante
al texto finalmente aprobado, reproduzco buena parte de su contenido.
“Luces y sombras
en la propuesta para 2018. Según la Comisión, “la tasa de desempleo ha
continuado su rápido descenso, pero sigue siendo muy alta, y el elevado grado
de segmentación del mercado de trabajo obstaculiza un crecimiento más rápido de
la productividad laboral”…, previéndose que el próximo año nuestro país todavía
registre una de las tasas de desempleo más elevadas de la UE, “lo que va a
contener las presiones salariales, especialmente en el sector privado, y a su
vez se espera que la inflación se mantenga muy por debajo del 2 %. Esto apunta
a una persistente atonía del mercado laboral”.
La Comisión sigue
teniendo una visión positiva de las reformas laborales iniciadas en 2012, que
contribuyeron a su parecer, y no le falta razón, a la moderación salarial,
aunque más correcto sería hablar de devaluación salarial interna por los
amplios mecanismos legales permitidos para modificar las condiciones
salariales, por una parte, y el impacto en los salarios del debilitamiento de
la negociación colectiva.
La Comisión sigue
manifestando su preocupación por las elevadas tasas de desempleo y espera,
dirigiéndose en especial a los jóvenes, que las medidas instrumentadas en
desarrollo del sistema de garantía juvenil vayan dado progresivamente sus
frutos, aun cuando son mucho más críticos quienes han estudiado su aplicación
práctica en los últimos dos años (remito al excelente estudio coordinado y
dirigido por las profesoras Agnès Pardell, Mari Àngels Cabassés y el profesor
Carles Feixa, “Trabajo, empleo y futuro. Perspectivas sobre la garantía juvenil
en Europa y España”).
Igualmente, y como
viene insistiendo desde hace ya tiempo, la Comisión subraya la necesidad de una
mejor relación entre los servicios de empleo y los servicios sociales para
prestar apoyo personalizado a los demandantes de empleo teniendo en consideración
las concretas necesidades, capacidades y disponibilidades de cada persona,
reclamando una mayor cooperación con el ámbito empresarial en las políticas de
mercado de trabajo.
Es recurrente la
preocupación en sede comunitaria por la alta temporalidad en el mercado de
trabajo español y sus efectos nocivos tanto por lo que respecta a la
inseguridad y limitación de derechos que provoca entre la población
trabajadora, como por la falta de inversión en políticas de formación y en el
reducido crecimiento de la productividad. Se sigue apostando por incentivar la
contratación indefinida, con un toque indirecto de atención respecto a la
necesidad de acertar en la utilización de los incentivos para facilitarla, lo
que dicho de forma más clara significa que no funcionan en la actualidad y que
deberían concentrarse única y exclusivamente en los colectivos más
desfavorecidos. Se valora la actuación de la ITSS respecto a la conversión de
contratos temporales fraudulentos en indefinidos, pero al mismo tiempo se
afirma que todas esas actuaciones no parecen “disuadir a los empresarios de
seguir recurriendo ampliamente a los contratos temporales”.
En fin, al igual
que en años anteriores, se insiste en una mejor cooperación entre el mundo
educativo y el empresarial, al objeto de facilitar la incorporación de las
personas jóvenes al mundo laboral, “ofreciendo al mismo tiempo a las empresas
las cualificaciones necesarias para aumentar su capacidad de innovación”. La
concreción de estas tesis genéricas se efectúa, aunque, valga la redundancia,
sin excesiva concreción, en la recomendación núm. 2, con la petición de una
mejor articulación entre los servicios sociales y de empleo, el favorecimiento
de la transición hacia contratos indefinidos, la mejora de los sistemas de
rentas mínimas garantizadas y la reducción del abandono escolar prematuro por
el impacto muy negativo que tiene para el posterior desarrollo del joven en el
ámbito laboral”.
2. Por fin, con
respecto a la necesaria mejora de los servicios públicos de empleo, conviene
prestar atención a las recientes propuestas por Comisiones Obreras para lamodernización de los SPE en nuestro país. Partiendo de distintos informes
elaborados en el ámbito internacional y en institutos universitarios, señala
las deficiencias existentes con respecto a la media europea: “… tan sólo el 8,7
de todas las personas PLD inscritas habían suscrito un acuerdo de integración
laboral en 2016, frente a una media del 56,2% en la UE, que el tiempo medio de
espera de una persona en desempleo desde que se inscribe cómo demandante hasta
que recibe una primera entrevista personalizada, asesoramiento en búsqueda de
empleo o una oferta de formación, sea cerca de 10 meses, o que el 91% de las
personas en desempleo no reciba ningún servicio de los SPE”, así como también
que la proporción de personas demandantes de empleo por cada empleado del SPE
era de 211 mientras que la media era de 105. Sus propuestas se sintetizan en cinco
puntos que son más o menos según cada uno de ellos, desarrollados en el
documento: “a) Dotar a las oficinas de empleo de los recursos humanos y
materiales necesarios. b. Dotar al personal de las oficinas de las herramientas
necesarias para la óptima realización de su trabajo. c. Mejorar la coordinación
de los SPE con las entidades colaboradoras. d. Realizar el seguimiento,
control, y evaluación de los distintos servicios y actores que participan en la
prestación de los servicios de empleo. e. Mejorar la coordinación de los SPE
autonómicos y el SEPE”.
La tesis central
del documento, así me lo parece, es que “Se trataría de avanzar en la idea de
servicio, que se materializa en las distintas políticas activas que se ofertan
e imparten en función de las necesidades específicas de cada demandante y los
requerimientos del sistema productivo”. También me parece significativa la
propuesta de dotar al observatorio de las ocupaciones del SPE “para poder
generar una herramienta (programa/aplicación informática/plataforma) que
facilite el uso de la información elaborada al conjunto del personal
especializado y SPE independientemente del territorio en el que se encuentren.
Herramienta que sea capaz de relacionar el perfil de la persona desempleada con
las ocupaciones que presentan mejores perspectivas y con los requerimientos
formativos necesarios”.
3. Adjunto el
texto comparado de las Recomendaciones del Consejo de los últimos cuatro años.
Buena lectura.
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Recomendaciones 2015
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Recomendaciones 2016.
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Recomendaciones 2017.
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Propuesta de
Recomendaciones 2018
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RECOMIENDA
que España tome medidas en 2015 y 2016 con el fin de:
1.
Garantizar una corrección duradera del déficit excesivo en 2016 a más tardar,
tomando las medidas estructurales necesarias en 2015 y 2016 y aprovechando
los resultados positivos imprevistos para acelerar la reducción del déficit y
de la deuda. Reforzar la transparencia y la obligación de rendir cuentas de
las haciendas públicas de las Comunidades Autónomas. Mejorar la relación
coste-eficacia del sector sanitario y racionalizar los gastos farmacéuticos
de los hospitales.
2.Completar
la reforma del sector de las cajas de ahorros, particularmente con medidas
legislativas, y la reestructuración y privatización de las cajas de ahorros
de propiedad estatal.
3. Promover,
en consulta con los interlocutores sociales y de acuerdo con las prácticas
nacionales, la adecuación de los salarios a la productividad teniendo en
cuenta las diferencias en las cualificaciones y las condiciones de los
mercados laborales locales, así como las divergencias en los resultados
económicos entre regiones, sectores y empresas. Tomar medidas para aumentar
la calidad y eficacia de la ayuda y del asesoramiento para la búsqueda de
empleo, especialmente como parte de la lucha contra el desempleo juvenil.
Racionalizar los regímenes de renta mínima y de ayuda familiar y fomentar la
movilidad regional.
4.
Suprimir los obstáculos al crecimiento de las empresas, tales como las
disposiciones que dependen del tamaño de las empresas, adoptar la reforma
planeada de los servicios profesionales, acelerar la aplicación de la Ley de
Garantía de la Unidad de Mercado.
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RECOMIENDA
a España que tome medidas en 2016 y 2017 con el fin de:
1. Garantizar una corrección duradera del
déficit excesivo, de conformidad con las decisiones y recomendaciones
pertinentes en el marco del procedimiento de déficit excesivo, tomando las
medidas estructurales necesarias y aprovechando todos los beneficios
imprevistos para reducir el déficit y la deuda. Aplicar en todos los niveles
de la Administración los instrumentos contemplados en la Ley Marco
Presupuestaria. Mejorar los mecanismos de control de la contratación pública
y la coordinación de las políticas de contratación en todos los niveles de la
Administración.
2. Adoptar medidas adicionales que
mejoren la integración en el mercado laboral centrándose en el apoyo
individualizado y aumentando la eficacia de las medidas de formación. Mejorar
la capacidad de los servicios autonómicos de empleo y reforzar su
coordinación con los servicios sociales. Corregir las deficiencias y las
disparidades de los regímenes de renta mínima y mejorar los sistemas de apoyo
a las familias, incluido el acceso a guarderías y cuidados de larga duración
de calidad.
3. Adoptar medidas adicionales que
mejoren la pertinencia de la enseñanza superior para el mercado laboral,
entre otras cosas, estimulando la cooperación entre las universidades, las
empresas y el sector de la investigación. Aumentar la financiación por
resultados de los organismos públicos de investigación y las universidades y
adoptar medidas para estimular la investigación y la innovación por el sector
privado.
4. Acelerar la aplicación a nivel
autonómico de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Garantizar la
aplicación por las comunidades autónomas de las medidas de reforma adoptadas
para el sector minorista. Adoptar la reforma prevista de los colegios y
servicios profesionales
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RECOMIENDA
a España que tome medidas en 2017 y 2018 con el fin de:
1.Velar
por el cumplimiento de la Decisión del Consejo de 8 de agosto de 2016,
incluidas también las medidas destinadas a reforzar los marcos presupuestario
y de contratación pública. Llevar a cabo una revisión global de los gastos a
fin de detectar ámbitos en los que sea posible aumentar la eficiencia del
gasto.
2.
Reforzar la coordinación entre los servicios autonómicos de empleo, los
servicios sociales y las empresas, a fin de responder mejor a las necesidades
de los solicitantes de empleo y los empresarios. Adoptar medidas destinadas a
promover la contratación por tiempo indefinido. Hacer frente a las
disparidades autonómicas y la fragmentación en los sistemas de renta mínima
garantizada y mejorar el apoyo a las familias, incluido el acceso a
guarderías de calidad. Incrementar la pertinencia de la enseñanza superior
para el mercado laboral. Corregir las disparidades autonómicas en los
resultados educativos, en particular mediante el refuerzo de la formación de
los profesores y el apoyo individual a los estudiantes.
3.
Garantizar un nivel adecuado y sostenido de inversiones en investigación e
innovación, y reforzar su gobernanza en todos los niveles de la
Administración. Velar por la plena y oportuna puesta en práctica de la Ley de
garantía de la unidad de mercado en relación con la legislación vigente y
futura.
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RECOMIENDA
a España que tome medidas en 2018 y 2019 con el fin de:
1.
Garantizar el cumplimiento de la Decisión (UE) 2017/984 del Consejo, por la
que se formula una advertencia en el marco del procedimiento de déficit
excesivo, en particular mediante medidas destinadas a ejecutar los marcos
presupuestario y de contratación pública en todos los niveles de gobierno. A
continuación, garantizar que la tasa máxima de crecimiento del gasto público
primario neto no exceda del 0,6 % en 2019, lo que corresponde a un ajuste
estructural anual del 0,65 % del PIB. Utilizar los beneficios excepcionales
para acelerar la reducción de la ratio de deuda pública.
2.
Garantizar que los servicios sociales y de empleo tengan capacidad para
apoyar eficazmente a los demandantes de empleo, en particular a través de una
mejor cooperación con los empresarios. Favorecer la transición hacia
contratos indefinidos. Mejorar el apoyo a las familias e intensificar la
eficacia de los sistemas de renta mínima garantizada, abordando las lagunas
en la cobertura, simplificando la multiplicidad de sistemas nacionales y
reduciendo las disparidades en las condiciones de acceso a los sistemas autonómicos.
Reducir el abandono escolar prematuro y las disparidades autonómicas en los
resultados educativos, en particular mediante un mejor apoyo a los
estudiantes y profesores.
3.
Aumentar la inversión pública en investigación e innovación y evaluar sistemáticamente
las políticas de apoyo en este ámbito a fin de garantizar su eficacia.
Aumentar la cooperación entre el ámbito académico y la empresa, con vistas a
mitigar la actual inadecuación de las cualificaciones. Avanzar en la
aplicación de la Ley de garantía de la unidad de mercado, velando por que, a
todos los niveles de gobierno, las normas que regulan el acceso y el
ejercicio de las actividades económicas, en particular en el caso de los
servicios, estén en consonancia con los principios de esta Ley, y mejorando
la cooperación entre las administraciones.
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