1. El Ministerio
de Empleo y Seguridad Social ha publicado hoy martes, 2 de agosto, los datos
del mes de julio correspondientes a la afiliación a la Seguridad Social, contratos formalizados y desempleo registrado,así como también los relativos a la protección económica ante la situación deparo del mes de junio. Son datos que vengo analizando desde hace muchos años en
relación con la problemática de la población inmigrante y a cuya lectura remito
en este concreto aspecto a las personas interesadas.
Los datos
publicados hoy nos dan cuenta de la reducción mensual del desempleo en 26.887
personas, una cifra bastante inferior a la del mes de julio de 2016, cuando la
reducción fue de 83.993 personas. Además, según el propio documento oficial, “en
términos desestacionalizados, el paro registrado sube en 11.771 personas”. En
cuanto al número de contratos registrados, un dato que demuestra la elevada
flexibilidad de nuestro mercado laboral, durante el mes de julio han sido 1.928.639,
y si sumamos los siete primeros meses de este año la cifra se eleva a
12.469.097, un incremento del 6,19 % y 10,25 %, respectivamente, sobre igual
período del año anterior. El optimismo sobre la contratación queda bastante
diluido cuando se comprueba que sólo el 7,88 % son de carácter indefinido, y
que el resto son temporales, con un dato que debe hacer reflexionar seriamente:
los contratos temporales con jornada a tiempo parcial suponen el 34,14% (sobre 1.928.398 contratos de duración
determinada y formativos).
Si nos fijamos
brevemente en los datos sobre protección por desempleo, comprobamos que esta
alcanza a 1.764.983 personas, con una tasa de cobertura bruta del 55,6 % ( es
decir el total de beneficiarios por prestaciones dividido por el paro
registrado SISPE con experiencia laboral más los beneficiarios del subsidio
agrario), con una leve mejora del 0,9 % sobre el mismo período del año
anterior. Sin embargo, el dato al que debemos prestar más atención es a la
calidad de la protección, es decir cuándo se percibe prestación contributiva y
cuando asistencial, y si ciertamente se ha producido una mejora sobre el año
anterior, los datos siguen siendo preocupantes, ya que del total de personas
desempleadas protegidas sólo el 40,67 % se encuadran en el primer grupo, mientras
que el 59,33 % lo está en el segundo. La cuantía media bruta de la prestación del
primero se sitúa en 786,9 euros.
2. Por su parte,
los datos de Seguridad Social manifiestan una variación tanto mensual como
interanual sin duda relevante, ya que se trata de un incremento de 56.222 y
644.337 afiliados respectivamente. Si el segundo dato se valora más al ponerlo
en relación con el aumento interanual de 529.804 en el mismo período de 2016, debe
moderarse mucho más el entusiasmo de los dirigentes políticos al explicar estos
datos, ya que está bastante por debajo del incremento mensual de 84.721 afiliados
en julio de 2016. Ciertamente, la cifra de población asalariada afiliada
(15.245.198) es superior a la existente, en promedio, en 2009 (14.821.779),
mientras que la de trabajadores autónomos (3.244.131) es prácticamente
equivalente a la del promedio del año 2.010 (3.245.752), pero ello no nos debe
hacer olvidar ni mucho menos que lo realmente importante es tanto la modalidad
contractual como muy especialmente el salario percibido por el trabajador y
sobre el que se cotiza.
Respecto a este último
punto, moderemos también el optimismo y con los datos de la encuesta anual dela estructura salarial de 2015, muy recientemente publicada por el Instituto
Nacional de Estadística, se comprenderé la razón del mínimo incremento de las
cantidades abonadas en concepto de cuotas empresarial y obrera a la Seguridad
Social, ya que la ganancia media anual por trabajador fue de 23.106,30 euros en
2015, que el salario mediano (“el que divide al número de trabajadores en dos
partes iguales, los que tienen un salario superior y los que tienen un salario
inferior”, fue de 19.466,49 euros, y que el sueldo más frecuente se situó en
torno a 16.500 euros.
Bajos salarios y
contratos de muy corta duración, así como las irregularidades producidas en
materia salarial respecto al abono y cotización de algunas cantidades (horas
trabajadas y no declaradas, por citas un
ejemplo bien conocido), no contribuyen precisamente a la mejora de los ingresos
de la Seguridad Social aun cuando sea importante el incremento del número de
afiliados. En esos bajos salarios y en la existencia de irregularidades influye
sin duda la estructura del tejido empresarial español, preferentemente de
pequeña y micro empresa, en donde la presencia de representantes de los
trabajadores es prácticamente inexistente. Los datos publicados el 31 de julio
por el Directorio Central de Empresas sobre dicha estructura empresarial lo
ponen claramente de manifiesto: “A 1 de enero de 2017 más de 1,82 millones de
empresas no emplearon a ningún asalariado. Esta cifra supuso el 55,5% del
total. Además, otras 894.179 (el 27,2% del total) tenían uno o dos empleados. Si
se suman estos dos grupos, resulta que el 82,8% tenían dos o menos asalariados.
Considerando sólo a las empresas con asalariados, las que tenían 20 o más
trabajadores representaron el 4,6% del total”.
Si nos fijamos,
por otra parte, en la encuesta anual de coste laboral correspondiente al año2016, publicada el 28 de julio por el INE, observaremos las importantes
diferencias salariales entre sectores y por territorios autonómicos: “Las
actividades económicas con mayor coste laboral bruto anual fueron Suministro de
energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado (76.777,09 euros),
Actividades financieras y de seguros (59.582,50) e Información y comunicaciones
(50.014,01). Por el contrario, Hostelería (18.640,82 euros), Otros servicios
(20.734,21) y Actividades administrativas y servicios auxiliares (21.201,88)
tuvieron los costes más bajos. Por comunidades, los costes laborales netos más
elevados se dieron en Comunidad de Madrid (35.940,59 euros), País Vasco
(35.264,74) y Cataluña (32.139,31). Extremadura (24.907,08), Canarias (25.774,36)
y Galicia (26.718,40) tuvieron los más bajos”.
3. En fin, en
este breve apunte de datos sobre el mercado de trabajo en España no conviene
olvidar los datos, también muy recientemente publicados de la Encuesta dePoblación Activa correspondiente al segundo trimestre de 2017, del que destaco dos
importantes: “El total de asalariados sube este trimestre en 349.500. Los que
tienen contrato indefinido aumentan en 93.600 y los que tienen contrato
temporal en 255.900. En variación anual, el número de asalariados crece en 502.500
(el empleo indefinido se ha incrementado en 202.800 personas y el temporal en
299.700). El número de trabajadores por cuenta propia sube en 23.800 este trimestre,
mientras que en los 12 últimos meses ha crecido en 9.200.
La ocupación
aumenta este trimestre en los Servicios (272.400 más), en la Industria (65.700)
y en la Construcción (52.100) y desciende en la Agricultura (15.200 menos). En
el último año el empleo ha subido en todos los sectores: en los Servicios hay 244.100
ocupados más, en la Industria 139.500, en la Agricultura 72.400 y en la Construcción
56.300”.
Sin embargo,
tampoco debemos olvidar la importancia de un dato que tiene especial interés
para nuestro mercado de trabajo y que guarda relación tanto con el progresivo
envejecimiento de la población trabajadora como con el desánimo de personas
desempleadas de larga duración que abandonan involuntariamente la búsqueda de
empleo: “En términos anuales, la población activa ha disminuido en 148.000
personas y la población en edad de trabajar (16-64 años) ha bajado en 32.100.
La tasa de variación anual de los activos es del –0,65%, nueve centésimas menos
que en el trimestre anterior”.
4. Pero..., se trabajan menos horas
que en 2011, es decir a la finalización del mandato del gobierno socialista y
del acceso al poder del Partido Popular. A la espera de un análisis detallado
de los datos de la EPA del segundo trimestre, quedémonos con el análisisefectuado por Enrique Negueruela sobre las cifras de la EPA del primertrimestre: “Los asalariados han perdido 14 millones de horas, el equivalente a
370 mil empleos. Si observamos cómo se distribuye la variación de horas
trabajadas por los asalariados según sean fijos o precarios o sus empleos
equivalentes, veremos que hay 15,5 millones de horas trabajadas menos por los
fijos, 413 mil empleos. Al mismo tiempo, hay 1,6 millones de horas más
trabajadas por los precarios, unos 43 mil empleos.
Con la reforma laboral, cada hora de aumento del trabajo precario, ha costado
la pérdida de diez horas de trabajo estable.
El segundo aspecto que siguen afirmando los datos, un trimestre más, es la
diferente afectación según la edad. Los menores de 45 años pierden el
equivalente a 1,6 millones de empleos y los mayores de esa edad ganan 900
mil. Si se continúa desagregando, se observa que los menores de 45 años pierden
1,1 millones de empleos fijos, el 16,1% y 172 mil precarios, el 6,1%. Por su
parte, los mayores de 45 años aumentan un 16% sus empleos estables, 717 mil, y
un 34% los precarios, 215 mil. Con todos estos movimientos, los menores de 45
años pasan de suponer el 61% de los asalariados fijos a solamente el 53%,
cuatro puntos por debajo del peso de ese grupo de edad. Se pierde empleo de las personas menores de 45
años, fundamentalmente empleo fijo (el 16,1%) y se gana empleo precario de los
de más edad (34%)”.
Convendría, pues, “no repetir
errores: acabar con la precariedad del empleo”, tal como sostiene algunos economistas
y juristas integrados en el colectivo “Economistas frente a la crisis”. Muy
recomendable es la lectura del documento de trabajo que lleva justamente eltítulo entrecomillado, redactado por los economistas Antonio González y Alberto
del Pozo, y por los laboralistas Silvia Parra y Borja Suarez, en el que
constatan algo que ha sido repetidamente destacado en los estudios sobre la
contratación de duración determinada en España, esto es que “a pesar de la
clara definición legal, es un hecho notorio que una parte muy importante de la
contratación temporal no se atiene a la misma”, y que por ello la excesiva tasa
de temporalidad española responde “... como explicación fundamental, a un uso
fraudulento generalizado de los contratos temporales”, planteando diversas
medidas para corregir la situación, también señaladas por la doctrina
laboralista con anterioridad y que no han sido acogidas hasta ahora en sede
política de propuesta de modificaciones legislativas, como son (resumo su
contenido y remito a la lectura íntegra del documento): “Clarificar aún más las
causas y situaciones legales para las que se pueden utilizar los contratos
temporales. ... ; Realizar las modificaciones legales para evitar la
justificación de contratos temporales asociados, no a la temporalidad de la
actividad, sino a la falta de claridad en la norma, al vacío legal o a una
interpretación laxa de los tribunales...; suprimir los actuales ‘incentivos’
económicos de las empresas al fraude, invirtiéndolos y convirtiéndolos en
desincentivos económicos”.
Aunque no es del mismo parecer
el FMI que, machaconamente y año tras año en sus notas sobre España, insiste en
una mayor flexibilidad en el mercado laboral para acabar con la “dualidad”.
El último documento (y seguro
que en 2018 se repetirá el argumento), es la “Declaración final de la Misión dela Consulta del artículo IV de 2017), publicado en 18 de julio, que dedica un
apartado concreto al mercado de trabajo, que debería tender a “una mejor
empleabilidad y una menor dualidad”, siendo estas sus (archiconocidas) recetas:
“Fomentar un mercado de trabajo dinámico y saneado que ofrezca oportunidades de
empleo a todos los segmentos de la sociedad requiere un planteamiento integral.
A tal fin, convendrá mantener la competitividad de la economía, lo que requiere
a su vez que las condiciones de trabajo se establezcan de manera flexible con
arreglo a las características específicas de las distintas empresas y sectores,
y afrontar el persistente problema de la dualidad del mercado de trabajo. Por
otra parte, las políticas activas de empleo bien diseñadas y dirigidas pueden
desempeñar un papel mayor a la hora de ayudar a la reinserción laboral de los
jóvenes escasamente cualificados y de los desempleados de larga duración. Para
maximizar su efectividad, las políticas activas de empleo deberían complementar
los esfuerzos destinados a mejorar la calidad de la educación y la formación.
Con ello se contribuiría a abordar la falta de adecuación de algunas
cualificaciones y a aumentar la productividad”.
5. La lectura de los datos
estadísticos no puede ni debe hacerse, pues, sobre el mero crecimiento o
disminución cuantitativa de la población ocupada, sino también sobre la calidad
del empleo creado, tanto en términos de estabilidad como de condiciones de prestación de la actividad
(nivel de formación, cualificación, salario, condiciones de trabajo).
En este punto es de interés
acudir a la lectura de la Memoria anual (2016) del Consejo Económico y Socialde España sobre la situación socioeconómica y laboral, que subraya un dato del
alcance internacional y que por supuesto afecta e interesa a España, cual es que
los informes de situación y perspectiva de organismos económicos
internacionales, en la nueva fase de ciclo económico abierto a partir de la
salida gradual y paulatina (para una parte de la población, desde luego no para
otra mucho más cuantitativamente importante, añado yo ahora) de la crisis
iniciada en 2007 en Estados Unidos y “trasladada” después a todas las economías
desarrolladas, ponen el acento (y deberían ponerlo mucho más a mi parecer) “en
garantizar que la senda de crecimiento sea sostenida, capaz de aumentar la
productividad y crear empleo de calidad para todos los colectivos, prestando
especial atención a los más afectados
por la crisis”, señalando en todos ellos que en los debates sobre el empleo, su
creación o disminución, y su calidad, hay que prestar cada vez más atención a
dos factores como son “la creciente digitalización de la economía y el uso de
las nuevas tecnologías”, siendo prudentes sobre su afectación al número, y
calidad, de puestos de trabajo creados o destruidos, ya que las consecuencias
de la digitalización “...dependerán no solo del curso de las transformaciones
del propio proceso de digitalización, sino también de factores institucionales
(como las características de los mercados de trabajo, de las relaciones
laborales o de los sistemas de protección social de cada país), así como de las
políticas que se emprendan en cada uno de ellos, no pudiéndose establecer
conclusiones deterministas al respecto”.
6. La preocupación por el futuro
del trabajo y del empleo, y de las consecuencias de los cambios tecnológicos,
ha estado también presente en las reuniones del G20 celebradas este año,
primero la de Ministros de Trabajo y Empleo, celebrada los días 18 y 19 de mayo,
y después la de los Jefes de Estado y de Gobierno, que tuvo lugar los días 7 y
8 de julio en Hamburgo, con la aportación por parte sindical internacional de
sus propuestas a dichas reuniones, valorando especialmente que en la reunión de
julio “por primera vez los líderes del G20 se comprometieron ... a alentar a su
propias compañías multinacionales a concluir acuerdos marco internacionales,
negociados con las Federaciones Sindicales Internacionales”.
En el documento de los Jefes de Estadoy de Gobierno se puede leer que “Reconociendo la creciente diversidad del
empleo, evaluaremos su impacto en la protección social y las condiciones de
trabajo y seguiremos vigilando las tendencias mundiales, incluyendo el impacto
de las nuevas tecnologías, la transición demográfica, la globalización y las
relaciones de trabajo cambiantes en los mercados laborales. Promoveremos
oportunidades de trabajo decente durante la transición del mercado de trabajo.
Esperamos un intercambio continuo de experiencias y prácticas nacionales”.
Por parte sindical, de forma
mucho más clara y contundente, en su declaración ante dicha cumbre, hecha
pública el 4 de julio, se pidió garantizar una distribución justa de los
beneficios derivados del cambio tecnológico, con una seria de propuestas de
indudable interés para el próximo futuro, tanto
a efectos de las relaciones de trabajo como de los marcos normativos que
deben regularlas: “Acordar normas y políticas coordinadas en relación con la
próxima revolución de la producción y la economía digital, incluyendo marcos
reguladores que garanticen los derechos fundamentales y el trabajo decente.
Buenas condiciones de trabajo, empleos seguros y acceso a la protección social
son esenciales para asegurar que la globalización y la digitalización redunden
en interés de las personas. Esto implica marcos tripartitos, convenios
colectivos y consultas en el lugar de trabajo respecto al diseño, desarrollo e
introducción de nuevas tecnologías, incluyendo normas éticas; Aprobar las Prioridades
del G20 sobre el Futuro del Trabajo, específicamente en relación con una
cobertura adecuada de la protección social para todos los trabajadores y el
respeto de los principios y derechos fundamentales en el trabajo, como base
para el diálogo social y la negociación colectiva; Adoptar el marco de una
transición justa para la digitalización, incluida la garantía del aprendizaje
permanente y la formación, asegurando empleos de calidad en todos los sectores,
con salarios decentes, tal como se solicitase en la Declaración L20-B20 a la
Reunión de Ministros de Trabajo y Empleo del G20 y garantizando un acceso
asequible a conexiones Internet en todo el mundo; Abordar los desafíos
regulatorios derivados de modelos empresariales en la economía digital incluyendo
cuestiones de competición, gobernanza corporativa y fiscalidad, y asegurar
relaciones de empleo formales y derechos y protecciones a los trabajadores/as
en la economía de plataformas digitales”.
En este punto, me parece de
especial interés mencionar la consulta pública abierta por el Ministerio de
Energía, Turismo y Agenda Digital, hasta el 30 de septiembre, sobre “Laestrategia digital para una España inteligente”, que incluye un apartado
específico dedicado a “ciudadanía y empleo digital”, en el que pone de
manifiesto los que considera son los dos retos más importantes ante los que se
enfrenta la política a llevar a cabo en este ámbito y para los que se pide la
opinión de aquellos que deseen participar en la consulta: “la mejora de las
habilidades y competencias digitales y formaciones CTIM (Ciencias, tecnología,
ingeniería y matemáticas) de la ciudadanía, de la fuerza laboral y la cantidad
y las competencias de los especialistas digitales, así como impulsar el papel
del sistema educativo en la promoción de estas competencias. ... La garantía de
los derechos de privacidad, seguridad, participación, igualdad o protección de
los menores en el entorno digital”.
La apertura de esta consulta ha
sido valorada positivamente por parte sindical, y coincido con este
planteamiento, afirmándose por parte de la UGT que tiene especial relevancia
para el futuro del empleo de calidad en España y formulando estas reflexiones
de índole más general en una nota de prensa publicada el 1 de agosto: “El
proceso de transformación digital que estamos viviendo presenta luces y sombras
dentro de un entorno voluble e impredecible. Parece indudable que la
introducción de las nuevas tecnologías como la robótica o la inteligencia
artificial en todo el tejido productivo reportará beneficios tangibles e
intangibles, como el aumento de la productividad o de la innovación. Así mismo,
existen otras eventualidades y riesgos, que organismos de toda índole
ideológica han puesto sobre la mesa, y que podrían afectar negativamente al
volumen del empleo neto e incrementar la desigualdad salarial entre aquellos
que desarrollen suficientes competencias digitales y los que no.
Muchas de estas problemáticas ya son
parte del presente: conflictos entre trabajadores y plataformas digitales – que
se presentan con el título de economía colaborativa cuando su estilo es más
atribuible a la extractiva o explotadora-, la necesaria regularización laboral
del derecho a la desconexión y aspectos sobre la privacidad o la seguridad física
de aquellos empleados que trabajan con dispositivos inteligentes o con robots
de nueva generación. Pero solo estamos ante la punta del iceberg de un futuro
inminente donde la sustitución de personas por software podría generar grandes
masas de desempleo o donde las exigencias sobre competencias y habilidades
digitales podrían aumentar la desigualdad laboral hasta hacerse insoportable”.
7. La realidad más reciente del empleo
y la política social en Europa ha sido analizada en el informe anual (2017)sobre el empleo y el desarrollo social, publicado recientemente por la Comisión
Europea, en el que se pone de manifiesto que la mejora cuantitativa del empleo
y la reducción del desempleo son factores positivos a destacar, si bien
matizados por una parte porque ese crecimiento del empleo se acompaña de un menor
crecimiento del número de horas trabajadas por persona empleada, y que la
estructura del empleo está cambiando, con la consiguiente necesidad de examinar
la protección que el marco jurídico ofrece en términos tanto de condiciones de
trabajo como de protección social, ya que se ha incrementado mucho el empleo en
el sector servicios (consecuencia de procesos de digitalización de la economía)
y también el número de personas que trabajan involuntariamente a tiempo parcial,
así como la proliferación del trabajo autónomo (voluntario o no, ya es otra
cuestión), con especial afectación a los jóvenes.
En la nota de prensa, de síntesis del documento,
publicada el 17 de julio, con el título “Evolución social y del empleo en
Europa: el estudio de 2017 muestra tendencias positivas, pero poner de relieve
la elevada carga que recae sobre los jóvenes”, se expone que “más allá del
progreso social y económico general, los datos revelan que las generaciones más
jóvenes soportan una carga particularmente elevada: suelen tener más
dificultades para encontrar trabajo, están más expuestos a formas de empleo
atípicas y precaria, incluidos los contratos temporales, lo que puede dar lugar
a una menor cobertura de protección social. También es probable que reciban
pensiones más bajas, respecto a los salarios. Por eso el estudio ESDE de 2017
se centra en la equidad intergeneracional: tenemos que asegurarnos de que todas
las generaciones puedan beneficiarse de la actual evolución económica favorable”.
El informe destaca la problemática, no sólo de índole laboral sino también de
carácter mucho más general, en la que se encuentran los jóvenes, ya que pesar de una mejora constante del nivel de
vida en la UE, “los jóvenes no se benefician de esta evolución positiva tanto
como las generaciones de más edad. Además, a lo largo del tiempo la
participación de los grupos de edad más jóvenes en la renta del trabajo ha
disminuido. Estos retos afectan a las decisiones de las parejas jóvenes,
incluso en lo que respecta al hecho de tener hijos y de comprar una casa. A su
vez, esto puede tener consecuencias negativas sobre las tasas de fertilidad y,
en consecuencia, sobre la sostenibilidad de los sistemas de pensiones y el
crecimiento”.
8. Y desde luego, la creación de
empleo (y añado, la protección social) es un elemento esencial para el
fortalecimiento de la democracia, ya que el deterioro de la situación económica
y sus secuelas en el mundo del trabajo es el caldo de cultivo para la aparición
y el auge de fórmulas políticas “milagrosas”
que anuncian, habitualmente con retórica proteccionista y en más de una ocasión
xenófoba, la solución a todos los problemas.
En uno de los últimos libros de Zigmunt
Bauman (“Babel”, conversaciones con EzioMauro, Ed. Trotta, 2017), éste se manifestaba con una claridad al respecto que
no merece síntesis por mi parte sino sólo reproducción de su parecer: “Quién ha
perdido su trabajo por culpa de la crisis y ya no encuentra otra cosa a los
cincuenta años podría decir algo terriblemente semejante sobre la democracia:
no me ayudas, tus reglas áureas valen sólo en tiempos de bienestar, o bien
valen sólo para los que tienen un seguro; nosotros, los excluidos, estamos
fuera de todo, del procedimiento democrático concreto, y también de los
derechos, porque sin libertad material no hay libertad política” (pág. 24). Con
una lucidez que ojala tuvieran muchas personas mucho más jóvenes, Bauman ponía,
en la última fase de su vida, el dedo en la llaga, al afirmar con meridiana
claridad, que si la crisis “... ha llegado a donde nunca pudimos imaginar. Ha puesto en tela de juicio algunos
de los derechos nacidos en el trabajo simplemente porque cuestan, como todos los derechos sociales, y por eso,
en una fase de dificultades económicas y financieras, se convierten de
improviso en variables dependientes y
prescindibles. Para otros derechos eso no sería aceptable, pero para los del
trabajo sí, como si estos fueran derechos pequeños,
de segunda categoría, como si fueran sólo el fruto de una negociación o de
una lucha, estos es, sensibles a la compatibilidad económica y sólo a ella,
como una variable de la economía. Derechos ligados a una fase”.
¿Qué les parece si ponemos en relación
estas reflexiones con algunas (¿muchas) resoluciones judiciales dictadas, no
sólo en España, durante la última crisis? A buen seguro que la reflexión
adquiere aún mayor significado.
9. Voy concluyendo estas notas,
redactadas teniendo como punto de referencias los datos mensuales de
afiliación, empleo y desempleo, en las que he tratado de poner el acento en la importancia
del aspecto cualitativo del trabajo y no sólo de las cifras. Sirva para
concluir la referencia a un artículo publicado ayer en La Vanguardia por su redactora
Raquel Quelart, cuyo título es el de una frase de una trabajadora de Contact
Center, sector al que se dedica dicho artículo y las condiciones de trabajo de
quienes prestan sus servicios en el mismo: “Eres un número, una silla, unapersona, sólo coge llamadas”. ¿Es este el modelo de trabajo digno y decente del
siglo XXI, el que propugna la OIT, o está más cerca del método taylorista de
principios del siglo XX?
Buena lectura.
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