1. Con carácter
introductorio, y refiriéndonos al concepto de salario, mi atención debe
centrarse en primer lugar en el Convenio nº 95 de la OIT, de 1949, sobre
protección del salario, que lo define como “La remuneración o ganancia, sea
cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en
efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador
a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el
trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya
prestado o deba prestar”.
2. El estudio de
la normativa internacional se realiza tomando en consideración toda la recogida
en el informe de la OIT “Sistemas de salarios mínimos”, presentado en la 103ª
reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (en adelante CIT), celebrada
en junio de 2014, tratándose del tercer punto del orden del día y siendo un
estudio general de las memorias presentadas por los Estados miembros relativas
al Convenio núm. 131 y a la Recomendación núm. 135 sobre la fijación de
salarios mínimos, textos aprobados en la CIT de 1970. Destaco ahora aquellas
conclusiones que tienen a mi parecer mayor interés.
“…. Como se
subraya en el preámbulo del Convenio núm. 131, la fijación de salarios mínimos
tiene por objeto asegurar protección a los trabajadores contra remuneraciones
indebidamente bajas, y responde al principio, consagrado por la Declaración de
Filadelfia de 1944, de que «el trabajo no es una mercancía». El Convenio núm.
131 también prevé que el precio de este trabajo no se puede determinar
aplicando pura y simplemente la ley de la oferta y la demanda y que se debe
proporcionar un salario mínimo a todos los empleados que necesiten de tal
protección.
… La fijación de salarios
mínimos también permite establecer reglas de juego iguales para todos los
empleadores. La Comisión recuerda además que, si son apropiados, los sistemas
de salarios mínimos completan y refuerzan las políticas sociales y de empleo.
Se pueden emplear diversas medidas para hacer frente a las desigualdades en los
ingresos y en el mercado de trabajo, por ejemplo políticas para generar trabajo
decente y reducir el empleo informal, además de otras iniciativas como las
políticas salariales, incluidos sistemas de salarios mínimos bien diseñados que
protejan a los asalariados de una remuneración excesivamente baja. La Comisión
subraya además que la protección de los trabajadores por medio de salarios
mínimos exige ante todo que dispongan de un empleo, que son necesarias
políticas sociales y económicas en favor del empleo, incluidas inversiones
públicas y privadas, y que a tal efecto es esencial el fomento de empresas
sostenibles.
… El Convenio núm.
131 y la Recomendación núm. 135 establecen algunos principios esenciales al
tiempo que ofrecen a los Estados Miembros flexibilidad para su aplicación.
…. En cuarto
lugar, el Convenio núm. 131 dispone que entre los elementos que deben tenerse
en cuenta en la fijación y el ajuste periódico de los niveles de salarios
mínimos deben incluirse, por una parte, las necesidades de los trabajadores y
de sus familias y, por otra, los factores económicos. Mantener el debido
equilibrio entre estos dos conjuntos de consideraciones es crucial para
asegurar el funcionamiento de un sistema de salarios mínimos adaptado al
contexto nacional que asegure tanto la protección eficaz de los trabajadores
como el desarrollo de empresas sostenibles, así como su debida aplicación en la
práctica. Los criterios precisos mencionados en el Convenio, como el coste de
la vida o la productividad, son de gran importancia a este respecto, pero no
son exhaustivos.
… El Estudio
General ha mostrado que los actuales sistemas de salarios mínimos en los
Estados Miembros de la OIT son diversos y que son posibles muchos enfoques. A
fin de establecer sistemas de salarios mínimos que funcionen y estén adaptados
a las circunstancias nacionales específicas, es necesario que tanto los
gobiernos como las organizaciones de empleadores y de trabajadores conozcan a fondo
los diferentes aspectos de estos sistemas. Ello comprende los mecanismos
institucionales de fijación de salarios mínimos, las posibles variaciones entre
un sistema basado en un salario mínimo nacional y los salarios mínimos
diferenciados por región, sector de actividad o categoría profesional, los
tipos de factores que hay que tener en cuenta para la fijación de las tasas de
salarios mínimos y su ponderación, los procedimientos de ajuste de los salarios
mínimos así como las medidas más apropiadas para asegurar la aplicación eficaz
de las disposiciones pertinentes. En el Estudio General y en los trabajos de la
Comisión también se ha puesto en evidencia que hace falta seguir analizando
determinadas disposiciones del Convenio núm. 131 y de la Recomendación núm. 135
a fin de que todos los interesados comprendan claramente su finalidad, alcance
y aplicación”.
3. El punto de
referencia histórico en el ámbito internacional debe situarse en el Tratado de
Versalles suscrito en 1919, cuyo art. 427 hacía mención expresa al pago a los
trabajadores de “un salario que les asegure un nivel de vida conveniente, tal
como se comprende en su tiempo y en su país” como unos de los principios
generales de orientación de las políticas de la OIT. En el marco normativo, se
concretó pocos años más tarde, en 1928, en el Convenio núm. 26 y la
Recomendación núm. 30 sobre los métodos para la fijación de los salarios
mínimos.
Más adelante, en
la Declaración relativa a los fines y objetivos de la OIT, aprobada en 1944 en
Filadelfia, esta asume la obligación de fomentar medidas en todos los Estados
miembros que garanticen, entre otras medidas “un salario mínimo vital para
todos los que tengan empleo y necesiten esa clase de protección”, vinculado a
las necesidades razonables de la persona trabajadora y de los miembros de la
unidad familiar. Poco después se aprobaron nuevos textos normativos, si bien
referidos únicamente a los salarios mínimos en el sector agrícola, en concreto
el Convenio núm. 99 y la Recomendación núm. 89 de 1951.
Aunque no
referidos específicamente a los salarios mínimos, sí encontramos referencias a
los mismos, y a la necesidad de su puesta en práctica, en otros textos de la
OIT. Por ejemplo, el Convenio núm. 117 de 1962 sobre política social (normas y
objetivos básicos) insta a los Estados miembros (art. 10) a estimular la
fijación de salarios mínimos por medio de contratos colectivos celebrados
libremente entre los sindicatos y a los empleadores o sus organizaciones, y en
el supuesto de no existir esta vía convencional, el Convenio dispone que “deberán
tomarse las disposiciones necesarias a fin de determinar tasas de salarios
mínimos, en consulta con los representantes de los empleadores y de los
trabajadores, entre los cuales figurarán representantes de sus organizaciones
respectivas, si las hubiere”.
Ahora bien, no
sólo encontramos referencias a la necesidad de disponer de salarios mínimos a
escala nacional en las normas de la OIT. También cabe hacer referencia a otros
textos internacionales, partiendo de la Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948, y en concreto su art. 23.3 que proclama el derecho de toda
persona que trabaja a “una remuneración equitativa y satisfactoria, que le
asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y
que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de
protección social”.
También en el
marco de la ONU hemos de referirnos al Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, cuyo art. 7 dispone que
“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda
persona al goce de condiciones de trabajo, equitativas y satisfactorias, que le
aseguren en especial: a) Una remuneración que proporcione, como mínimo, a todos
los trabajadores: i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor,
sin distinciones de ninguna especie; en particular debe asegurarse a las
mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario
igual por trabajo igual; ii) Condiciones de existencia dignas para ellos y para
sus familias, conforme a las disposiciones del presente Pacto..”.
Igualmente, en el
ámbito internacional y no exclusivamente europeo, debemos fijarnos en la Carta
Social Europea, punto de referencia en todas las propuestas presentadas en los
últimos tiempos tendentes a demandar el incremento del SMI en España, cuyo
artículo 4 tiene por título “Derecho a una remuneración equitativa”,
comprometiéndose las partes contratantes a “reconocer el derecho de los
trabajadores a una remuneración suficiente que les proporcione a ellos y a sus
familias un nivel de vida decoroso”. El ejercicio de este derecho deberá
asegurarse “mediante Convenios Colectivos libremente concertados, por los
medios legales de fijación de salarios, o mediante cualquier otro procedimiento
adecuado a las condiciones nacionales”. El Informe de la OIT recuerda que “Según
la posición adoptada por el Comité Europeo de Derechos Sociales, para ser considerado
equitativo, el salario no debe ser inferior, en ningún caso, al umbral de pobreza
del país correspondiente, fijado en un 50 por ciento del salario nacional medio
neto. Por otra parte, cuando dicho umbral se sitúa entre el 50 y el 60 por
ciento del salario nacional medio neto, se invita al Estado en cuestión a que
demuestre que puede garantizar un nivel de vida digno, por ejemplo, suministrando
información detallada sobre el costo de la vida”
4. ¿Qué nos dice
el Convenio número 131 de la OIT? Pues que todo Estado miembro de la OIT que
ratifique el texto (y España es uno de ellos) “se obliga a establecer un
sistema de salarios mínimos que se aplique a todos los grupos de asalariados
cuyas condiciones de empleo hagan apropiada la aplicación del sistema”, que la
regulación tendrá fuerza de ley y no podrá reducirse, sin perjuicio del respeto
al derecho de negociación colectiva, y que para determinar el nivel del salario
mínimo deberán tomarse en consideración y siempre de acuerdo con las prácticas
y condiciones nacionales, “ (a) las
necesidades de los trabajadores y de sus familias habida cuenta del nivel
general de salarios en el país, del costo de vida, de las prestaciones de
seguridad social y del nivel de vida relativo de otros grupos sociales; (b) los
factores económicos, incluidos los requerimientos del desarrollo económico, los
niveles de productividad y la conveniencia de alcanzar y mantener un alto nivel
de empleo”.
En la
Recomendación núm. 135 se complementan las líneas generales plasmadas en el
Convenio, mereciendo especial atención a mi parecer dos referencias: en primer
lugar, que un sistema que se base en la fijación de un solo salario mínimo de
aplicación general “(a) no es necesariamente incompatible con la fijación de
diferentes tarifas de salarios mínimos en distintas regiones o zonas que
permita tomar en cuenta las diferencias en el costo de la vida”; en segundo
término, al referirse a los mecanismos para la fijación de los salarios
mínimos, la Recomendación dispone que pueden revestir formas variadas como “(a)
legislación;(b) decisiones de la autoridad competente, ya contengan o no una
disposición formal para que se tomen en cuenta las recomendaciones de otros
organismos, (c) decisiones de consejos o juntas de salarios; (d) decisiones de
tribunales de trabajo u otros análogos; o (e) medidas que confieran fuerza de
ley a las disposiciones de los contratos colectivos”.
Estas normas son
de indudable importancia para determinar qué criterios hay que seguir para la
fijación de salarios mínimos, ya que en los estudios realizados por la OIT se
ha constatado que no hay una definición concreta del mismo, habiendo sido
acuñada una propia por la Comisión de aplicación de normas en su Estudio
general de 1992 sobre este, conceptuándolo como “«la suma mínima que deberá
pagarse al trabajador por el trabajo o servicios prestados, dentro de un lapso
determinado, bajo cualquier forma que sea calculado, por hora o por rendimiento,
que no puede ser disminuida, ni por acuerdo individual ni colectivo, que está
garantizada por la ley y puede fijarse para cubrir las necesidades mínimas del trabajador
y de su familia, teniendo en consideración las condiciones económicas y sociales
de los países».
Igualmente, dicho
estudio puso sobre la mesa las divergencias importantes existentes en la
normativa de los diversos Estados miembros sobre los conceptos o componentes
del salario mínimo y que en síntesis eras, y siguen siendo en muchos casos, las
siguientes: “el hecho de que se tenga en cuenta el salario de base únicamente o,
por el contrario, que incluya la totalidad o parte de las primas, propinas,
comisiones, los ajustes y demás pagos complementarios; el pago únicamente del
salario en metálico o de este más los ajustes correspondientes, según proceda,
sobre el valor de las prestaciones en especie; y la indicación o no de que «el
salario», en el marco de las disposiciones sobre el salario mínimo, excluye la
remuneración de las horas suplementarias”.
5. Cuestióndiferente del concepto de salario mínimo es el de “living wage”, mediante el
cual se pretende garantizar, mediante su puesta en práctica, que todos los
trabajadores y sus familias lleven una vida digna, algo que no siempre, ni
muchos menos, se consigue con los salarios mínimos legales o convencionales
fijados en los Estados miembros, siendo así que para la OIT el salario mínimo y
el living wage “pueden verse como elementos que integran el concepto más amplio
de salario equitativo”. Además, esta noción de living wage, y su aplicación
práctica, tiene especial interés en el ámbito local, en cuanto que sus
impulsores en Estados Unidos, a los que se sumaron después en el Reino Unido,
pretendían no sólo que los trabajadores y sus familias tuvieran una vida digna,
sino también que no se beneficiaran de fondos públicos las empresas que abonaran
unas remuneraciones no dignas a sus trabajadores.
6. Respecto al
alcance de los salarios mínimos, el Informe de la Comisión pone de manifiesto
la existencia de muy plurales y variadas reglas sobre fijación de los mismos en
atención a la legislación y prácticas nacionales de los Estados miembros, desde
un salario mínimo de aplicación general (el caso de España sería un ejemplo
significativo) a los que pueden diferenciarse por región, sector de actividad o
categorías y grupos profesionales, pudiendo también encontrar una mezcla o
combinación de estos criterios. Debemos recordar, tal como he explicado con
anterioridad, que la Recomendación núm. 135 dispone que no es incompatible un
salario mínimo fijado a escala general con la fijación de otros más específicos
según el ámbito territorial de afectación y que tomen en consideración para su
fijación las diferencias en el coste de vida de ese territorio con respecto al
del conjunto del Estado.
En este punto, el
Informe pasa destallada revista a todos los criterios de fijación del salario
mínimo, y tras la explicación de qué países disponen de un salario mínimo de
aplicación general centra después su atención en los “salarios mínimos por
región geográfica”, con una mención concreta a la realidad jurídica de
Indonesia, donde “hay consejos de salarios a nivel de las provincias, los
distritos y las ciudades, las cuales formulan recomendaciones relativas a la
fijación de salarios mínimos en esos tres niveles de subdivisión geográfica,
respectivamente”. Otros ejemplos mencionados de mayor importancia, bien que
referidos a un ámbito territorial superior al de las ciudades, son los de
Canadá y Estados Unidos, siendo así que en Canadá “los gobiernos de cada
provincia y territorio fijan su salario mínimo”, mientras que en el caso de los
Estados Unidos la existencia de un salario mínimo federal no impide que la
mayor parte de Estados dispongan de un salario mínimo, debiendo aplicarse
siempre el más elevado.
De especial
interés son también las referencias a países donde los salarios se fijan vía
negociación colectiva y los convenios pueden delimitar zonas geográficas en
donde se aplican diferentes salarios mínimos, con mención expresa a Bélgica y
Alemania, si bien en este último Estado ya existe un salario mínimo legal de
ámbito estatal a partir del 1 de enero de 2015. Según el Informe, “en Bélgica,
las comisiones paritarias, que establecen los salarios mínimos aplicables en el
sector o los sectores de actividad sujetos a su jurisdicción pueden también,
según el informe del Gobierno, definir regiones o zonas en las que se aplican
diferentes tasas de salario mínimo. En Alemania, varios convenios colectivos
nacionales prevén tasas de salario mínimo diferentes según las zonas
geográficas que en ellos se definan”.
En suma, y tras
haber examinado los diversos criterios utilizados en los Estados miembros para
la fijación de los salarios mínimos, la Comisión constata la pluralidad
existente al respecto, si bien enfatiza que cualquier criterio que se adopte ha
de tener como objetivos reducir las desigualdades en los ingresos, la lucha
contra la pobreza o la preservación de una competencia leal. Si bien no
manifiesta ninguna preferencia, el Informe no deja de reconocer que la ventaja
de un salario mínimo a escala general es su aplicación uniforme, mientras que
“cuanto más complejo es un sistema de salarios mínimos y más numerosas son las
tasas por sector, categoría profesional o zona geográfica que comprende, más
difícil de controlar es su aplicación, en particular en los países cuya
administración del trabajo dispone de medios limitados”. La velada crítica a
los mecanismos “dispersos” de fijación de los salarios mínimos no creo que
pueda ser aplicable a la realidad española, dado que disponemos de instrumentos
de control del cumplimiento de la normativa laboral, señaladamente la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social y los juzgados y tribunales del orden
jurisdiccional social.
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