domingo, 14 de diciembre de 2014

Las propuestas laborales en los programas de los candidatos a presidir la CEOE (y II).


 3. Paso a examinar el programa del candidatoAntonio Garamendi, que ya adelanto que es mucho más estructurado y ordenado, al menos a mi parecer, que el de Juan Rosell, y que lleva por título “De nuevo. Independencia, ética y transparencia”, en cuya presentación se destaca que el programa está realizado “con aportaciones de muchas organizaciones empresariales”, y que además “está abierto a ser completado, modificado o rectificado en todo aquello que nos desees sugerir”. La crítica a la actual situación de la CEOE es clara en todo el programa y me parece que se resume muy bien en esta frase del candidato: “yo deseo y espero que una CEOE por mí presidida vuelva a ser útil a sus representados y, por lo menos, luche por defender sus intereses y aspiraciones”.
El primer bloque del programa está dedicado a las propuestas “para el progreso de la economía y el avance social”, partiendo del reconocimiento expreso de “la unidad territorial, la indivisible soberanía del Pueblo español y el marco constitucional”, con una mención a la necesidad de tener en cuenta también “las diferentes peculiaridades de las Comunidades Autónomas”, y con una propuesta general y transversal de reducción de los costes de las empresas, “ya sean laborales, fiscales, energéticos, sociales o de cualquier tipo”, aduciendo (y aquí sería conveniente una argumentación en apoyo de la tesis) que esas reducciones serían “la mejor manera de que las administraciones ayuden a los empresarios a cumplir su importante función social, principalmente en la creación de empleo”. En este bloque se concentran todas las propuestas en materia laboral y de protección social, a excepción de una referida específicamente a la importancia institucional de los agentes sociales, que se encuentra en el segundo, que llevas por título “Sobre CEOE y las organizaciones empresariales”.
A) Un apreciable punto de convergencia con las propuestas del documento de Juan Rosell, y que pone de manifiesto, subrayo, la preocupación empresarial por un determinado intervencionismo judicial (y no sólo en las relaciones de trabajo) se constata en la crítica a la “judicialización de la actividad de las empresas”, por el coste económico y de tiempo que supone, postulando la simplificación de los trámites (recuerdo, por si alguien se ha olvidado, el derecho a la tutela judicial efectiva proclamado en el art. 24.1 de la Constitución), “exigiendo” (no se anda por las ramas el documento) “una justicia más rápida y ágil” (¿y más eficiente?), y promoviendo los mecanismos de arbitraje.

En definitiva, tras las críticas al poder judicial se esconde en muchas ocasiones, vuelvo a insistir refiriéndome al ámbito laboral, una crítica a determinadas interpretaciones de la normativa que no son consideradas ajustadas a sus intereses, o bien que no se corresponden a aquello que pretendían los poderes públicos con la reforma laboral de  2012, pretensiones plasmadas de forma muy clara, pero no tan jurídica, en la tantas veces citadas en mi blog exposición de  motivos del RDL 3/2012 y después de la Ley 3/2012. La insistencia en evitar la intervención judicial se concreta más en el ámbito laboral cuando se afirma más adelante que las empresas necesitan disponer de un marco regulatorio “más adaptable a las especiales circunstancias por las que atraviesan”, y que dicho marco “no esté permanentemente judicializado”, un deseo que para convertirse en realidad necesitaría de mucho más pacto, acuerdo, consenso, con las organizaciones de trabajadores del que actualmente existe en España a mi parecer.

B) Las propuestas generales se acompañan en ocasiones de propuestas más concretas y muy pegadas al terreno de los cambios normativos acaecidos en los últimos meses. Ejemplo concreto de ello es la petición genérica (semejante a las propuestas de la otra candidatura) de reducir las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social, con la mucha más concreta de no computar en la base de cotización determinados conceptos, que son, aunque no se citen de forma expresa, los resultantes de la modificación del art. 109 de la Ley General de Seguridad Social  por el Real Decreto-Ley 16/2013, afirmando que hay que modificar esa normativa, o dicho con las propias palabras del programa “también hay que volver a permitir que no se computen en la base de cotización aquellos gastos que debe realizar el empresario para poder conseguir su objetivo y que no sean estrictamente remuneratorias de la actividad que realiza el trabajador”. La modificación fue calificada en su momento por la organización empresarial que preside el Sr. Garamendi como negativa para el tejido empresarial ya que las subidas de las cotizaciones empresariales “no solamente no contribuyen a la generación de la contratación ni mejoran la empleabilidad de los trabajadores, sino que, por el contrario, puede perjudicar la recuperación de la actividad empresarial de las pymes y de los autónomos”.

C) Más proclamas de carácter general se encuentran en el documento sobre el valor de la negociación colectiva, a la que parece querer dársele un papel relevante en la ordenación de las relaciones laborales en el ámbito estatal, de tal manera que el documento parece alejarse claramente de las negociaciones autonómicas y provinciales (creo que especialmente de las primera, muy conocidas directamente por el candidato en el País Vasco). Junto a ello, se valora positivamente la reforma laboral de 2012 por haber significado un avance en los ámbitos de flexibilidad interna y externa, pero se subraya, por si alguien pensara que ya es suficiente, que tal flexibilidad “sigue siendo imprescindible para ganar en competitividad”, siendo conveniente adaptar mediante la negociación colectiva “adaptar las plantillas a las necesidades de las empresas”.  

D) Como he dicho con anterioridad, el programa de Antonio Garamendi es mucho más detallado, y articulado, que el de su contrincante en el proceso electoral, y junto a puntos de convergencia, como el ya reseñado sobre la limitación de la presencia judicial en la resolución de las controversias de trabajo, hay otros en los que se diferencia notablemente, además de introducir menciones concretas a cuestiones no abordadas en el programa de Joan Rosell, como por ejemplo la regulación del derecho de huelga, propuestas a las que me parece que no son ajenas su militancia empresarial en el País Vasco y en la patronal del metal, ámbitos geográfico y sectorial donde los conflictos laborales tienen una especial carga de intensidad.

a) Así por ejemplo, en materia de contratación laboral se muestra muy flexible en su regulación según cuales sean las necesidades de cada sector productivo, rechazando una reducción sin motivo de las mismas (es decir más por razones teóricas de buen funcionamiento del mercado de trabajo, construidas o diseñadas en un laboratorio jurídico o económico y que no han pasado la prueba de su concreción práctica) dado que ello “puede suponer una incomodidad para las empresas”. La propuesta del candidato va más lejos aún, ya que defiende la conveniencia de mantener los contratos de duración determinadas y los contratos a tiempo parcial (parece haber, y siempre según mi parecer, un rechazo a la tesis del contrato único tan querida por algunos economistas, por muy poco juristas y por algún partido político como UPyD, sin olvidar el cariño externo que le llega a esta propuesta de los asesores de la OCDE y del FMI), argumentando, y desde la perspectiva empresarial no le falta desde luego razón, que “son muy valiosos para las empresas, pues permiten adaptar las plantillas a las necesidades concretas de negocio en un momento determinado”.

b) Dónde sí hay una tesis empresarial clásica, recogidas en muchos documentos tanto de la propia CEOE como de sus organizaciones asociadas, es en la valoración negativa del absentismo y en la necesidad de, se afirma textualmente, “controlar la presencia de los trabajadores en los centros de trabajo”, reivindicando, y las recientes reformas en materia de Incapacidad Temporal y la modificación de la LGSS que se aprobará el próximo jueves y que afecta directamente a las MATyEP van en la misma línea, que las MATyEP puedan jugar “un papel protagonista” para conseguir “un mayor control de las bajas laborales y enfermedades profesionales”. El papel de las mutuas es también reivindicado en la lucha (una variante del caso anterior) contra la siniestralidad laboral, así como también el de los servicios de prevención de las empresas, para lo que se plantea una corresponsabilidad del trabajador y una mayor capacidad empresarial de “gestión y ordenación de la actividad en el centro de trabajo” (no se plantea abiertamente una modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, pero las propuestas apuntan en estas línea)

No hubiera estado mal, encontrar alguna referencia en el documento a la conveniencia de mejorar las condiciones laborales, que iría tanto en beneficio “de la cuenta de resultados de la empresa” como de la calidad de vida laboral de los trabajadores, pero supongo que estas “pequeñas” cuestiones no son de interés en un debate electoral del mundo empresarial español (¿o sí deberían serlo?).

c) Un gran titular del documento es el siguiente: “Una de las reformas pendientes y urgentes es la del derecho de huelga, cuestión compleja pero necesaria”. Bueno, más exactamente aquello que se plantea es la adopción de medidas no dirigidas precisamente a potenciar el ejercicio de un derecho constitucional fundamental, sino más claramente a limitar y encuadrar su ejercicio, siendo las propuestas (al menos así lo  parece de la redacción del texto) pensadas básicamente para “sectores o actividades de interés público y general”, terminología que no es propiamente jurídica ya que convendría hablar  de servicios esenciales para la comunidad, pero en tal caso las propuestas se concentrarían en un número bastante más reducido de conflictos laborales, de lo que deduzco que no hay tal incorrección sino una manifestación de limitar el derecho de huelga en más amplios sectores de actividad.

Las propuestas bajan a un detalle que no se encuentra en el resto de los apartados del documento: votación “en urna”; imposibilidad de realizar las acciones informativas de la convocatoria el mismo día de la huelga “porque entonces se convierten en piquetes coactivos”; imposibilidad de convocar las huelga por un sindicato “que carezca de representatividad en la empresa o sector de que se trate”. Insisto: las medidas propuestas me parece que guardan mucha relación con conflictos que se producen en el País Vasco y en sectores y empresas donde hay una presencia sindical que no es sólo, ni mucho menos, la de los sindicatos más representativos, ya sean estatales o autonómicos.  

E) Volvemos a las propuestas más generales (estoy realizando mi análisis por el orden de las propuestas presentadas) y a encontrar semejanzas con las de la otra candidatura: reducción del coste del despido individual, sin concretar cuantía pero cabiendo razonablemente pensar, por la omisión de la referencia a los despidos colectivos, que la cuantía debería situarse en los 20 días de salario por año de servicio y un máximo de 12 mensualidades; flexibilidad y moderación salarial, vinculando estrechamente el salario a la productividad de cada compañía “e incluso de cada puesto de trabajo” (individualización de las relaciones laborales en el ámbito salarial es la denominación más correcta que yo pondría  a esta propuesta, pero como no soy el candidato no puedo hacerlo); buscar “fórmulas imaginativas para reducir el desempleo juvenil”, siendo urgente  a juicio de los redactores del documento la reforma de la formación profesional y la implantación de la formación dual con presencia de los jóvenes en las empresas, propuesta con la que no puede sino estar de acuerdo siempre y cuando exista un real proceso formativo que redunde en beneficio del estudiante – trabajador;

También, la preocupación por el mantenimiento del sistema de pensiones, del que se manifiesta su defensa en términos generales pero (clásica propuesta empresarial) con un fomento decidido “de los sistemas de ahorro y de previsión complementaria”, por considerar  que estos proporcionarán rentas con las que mejorar la capacidad de los futuros pensionistas, y que ello repercutirá tanto “en mantener su capacidad de consumo” como “en beneficio de la economía en general”. Pragmatismo empresarial, desde luego, que pone el acento en el jubilado como consumidor y que no dedica una sola línea a la importancia de reconocer el derecho de todo trabajador tras muchos años de trabajo a una vida digna y que no sólo se base en el consumo.

Igualmente es muy parecido el planteamiento del documento de la candidatura de Antonio Garamendi sobre la importancia de la formación continua al defendido en el de Juan Rosell, ya que se reivindica el papel fundamental de las organizaciones empresariales “en la identificación de las necesidades formativas concretas de las empresas y en la gestión de los planes correspondientes”, con plena reivindicación del carácter finalista de los fondos de FPE, por lo que indirectamente se está criticando el uso que la normativa presupuestaria permite efectuar de una parte de los mismos para otras medidas de políticas activas de empleo.

F) En fin, cabe valorar positivamente la importancia que se concede a las organizaciones empresariales y sindicales de acuerdo al reconocimiento constitucional, no sólo referido a temas laborales sino a todas aquellas cuestiones de relevancia sociopolítica, reivindicando la  importancia del diálogo social, con independencia de que en algunas ocasiones se alcancen acuerdos y en otras no, y defendiendo, “frente a la tentación de deslegitimar a las centrales sindicales” el que considera que es “el importante papel representativo e institucional que cumplen los sindicatos en la Sociedad, como cauce para hacer oír la voz de los trabajadores y como vehículo para llegar a acuerdos en materias que incumben a los agentes sociales, evitando en lo posible el conflicto y el enfrentamiento”.

4. Concluyo. Buena lectura de los dos programas electorales y no sólo del contenido laboral que he tratado de explicar en páginas anteriores, ya que hay numerosas referencias a asuntos políticos, económicos y sociales que sin duda interesarán a los lectores y lectoras del blog. Y a esperar ahora los resultados del día 17, y también  a comprobar cómo el programa electoral del ganador se lleva a la práctica.