miércoles, 1 de enero de 2014

Las migraciones. Una mirada a la compleja realidad europea y española al iniciarse un nuevo año. ¿Será recentralizada la política de inmigración en España? (I)



1. Hoy se inicia el mandato semestral de la Unión Europea a cargo del país más afectado por la crisis económica y social, Grecia.http://www.gr2014.eu/ En su programa de trabajo, uno de los puntos a los que dedica más atención es a la inmigración, y no es por casualidad dado que el territorio griego es puerta de entrada a la UE y en el ámbito político la existencia de un fuerte partido político antiinmigrantes, Amanecer Dorado, es un especial motivo de preocupación para una buena parte de la sociedad griega. En dicho programa puede leerse que “la Presidencia griega concentrará sus esfuerzos en poner de relieve los aspectos positivos de una gestión integral de la migración en beneficio de impulsar el crecimiento, y no escatimará esfuerzos en la promoción de todas las dimensiones de las políticas de migración y de movilidad. Al mismo tiempo, está prevista la actuación para hacer frente a los problemas derivados de la inmigración ilegal en la economía, la cohesión social y la estabilidad política”.

También hoy es un día importante para el ejercicio de la libre circulación de los trabajadores rumanos y búlgaros en el seno de todos los Estados miembros de la UE, ya que ha finalizado el período transitorio máximo previsto en  el Tratado de 25 de abril de 2005 de adhesiónde ambos Estados a la UE, que entró en vigor el 1 de enero de 2007. A los efectos de mi comentario deseo referirme al anexo VII, que recogía las medidas transitorias sobre la libre circulación de personas (“cláusula de salvaguardia”) y permitía no aplicar temporalmente el, entonces vigente, Reglamento (CEE) nº 1612/68, en concreto sus artículos 1 a 6, sobre libre circulación de trabajadores de esos Estados a los Estados miembros ya pertenecientes a la UE. A partir de la fecha de adhesión, se decía en el número 2, “los Estados miembros actuales aplicarán medidas nacionales, o medida que resulten de acuerdos bilaterales, para regular el acceso de los nacionales rumanos a sus mercados de trabajo. Los Estados miembros actuales podrán seguir aplicando tales medidas hasta el final de un período de cinco años a partir de la fecha de adhesión”.

Pero, no parece que algún gobierno europeo haya comprendido qué significa la libre circulación, y buena prueba de ello son las medidas adoptadas por el gobierno británico (por cierto, no notificadas aún formalmente a la Comisión Europea) y que limitarían los derechos sociales de los nuevos inmigrantes en territorio británico, como por ejemplo que todos los demandantes de empleo de Estados la UE tengan que esperar tres meses antes de que puedan solicitar prestaciones sociales, o suprimir tales prestaciones después de estar seis meses un demandante de empleo de un Estado de la UE en situación de desempleo y sin perspectivas de encontrar trabajo.

Los datos con los que trabaja la Comisión Europea desmienten las preocupaciones (¿electorales?) del gobierno británico, habiéndose además puesto de manifiesto que a fin de garantizar la libre circulación de los ciudadanos de la UE (por consiguiente también en su posible condición de trabajadores) y de sus familias, sin que se ponga en tela de juicio el sistema de protección social de cada Estado, hay diversas medidas que pueden adoptarse y que van en esa dirección. En la Comunicación presentada el 25 de noviembre se detallan las mismas, y se aportan datos que ponen de relieve la aportación laboral de los trabajadores europeos en terceros Estados de la UE: “El principal motivo que lleva a los ciudadanos de la UE a hacer uso de la libre circulación es el trabajo, seguido por las razones familiares. De todos los ciudadanos de la UE que en 2012 residían en otro país de la UE.., más de tres cuartas partes (78 %) estaban en edad laboral (15-64), frente al 66 % aproximadamente, entre los nacionales. Por término medio, la tasa de empleo de los ciudadanos móviles de la UE (67,7 %) era mayor que la de los nacionales (64,6 %). Los ciudadanos móviles de la UE que no ejercen una actividad económica solo representan una pequeña parte de los ciudadanos móviles de la UE. Por otro lado, el 64 % de ellos había trabajado previamente en su actual país de residencia13 y el 79 % vive en un hogar con al menos un miembro empleado. La tasa de inactividad entre los ciudadanos que se desplazanen el interior de la UE disminuyó entre 2005 y 2012”. Entre las propuestas concretas se encuentran las de ayudar a las autoridades estatales a “aplicar las normas de la UE de lucha contra posibles abusos del derecho a la libre circulación mediante la elaboración de un manual para combatir los matrimonios de conveniencia”, y “colaborar estrechamente con los Estados miembros para mejorar la aplicación de las normas relativas a la coordinación de la seguridad social. En este contexto, se está redactando una guía práctica para aclarar la «prueba de residencia habitual» utilizada en la normativa europea de seguridad social”.

2. La inmigración fue objeto de atención, limitada, en el último Consejo Europeocelebrado los días 19 y 20 de diciembre, poniendo el acento no en los derechos de los migrantes (con ocasión del debate sobre los trágicos acontecimientos de Lampedusa) sino en las políticas de control y prevención de los flujos migratorios irregulares, afirmando que debe constituir una prioridad de la UE “la colaboración reforzada con terceros países con el objetivo de evitar que los migrantes embarquen en viajes peligrosos con destino a la Unión Europea”, y que los Estados miembros sometidos a una alta presión migratoria (Grecia, Italia, España, en el sur de Europa) deberían merecer una “solidaridad adecuada” del conjunto de los Estados miembros.

Al respecto es importante destacar la reciente elaboración de una Comunicación por parte de la Comisión Europea, presentada el 4 de diciembre, sobre la labor del grupo especial para el Mediterráneo, creado tras el Consejo de Ministros de Justicia e Interior de los días 7 y 8 de octubre, es decir muy poco después de la tragedia del 3 de octubre que supuso el hundimiento de una embarcación con más de 500 migrantes a bordo frente a la costa de la isla de Lampedusa. En dicho texto se formulan una serie de propuestas que tienen todas ellas, como hilo conductor, “impedir que los migrantes se embarquen en un viaje peligroso hasta las costas de la Unión Europea”, y que se concentran en cinco ámbitos de acción: las acciones en cooperación con terceros países; la protección regional, reasentamiento y refuerzo de las vías legales para entrar en Europea; la lucha contra el tráfico ilícito y la trata de seres humanos y la delincuencia organizada; el refuerzo de la vigilancia de las fronteras, ya que ello, según el grupo de trabajo, “contribuirá a mejorar la visión de la situación marítima y a proteger y salvar la vida de los migrantes en el Mediterráneo”; en fin, la asistencia a los Estados miembros que afrontan fuertes presiones migratorias y solidaridad con ellos”. En el documento se enfatiza, y hay que destacarlo, la necesidad de intensificar el diálogo por parte de la UE y de sus Estados miembros con los países de origen y tránsito de la inmigración, “y hacerlo más especifico, con el fin de fomentar un clima de confianza y un compromiso positivo sobre la migración, ya que se trata de un asunto especialmente sensible para todas las partes”.

También debe mencionarse la reciente aprobación del Reglamento UE nº 1381/2013, delParlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establece el programa “Derechos, igualdad y ciudadanía” para el período 2014-2020, cuyo objetivo general es desarrollar un espacio “en el que se promuevan, protejan y ejerzan de forma efectiva, la igualdad y los derechos de las personas consagrados en el TUE, el TFUE, en la Carta y en los convenios internacionales de derechos humanos a los que se ha adherido la Unión”, y que tiene entre sus objetivos específicos el de “prevenir y combatir el racismo, la xenofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia”. El programa está económicamente dotado con 439.473.000 euros.  

3. ¿Qué grado de “preocupación” encuentra la inmigración entre la ciudadanía europea? Si hemos de hacer caso al eurobarómetro de otoño de 2013 sobre la opinión pública en la UE, cuyos datos fueron presentados el mes de diciembre, no es especialmente relevante. Entre las principales preocupaciones de los europeo a escala nacional, la inmigración ocupa el sexto lugar con un 12 % (10 % en el eurobarómetro de primavera), aún cuando debe mencionarse que es la primera (63%) para los ciudadanos de Malta, y la segunda en el Reino Unido (33 %), dato este último que sin duda tiene que ver con las decisiones adoptadas por el gobierno británico. Respecto a las principales preocupaciones de ámbito personal, la inmigración baja hasta el duodécimo lugar y con un mínimo 3 % (mismo porcentaje en el eurobarómetro anterior), porcentaje que asciende hasta el 14  % (tercer lugar de sus preocupaciones) entre los ciudadanos de Malta, y que en el Reino Unido llega al 6 %. Por fin, sobre las principales preocupaciones en el ámbito europeo, los ciudadanos encuestados creen que la inmigración es la cuarta más relevante (16 %, con un incremento significativo de seis puntos sobre el eurobarómetro anterior), porcentaje que se eleva entre los ciudadanos malteses hasta el 40 % y hasta el 23 % para los británicos.

4. Como si se pensara, o quisiera pensarse, que los flujos migratorios llevan el mismo ritmo que los Consejos Europeos (y la realidad, por si alguien lo dudaba, demuestra que responden a factores mucho más complejos y diversos), el Consejo manifestóque volverá a tratar de este asunto “en junio de 2014”.  

Pero los migrantes no esperan, ni sus problemas, y los de las sociedades de origen, tampoco, y de poco servirán los controles y las medidas represivas si no se adoptan medidas de otro tenor de apoyo a dichos países y de apertura de mayores espacios para la inmigración regular a Europa. Desde su observatorio privilegiado de la ciudad de Tánger, el arzobispo de dicha ciudad, SantiagoAgrelo, lanzó el 10 de diciembre un mensaje desde su diócesis sobre las migraciones y las fronteras del sur de Europa, denunciando tales políticas y el acento que ponen sobre el control de las personas migrantes, su consideración de personas potencialmente delincuentes, el monto económico importante dedicado a los controles y el mínimo que se dedica a otros aspectos sociales de mucha importancia para la población migrante, y el mantenimiento de vallas fronterizas en Ceuta y Melilla con elementos como las “concertinas” que representan “un atentado a la integridad física de los inmigrantes”. La comunidad eclesial, afirmaba el arzobispo, “es testigo asombrado y apenado de que, en las fronteras del sur de Europa, son vulnerados no pocos de los artículos incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Nadie puede considerar respetuoso con la dignidad de las personas y con “su derecho a salir de cualquier país, incluido el propio”, el que, en veinte años, las fronteras se hayan cobrado la vida de más de 20.000 jóvenes”, y sostenía con rotundidad que “Ni las medidas adoptadas hasta ahora por las autoridades europeas y españolas para el control de fronteras, ni otras más costosas que se puedan adoptar, impedirán que a esas fronteras sigan llegando pobres en busca de futuro. No hay cuchillas que frenen el ansia de vivir, no  hay cuchillas que puedan intimidar más que el hambre y la miseria, nada pueden perder quienes nada tienen”, y concluía con esta petición: “Por sentido de responsabilidad, por amor a la justicia, por respeto a nuestros hermanos emigrantes, pedimos a quienes tienen autoridad para hacerlo, que, en el ejercicio de esa autoridad, dispongan la retirada inmediata de las concertinas instaladas en las vallas de Ceuta y Melilla, por tratarse de instrumentos que violan derechos fundamentales de las personas y en nada favorecen el deseado desarrollo moral, cultural y económico de la sociedad española y de la Unión Europea. Las cuchillas sólo causan dolor y muerte”.

Muy parecido era el mensaje lanzado por el Servicio Jesuita a migrantes con ocasión de la celebración el 18 de diciembre del día internacional de las personas migrantes, denunciando las restricciones y limitaciones de derechos de los migrantes en el ámbito de la asistencia sanitaria, centros de internamiento y controles de fronteras, y mostrando su preocupación por el crecimiento del discurso populista xenófobo en Europa, llamando a los poderes públicos a adoptar “medidas moralmente más justas y políticamente más eficaces”, e invitándonos a todos a “poner la hospitalidad en el corazón de la vida social y como valor que nutre la política migratoria”.

También la Confederación Europea de Sindicatos (CES) solicitó un cambio de orientación de las políticas migratorias en el seno de la UE, pasando de aquellas que privilegian una inmigración circular y selectiva (según nivel de cualificación) a otra “basada en los derechos humanos, igualdad de trato y plena integración de los nacionales de terceros Estados”, con especial atención a la lucha contra el dumping social y la inaplicación de las normativas laborales, por lo que ello supone de “condena de los trabajadores no nacionales a pobres condiciones de vida y de trabajo”.  

5. Me adentro a continuación en la realidad española, con algunas referencias concretas a Cataluña. Diversos informes estadísticos publicados recientemente, tanto de toda España como específicamente de Cataluña, permiten que nos acerquemos nuevamente a la realidad, cada vez más cambiante, de la inmigración, en una fecha en que la libre circulación de los trabajadores rumanos y su familiares es plenamente efectiva en España por haber finalizado la restricción al trabajo por cuenta ajena que existía desde la Decisión del Consejo de 11 de agosto de2011. La Instrucción de la Secretaria General de Inmigración y Emigración5/2013 de 19 de diciembre dispone que a partir de hoy dichos trabajadores y sus familiares disfrutarán de los derechos de entrada, libre circulación y residencia en España de los ciudadanos de los Estados miembros de la UE y de otros Estados parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, según regulación contenida en el RD 240/2007 de 16 de febrero.  

Otros informes plantean propuestas concretas sobre cómo modificar la normativa vigente para eliminar “duplicidades administrativas”, una terminología tras que la puede esconderse fácilmente el deseo de revisar  y limitar las competencias autonómicas, señaladamente las de Cataluña, en esta materia. Es el caso del elaborado (y al que se denomina “Borrador”) porla subcomisión de duplicidades administrativas, con fecha 18 de noviembre de2013, creada en el seno de la Comisión para la reforma de las AdministracionesPúblicas. A dicho documento, por su importancia, me referiré con atención específica en la última parte de esta entrada.