¿Qué importancia se le concede al empleo para mejorar la calidad de vida y la cohesión social? Un repaso a recientes documentos internacionales, con especial atención al Informe del Banco Mundial sobre el empleo (I).

1. He tenido oportunidad de leer en los últimos días algunos documentos que abordan la temática del empleo no sólo desde la perspectiva de crecimiento (o destrucción) de puestos de trabajo, sino también desde la de analizar cuál es su relación con la mejora de la calidad de vida de las personas trabajadoras y de sus unidades familiares, y de cómo la disposición de un empleo en determinadas condiciones (por tanto no todas) contribuye a la mejora de la cohesión social, en especial en países con un elevado grado de informalidad (que no irregularidad tal como hablamos de ella en los llamados países desarrollados). Comparto con los lectores y lectoras del blog algunos de los contenidos que me han parecido más relevantes de los mismos.

2. Me refiero en primer lugar a la Declaración de la Agrupación Global Unions para las reunionesanuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial que tuvieron lugar en Tokio del 12 al 14 de octubre, que lleva por título "Situar la creación de trabajo decente sostenible en el centro de las estrategias de crecimiento y desarrollo", en la que se efectúa una dura crítica de las políticas de desregulación del mercado laboral patrocinadas por la UE y el FMI, y que están contribuyendo a juicio sindical a la prolongación de la recesión y a un crecimiento del coste social en términos de desempleo e incremento de la exclusión social. El documento relaciona más concretamente las diversas medidas propuestas e impuestas por la troika en la eurozona, y que a los conocedores de la vida laboral les resultarán, valga la redundancia, muy conocidas en Grecia, Portugal (¿y España en el próximo futuro?): recortes de las pensiones e incremento de la edad de jubilación; eliminación de la indexación salarial y disminución de salarios mínimos; reducción de las prestaciones por desempleo y la indemnización por despido, así como facilitar el procedimiento de este último; debilitamiento o desmantelamiento de las prácticas de negociación colectiva a escala sectorial.

3. En segundo lugar, cabe referirse a dos documentos en los que se aborda la relación entre empleo y pobreza en España, tanto desde la perspectiva de cómo afecta a los trabajadores y a los desempleados como también desde los costes económicos y sociales que tiene el incremento de las situaciones de desprotección.

A) Cito en primer lugar al Informe de la Fundación 1º de mayo sobre “trabajadores pobres yempobrecimiento en España”, elaborado por J. Aragón, J. Cruces, L. de la Fuente, A. Martínez, A. Otaegui y E. S. Llopis, en el que se destaca, con datos estadísticos, que el acceso al empleo “ya no es una salvaguarda ante las situaciones de pobreza” y que la precariedad laboral y socioeconómica afecta seriamente al proceso de empobrecimiento de los trabajadores, en el marco de unas relaciones laborales, además, que la crisis por una parte y la reforma de 2012 por otra han alterado en beneficio de la parte empleadora y que está suponiendo una mayor precariedad del empleo, reducciones salariales y prolongaciones de jornada, y debilitamiento de la negociación colectiva, algo que a juicio de los autores del Informe obstaculiza “la capacidad de asegurar la calidad de trabajo y de vida de las personas”.

El informe efectúa un análisis muy crítico de los recortes en políticas sociales y concluye que de seguir en la misma línea puede llegarse a “un empobrecimiento general de la población española y descenso sustancial de la calidad de sus condiciones de vida”, que podrían cuantificarse al finalizar este año en una tasa de pobreza cercana al 28 %, por lo que reivindica, y propone, la creación de empleos de calidad y con protección social, ya que el empleo de calidad “es clave para generar un modelo económico sostenible con una salida más justa e igualitaria de la crisis, centrado en las condiciones de vida de las personas y capaz de mantener la cohesión social”.

B) En la misma línea crítica se sitúa un reciente informe elaborado para la Fundación La Caixa, coordinado por M. Laparra y B. Pérez Erasmus, sobre “Crisis y fractura socialen Europa. Causas y efectos en España”, que pone de manifiesto los déficits de nuestro sistema de protección social para enfrentarse a los nuevos retos derivados de la crisis en términos de pérdida de empleo y de incremento de la fractura social, concluyendo que “el modelo español de flexibilidad laboral se ha mostrado especialmente perverso a la hora de responder a la crisis, las políticas sociales han mostrado una reducida capacidad de compensar las desigualdades sociales que genera el mercado, y el recurso a la institución familiar presenta ya limitaciones obvias para cubrir todas las necesidades sociales que se van generando”.

4. En el ámbito de la Unión Europea, y de los países de la zona euro, hay algunos recientes documentos que son de interés conocer, al margen de las críticas que puedan hacerse, para abordar la realidad europea.

A) En primer lugar, un análisis del Banco Central Europeo sobre “los mercados de trabajo dela zona del euro y la crisis”, publicado en su Boletín del mes de octubre, en el que se insiste una vez en la eliminación de las “rigideces”· existentes en dichos mercados y la aprobación y puesta en marcha de “reformas de amplio calado” (supongo que incluirán en este grupo a la reforma laboral española de 2012), destacando de forma negativa que “las rigideces a la baja de los salarios  limitan la necesaria flexibilidad en la respuesta de los salarios a las condiciones del mercado de trabajo para estimular la creación de empleo”.

El último párrafo del artículo es claro y contundente, y no deja lugar a dudas sobre aquello que desea el BCE en materia laboral, por lo que me permito reproducirlo textualmente:  “En este contexto, una respuesta flexible de los salarios a las condiciones imperantes en los mercados laborales de la zona euro debería ser una prioridad, a fin de facilitar la necesaria reasignación sectorial que sustente la creación de empleo y la reducción del desempleo. Ello exige, claramente, nuevas reformas profundas en los mercados de trabajo de los países de la zona del euro para limitar los riesgos de un incremento permanente de la NAIRU y una caída del crecimiento del producto potencial. Esta estrategia de reforma resulta, asimismo, un ingrediente clave para lograr una sólida recuperación económica en las economías de la zona, lo que también facilitaría externalidades positivas adicionales respecto a la corrección y la prevención de los desequilibrios macroeconómicos, la consolidación fiscal y la estabilidad financiera”.

B) Datosestadísticos de la fuerza de trabajo en 2011 han sido publicados recientemente por Eurostat, de los que sólo retengo ahora que la tasa de empleo UE entre trabajadores de 15 a 64 años es del 64.3 %, mientras que en España disminuye al 57.7 %; que los trabajadores con contratos temporales son el 14.1 % en la UE y suben al 25.3 % en España; en fin, y sólo con datos UE, que el empleo a tiempo parcial supone el 18 % del total, con una diferencia muy importante de presencia femenina (31.6 %) sobre la masculina (8.1 %), y que la tasa de empleo de trabajadores de 20 a 64 años es del 68.6 % cuando el objetivo previsto para 2.020 es del 75 %.

C) Por otra parte, las Conclusiones del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad yConsumidores, de 4 de octubre, plantean la necesidad de ir hacia una recuperación generadora de empleo que ofrezca mejores oportunidades a los jóvenes en Europa, poniendo de manifiesto que el saneamiento presupuestario por sí solo “no basta para resolver adecuadamente los problemas que afrontan muchas economías de la UE”, y que hay una clara interdependencia entre las políticas de empleo, económica, social, educativa y de desarrollo, “por lo que deben abordarse con un planteamiento global”.

El Consejo insta a los Estados a potenciar la creación de empleo mediante el fomento de la mano de obra, dándole una especial importancia al fomento del empleo por cuenta propia y el fomento del espíritu empresarial que, a su juicio, “pueden constituir modos alternativos de hacer frente a la pérdida de ingresos de los hogares”, ya que prestar un apoyo específico en esta materia “puede contribuir a reducir el desempleo”. Recomienda explotar el potencial de creación de empleos de sectores clave como son las TICs, la economía verde y la atención sanitaria; y pide un mayor dinamismo del mercado laboral mediante una reforma estructural, con una frase que puede tener muchas lecturas pero que me lleva a pensar que se pide hacer más y mejor con menos recursos: “las políticas activas del mercado de trabajo tendrán que basarse cada vez más en pruebas tangibles para que puedan garantizar una rentabilidad de la inversión”.

Al igual que en ocasiones anteriores, el Consejo insiste en la inversión en la educación y la adquisición de capacidades, con potenciación del sistema de formación profesional dual como vía de especial atractivo para los jóvenes en búsqueda de su primer empleo, el desarrollo del aprendizaje permanente para la seguridad en el empleo y la adquisición de “competencias sociales, creativas y lingüísticas a través de la educación formal o no formal”. No deja de ser significativo (sería bueno que se tomara nota en España por el gobierno) que se reconozca la importancia de la implicación activa de los agentes sociales en la determinación de las condiciones de empleo y salariales, en especial para que la Estrategia Europa 2020 alcance sus objetivos, en el marco de “unas reformas estructurales difíciles” y en la búsqueda de “unos mercados laborales más integradores”, y todo ello “con objeto de conseguir una recuperación generadora de empleo”.      

C) Por último, es obligado hacer mención a dos Resoluciones aprobadas el pasado día 20 por el Parlamento Europeo en sesión plenaria.

a) La primera, pide un pacto de inversión social en respuesta a la crisis, en la que el PE estima que la crisis que vivimos requiere “una modernización del modelo social europeo, un replanteamiento de las políticas sociales nacionales y un replanteamiento de los Estados del Bienestar”, con el objetivo de  crear puestos de trabajo, un crecimiento sostenible y evitar “distorsiones sociales”, y en el que se pide (obsérvese la relación entre empleo de calidad, o no, y menor, o mayor riesgo de exclusión) a los Estados y a la Comisión Europea que velen, en el ámbito de sus competencias, para que “los empleados a tiempo completo puedan vivir de su trabajo”.

Más concretamente, el PE Pide a los Estados miembros que examinen la posibilidad de celebrar un «Pacto de inversión social» que fije unos objetivos en materia de inversión y que establezca un mecanismo de control reforzado para mejorar los esfuerzos para cumplir los objetivos sociales, educativos y en materia de empleo de la Estrategia Europa 2020” y que debería incluir “una lista de medidas específicas en forma de inversiones sociales que deberían adoptar los Estados miembros en un plazo determinado a fin de alcanzar los objetivos sociales, educativos y en materia de empleo, de conformidad con el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y los programas nacionales de reforma”.

B) En cuanto al segundo texto aprobado, la “Iniciativa a favor del emprendimiento social.Construir un ecosistema para promover las empresas sociales en el centro de la economíay la innovación sociales”, el PE destaca la importancia de la economía social en la UE, un 6 % de la fuerza total de trabajo y cerca de once millones de personas trabajadoras, su presencia en sectores sociales significativos como el ámbito sanitario, social y medioambiental, e insiste en que el marco jurídico comunitario y los estatales tengan en consideración su especificidad, proporcionándoles el “mayor apoyo y aceptación posibles”, poniendo de manifiesto a toda la sociedad que su intervención en la vida social y económica tiene amplias ventajas que superan los aspectos puramente económicos, siendo uno de ellos a mi parecer bastante importante, en los términos que estoy analizando en este artículo, el de “ser objeto de una gestión responsable y transparente, en especial involucrando a los empleados, los clientes y los interesados afectados por su actividad empresarial”.