La Ministra de Empleo y Seguridad en el Congreso de los Diputados y su defensa de los recortes (RDL 20/2012) “por el bien de los españoles”.

1. El Boletín Oficial del Estado publica hoy la Resolución de 19 de julio de 2012, delCongreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad (incluida la corrección de errores), adoptado en la sesión plenaria del día 19. Ayer se publicó en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya la solicitud presentada por diputados socialistas de Dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat sobre la adecuación al Estatuto de Autonomía y a la Constitución del RDL, por entender que puede vulnerar varios preceptos de dichas normas, entre ellos los artículos 7, 28 y 37.1 de la CE y 25.5 y 45 del EAC.

2. Dedico esta entrada a comentar algunos aspectos de la intervención de la Ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, el pasado día 26 de julio en la Comisión deEmpleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados, en la que explicó, y justificó, el contenido del RDL 20/2012 a la par que hizo un amplio análisis de la situación económica que, siempre según el gobierno, ha llevado a la situación en la que nos encontramos, combinando el análisis político, con mención inevitable según el gobierno a “la herencia recibida”, con el más técnico.

Como vengo diciendo desde que se aprobó el RDL 3/2012 de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma laboral, la participación de economistas en las justificaciones de los textos y en las intervenciones públicas de la Ministra es cada vez más notoria y evidente, y cada vez más tengo la sensación que la presencia jurídica es para dar cobertura técnica a las decisiones adoptadas en sede económica. Si estoy equivocado me gustaría que alguien me corrigiese, y quizás hubiera podido hacerlo la propia Ministra a través de su cuenta de twitter, pero lamentablemente ha procedido a su cierre y ya no tenemos posibilidad de debatir a través de esa vía que tan útil se está demostrando como canal de información, participación y debate público.

Por cierto, también me hubiera gustado debatir sobre su frase, tan poco adecuada para una persona que forma parte de un gobierno en un país donde rige, constitucionalmente hablando, la división de poderes, de que teme más “las interpretaciones de los jueces sobre la reforma laboral que "a los hombres de negro", y que mereció una dura y justificada crítica de Jueces para laDemocracia porque  "parece pretender que las leyes sean interpretadas únicamente según su agrado y no de acuerdo a criterios jurídicos en función de los principios constitucionales"

Ejemplo de este mix económico-jurídico con clara preferencia del primero es, por ejemplo la siguiente frase para justificar los recortes en prestaciones: “a la compleja situación macroeconómica que obliga a un proceso de consolidación fiscal se añaden determinadas ineficiencias heredadas en el sistema público de prestaciones que deben ser también corregidas cuanto antes”. Ejemplo de manifestación política clara y sin ambages son las afirmaciones de que las decisiones adoptadas por el gobierno y plasmadas en el RDL 20/2012  “podrían haberse evitado si el Gobierno anterior las hubiera acometido a tiempo (las reformas) para sacar a este país de la crisis…” y que el plan de medidas adoptadas “no son fáciles” y el gobierno entiende “además perfectamente que puedan generar inquietud y preocupación en muchos ciudadanos, pero… también queremos decir con claridad que van a dar resultados”.

Ejemplo de mix político, económico y jurídico, con clara preferencia para el primero, es esta “preciosa” frase, redactada sin duda en la tranquilidad de un buen despacho del Ministerio  (supongo que el del Empleo y Seguridad Social, pero no pondría la mano en el fuego), y que demuestra lo molesto que es el Estado del Bienestar (tanto el Estado como el Bienestar) para nuestros actuales gobernantes, ya que el gobierno, al adoptar las medidas contenidas en el RDL 20/2012 “ha sido sensible a las situaciones de mayor necesidad”, y trata de mantener “la esencia de un necesario Estado de bienestar, que debe incrementar su eficiencia y limitar las distorsiones que introduce sobre el tejido productivo para garantizar de verdad su sostenibilidad y su contribución a la riqueza y al bienestar de sus ciudadanos”.

Y para rematar el contenido político, en frase más propia de una reunión de partido que no de un debate parlamentario, la Ministra y su equipo son conscientes, y así lo manifiestan, de que están pidiendo a los españoles (¿a todos? me pregunto yo, sin ánimo de ofender) “un esfuerzo sin precedentes”; pero, eso sí, lo están haciendo, “con la convicción de que nuestro país va a salir adelante y que estas medidas van a dar resultado, porque la mayor fortaleza que tiene hoy España es los españoles, la sociedad civil, que una vez va a estar a la altura. Todos juntos vamos a salir adelante”. Bueno, después de la última frase, ¿qué quieren que les diga? Pues que me gustaría que fuera cierto que “todos vamos a salir adelante” y que nadie se queda por el camino, pero no comparto el optimismo, ni en las formas ni en el fondo, de la Sra. Ministra si no se toman otras medidas que afecten al sector más pudiente de nuestra sociedad.

3. ¿Cuáles son, después de leer con atención, el texto de la intervención de la Ministra, y su réplica a las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, los contenidos más destacados a mi parecer?:

A) La manifestación de que España “está sujeta a un estricto seguimiento del cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria”, en el marco de la Unión Monetaria Europea, eso sí porque el gobierno anterior fue el responsable según la Ministra de la apertura en 2009 “de un procedimiento de déficit excesivo (por parte de la Comisión) por  haber cerrado el ejercicio con un déficit del 11,3 %”. Las medidas que toma el actual gobierno se llevan a cabo y se ponen en marcha por la “herencia recibida” y porque según F. Báñez “no hay otra opción” para salir de la crisis. Parece, si hemos de hacer caso al texto de la intervención, que la reforma laboral formaría parte de esas “obligaciones” impuestas por la UE, reforma de la que se sigue afirmando, aunque los datos conocidos hasta el mes de junio vayan justamente en la dirección contraria, que tiene como objetivo crear empleo flexibilizando las relaciones de trabajo y en la que el despido “sea siempre el último recurso en los momentos de ajuste frente a la crisis”.

Por cierto, también resulta curiosa la referencia de la portavoz del grupo popular, Sra. Carmen Álvarez, a una reciente sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superiorde Justicia de Madrid, de 11 de julio, que declara la nulidad de un expediente de regulación de empleo por incumplimiento de los requisitos formales por parte de la empresa para justificar la reforma laboral, y manifestar que sí se garantiza la tutela judicial efectiva en casos como este. Me gustaría que la Sra. Ministra y la portavoz del grupo popular se pusieran de acuerdo sobre el papel y la importancia que asignan a los órganos judiciales para garantizar la aplicación de las normas, aunque el RDL 3/2012 y la Ley 3/2012 hayan hecho todo lo posible para evitar que los jueces vayan más allá de una mera interpretación casi literal de la norma, olvidando que su función de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado ha de llevarse a cabo de acuerdo a lo dispuesto en nuestra norma suprema, la Constitución.

De la citada sentencia me permito recoger ahora dos frases muy significativas que quizás no sean tan del agrado de la portavoz del grupo popular:  Para el TSJ "no hay causa económica que ampare la destrucción de empleo cuando la misma sólo se base en la conveniencia empresarial de obtención de un mayor beneficio y no en pérdidas, presentes o futuras, o en decrecimiento evidente de ingresos que dificulten sus sostenibilidad futura", y los ERES " no son ni deben ser un medio destrucción de trabajo para genera más riqueza y beneficio al empresario que no está en crisis ni tiene dificultades reales acreditadas y objetivas , pues ello perjudica no sólo a los trabajadores y a la sociedad sino al resto del tejido empresarial realmente necesitado de acudir a medidas de crisis de tan alto impacto humano y social."

Conviene también destacar que nuestra dependencia jurídica, y no sólo política, de las medidas impuestas por la UE van a verse concretadas en el Memorandum de entendimiento, en cuyo último borrador conocido el mes de julio se afirma en el número 31, como muy bien recordaba el portavoz del grupo parlamentario del Partido Nacionalista vasco Sr. Emilio Olavarrría, que las recomendaciones que debe aplicar España la invitan, entre otras medidas, a “poner en práctica las reformas del mercado laboral” y “tomar medidas adicionales para aumentar la eficacia de las políticas activas del mercado de trabajo”.

B) La explicación de que el RDL 20/2012, y en concreto las medidas de ajuste, reordenación, racionalización o recortes en políticas de protección al desempleo (bueno, la palabra “recortes” la he añadido yo de mi propia, y fundada, cosecha) es coherente con el objetivo de estabilidad presupuestaria (el sancta santorum de todas las decisiones políticas), garantizarán la viabilidad del futuro sistema de protección  e impulsarán (otra vez la mano económica) “una utilización más eficiente del dinero público destinado a políticas de empleo”. Además, de forma “didáctica”, como un buen profesor que trata de reforzar algún contenido de su explicación, la Ministra (o quien redactó esta parte de la intervención) explica a sus señorías que son medidas “sobre las que hemos reflexionado mucho y que hemos seleccionado cuidadosamente, y que han sido tomadas “con sensibilidad, en el ámbito del Ministerio de Empleo”.

Bueno, permítanme un par de observaciones: mucho cuidado en la elaboración del RDL, en todo su contenido, no parece que existiera si pocos días después se publica una corrección de errores de cuatro páginas, con alguna corrección que es pura y simplemente una modificación del texto, y la referencia a su Ministerio por parte de la Sra. Ministra me lleva a pensar que quiso destacar que las medidas de contenido laboral se había adoptado en su seno, algo que es lógico… salvo que hubiera intervención de otros Ministerios del ámbito económico. Toda la explicación de la Ministra gira alrededor de la tesis de que las medidas adoptadas en la protección por desempleo garantizan tanto el futuro del sistema como la protección “de aquellas necesidades y aquellas situaciones verdaderamente más desprotegidas, y que tienen por finalidad “racionalizar” el sistema, ya que “la acumulación sucesiva de medidas parciales…, que restaban solidez y racionalidad al conjunto del sistema, hacen necesario eliminar discordancias y tratamientos que eran inequitativos”.

Me surge la duda, después de leer el texto preparado para la intervención de la Sra. Ministra, de si yo podría hacer una explicación con las mismas palabras a mis alumnos y alumnas de las Facultades de Derecho y de Economía y Empresa de la UAB, y mucho me temo que alguno me diría aquello de “¿puede repetir, por favor?, con lo que no me quedaría otro remedio que explicar que se ha procedido a reducir prestaciones ante las dificultades económicas, y estoy seguro que así lo entenderían mejor ¿no les parece? Por ello, no es de extrañar que el portavoz de la Izquierda Plural, Sr. Ricardo Sixto, afirmara que la Ministra había utilizado “un lenguaje edulcorado”, que omitía “la letra pequeña del decreto, que es la que descubre que lo que usted está diciendo no se ajusta a la realidad”.

C) En la explicación de la Sra. Ministra nos encontramos con la defensa del cambio (= reducción de prestaciones) en la regulación de las cantidades abonadas por el Fondo de Garantía Salarial en casos de insolvencias y concursos, que para quien no lo recuerde significa que pasamos de calcular la cuantía del salario diario sobre el tope del doble del salario mínimo interprofesional frente al triple en la normativa vigente hasta el 21 de julio. La justificación de esta medida, no anunciada ni conocida públicamente hasta que se publicó en el BOE, es “recuperar la sostenibilidad de este organismo”, del que afirma la Sra. Báñez que “está en riesgo como consecuencia de la reforma que se articuló en 2006”.

Más exactamente, Sra. Ministra, el problema económico deriva en buena parte a mi parecer de la situación de crisis vivida en muchas empresas en 2012 (sin olvidar, ciertamente, la crisis de  2010 y 2011), consecuencia de las decisiones adoptadas por las empresas ante la crisis económica, y además estaba prevista un incremento de la cotización empresarial al FOGASA si la situación económica empeoraba, pero parece que el gobierno ha optado por la solución más drástica y que afecta a muchos miles de trabajadores, que es la reducción de las prestaciones a las que tendrán derecho si su empresa se encuentra imposibilitada de abonarles los salarios o indemnizaciones debidas.

Conclusión, según la Ministra: aquí no ha pasado nada porque la reforma de 2012 “mantiene .. los umbrales cubiertos tradicionalmente por este organismo…, vigentes en nuestro ordenamiento laboral hasta el año 2006”. Bueno, si hay que hacer caso a la “tradición” como fuente normativa, nos podríamos remontar incluso hasta las épocas en que no había ningún tipo de protección social, pero espero que el gobierno no tenga esa idea en su cabeza. 

Por cierto, en la consulta que he realizado hoy de la web del FOGASA, en el apartado de "prestaciones" se mantiene la redacción anterior al RDL 20/2012, con referencia al cálculo del salario tomando como referencia el triple del SMI. Ya han pasado muchos días desde la entrada en vigor de la citada norma para que se hubiera actualizado la web, y lo más grave es que una persona que acuda directamente a la misma sin conocer los cambios operados en la normativa dispondrá de una información errónea, facilitada, no se olvide, por la Administración. 

D) Sobre las modificaciones en la regulación de la renta activa de inserción (cuyo impacto calcula el MEySS que puede afectar a cerca de 68.000 personas, cifra que el grupo socialista eleva a 300.000), la Ministra es del parecer (bueno, la persona o personas que han elaborado la norma y la intervención) que se dota a esta prestación de “racionalidad” con la obligación (no existente con anterioridad) de que para acceder a la misma, y a salvo de algunas excepciones, “el solicitante  haya agotado previamente una prestación o subsidio por desempleo”.

Es curioso que en su intervención, y por cierto tampoco se dijo nada en las de los portavoces de los grupos parlamentarios, no se hiciera mención al supuesto que más controversia jurídica ha suscitado, cual es la pérdida (más exactamente, para ser buenos juristas, interrupción durante doce meses, siempre y cuando la persona afectada vuelva a inscribirse como demandante de empleo) de dicha prestación durante doce meses si la persona perceptora de la RAI sale de territorio nacional por cualquier motivo y sin importar la duración. En la solicitud de dictamen presentada por diputados socialistas, y a la que me he referido en el inicio de esta entrada, se pone de manifiesto con buen criterio jurídico que la redacción del precepto no deja ningún  margen de opción a la justificación de la salida por un hecho justificable como podría ser una enfermedad grave o muerte de un familiar, al mismo tiempo que restringe drásticamente sus posibilidades de readaptación profesional, y de ahí que se considere que “el inciso por cualquier motivo puede ser susceptible de inconstitucionalidad por ir en contra de los artículos 39 y 40.2 de la Constitución, y de antiestatutariedad por vulnerar el precepto regulado en el artículo 24.3 del EAC”.  

E) Alguna referencia hay que hacer inevitablemente al hecho de que las medidas se adoptaran por RDL, la técnica jurídica de legislar por excelencia del gobierno español durante 2012, y que llevó al diputado de CiU Sr. Carles Campuzano a manifestar con rotundidad en su intervención su enorme preocupación “por el estado de excepción legislativa en que está instalada esta legislatura”, preocupación que comparto y a la que me he referido en más de una ocasión en entradas anteriores del blog, tratándose de medidas ciertamente muy importantes para la mayor parte de la ciudadanía y que hubieran requerido un debate a fondo de las mismas en un trámite parlamentario ordinario, planteando el Sr. Campuzano que ello hubiera podido llevar, algo que ahora ya no es posible, “a un esfuerzo de aproximación entre el gobierno y los grupos de la oposición”. Por cierto, de la intervención del portavoz de CiU me quedo también con su afirmación-constatación (porque efectivamente ya se está produciendo) de que las reformas de la protección por desempleo “van a provocar el aumento de la presión a ayuntamientos y Comunidades Autónomas a la hora de hacer frente a situaciones de necesidad social: ayuntamientos y comunidades autónomas que están colapsados por su situación financiera”.

Parece que a la Ministra la preocupación del dirigente de CiU no le preocupa, ni mucho ni  poco, si hemos de hacer caso a una manifestación formulada en el turno de réplica, y que mueve a preocupación a mi parecer sobre el concepto de democracia en general y de democracia parlamentaria en particular, que puede tener la Sra. Báñez, ya que tras recordar que “algunos se han quejado del número tan importante de decretos (sic) y de proyectos de ley que llegan a esta Cámara”, manifestó con mucha claridad,  y esta vez sin necesidad de las grandes frases preparadas para su intervención, que “es mejor hacer las cosas cuanto antes para salir de esta crisis, tan dura y crear cuanto antes empleo”. Sin mayores comentarios, ¿de acuerdo?

F) En fin, como funcionario público, tan “querido” por este gobierno y mucho más en el RDL 20/2012, me quedo “tranquilo” con la manifestación de la Sra. Ministra de que no voy  a perder dinero (= reducir salario), aunque se suprima la paga de navidad de 2012, porque queda claro que sólo nos han pedido un esfuerzo y que el gobierno “les vamos a devolver esa paga, en la forma que sea, que podrá gustar más o menos, pero ese dinero no lo van a perder”.

Le tomo la palabra a la Sra. Ministra, y se lo digo con toda sinceridad: nada me gustaría más que tuviera toda la razón”. Pero, con toda sinceridad también le digo que todas las medidas adoptadas en la función pública van en la dirección contraria y por ello no me pida que tenga confianza en sus manifestaciones.  

5. Concluyo. Buena lectura de las 28 páginas del Boletín Oficial del Congreso de losDiputados, número 153, del 26 de julio, de la Comisión de Empleo y SeguridadSocial. Aunque, con toda sinceridad, reconozco que hay lecturas mucho más agradables para el cuerpo y  para la mente, y más en la época del año en que nos encontramos.