1. En su
comparecencia del día 2 de abril ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social
la titular del Ministerio del mismo nombre, Sra. Fátima Báñez, manifestó lo siguiente: “los
Presupuestos son necesariamente austeros. Pero hay dos líneas rojas que el
Gobierno no va a traspasar en relación con las políticas del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social: las pensiones y las prestaciones por desempleo.
Ambas cuestiones suponen la mayor parte del gasto total de mi departamento”. Igualmente,
y ya en turno de réplica a las intervenciones de los portavoces de los grupos
parlamentarios, volvió a insistir en la misma tesis: “Tampoco vamos a tocar las
prestaciones por desempleo, porque es un derecho que se han ganado los
trabajadores con su trabajo diario. Son casi 30.000 millones de euros, una
parte muy importante del presupuesto, somos conscientes”.
Sin embargo, no
parece que la afirmación de la Sra. Ministra puede ser realidad durante muchos
meses si nos hemos de atener al gasto en prestaciones por desempleo en los tres
primeros de 2012 y la partida presupuestaria asignada para todo el año en el todavía
proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2012. Además, la
reforma laboral aprobada por el Real Decreto-Ley 3/2012 ha abierto una amplia
vía para el incremento del gasto al suprimir la autorización administrativa en
todos los expedientes de regulación de empleo, pero muy señaladamente por el
uso que se está haciendo (no sólo con la reforma, ciertamente, sino desde la aprobación
de la reforma de marzo de 2009) de los expedientes de suspensión de contratos y
reducción de jornada, tal como explica con su habitual claridad y lucidez el
magistrado Rafael López Parada en un entrada publicada ayer en el blog Xanerrasti
en el que colabora habitualmente.
2. Un artículopublicado ayer sábado por Manuel V. Gómez en El País ha sido el detonante de un
interesante debate electrónico, en el que he participado, entre personas bien
conocedoras de la realidad del mercado de trabajo en España y Cataluña, como
son entre otros el Sr. Francesc Castellana, ex director del Servicio de Empleo
de Cataluña, y la Sra. Montse Capdevila, diputada por el Partit dels
Socialistes de Catalunya en el Parlamento catalán. El citado artículo, también
referenciado por R. López Parada, me ha llevado a consultar nuevamente los
datos sobre prestaciones por desempleo del mes de marzo, hechos públicos el
viernes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y a los que ya había
dedicado atención con respecto a la situación de la población extranjera en mi
entrada mensual sobre los datos de afiliación a Seguridad Social y prestaciones
por desempleo (en lengua catalana).
Los datos
económicos, y que justifican mi preocupación por un posible recorte de la
duración y de la cuantía de las prestaciones por desempleo en pocos meses,
parecen bastante claros: por una parte, los PGE plantean una reducción del
presupuesto (con independencia ahora de su consideración de crédito ampliable)
destinado a las prestaciones por desempleo en un 5 % respecto a 2011, pero en
los tres primeros meses del año el incremento sobre el presupuesto del año
anterior se ha situado en un 2,7 %, habiéndose gastado 8.100 millones. Más
concretamente, y siempre sobre el mes anterior, la partida presupuestaria de
enero 2012 se incrementó en 0,52 %, la de febrero en 3,4 y la de marzo en un
4,1 %.
¿A qué es debido
el incremento del gasto en prestaciones por desempleo? Por una parte, los datosde la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de este año, hechos
públicos el 27 de abril, constatan la disminución de 138.400 asalariados con contrato indefinido
y 279.600 con contrato temporal, siendo la primera cifra muy importante porque
se trata lógicamente de personas con más años de cotización a la Seguridad
Social y que generan derecho a prestaciones contributivas por el máximo periodo
legalmente establecido.
Por otra, la
reforma laboral puede tener un impacto indudable sobre el incremento de los
ERES al haber desaparecido la autorización administrativa y ser relativamente
sencilla la tramitación del reconocimiento de las prestaciones, en especial si
hay acuerdo entre las partes en la resolución del expediente. Por su indudable
interés práctico reproduzco un párrafo de la entrada de R. López Parada: “Dado
que las impugnaciones de los trabajadores son mínimas, porque el sistema de
impugnación es ineficaz y el contrato continúa vigente (no es un despido), las
empresas están aplicando las suspensiones y reducciones de jornada sin atenerse
a las formalidades legales: ni documentación, ni periodo de consultas, ni nada.
Se firman unas actas y se presentan a la Autoridad Laboral autonómica. Como el
efecto presupuestario va por cuenta del SEPE, las autoridades autonómicas no
tienen interés alguno en el control, máxime cuando no tienen ningún instrumento
jurídico para ello. En tales condiciones el informe preceptivo de la Inspección
de Trabajo se reduce a un mero formulismo sin contenido. Por su parte el SEPE
no puede denegar la prestación por supuesto fraude, porque para ello tendría
que entrar en la legalidad de la suspensión de contratos o reducción de jornada
y eso es competencia autonómica. O sea que, como era previsible, el sistema se
ha convertido en una barra libre para transferir trabajadores temporalmente a
cobrar el paro. Y, según me dicen, después de los primeros momentos de
perplejidad, las empresas se han dado cuenta de que es una posibilidad real y
libre y se han lanzado a utilizarla”.
3. El repaso a
los datos nacionales de las prestaciones por desempleo del mes de marzo, ya en
vigor la reforma laboral y en plena crisis de empleo indefinido, confirman las
preocupaciones por la deriva económica del presupuesto destinado a desempleo, y
de seguir así las cosas, y las previsiones para este año 2012 son claramente
negativas si nos hemos de guiar por el proyecto de PGE, el programa deestabilidad 2012-2015 y el programa nacional de reformas 2012, sólo cabe dos
soluciones: un incremento de la partida presupuestaria o la reducción de las
prestaciones, ya sea en cuanto a su duración, su cuantía, o de ambas.
Fijémonos sólo
en estos datos: el incremento de solicitudes de prestaciones contributivas se
ha incrementado en términos interanuales en un 11,5 %, mientras que por el
contrario las solicitudes de subsidio han descendido en un 13,8 % (dato que
pone de manifiesto la salida del circuito de protección económica de un buen
número de personas, siendo la cobertura bruta actual del 66,40 %, un 7,5 %
menos que en el mismo mes de 2001, debiendo distinguir entre el 48,51 % de
prestaciones contributivas, con un incremento del 1,4 %, y el 51,49 % de
prestaciones asistenciales, con una disminución del 1,3 %); las altas por prestación
contributiva se han incrementado en un 10,3 %, mientras que las de subsidio se
han reducido en un 14,4 (cuestión distinta, cualitativamente importante pero
menos económicamente, es el incremento de las solicitudes, altas y partida
presupuestaria destinada a la Renta Activa de Inserción); los beneficiarios de
las prestaciones contributivas el mes de marzo (1.375.602 personas) suponen un
incremento del 3,2 % sobre marzo de
2011, mientras que los acogidos al subsidio (1.228.194) reducen su
número en 4,6 % en el mismo período. Aún más importante: la “nómina” de las
prestaciones contributivas del mes de marzo se incrementa en 5,5 % en seria
anual, hasta alcanzar 1.894.665 millones de euros, mientras que la destinada al
subsidio se reduce en 2,4 % y supone 619.775 millones. Como conclusión, la
cuantía media de la prestación contributiva por beneficiario es de 864,7 euros,
un incremento interanual del 1,5 %.
Por cierto, y
para que quede claro, el incremento del gasto se debe básicamente al incremento
del desempleo autóctono, ya que los datos de la EPA del primer trimestre
constatan que el número de ocupados extranjeros baja en 87.300 y el de
españoles lo hace en 287.000, habiéndose incrementado el desempleo entre la
población española en 298.500 personas, un número muy superior al de los nuevos
67.400 desempleados extranjeros. El mes de marzo la partida presupuestaria
contributiva para extranjeros ha disminuido en un 4,8 %, y aún es muy superior el
descenso de la destinada al pago de subsidio, un 25,5 %. El número de
beneficiarios de las primeras está ahora en el 11,40 % del total de
beneficiarios (siendo este porcentaje del 15,18 % hace dos años), con un
descenso interanual del 7,7 %, y el de perceptores de subsidio es del 14,17 %,
con disminución del 21,9 % (aquí sí que debe destacarse el incremento de
perceptores de la RAI, que supone ya el 14,25 % del total de beneficiarios).
Como conclusión, la cuantía del gasto para prestaciones contributivas, 168.047 millones
de euros, implica una disminución del 2,7 % anual, mientras que este porcentaje
es del 22,1 % para la cuantía destinada al pago de subsidio, 80.454 millones.
4. Quizás el
gobierno tenga la varita mágica para solucionar el problema con el “plan delucha contra el fraude en materia de Seguridad Social”, cuyas líneas maestras
ya han sido conocidas por el Consejo de Ministros y de cuyo contenido, en
términos generales, da debida cuenta el Plan Nacional de Reformas del Reino deEspaña 2012 en sus páginas 122 a 128, uno de cuyos objetivos es “evitar el
cobro indebido de prestaciones y subsidios, con el consiguiente efecto de
desestabilización del sistema de protección social”, porque se considera por el
gobierno que “hay un margen de mejora importante en la detección de
comportamientos no ajustados a derecho”.
Entre otras
medidas se prevén las siguientes: la mejora de los procesos de renovación de la
demanda de empleo; un incremento de los controles intensivos de presencia, con
requerimientos a los interesados “para que se personen en los días y horas que determine la unidad de gestión de
las prestaciones”; una mayor y más estrecha vinculación de las políticas
activas y pasivas de empleo; un mayor control de la salidas al extranjero de
perceptores de las prestaciones (acción que se califica de “innovadora” en el Plan
de reformas 2012, con previsión de registro de salidas y entradas en el
pasaporte, ya que el gobierno afirma que se ha detectado el “incremento del
número de situaciones irregulares detectadas de personas que cobran la
prestación y que residen fuera de España”);
en fin, un más estricta verificación de los requisitos de acceso y
mantenimiento de las prestaciones por desempleo “y demás prestaciones de
Seguridad Social” mediante el cruce de datos obtenidos por medio de la Agencia
Estatal de la Administración Tributaria, la Tesorería General de la SS y el
registro de Prestaciones Sociales Públicas, con dos medidas a las que se quiere
dedicar especial atención: “intensificación y mejora de la eficacia del control
de empresas ficticias, cursando las bajas en desempleo de los que hayan
obtenido indebidamente la prestación”; “intensificación de la colaboración con
las Inspecciones de otros Estados miembros de la Unión Europea para detectar
supuestos de posible compatibilización de trabajos en los mismos con
prestaciones por desempleo generadas en España”.
Pero.. quizás
una mejor solución sea modificar la reforma laboral en la tramitación parlamentaria
dando nuevamente el control a la autoridad administrativa laboral en los ERES,
y también una política de empleo que apueste por la creación de empleo estable
y de calidad y no por mecanismos jurídicos que potencian la flexibilidad
interna y externa unilateral y que suponen un incremento del número de personas
desempleadas como mínimo a corto y medio plazo (en el largo plazo, ni el
gobierno actual ni muchas personas verán los resultados). ¿No les parece?
No hay comentarios:
Publicar un comentario