Entre las
propuestas concretas, y recuérdese que se trata de un texto que debería poder
aplicarse en razón de los condicionantes propios de cada uno de sus 184
miembros, se propone la mejora de los salarios mínimos, de tal manera que las
instituciones del mercado laboral “deberían fortalecerse de manera que los
salarios crezcan al mismo ritmo que la productividad”, la reanudación del
acceso al crédito y la creación de un ambiente empresarial más favorable para
las pequeñas empresas (que no pasa a mi parecer, aviso para navegantes, por un debilitamiento
del estatus jurídico de los trabajadores de las mismas), un estímulo en las
políticas de demanda agregada para los países emergentes y en desarrollo, y un
énfasis especial en la protección de las personas desempleadas en los países
desarrollados, con especial atención a los jóvenes, “a fin de garantizar que
reciban el apoyo adecuado para encontrar nuevos empleos”. Una idea
especialmente interesante y sugestiva es la de crear mecanismos que permitan
identificar un “límite máximo de desempleo” que, en caso de ser superado,
obligaría a la adopción de medidas correctoras por los poderes públicos, de la
misma manera que se hace, y así se recuerda por la OIT, con los objetivos de
inflación. Son propuestas, en definitiva, que tratan de dar respuestas a una
situación socialmente degradada a escala mundial, ya que las tasas de empleo
sólo se han incrementado en 6 de las 36 economías avanzadas desde 2007,
mientras que aumentan las tasas de desempleo juvenil y de pobreza, tanto en los
países desarrollados como en aquellos en vías de desarrollo.
3. La lectura
del Informe sobre el trabajo en el mundo debe completarse con el documentopreparado junto con la OCDE para la reunión de Ministros de Trabajo y Empleodel G-20, un texto que tiene el especial interés de utilizar datos muy puestos
al día, ya que la documentación estadística utilizada llega hasta el pasado 9
de mayo. El texto se refiere al también reciente Informe del FMI sobre las
perspectivas de la economía mundial, presentado en abril, y destaca que los
datos disponibles apuntan a “una frágil recuperación”, aunque en la eurozona el
pronóstico a corto plazo “no deja de ser poco alentador”. Si la recuperación no
avanza con mayor rapidez de la previsible según los datos ahora disponibles, no
podrá corregirse el déficit de empleo en el G-20 “que afecta aproximadamente a 21,3 millones
de personas y que lleva acumulándose desde el comienzo de la crisis financiera
mundial en 2008” (la mitad concentrada en un solo país, Estados Unidos).
La OIT y la OCDE
muestran su preocupación en especial por el incremento del desempleo juvenil y
de larga duración, así como también por el impacto negativo de la crisis del
empleo en las demandas de los consumidores y en el comportamiento de los hogares,
“lo que supone una presión adicional para la recuperación”. Con respecto a los
cambios estructurales en el empleo, el documento destaca el impacto muy negativo
de la crisis en el sector de la construcción, las “enormes” pérdidas de empleo
en las economías más avanzadas en el sector manufacturero y el crecimiento del
empleo en los servicios públicos, mientras que por el contrario en los países
de economías emergentes sí se ha producido incremento en aquel sector (¿el
juego de la deslocalización, acompañado de crecimiento?) y también en los
servicios de mercado. Con estos datos en la mano, el texto alerta lógicamente,
y con acierto a mi parecer, de la importancia de tener en consideración, en
todas las políticas que concentren su atención en el mercado de trabajo, “sus
implicaciones en materia de ajuste, con el fin de fomentar la readaptación
profesional y la movilidad de las
personas”.
La OIT y la OCDE
llaman la atención sobre la ineludible necesidad de adoptar medidas que
permitan reducir el desempleo de larga duración, no sólo por el impacto
positivo que ello tenga sobre las personas ocupadas, sino también para corregir
los “efectos colaterales” que puede provocar y que los estudios realizados
asocian a “un mayor riesgo de pobreza, problemas de salud y fracaso escolar
para los hijos de los individuos afectados”; piden la adopción de medidas que
permitan corregir la infrautilización de mano de obra que hoy existe en varios
países (entre ellos España) y que se concreta en una utilización involuntaria
de la prestación laboral a tiempo parcial; piden también un intenso crecimiento
del empleo que permita tanto la incorporación de nuevas personas al mercado
como la reducción del desempleo existentes.
En cuanto a los principales
“desafíos estructurales” en los mercados de trabajo del G-20, para la OIT y la
OCDE son claves un mejor aprovechamiento de los recursos laborales y un empleo
de mayor calidad, sin olvidar que deben superarse en un contexto especialmente
difícil. La integración de los jóvenes, mujeres y migrantes en los mercados de trabajo, y la mejora de las condiciones de
cualificación para los trabajadores con poco bagaje profesional son objetivos
que deben mantenerse como prioritarios en las economías avanzadas, como también
posibilitar una mayor permanencia de la población trabajadora en el mercado de
trabajo, para lograr que este sea más inclusivo y que se adapte a los intereses
del mundo de las empresas y de los trabajadores. Con respecto a los jóvenes, y
al igual que en documentos anteriores de las dos organizaciones, se insiste en
la importancia de evitar el crecimiento de aquellos que ni trabajan ni siguen
estudiando, ya que a medida que la situación se consolida “este subgrupo de
jóvenes corre un riesgo particularmente alto de sufrir unos resultados poco
satisfactorios en el mercado de trabajo”. La mejora de la calidad del empleo
para lograr un trabajo decente, con atención especial al crecimiento del empleo
formal en los países de economías emergentes y a la disminución de la
inestabilidad/precariedad laboral en los países de economías avanzadas, es otro
objetivo a conseguir, así como la puesta en marcha de una política salarial que
corrija las cada vez más crecientes desigualdades salariales, unas
desigualdades que no sólo responden, aunque sea relevante, a los cambios
tecnológicos y a su impacto sobre las cualificaciones profesionales, sino
también, y referido específicamente al ámbito laboral, “al debilitamiento de
los sindicatos y la negociación colectiva”.
Por cierto, hay
que subrayar también que esta semana se ha celebrado la reunión de Ministros delos Estados miembros de la OCDE, en la que se ha destacado la importancia de
promover un crecimiento inclusivo y crear
empleos y luchar contra el desempleo juvenil mediante reformas estructurales,
así como estudiar de qué manera pueden reducirse las desigualdades existentes.
A dicha reunión el sindicalismo internacional ha presentado un documento de
trabajo dirigido a los ministros en el que se pide la adopción de medidas que
apuesten por un crecimiento duradero, la creación de empleo y la reducción de
las desigualdades, criticando muy duramente la actuación de algunos gobiernos,
con especial importancia en Europa, “para debilitar los mecanismos de negociación
colectiva, disminuir los salarios mínimos y eliminar la protección del empleo”.
De ahí que el TUAC exija el respeto de los derechos fundamentales en el trabajo
y el apoyo a políticas que refuercen las instituciones del mercado de trabajo y
la negociación colectiva “con el fin de reducir las desigualdades de rentas y
de paralizar el incremento de los empleos precarios e informales”, así como también
integrar la noción de “trabajo decente” en todas las estrategias de la OCDE.
La preocupación
no sólo por el crecimiento del desempleo sino también, y muy especialmente, por
el de las desigualdades sociales y su impacto sobre la población trabajadora también
está presente en los documentos de la Confederación Europea de Sindicatos. En
un reciente documento de su Instituto de Estudios (ETUI) se destaca que Europa
va por el camino equivocado con sus políticas de austeridad y que es necesario
adoptar medidas que reviertan la situación actual existente en muchos países y
que contribuyen al incremento de las desigualdades: “los programas de
austeridad que conllevan consecuencias regresivas, la inversión de la anterior
tendencia a aumentar la convergencia entre los Estados miembros y las regiones,
el incremento de la inseguridad del empleo, el deterioro de las condiciones
laborales, la puesta en entredicho de los sistemas de negociación colectiva
aunque dichos sistemas contribuyan a fomentar la igualdad de las rentas, el
debilitamiento de los modelos sociales nacionales y la marginación de los
sindicatos en la elaboración y la aplicación de las directrices socioeconómicas
estratégicas de la Unión Europea y sus Estados miembros”.
4. Más recientemente
la OIT ha presentado su informe para este año sobre las “Tendencias mundialesdel empleo juvenil”, en el que presta especial atención a la difícil situación
de muchos jóvenes que se encuentran en situación de desempleo (12,6 % en 2011 y
proyección del 12,7 % para este año), más exactamente alrededor de 75 millones
de personas, habiendo acabado la crisis producida en 2008 con el descenso del
desempleo juvenil que se había operado en el período 2002-2007 y provocando un
incremento de cerca de 4 millones de desempleados desde 2007.
Los datos
disponibles con los que trabaja la OIT prevén el mantenimiento de las tasas de
desempleo en los próximos años, y de ahí que sea necesario adoptar medidas que
posibiliten la inserción laboral, y no sólo esta sino también que se produzca
con arreglo a unas condiciones contractuales y salariales dignas y adecuadas, y
que sea necesario, con arreglo a las posibilidades y los marcos jurídicos
existentes en los diferentes Estados, poner en marchas medidas que eviten que
los jóvenes se concentren en empleos de duración determinada y con escasos
requerimientos de cualificación y además con niveles salarios reducidos. Entre
las medidas propuestas para mejorar la situación a medio plazo se encuentran
algunas que son aplicables al conjunto de las políticas laborales y otras
dirigidas más específicamente a los jóvenes: políticas macroeconómicas y de
crecimiento; programas activos de mercado laboral como desarrollo de servicios
públicos de empleo y subsidios salariales y de capacitación, o reducción de
impuestos; mejorar la calidad del trabajo y las garantías de protección social;
potenciar el diálogo social para poner en marcha medidas para mejorar la
situación del empleo juvenil; en fin, “apoyar una mayor información sobre el
mercado laboral y los sistemas de análisis, los cuales sirven de base para
supervisar los mercados laborales y diseñar e implementar políticas efectivas”.
La lectura del
Informe debe completarse con el documento de trabajo presentado a la 101ª
Conferencia Internacional del Trabajo con el título “La crisis del empleo delos jóvenes: ¡Actuemos ya!”, en el que se alerta sobre la marginación de los
jóvenes y la crisis del empleo juvenil como “una amenaza para la cohesión
social y la estabilidad política” si no se corrigen las preocupantes
perspectivas para toda una generación de jóvenes de disponer de condiciones de
vida inferiores a las de la generación anterior, y el riesgo adicional que todo
ello conlleva de socavar “la confianza
de hombres y mujeres jóvenes en los paradigmas de políticas vigentes y en la
posibilidad de un futuro mejor”, por lo que es del todo punto necesario
enfatizar la importancia de adopción de medidas que conviertan el empleo y la protección
social, tanto en general como para los jóvenes en particular, “en objetivos claves
de las políticas económicas y las estrategias de desarrollo”. En el bien
entendido, y comparto plenamente la tesis que ahora expondré y que he defendido
en mis trabajos en los que he abordado la problemática del empleo juvenil, que “los
jóvenes no constituyen un grupo homogéneo, de ahí que sea más eficaz centrarse
en determinados grupos y desventajas y vulnerabilidades específicas en el
mercado de trabajo”, y que para conseguir que ello sea posible “es necesario
contar con los recursos y las capacidades administrativas que requiere la
aplicación de este tipo de programas específicos y de gran complejidad”.
La OIT defiende
políticas que incentiven económicamente la contratación y rechaza las asociadas
a trabajos temporales o a salarios inferiores a los de otros trabajadores, y
valora positivamente los programas públicos de empleo en economías desfavorecidas
para incorporar de forma regular a los jóvenes al mercado laboral. Y no se
recata en reconocer que una crisis como la actual afecta, aunque sea de
diferente manera, a todos los países, y que deben abordarse acciones a escala internacional
“por parte del G-20 y la comunidad internacional, en particular las
instituciones financiera internacionales, otras organizaciones multilaterales y
regionales, y el sistema de las Naciones Unidas”, y que corresponde a la OIT “recabar
el apoyo de todos estos actores”.
Tampoco conviene
olvidar las conclusiones de la recientemente celebrada conferencia de expertos sobreel empleo y la inclusión de los jóvenes en tiempos de crisis, organizada por la
presidencia danesa de la UE los días 26 y 27 abril, en la que se ha debatido
sobre qué medidas son las más adecuadas para facilitar la incorporación
laboral, las transiciones en el mercado de trabajo y la mejora de las
cualificaciones requeridas para los nuevos empleos, y en la que se ha enfatizado
que la inversión en políticas dirigidas a jóvenes es una apuesta obligada de
futuro y que repercutirá en beneficio del conjunto de la población.
5. Concluyo.
Buena lectura, para quien tenga tiempo y ganas, de todos los documentos
analizados en esta entrada. ¡Ah!, y no olviden la Comunicación de la Comisión
Europea de 18 de abril que lleva por título “Hacia una recuperación generadorade empleo”, que completa las prioridades en materia de empleo del Estudio
Prospectivo anual sobre el crecimiento, al que dedique especial atención en
otra entrada. El llamado “paquete de empleo” se debatirá en una conferencia europea
de alto nivel los días 6 y 7 de septiembre, y será entonces, como mínimo,
cuando habrá que volver sobre las propuestas de la UE.
No hay comentarios:
Publicar un comentario