1. La próxima
semana se inicia en Ginebra la 101ª reunión de la Conferencia Internacional deTrabajo, en la que entre otros puntos serán objeto de especial atención la
crisis del empleo de los jóvenes y las prioridades en materia de principios y
derechos fundamentales en el trabajo para 2012-2016, y se debatirá la
aprobación de una Recomendación sobre los niveles mínimos (“pisos”) deprotección social, definidos en el artículo 1 del Proyecto presentado a la
Conferencia como aquellos que “constituyen conjuntos de garantías básicas de
seguridad social definidos a nivel nacional que garantizan una protección
destinada a prevenir o aliviar la pobreza, la vulnerabilidad y la exclusión
social”.
Los documentos
de la OIT sobre el mundo del trabajo en general, y las políticas de empleo en
particular, siempre han merecido mi interés en este blog, y vuelven a merecerlo
ahora dos importantes textos presentados recientemente, el Informe sobre eltrabajo en el mundo 2012, con el significativo subtítulo de “Mejores empleos
para una economía mejor”, y las tendencias mundiales del empleo juvenil 2012(documento que debe ser analizado junto con el Informe V presentado a la 101ªConferencia y dedicado a “La crisis del empleo de los jóvenes. ¡Actuemos ya!).
Sin olvidar, la reciente aportación de la OIT, en un documento conjunto con la
OCDE sobre “perspectivas a corto plazo y principales desafíos para el mercadode trabajo en los países del G-20”, una actualización estadística preparada
para la reunión de los Ministros de Trabajo y de Empleo del G-20 que tuvo lugar
en la ciudad mejicana de Guadalajara los días 17 y 18 de mayo.
2. Del informeanual sobre el trabajo en el mundo el profesor Jaime Cabeza ha escrito, en su
blog amigo, que “No es que diga nada especial, pero, en los tiempos que corren,
resulta provocador. Es, sólo, un grito a la conciencia de los gobernantes para
que algo cambie”. Y más adelante enfatiza que “El cuerpo del informe realiza un
análisis demoledor de nuestra situación laboral y pone de manifiesto cómo la ha
agravado el decretazo de febrero. Los datos son concluyentes sobre el
incremento de la inseguridad, de los despidos, de la bajada salarial, de la
precariedad…Se trata de un diagnóstico irrebatible, a menos que pretenda
rebatirse con esa especie de metafísica de los que cultivan las posturas más
liberales de la macroeconomía”. Se puede decir más alto, pero no más claro.
Por mi parte, me
quedo en primer lugar con la pregunta de ¿cómo salir de la trampa de la
austeridad? (recuerdo que la OIT es una organización tripartita y en modo
alguno anti-sistema, por si el título pone nerviosa a más de una persona), su
constatación estadística, que al mismo tiempo es manifestación clara de la
gravedad de la crisis, de alrededor de un déficit de 50 millones de empleo
frente a la situación anterior al inicio de la crisis en 2008, con una especial
preocupación para la realidad europea, las muchas dificultades para poder
ofrecer empleos a las personas que se incorporen al mercado de trabajo en los
próximos dos años, el carácter cada vez más estructural de los desequilibrios
en dicho mercado (y no meramente coyuntural) y los efectos perversos de esas
situación para algunos colectivos de trabajadores, en especial las personas
desempleadas de larga duración “que corren el riesgo de quedar excluidas del
mercado laboral”, y los jóvenes. Efectos perversos que no sólo se manifiestan
en términos de desempleo sino que también están presentes entre la población
ocupada, con el auge de la inestabilidad o precariedad contractual, del empleo
informal, y de la prestación laboral involuntaria a tiempo parcial o mediante
contratos de duración determinada.
La crisis de
empleo y el alejamiento de buena parte de los países de la resolución de este problema
por aquello que el documento de la OIT califica de concentración del cambio “en
la reducción del déficit a toda costa”, lleva también a un incremento del
descontento social en muchos países, con riesgos cada vez menos disimulados de
incremento de las tensiones sociales y aumento de los conflictos laborales. El destacado
sociólogo Ulrich Beck realiza una lúcida reflexión en una artículo publicado
hoy domingo en El País sobre las consecuencias de la inseguridad en las
relaciones laborales, afirmando que “De todo ello resulta que cuanto más se
desregulan y flexibilizan las relaciones laborales, con más rapidez pasamos de
una sociedad del trabajo a otra de riesgos incalculables, tanto desde el punto
de vista de las vidas de los individuos como del Estado y la política. En
cualquier caso, una tendencia de futuro está clara: la mayoría de la gente,
incluso de los estratos medios, aparentemente prósperos, verá que sus medios de
vida y entorno existencial quedarán marcados por una inseguridad endémica.
Parte de las clases medias han sido devoradas por la crisis del euro y cada vez
hay más individuos que se ven obligados a actuar como "Yo y
asociados" en el mercado de trabajo”. En la presentación del Informe, uno
de sus autores, el Director del Instituto Internacional de estudios laborales
Raymond Torres, destacó que “la excesiva importancia que los países de la
eurozona le están dando a la austeridad fiscal está profundizando la crisis del
empleo y podría incluso conducir a otra recesión en Europa”.
La OIT constata
cómo numerosos países han procedido a modificar sus normas laborales y a
flexibilizar extraordinariamente las condiciones de trabajo (aunque más
correcto sería decir debilitar la protección laboral en la mayor parte de las
ocasiones y aumentar el poder unilateral del empleador en la modificaciones de
aquellas condiciones), con la esperanza de que ello sirviera para recuperar el
crecimiento económico y de empleo porque los tan temidos “mercados financieros”
reaccionaran de manera positiva ante los cambios. Su análisis de los datos
facilitados por los distintos Estados pone de manifiesto que esa esperanza se
ha tornado en decepción en muchos de ellos, y que las políticas de austeridad
han tenido un efecto depresivo para la economía y han repercutido en el
incremento del desempleo y en el deterioro de la situación económica porque la austeridad
“ha producido un crecimiento económico más débil, incrementado la volatilidad y
empeorado el balance financiero de los bancos, ocasionando una mayor
contracción del crédito, menores inversiones y, en consecuencia, mayores
pérdidas de empleo”.
Algunas de las
tesis del documento son perfectamente válidas para aplicar a la realidad
jurídica y social española y a los debates actualmente existentes con ocasión
de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre medidas urgentes parala reforma del mercado laboral, en relación con las polémicas sobre la relación
de complementariedad o subsidiariedad entre la mayor flexibilidad interna
(modificación de las condiciones de trabajo) y la externa (extinción de la
relación contractual). Dice la OIT que ante una recesión, y los datos
económicos confirman que esta es la situación en España, “normas menos rígidas
pueden dar lugar a más despidos sin apoyar la creación de empleo”, y por otra
parte, pero en estrecha relación con lo anterior, el debilitamiento de la
negociación colectiva “es probable que genere una espiral descendente de los
salarios, y por consiguiente, retrase aún más la recuperación”. En efecto, en
el Informe se pone de manifiesto que en 26 de los 40 países de los que se
dispone de datos, “la proporción de acuerdos protegidos por un acuerdo
colectivo disminuyó entre 200y 2009”.
Si no supiera
que estoy analizando un documento de la OIT hubiera creído que se trataba de un
análisis crítico de la reforma laboral puesta en marcha por el gobierno del
Partido Popular. Un excelente análisis crítico de las disfunciones generadas
por poner en marcha conjuntamente medidas de flexibilidad interna y externa ha
sido realizado por la profesora Mª Amparo Ballester Pastor en su ponencia delXXII Congreso de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de laSeguridad Social, de la que me permito reproducir un párrafo claramente
ilustrativo de dichas disfunciones y que repercuten negativamente sobre el
empleo y los trabajadores: “La estrategia de fomento de la flexibilidad interna
está destinada al fracaso si no se penalizan las conductas de gestión
inadecuadas, lo que obliga a una cuidadosa tarea de identificación de
distorsiones y de articulación coordinada de medidas correctoras que debe
conducir hacia la flexibilidad interna como estrategia de gestión preferente.
Tras las últimas reformas, es difícil imaginar un mayor incremento de la
flexibilidad interna en la empresa, ya sea a través de alteraciones en la
negociación colectiva o de normas directamente dirigidas a facilitar la gestión
interna y, sin embargo, es fácil anticipar que las técnicas extintivas seguirán
siendo prioritarias. Parece que las distorsiones que debía haber acometido la
reforma estructural pendiente terminarán agudizándose a fuerza de ignorar los efectos
cruzados perversos que pueden llegar a tener las medidas descoordinadas. El
fracaso reiterado de la flexibilidad interna como instrumento dirigido a
absorber las técnicas tóxicas de gestión extintiva significa que nuestro
ordenamiento no ha sabido hacerla rentable, en parte porque ha ido
progresivamente abaratando el coste del despido y, en parte, porque no ha sabido
compensar el coste en motivación y formación para la empresa que requiere una estrategia
empresarial en continua adaptación. De este modo el ordenamiento laboral
español tras las últimas reformas no solo no ha sido capaz de promocionar un
determinado tipo de gestión de mano de
obra, sino que además podría estar fomentando un tipo de empresa totalmente
incompatible con las instrucciones que provienen de la Estrategia Europa 2020”.
En el mismo Congreso, la ponencia del profesor Federico Navarro Nieto abordó la
reforma del marco normativo de la negociación colectiva, y en un cuidado y
riguroso análisis de los cambios operados por la reforma laboral destaca que
los mismos “impulsan un reequilibrio de los poderes de negociación de efectos
inciertos en el poder contractual colectivo de los trabajadores”.
En el apartado
dedicado a España, el Informe muestra su preocupación por el impacto social de
la crisis económica, que ha conducido a un incremento del desempleo y a una caída
de los ingresos “que han agravado las desigualdades”. Se muestra crítico con
los importantes recortes operados en los salarios de los empleados públicos y
en la inversión, así como con el hecho de que en el todavía proyecto de ley dePresupuestos Generales del Estado para 2012 se haya situado “al gasto social en
el centro de los recortes”. Respecto a la reciente reforma laboral, critica que
se centre a su parecer en aspectos relacionados con la regulación de los costes
de despido y de los tipos de contrato, y que no haya tenido en cuenta “una
visión más comprensiva de la protección laboral”, alerta sobre el carácter “contraproducente”
de adentrarse en una espiral descendente de los salarios, y llama justamente a
aquello que el gobierno español no ha hecho con la reforma, es decir al diálogo
social para abordar la situación.
El documento dela OIT recupera su tesis, que no es en absoluto nueva sino que viene defendiendo
desde hace tiempo, y que buena parte de los laboralistas españoles también
defendemos en nuestro país, “que no existe una relación evidente entre las
reformas del mercado laboral y los niveles de empleo”, y que de poco sirven
reformas contractuales o de relaciones colectivas sino se integran con medidas
coherentes de protección social, por una parte, y de reforzamiento del diálogo
social por otra. Un mercado laboral sólido y cohesionado, que favorezca la
estabilidad y la profesionalidad de las personas trabajadoras, ha de ser
compatible con las estrategias empresariales de mejora de la competitividad y
la productividad, y de ahí que la OIT insista una vez más, y los lectores y
lectoras del blog ya habrán visto que he destacado esta tesis en anteriores entradas
sobre textos de la organización internacional, que “las políticas que favorecen
el empleo tienen un efecto positivo sobre la economía, y que la voz de las
finanzas no debería guiar la toma de decisiones”.
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