“Cohesión, convivencia y diversidad”. Vivo y rico debate sobre la nueva realidad y los nuevos retos de la inmigración (y II)..

B) Segunda idea: Se necesitan recursos, perdónenme la perogrullada, para las políticas de integración, o dicho de otra forma para políticas que refuerzan la cohesión social y que interesan al conjunto de la sociedad, de políticas que en el tiempo presente, y así se constata en el documento recientemente elaborado por la Comisión de seguimiento del pacto nacional para la inmigración de Cataluña, refuercen “el procés d’acollida-convivència-cohesió i inclusió social, per centrar les actuacions en les polítiques d’integració, enfront de la davallada en el nombre d’arribades de nous immigrants”. En esta línea, y para el conjunto del Estado, conviene recordar que el artículo 2 ter, 4 de la Ley Orgánica 4/2000 (modificada) sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, dispone que “De conformidad con los criterios y prioridades del Plan Estratégico de Inmigración, el Gobierno y las Comunidades autónomas acordarán en la Conferencia Sectorial de Inmigración programas de acción bienales para reforzar la integración social de los inmigrantes. Tales programas serán financiados con cargo a un fondo estatal para la integración de los inmigrantes, que se dotará anualmente, y que podrá incluir fórmulas de cofinanciación por parte de las Administraciones receptoras de las partidas del fondo”.

Pues bien, parece que este año 2012 no tendremos dinero estatal para las políticas de integración que gestionan las Comunidades Autónomas y las administraciones locales, y no me interesa, lo digo claramente, el debate sobre si sólo se trata de una suspensión para este año (tesis del Ministerio de Empleo y Seguridad Social) o puede tener vocación de permanencia. No deja de ser triste y curioso que mientras que la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso de los Diputados aprobaba una moción el día 27 de marzo en términos favorables al mantenimiento de este fondo, el Consejo de Ministros aprobara el viernes 30 el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado que no dedica partida alguna al fondo. Por si alguien tuviera alguna duda de lo que estoy diciendo, leamos la disposición adicional cuadragésima quinta del proyecto de ley que lleva por título “Suspensión normativa”: “Queda sin efecto en 2012 lo previsto en el artículo 2 ter 4 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero”. ¿Se modificará este precepto en la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley? Nunca se puede decir que no, pero ciertamente las perspectivas a día de hoy no permiten ser optimistas.

Bueno, no todo ha de ser negativo en los boletines oficiales. Mientras estaba preparando esta entrada tuve conocimiento del Decreto 95/2012 de 21 de marzo, del gobierno de Aragón, que regula las bases de concesión de subvenciones para financiar actuaciones a favor de la población inmigrante, que encuentra su punto de referencia en el Estatuto de Autonomía, artículo 29, que incluye entre los principios rectores de las políticas públicas el deber de los poderes públicos de “fomentar la integración socioeconómica de las personas inmigrantes, la efectividad de sus derechos y deberes, su integración en el mundo educativo y la participación en la vida pública. A la espera de conocer la partida presupuestaria asignada, la norma prevé ayudas económicas para poner en marcha programas de acogida (ej: los que favorezcan la inclusión social y el conocimiento del castellano), programas de igualdad de oportunidades (ej: promoción personal, social y laboral de las mujeres inmigrantes) y programas de integración (ej: acciones formativas sobre los valores de la UE, constitucionales y estatutarios). La cuantía de cada proyecto a subvencionar, ya sea de centros o asociaciones de inmigrantes o de corporaciones locales, no podrá superar el 15 % de la cuantía máxima del montante presupuestario asignado a la convocatoria.

C) Tercera idea: una especial atención debe prestarse al aprendizaje de lo hecho en otros países europeos en materia de integración de la población inmigrada, y también a las propuestas de la UE plasmadas en la llamada “agenda europea para la integración de los nacionales de terceros países”.La Comisión pide que Europa adopte una actitud positiva frente a la diversidad y que cuente “con garantías claras con respecto a los derechos fundamentales y a la igualdad de trato, sobre la base del respeto mutuo de las diferentes culturas y tradiciones”, y que se tenga especial atención con los grupos más vulnerables de la población inmigrada. Es muy importante destacar, como hace el documento, que la agenda no puede solo aplicarse mediante instrumentos europeos, y que requiere una implicación muy estrecha de todos los actores implicados en el proceso de integración.

En la segunda parte del documento se analiza la integración como una responsabilidad compartida, partiendo del planteamiento previo, en el marco jurídico vigente, que no es la UE la que ha de determinar las estrategias nacionales de integración, pero sí que puede (ex artículo 79.4 del Tratado) “proporcionar un marco para el seguimiento, la evaluación comparativa y el intercambio de buenas prácticas, y establecer incentivos mediante los instrumentos financieros adecuados”. Además, el resultado positivo de las políticas de integración se valora, desde una perspectiva muy pragmático, como una contribución relevante para alcanzar los objetivos marcados por la Estrategia Europea 2020 sobre incremento de la tasa de empleo (75 % de 20 a 64 años), reducción de las tasas de abandono escolar (menos de 10 %), incremento de la población que supere la educación terciaria (40 %), y reducir el número de personal en situación de pobreza y exclusión social (20 millones menos).

Las medidas más concretas para incentivar la integración son las siguientes:

a) En primer lugar, pasa por la mayor participación de los migrantes en las sociedades de acogida. Ello requiere poner en marcha medidas de apoyo al aprendizaje de las lenguas oficiales, políticas adecuadas de acceso al empleo (puede ser necesario poner en marcha “programas de introducción” para que la persona migrante adquiera un previo conocimiento del mercado laboral en el que va a operar, y aquí me viene ahora a la mente la ley catalana de acogida de la población inmigrada), la educación y la formación profesional, y la lucha decidida contra todo tipo de discriminación (recuérdese los importantes instrumentos jurídicos europeos de protección contra todo tipo de discriminación, incluyendo el que ocurre por raza o etnia).

b) La integración pasa por conseguir la igualdad de trato y un sentimiento de pertenencia, desde el respeto de los valores universales y los derechos fundamentales que están consagrados en el Tratado. La participación política y social cobra aquí pleno sentido, con una llamada de la Comisión a que los Estados faciliten el derecho al voto en las elecciones locales y la participación de representantes del colectivo migrante en los diferentes órganos consultivos locales, regionales y nacionales. El pleno respeto del principio de no discriminación es responsabilidad de los Estados, debiendo asegurarse la Comisión de “la correcta y plena aplicación de las directivas existentes en el ámbito de la no discriminación y de la migración legal”.

c) La atención a colectivos vulnerables, y a evitar la segregación por razón de instalación en zonas urbanas desfavorecidas, es una de las medidas más importantes para facilitar la integración, y así lo demuestran (aunque los resultados sean desiguales) las políticas emprendidas por diversos Estados (España y Francia entre ellos). Se trata de apoyar el desarrollo urbano y estimular la actividad económica y cultural, con el objetivo de contribuir a la cohesión social. De ahí la importancia de los llamados “pactos territoriales” con implicación de poderes públicos y organizaciones sociales, con medidas de carácter urbanístico y de empleo, o lo que es lo mismo “con un enfoque integrado, con objeto de evitar la segregación”. El apoyo de la Comisión a tales pactos debe manifestarse a través del Fondo Europeo para la Integración de los Nacionales de Terceros Países, fijándose unos objetivos claros en tales pactos para poder obtener fondos europeos y que pasarían por incrementar, en el ámbito territorial de referencia, las tasa de empleo, los niveles de educación, la inclusión social y la ciudadanía activa.

d) La integración no afecta sólo a las políticas que se adopten en los países de acogida. Los países de origen también han de jugar un papel importante en el apoyo al proceso; los inmigrantes deben tener información adecuada sobre todo aquello (idioma, requisitos profesionales, documentación) que necesitan para su integración regular, y también la UE puede ayudar a ello mediante la puesta en marcha del “portal UE sobre Inmigración”. Deben producirse contactos entre las comunidades en el exterior y los países de origen, y ahí las remesas de los inmigrantes y la transferencia de conocimientos pueden jugar un papel de primera importancia en el desarrollo de los países de origen y el fomento del espíritu empresarial. En fin, los países de origen pueden preparar el retorno temporal (política de migración circular que reconozca los derechos de las personas inmigradas y que no les dificulte, en el Estado de acogida, el retorno) o definitiva de los migrantes. Para ello se requiere, y en general para toda la política de integración, reforzar los mecanismos de cooperación, consulta y coordinación entre los países de origen y los de acogida.

El Comité Económico y Social Europeo aprobó hace pocos días, en su sesión plenaria del 28 de marzo, un Dictamen sobre la Comunicación de la Comisión que trata sobre la agenda de integración, que valora positivamente si bien pide que dada la gravedad de la situación económica y social “se establezcan instrumentos institucionales y concretos que respalden los objetivos de la integración”, al mismo tiempo que destaca el énfasis de la Comunicación en el papel que desempeñan los entes locales y regionales en las políticas de integración pero crítica que “no queda claro cuáles son los incentivos para aumentar su participación”. El CESE pide modificaciones en la normativa existente, especialmente en el ámbito de la participación política, ya que es del parecer que el objetivo principal del Tratado UE, y de las normas y propuestas posteriores, de construir una Europa competitiva e inclusiva “no se puede conseguir si el 4 % de su población, representada por los nacionales de terceros países, se queda atrás”, apoyando otorgar el derecho de sufragio activo y pasivo a los nacionales de terceros países en “las elecciones locales, regionales, nacionales y europeas”. El CESE es del parecer que los inmigrantes realizan “una importante contribución a la sociedad, la economía y la cultura de los países de acogida”, y pide, una vez más, que se tengan en cuenta muchas cuestiones laborales para conseguir una efectiva integración, tales como “el reconocimiento de cualificaciones previas, salarios, prestaciones, incluida su transferencia, acceso a la formación profesional y seguridad en el empleo”, así como también “la incorporación de mujeres al mercado laboral”.

Sobre las prestaciones de Seguridad Social en concreto, recomiendo la lectura de una muy reciente comunicación de la Comisión, de 30 de marzo, sobre “La dimensión exterior de la coordinación en materia de Seguridad Social de la UE”, en la que se aborda el enfoque bilateral de las relaciones de cada Estado con terceros países, el enfoque común que se está desarrollando para la coordinación en materia de Seguridad Social con terceros países, y se formulan algunas propuestas para continuar su desarrollo y garantizar la “complementariedad del enfoque bilateral nacional y del de la UE”.

D) Cuarta idea: acercarse a la realidad de la inmigración debe hacerse con especial atención a los importantes cambios operados en los últimos años, tanto en términos de menor presencia de los flujos de entrada como de una mayor consolidación jurídica de la población inmigrada al ser cada vez más relevante el número de aquellas personas que disponen de la residencia de larga duración. Tampoco conviene olvidar, por su impacto sobre las políticas laborales dirigidas a la población inmigrada, el importante número de personas que han adquirido la nacionalidad española en los últimos años como consecuencia de la aplicación de la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, “por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, y más concretamente de su disposición adicional 7ª relativa a la adquisición de la nacionalidad española (“1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente Disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio”); en fin, en el debate sobre las políticas de migración circular y las políticas de retorno, convendrá recordar que buena parte de la población que ha abandonado España en los últimos tres años posee la doble nacionalidad, y por consiguiente podrán reincorporarse al mercado de trabajo español en igualdad de condiciones que aquellos residentes en nuestro país. Al respecto, es interesante el dato recientemente hecho público por el Instituto Nacional de Estadística sobre la población española residente en el extranjero, un total de 1.816.835 personas a 1 de enero de 2012, con un incremento de 114.057 (6,7 %) sobre la misma fecha del año anterior, y más exactamente que “el 36 % de los españoles residentes en el extranjero nacieron en España, el 58,2 % en su actual país de residencia, y el 5,1 % en otros países” (654.395, 1.057.730 y 92.473, respectivamente), así como también que el 62,4 % (1.133.228 personas) tienen su residencia en América.

a) Concreto algo más algunos de estos datos: a 31 de diciembre de 2011, según los datos publicados por el Observatorio Permanente de la Inmigración del MEySS, de los extranjeros del régimen general, el 67.64 %, es decir 1.826.598 personas disponen de autorización de residencia de larga duración (con un elevado porcentaje, 44,67 y 37,99 % de ciudadanos africanos y de América Central y del Sur, respectivamente), mientas que las autorizaciones temporales (869.878) suponen el 32,36 % del total.

De las autorizaciones de residencia temporal y trabajo, 402.247 son por cuenta ajena y 6.922 por cuenta propia De las autorizaciones de residencia temporal, 225.023 son por reagrupación familiar, 151.219 por residencia no lucrativa, 76.499 por circunstancias excepcionales de arraigo, y 2.873 por “razones humanitarias y otras”. En el cuarto trimestre de 2011 se concedieron un 29,98 % de autorizaciones iniciales, 26,25 % de autorizaciones renovadas por primera vez, y 43,77 % de segundas renovaciones. Es importante destacar el descenso de 37.857 autorizaciones en vigor que han sido renovadas por primera vez, mientras que se ha incrementado el número de autorizaciones iniciales en 8.772 y las de segunda renovación en 1.804. En el colectivo de trabajo por cuenta propia destaca el colectivo asiático, que supone el 34,67 % del total.

b) En relación con los “nuevos españoles”, aquí están los datos oficiales facilitados por el Ministerio de Justicia el pasado 30 de marzo: se han presentado un total de 503.439 solicitudes de opción a la nacionalidad española, y de ellas el 94,84% (477.462) de las solicitudes presentadas en el mundo lo fueron en las Oficinas Consulares de España en Iberoamérica. Por el tipo de solicitudes presentadas, el 92.34% del total (464.858) corresponden a hijos de padre o madre originariamente español, mientras que el 6,32 % (32.141) de las solicitudes corresponden a nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española por motivo del exilio. El restante 1,28% (6.440) “corresponde a las solicitudes de transformación en nacionalidad española de origen de aquellos casos en que la opción dio lugar a una nacionalidad española no de origen”. El Ministerio de Justicia aporta el dato de la aprobación de un 48,02 % de la solicitudes, es decir 241.763 personas, al mismo tiempo que recuerda, y debemos tenerlo en cuenta, que “Es preciso tener en cuenta que hay un número importante de solicitudes que se encuentran en fase de estudio o pendientes de presentación de documentación, caso este último no infrecuente al ser necesaria la presentación de documentación (especialmente certificados de nacimiento de padres y abuelos) no siempre fácil de conseguir”.

c) Los datos más recientes sobre la población extranjera en Cataluña, facilitados por la Generalitat en su boletín trimestral sobre la misma y el mercado de trabajo, ponen de manifiesto que en 2011 su número es de 1.185.852 personas, un 15,7 % sobre el total, con una disminución de 12686 personas sobre el año anterior. De más interés para el análisis de las políticas laborales es el dato de la EPA del cuarto trimestre de 2011, en la que un 17,1 % del total de la población en edad de trabajar de Cataluña es de nacionalidad extranjera (886.000 personas), y de esta 696.700 (18,4 % del total) son activas (tasa de actividad del 80,9 % 3,4 puntos superior a la española), distribuidas entre 435.600 personas ocupadas (62,5 %) y 1.261.100 desempleadas (37,5 %). La tasa de empleo de la población extranjera de 16 a 64 años es del 50,4 % (64,5 % la nacional), y la de desempleo del 37,5 % (16,7 % la nacional). Es especialmente destacable el dato del intenso proceso de destrucción de empleo de la población extranjera durante 2011 (72.000 personas menos, un 14,2 %), superior al experimentado por la población nacional (54.700, 2,1 % menos).

La difícil situación del empleo se comprueba también en los informes de las asociaciones o centros de inmigrantes vinculados al mundo sindical, y traigo aquí como ejemplo el Informe de AMIC-UGT sobre la actividad de su red de oficinas en todo el territorio catalán durante 2011, en el que se pone de manifiesto que “poco más de la mitad de las personas atendidas tienen autorización de residencia y/o trabajo en sus diferentes modalidades”, y que “cerca del 30 % no tienen autorización en el Estado español, aquello que popularmente se conoce en la calle con el nombre de sin papeles”, y de ahí que no deba extrañar que las consultas sobre arraigo hayan pasado a ocupar el primer lugar en sus oficinas.

d) Por fin, no conviene olvidar una realidad social como la de las personas que solicitan asilo y que son el más vivo reflejo de muchos dramas humanos. Los datos recientes de la oficina estadística de la Unión Europea, EUROSTAT, constatan que se presentaron 301.000 demandas de asilo en países de la UE durante 2011, por ciudadanos que provenían, en un 30 % del total de demandas, de Afganistán, Rusia, Pakistán, Irak y Serbia, siendo Francia, Alemania e Italia los países receptores de la mayor parte de las demandas. Del total de las solicitudes presentadas, han sido resueltas en primera instancia 237.400, de las que un 75 % (177.900) han sido rechazadas. En España, el número de solicitudes presentadas fue de 3.420, siendo los solicitantes más numerosos los naturales de Costa de Marfil Cuba y Nigeria, habiendo sido rechazadas un total de 2.410.

3. Concluyo… de momento, porque se anuncian nuevas reuniones y debates para profundizar en todas las cuestiones planteadas el 31 de marzo. Y si tuviera que destacar alguna en la que centrar más la atención de las personas que participen, haría referencia a la del modelo de sociedad y cómo cambiará esta a diez años vista, con una mayor participación de los jóvenes y también con un peso cada vez más relevante de la población de edad, en un marco económico y social que seguirá requiriendo la presencia de la población inmigrada y a la que también se le requerirá mayores cualificaciones profesionales. Y todo ello, como se afirma en el documento de conclusiones, en el marco de una “polifonía voces y opiniones diversas” que, no obstante, “comparteixen la preocupació per la construcció d’una societat cohesionada, plural, eficaç en la producció d’oportunitats i respectuosa amb la diversitat cultural”.