1. El pasado sábado, 31 de marzo, tuve la oportunidad de participar en una sesión de debate sobre cohesión, convivencia y diversidad, organizada por el Partit dels Socialistes de Catalunya en el marco de la iniciativa puesta en marcha para analizar y debatir como construir un nuevo pacto social en Cataluña. En dicha sesión contamos con la presencia de representantes de diversas entidades y asociaciones de inmigrantes, de organizaciones sindicales, del mundo local y del ámbito universitario, junto obviamente con la de varios miembros del PSC responsables de las políticas de inmigración. Hubo un muy interesante debate sobre las políticas de aplicación para consolidar un modelo inclusivo de inmigración y que toma como punto de referencia la aplicación y desarrollo del Pacto nacional para la Inmigración de Cataluña, suscrito en 2009 y que debe ser ahora objeto de actualización, y para la que su comisión de seguimiento ha elaborado un documento consensuado en el que se asumen estos cuatro compromisos que por su importancia reproduzco a continuación: “1. Ratificar el consens entre les forces polítiques i socials que va donar lloc a l’aprovació del PNI, manifestant així la seva plena vigència i la voluntat de seguir treballant en el marc de les seves disposicions. 2. Reiterar el compromís de treballar per la cohesió de la societat catalana, per un tracte igualitari a tota la ciutadania de Catalunya, en la línia d’una política de drets i deures, des dels principis i valors democràtics, de foment de l’autonomia personal i la igualtat d’oportunitats. 3. Atendre i gestionar des del consens social i polític els efectes de la diversitat de la societat catalana. 4. Desenvolupar missatges públics que siguin els mateixos per a tota la ciutadania, sigui quin sigui el seu lloc d’origen ».
Con una extraordinaria rapidez, para la que sólo caben aplausos, los participantes ya hemos recibido la síntesis del debate y los diferentes temas que fueron tratados y que necesariamente deberán seguir siéndolo en el futuro inmediato; ante las nuevas realidades económicas y sociales se plantean nuevos retos, y uno de ellos, y desde luego muy importante, es de acertar sobre aquello que debe ser la integración de la población inmigrada, partiendo de los datos más recientes, y cambiantes, sobre la valoración que la ciudadanía concede a los problemas derivados de la inmigración y que se plasma en las encuestas mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas; pues bien, la encuesta del mes de marzo, conocida hoy, coloca a la inmigración como el séptimo problema más importante existente en España (posibilidad de tres respuestas), como el quinto cuando se permite una respuesta espontánea, el decimocuarto en la lista de los que afectan personalmente al encuestado (posibilidad de tres respuestas) y baja al decimonoveno (empatado con otros dos) cuando la pregunta permite una sola respuesta y se refiere al problema principal del encuestado.
Hablamos en nuestra sesión de trabajo de los derechos políticos, económicos y sociales, con énfasis sobre los primeros ya que son los que más críticas levantan (derecho a la participación en procesos electorales o adquisición de la nacionalidad española, por citar los dos más significativos); sobre el modelo actual de sociedad en el que se inserta la inmigración, su percepción por la ciudadanía y como luchar contra los discursos simplistas y que en más de una ocasión adquieren tintes claramente racistas y xenófobos; de cómo facilitar el conocimiento de las lenguas que se hablan en nuestro territorio en cuanto que elemento que ayuda, sin duda, a fortalecer la integración y posibilita una mayor participación en el mundo político y social; en fin, de cuál debe ser el papel de las fuerzas políticas, de las organizaciones sindicales, de las entidades sociales, en esta nueva etapa abierta con los cambios económicos y sociales que han llevado a una disminución importante del número de personas inmigradas en Cataluña y España, al mismo tiempo que se incrementa el número de personas que adquieren la condición de residentes de larga duración al amparo de la normativa vigente y con gran parte de los mismos derechos y obligaciones que los ciudadanos autóctonos.
Sin olvidar, la importancia específica de la inmigración femenina y la necesidad de una mayor protección por prestar buena parte de las mujeres inmigrantes su actividad laboral en el sector del hogar familiar, donde es innegable la existencia de un alto grado de irregularidad a pesar de las recientes, y a mi parecer positivas, reformas operadas en España en el ámbito laboral y de Seguridad Social para el personal al servicio del hogar familiar. Sobre la inmigración femenina recomiendo un reciente informe de Cáritas Internacional, en el que demanda “desarrollar e implementar políticas y leyes que aborden los problemas de los migrantes como, por ejemplo, opciones para una emigración asequible, segura y legal”, así como también “asegurar derechos laborales a las migrantes, especialmente las trabajadoras domésticas”.
En fin, otro dato interesante para conocer la situación laboral de los migrantes es el proporcionado en un reciente informe de UGT en el que se analiza el posible impacto de la reciente reforma laboral sobre la población extranjera, y se aporta el dato de que “más del 28 % del total de contratos registrados por las empresas de trabajo temporal en el año 2010 lo fueron para trabajadores extranjeros, incrementándose esta cifra hasta el 89 % en el caso de los contratos a peones de agricultura y pesca, y el 43 % en el servicio doméstico y otro personal de limpieza de interior de edificio”.
Me ha gustado especialmente del documento de conclusiones la referencia a que la inmigración ha de ser objeto y sujeto político y que el PSC (traduzco del original en catalán) “ha de saber construir puentes entre su militancia para la permeabilización del partido al conjunto de la sociedad. Es un proceso que requiere tiempo, proximidad, pedagogía, pero es un proceso irreversible en esta visión estratégica a 10 años vista”. Y un proceso, desde la perspectiva socialista, que debe tener bien presente que la integración afecta a todos, autóctonos e inmigrados, y que es completamente distinto de la asimilación, y en el que hay que compartir valores y derechos. Comparto la tesis recogida en un reciente informe de la Fundación Friedrich Ebbert sobre los principios de una política socialdemócrata de integración, referida básicamente a Alemania pero perfectamente extrapolable a otras realidades, y en el que se defiende una cultura de “reconocimiento mutuo”, ya que “The only kind of culture that promises successful integration is a culture of recognition. This is an achievement both of the state and of the people involved”. Uno de los mejores conocedores de la política de inmigración española, el profesor Lorenzo Cachón, abunda en la misma tesis y defiende que no se trata sólo, aunque sea importante, de disponer de políticas e instituciones antisdiscriminatorias sólidas y eficaces para luchar contra la discriminación, sino que se necesita también “avanzar hacia una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades, también para los inmigrantes. Y esas políticas que busquen la integración de y con los inmigrantes deben basarse en 3R: Redistribución, Reconocimiento y Representación”.
En las intervenciones de las personas participantes, breves en el tiempo e intensas e interesantes en los contenidos (una vez más se demostró que el disponer de mucho tiempo para una intervención pública no significa necesariamente que se transmitan muchas más ideas que aquellas que pueden transmitirse en menos tiempo) se puso de manifiesto, y así se recoge en las conclusiones, que estamos delante de nuevas realidades del fenómeno migratorio, y que la crisis social enfatiza la necesidad de reforzar las políticas de integración si queremos evitar conflictos sociales como los ocurridos recientemente en algunos países europeos, y también que esta crisis, con su secuela de aumento del desempleo, golpea especialmente a las personas inmigradas, algunas de las cuales tienen importantes problemas de subsistencia.
2. El debate sobre las políticas de inmigración, y así se constató en la sesión, tiene un innegable perfil y dimensión internacional, ya que cada vez más personas viven en sociedades cada vez más plurales y diversas, donde la existencia de una “única identidad” se pone permanentemente en cuestión. Un reciente informe de la Organización Internacional de Migraciones, a partir de una investigación previa con más de 75.000 personas desde 2005, constata que alrededor de 630 millones de personas adultas desean trasladarse a otro Estado, pero que menos de un 10 %, 48 millones, están planificándolo para el próximo año, y que es mucho menor el número, alrededor de 19 millones, de quienes lo están preparando efectivamente con la solicitudes de visados y la compra de billetes del medio de transporte elegido. Otros datos relevantes del informe mundial es que el número de personas que se plantean la inmigración desde una perspectiva temporal es casi dos veces superior al de quienes lo ven como una opción permanente, y que la presencia de redes sociales consolidadas de inmigrantes en un Estado es una fuente importante de atracción; pero quizás el dato de mayor interés, y que ayuda a entender la importancia económica de la inmigración, es el de envío de remesas económicas a los países de origen: alrededor del 3 % de los adultos en el mundo viven en hogares que reciben remesas de personas que viven en otro país, siendo este porcentaje superior al 10 % en 35 Estados.
2. He repasado las notas de mi intervención y me ha parecido interesante resaltar algo más algunas de ellas para animar este debate, respetando sustancialmente aquello que expuse, por cierto de forma bastante desordenada y es ahora cuando me he dado cuenta de ello, en la sesión de trabajo. También me ha animado a ello la proximidad del VII Congreso sobre migraciones internacionales en España, dedicado a “Movilidad humana y diversidad social”, que tendrá lugar en Bilbao del 11 al 14 de este mes y del que asume la dirección, y aprovecho esta entrada para felicitarla a ella y a todo su equipo por la excelente organización, la Dra. Cristina Blanco de la Universidad del País Vasco. El Congreso nacional se ha consolidado como un punto de referencia de los análisis y debates sobre las políticas de inmigración que afectan a España, es decir no sólo las de España, y la calidad de los ponentes y el importante número de comunicaciones presentadas, y de cuya calidad puedo dar debida cuenta en mi condición de miembro del comité científico del congreso y evaluador de las dedicadas a las políticas legislativas, así lo ponen de manifiesto.
A) Primera idea: Podemos y debemos ser muy críticos con todas aquellas tesis que convierten el debate sobre la inmigración en puro simplismo de “buenos y malos”, y que tienen en muchas ocasiones tintes racistas y xenófobos, y tenemos ejemplos suficientemente conocidos en Cataluña. Pero, al mismo tiempo, hay que hacer una explicación muy clara y didáctica de cuál es la realidad de la inmigración y de toda su aportación a nuestro desarrollo económico y social, e intentar que las políticas que se pongan en marcha por los poderes públicos redunden en beneficio de toda la colectividad sin diferencias por razón de nacionalidad, y coincido aquí con la tesis de UGT del poco sentido que tiene, cada vez más, “establecer políticas y actuaciones administrativas diferenciadas para el colectivo de trabajadores extranjeros en su conjunto”.
Por poner un ejemplo bien claro: las políticas de lucha contra la economía irregular deben ir dirigidas contra todas aquellas empresas, y también trabajadores, que se encuentran al margen de la ley, y si hay que poner más el acento en un sector u otro así debe hacerse. Hago esta afirmación porque todavía tengo en mi memoria la intervención de un asistente a una reciente sesión sobre la reforma laboral, en la que tuve la oportunidad de participar, en la que planteaba, y estoy seguro que la hacía desde la buena fe, si los mayores controles sobre la economía irregular en sectores y empresas donde está la población extranjera podía tener un efecto positivo para reducir el desempleo (supongo que se refería al de los autóctonos).
El profesor Lorenzo Cachón ha destacado la importante presencia de la población inmigrada en el mercado de trabajo y, al mismo tiempo, las peores condiciones que tienen (salarios, puestos de trabajo, seguridad y salud) con respecto a los autóctonos, y de ahí que defienda con buen criterio una política de igualdad y no discriminación realmente efectiva, y la UGT destaca el papel positivo que ha tenido la inmigración para la creación de empleo y elevación de la tasa de actividad (por ejemplo, facilitando la incorporación de las mujeres españolas al mercado de trabajo), así como también que “su mayor movilidad laboral ha contribuido a flexibilizar el mercado de trabajo”.
El documento de la comisión de seguimiento del Pacto Nacional por la inmigración de Cataluña destaca también la importancia de “Lluitar contra el racisme i la xenofòbia mitjançant la difusió de dades públiques i oficials per contrarestar els rumors vinculats a la immigració, i ajudar a “desmuntar tòpics”, tot implicant-hi al conjunt d’agents socials i econòmics, així com als mitjans de comunicació i els partits polítics. D’acord amb les Directives europees, elaborar una estratègia contra les discriminacions, la igualtat de tracte i el suport a les víctimes”. Por su parte, el Comité Económico y Social Europeo ha condenado recientemente, en su sesión plenaria del 28 de marzo, la existencia de una página web abierta por el ultraderechista Partido por la Libertad neerlandés en el que invita a formular quejas contra personas que provengan de países de la Europa Central y Oriental y que trabajen en los Países Bajos, considerándola contraria a la normativa de la UE y condenándola en cuanto que se trata de una actividad “contraria a los valores fundamentales europeos como la libertad, la igualdad y el respeto de los derechos humanos”.
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