Lectura de documentos internacionales, europeos y españoles, sobre la crisis económica y el incremento de las desigualdades sociales (I) .

1. El propósito de esta entrada del blog es pasar revista a diferentes documentos que he tenido oportunidad de leer durante la semana que hoy termina, para constatar cómo está impactando la crisis sobre las personas, y muy especialmente sobre aquellas que sólo tienen su trabajo, que son la gran mayoría, como medio de subsistencia. En los textos de la Unión Europea se formula algunas propuestas para abordar la situación junto con el análisis de la crisis, pero la redacción del nuevo Tratado de estabilidad, al que también me refiero en esta entrada, no me hace ser precisamente optimista sobre las posibilidades de los Estados de encarar la búsqueda de soluciones a la crisis con el menor coste humano posible. Tal como destacaba Joaquín Estefanía en su artículo “Los años bárbaros”, “Hay que alejarse de la coyuntura más inmediata para analizar la política de recortes en el gasto público y de reducción de los derechos laborales que, con distinto grado de intensidad, se está perpetrando en la mayor parte de los países europeos. Ella pone en cuestión una de las señas de identidad centrales de la construcción europea: la prosperidad económica y el modelo social, la mejor utopía factible de la humanidad. …Los recortes hacen peligrar todos y cada uno de los cinco pilares del Estado de Bienestar europeo: educación, sanidad y las pensiones universales y públicas, la dependencia y, no hay que olvidarlo —aunque con demasiada frecuencia se hace— el derecho laboral, la negociación colectiva, y la socialización de los salarios”, concluyendo que “la insuficiencia de las medidas de protección al desempleo y las restricciones financieras de los Estados en el actual contexto de austeridad oficial, de incremento de la pobreza y de la desigualdad, suscitan serios interrogantes sobre el peligro de inestabilidad social”.

2. La OIT ha publicado recientemente un informe sobre “Desigualdades en el trabajo durante la crisis. Testimonio de Europa”. 2012. En el texto, que recoge las experiencias y resultados de muchos países europeos, se analizan las consecuencias de la crisis en distintos ámbitos como el empleo, los salarios y los ingresos, las condiciones laborales y el diálogo social, y también “si la crisis puede detener los progresos conseguidos en Europa en relación con el empleo y las condiciones de trabajo”.

El estudio constata el agravamiento de las desigualdades y su afectación especial a algunos colectivos, con mención expresa de los trabajadores con contratos de duración determinada, ya sean contratados por la empresa en la que prestan los servicios o puestos a disposición por una agencia o empresa de trabajo temporal. Igualmente, los jóvenes han sufrido la crisis en una proporción que duplica la del resto de trabajadores. Ha afectado a los trabajadores poco cualificados, y con especial impacto entre los hombres por el impacto de la crisis en la construcción y las manufacturas, aunque las mujeres también se han visto afectadas por el desempleo y por la “reducción o supresión de las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y la vida profesional”. Es importante destacar que el informe constata que los empleados de la administración pública, como consecuencia de los recortes en el sector público, “es la categoría de trabajadores más expuesta” a la crisis. También se han intensificado los recortes y reducciones salariales, y el informe manifiesta su preocupación porque “la crisis intensificará las remuneraciones bajas a largo plazo en Europa, así como las tendencias que estas provoquen en relación con la pobreza” (40 % de los trabajadores en Europa tenían problemas para llegar a final de mes en 2010, según Eurofound).

El Informe también destaca la importancia del diálogo social para abordar los problemas y plantear alternativas a los despidos, en forma de reducciones de horas de trabajo y de salarios, aunque en varios países la única alternativa fue la de extinción de contratos. La OIT alerta de los riesgos del incremento de la desigualdad a medio plazo, con sus consecuencias sobre la salud, la demografía y la sociedad en su conjunto, y pone de manifiesto que es necesario un seguimiento detallado y “un control continuado de las desigualdades en el trabajo”, concluyendo con un mensaje muy claro: “Las desigualdades en el trabajo no sólo han contribuido a desencadenar la crisis económica, sino que han empeorado como consecuencia de la misma. Así pues, nuestro sistema económico general seguirá en peligro a menos que abordemos adecuadamente estas desigualdades”.

3. Examino a continuación los documentos aprobados en el Consejo Europeo de Empleo, Política Social, Salud y Consumidores, celebrado el 17 de febrero.


A) Fueron aprobadas las conclusiones sobre el estudio prospectivo anual y el informe conjunto sobre el empleo en el contexto del semestre europeo, fijando las prioridades para la actuación en los ámbitos de empleo y políticas sociales y las orientaciones políticas para 2012.


a) El Consejo subraya que las políticas de empleo y de protección social “juegan un papel esencial en la mejora del crecimiento”, y que el papel de los interlocutores sociales “es fundamental en la aplicación de la reforma laboral”. Recuerda que la dimensión social es importante para garantizar la confianza de los ciudadanos en el mercado único, “especialmente en relación con las normas sobre libre circulación de servicios y trabajadores.


b) El Consejo insiste en su enfoque de la flexiseguridad, y “con respeto a las prácticas nacionales de diálogo social” pide otra vez, entre diversas propuestas planteadas, que se reforme “la legislación de protección del empleo demasiado rígida para facilitar el acceso de quienes se encuentran fuera del mercado laboral”…, y también la revisión, cuando sea necesario, de “los mecanismos de ajuste salarial para reflejar mejor la evolución de la productividad”. Otras propuestas de interés son la adopción de medidas de lucha contra la pobreza y la exclusión social “a través de estrategias de inclusión activa que combinen ingresos adecuados, mercados laborales incluyentes y acceso a servicios de calidad”. La adopción de medidas que faciliten el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo, la reforma de los sistemas de protección social para garantizar su sostenibilidad (con aumento de la edad efectiva de jubilación), una mayor participación de las mujeres en el mercado de trabajo y la garantía de unos servicios de empleo eficaces y eficientes son otras propuestas recogidas en las conclusiones.


B) Fue objeto de examen el Informe del Comité de Protección Social sobre la repercusión social de la crisis económica y del saneamiento presupuestario en curso, con fijación de mensajes principales.


a) 115, 5 millones de personas que viven en la UE, el 23,4 % de su población “corrían el riesgo de caer en la pobreza o la exclusión social en 2010” (incremento de casi dos millones sobre 2009). Es decir, “la profundidad de la pobreza se ha agravado significativamente durante la crisis en algunos países comparando datos de 2009 y 2010”. El incremento de los beneficiarios de prestaciones de asistencia social en buena parte de los países de la UE (es decir, prestaciones no contributivas”) da a entender el impacto de la crisis “dado el adversos clima económico y las escasas oportunidades de empleo en numerosos Estados miembros”.


b) El documento analiza las respuestas nacionales a la crisis, destacando que se sigue haciendo hincapié en las políticas de activación y de inclusión en el mercado laboral de los colectivos de más difícil acceso, tales como “subvenciones salariales, formulas de trabajo reducido, apoyo a la matriculación en formación profesional y en programas educativos para mantener las capacidades, y reforzamiento de los servicios públicos de empleo”. También destaca los apoyos económicos para mantener las rentas de las personas en difícil situación, entre otros “la flexibilización de los criterios para poder optar a las prestaciones por desempleo, la extensión de su duración y la mejora de su adecuación”. También, la profundización de la reforma de las pensiones para garantizar su sostenibilidad y suficiencia.


Los mensajes claves son los siguientes:


“a) Es necesaria una mayor capacidad de resistencia de los sistemas de protección social para soportar crisis económicas prolongadas. Tienen que proteger al conjunto de la población.


b) Mantener el apoyo a la renta en un nivel suficiente es eficaz para compensar los peores efectos de la crisis e impulsar la demanda agregada. Ayuda contra la precariedad y exclusión social, con mantenimiento del gasto por consumidores.


c) Para crear empleo hay que mejorar las medidas de activación laboral, combinándola con la inversión en capital humano para mantener los conocimientos y las capacidades de los trabajadores”.


d) EL CPS considera la reducción de las desigualdades sociales como “esencial para garantizar un impacto distributivo justo de los programas de austeridad y restablecer la confianza en el crecimiento integrador”. Apunta a “transferencias de protección social y la inversión en servicios públicos de calidad (guarderías asequibles, enseñanza y otros servicios sociales de interés general).


e) Por fin, el CPS pide un análisis cuidadoso de los cambios propuestos en la financiación de la protección social, en concreto.


C) En otro Dictamen del CPS sobre “Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento de 2012 se destaca del estudio la referencia a que los sistemas de protección social “también pueden crear puestos de trabajo cualificado, mediante la inversión en los sectores de la sanidad y de los servicios sociales”, y se enfatiza que “los sistemas de protección social no pueden reducirse a meras redes de salvamento para los ciudadanos más pobres, a pesar del importante efecto que tienen en los ingresos de los grupos con menos rentas. Es preciso garantizar una adecuada financiación de las prestaciones de la seguridad social para asegurar su sostenibilidad y suficiencia, con vistas a llegar a todos los ciudadanos de manera y a garantizar la solidaridad”. También subraya el Dictamen que el objetivo político principal y la legitimidad de los sistemas de pensiones “es proporcionar unos ingresos adecuados a los jubilados”.