Las reestructuraciones empresariales. Análisis del Libro Verde de la Comisión Europea.

1. La Comisión Europea publicó el pasado 17 de enero el libro verde “Reestructuración y previsión del cambio: ¿qué lecciones sacar de la experiencia reciente? Con este documento se abre un período público de consultas hasta el 30 de marzo, y los resultados de este debate serán incorporados, según se afirma en la introducción, “al relanzamiento de la agenda sobre flexiguridad, con vistas también a orientar un debate renovado a nivel de la UE sobre el empleo y marco posibles para la reestructuración”. Por cierto, el libro verde ha merecido una dura crítica de la Confederación Europea de Sindicatos, ya que es del parecer que no hay que lanzar “una gran consulta pública” sino “adoptar medidas concretas en el ámbito europeo sobre las reestructuraciones y cómo anticiparse a estas”. En la presentación del documento el comisario de empleo Lazlo Andor manifestó que “Para poder reaccionar mejor en el futuro tenemos que comprender las razones del éxito de determinadas medidas en ciertos países o sectores durante la crisis. Hemos de ver cómo pueden utilizarse medidas tales como, por ejemplo, el trabajo de corta duración, para afrontar los retos que podrían plantearse en el próximo período”, así como también que “queremos estudiar la mejor manera de prever las futuras necesidades de empleo y capacidades, especialmente considerando los nuevos retos y el aumento de las desigualdades sociales en los Estados miembros. Asimismo es necesario estudiar la manera de limitar el impacto social de la reestructuración”.

El documento, que está acompañado de un informe de los servicios técnicos de la Comisión sobre qué se ha hecho en Europa en los últimos años y en el que se analizan las distintas medidas y políticas puestas en marcha en diferentes Estados, consta de una introducción en la que se plantea, con carácter general, como poner en marcha una política de reestructuración proactiva “para la competitividad y el crecimiento futuros”. A continuación se analizan qué enseñanzas pueden extraerse de la crisis, el reto de la competitividad que tiene la UE y la importancia de potenciar el ajuste económico e industrial, el reto de la “adaptabilidad” (parece que vamos cambiando de “palabras-moda” en el lenguaje económico-social de la CE) de las empresas y la “empleabilidad” (esta ya no es nueva ciertamente) de los trabajadores, y cómo debe situarse la empresa en la fase central del proceso de reestructuración, de qué manera y en qué condiciones hay que crear sinergias en el proceso de cambio industrial, y por fin cuál ha de ser de ser el papel de las autoridades regionales y locales en todo este proceso. En cada apartado se incluyen una serie de preguntas con las que se pretende encauzar el debate público.

2. El libro verde constata algo ya claramente conocido como es la perdida de millones de empleo por la crisis y el coste humano que ello ha implicado, con importantes diferencias en el número de personas desempleadas en los Estados de la UE y también con distintas políticas para abordar la crisis en materia de reordenación del tiempo de trabajo, movilidad sectorial de los trabajadores afectados y políticas de formación y aprendizaje. Plantea que las empresas se han de adaptar cada vez más rápidamente a los cambios con una importante apuesta por políticas de innovación que mejoren su competitividad y que se adapten a una realidad económica cada vez más afectada por un proceso de mundialización de la producción. Se pregunta, y este es uno de los contenidos más importantes del documento y de la consulta pública lanzada, cómo mantener el modelo social europeo, entendiendo que incluye un nivel elevado de empleo y una adecuada protección social, y facilitar al mismo tiempo la adaptación empresarial a un cada vez más rápido proceso de cambio, planteando la necesidad de cambios normativos que favorezcan políticas de redistribución de recursos entre empresas y sectores profesionales y que mejoren la capacidad de adaptación de las empresas, los trabajadores y las regiones afectadas por los procesos de cambio. Por decirlo con las propias palabras del documento, “Estas medidas incluyen cambios en la legislación de protección del empleo y prácticas de reestructuración empresarial que no dificulten la reasignación de recursos hacia actividades con mayor valor añadido y un crecimiento más rápido, pero también políticas adecuadas de formación y activación que, junto con sistemas de prestaciones por desempleo correctamente diseñados, acompañen a los trabajadores desplazados hacia puestos y profesiones diferentes.”. Por fin, el documento dedica también una especial atención al sector público, cada vez más afectado por políticas de restricciones y ajustes presupuestarios, en cuanto que emplea a un elevado número de personas (administración pública, sanidad y educación como ejemplos más significativos) y llama la atención sobre los efectos muy positivos que algunas de las actividades del sector público generan sobre la productividad total (piénsese, por ejemplo, en cómo afecta una buena política educativa o sanitaria sobre la calidad de vida de las personas trabajadoras en su condición de trabajadores y de miembros de unidades familiares), y de ahí que la CE llame la atención sobre la importancia de definir estrategias de reestructuración que “tengan debidamente en cuenta el papel específico de los servicios públicos, sin olvidar su contribución a la productividad del sector privado”.

3. Al abordar las enseñanzas de la crisis, con su impacto en el crecimiento del desempleo y la afectación especial a colectivos desfavorecidos y a determinados sectores de actividad (la construcción sería el más significativo), el documento propone diversas medidas que pueden adoptarse para abordar las situaciones que estamos viviendo y las que van a producirse en los próximos tiempos, poniendo el acento, en el ámbito sociolaboral, en políticas activas de mercado de trabajo y políticas de formación muy selectivas que faciliten tanto las transiciones profesionales como la reincorporación al trabajo de las personas desempleadas de larga duración. Se valoran, dentro de la especificidad de cada contexto, las medidas de flexibilidad interna adoptadas como son las reducciones de jornadas y de salarios como vía alternativa a la extinción de contratos, las políticas de jubilaciones anticipadas (no valoradas positivamente por la Comisión en otros documentos), la distribución flexible de los tiempos de trabajo, ampliación de los períodos de percepción de prestaciones por desempleo, etc. En cualquier caso, y me parece importante destacarlo en estos momentos, la Comisión constata que “El diálogo social y la negociación colectiva han tenido un papel más destacado que nunca a la hora de adaptar la producción, la organización del trabajo y las condiciones de trabajo a las circunstancias estrictas y en rápida mutación impuestas por la crisis.”. Llegados a este punto, la Comisión formula estas preguntas: “¿Son adecuadas estas medidas y prácticas relacionadas con la reestructuración, y especialmente los sistemas de jornada reducida, para afrontar la crisis? ¿En qué contextos específicos? ¿Son capaces de hacer frente a la persistente debilidad de la demanda? Por último, ¿qué pueden hacer los Estados miembros, la Comisión o los interlocutores sociales para compartir y difundir las mejores prácticas en este ámbito y fomentar una aplicación más amplia de las mismas?”.

4. En el análisis más económico de cómo mejorar la competitividad empresarial y potenciar el ajuste económico e industrial, se pide que los procesos de reestructuración o adaptación de las empresas sean lo más rápidos, agiles y eficaces posibles, dado que de ello depende, en el ámbito de una realidad económica cada vez más globalizada y en la que los modelos de actividad tienden a “asociar más estrechamente producción manufacturera y servicios”, la mejora de la competitividad y del empleo. La Comisión pone como ejemplo el proceso emprendido en la industria de automoción y pide que los procedimientos judiciales en los que se ven envueltos empresas afectadas por situaciones económicas difíciles (concurso de acreedores en la terminología jurídica española de la Ley Concursal) no dificulten, si ello es posible obviamente, su recuperación y el mantenimiento total o parcial de los empleos. A tal efecto, se formulan las preguntas siguientes: “¿Qué tipos de condiciones marco son más adecuadas para que el reajuste industrial tenga éxito? ¿Qué medidas existentes en relación con el acceso a la financiación para acompañar el ajuste estructural constituyen ejemplos de buenas prácticas? ¿Qué otras medidas conviene adoptar para mejorar los procedimientos en caso de quiebra?”.

5. Un apartado del documento de especial interés en el ámbito laboral es el dedicado, ya lo he indicado antes, a la adaptabilidad de las empresas y la empleabilidad de los trabajadores, en el que se enfatiza que los procesos ya en marcha en el ámbito empresarial, y los que previsiblemente se producirán en el inmediato futuro, implican tanto creación como pérdidas de empleo, con crecimiento de la importancia de la mano de obra cualificada, y muy en especial (recuérdese la Comunicación de la Comisión sobre nuevas cualificaciones para nuevos empleos) transformación de puestos de trabajo con lo que ello implica de “nuevas tareas, nuevos perfiles y nuevas modalidades de trabajo”. Es decir, nuevamente se insiste en la importancia de que los sistemas educativos y formativos faciliten la preparación y recualificación del personal, en un proceso de aprendizaje permanente y en el que cada vez más es ineludible “la inversión en competencias de TIC y en alfabetización digital”. La Comisión plantea una gestión previsional que permita la adaptación casi permanente, con reasignación de trabajadores entre sectores y con políticas formativas que permitan incorporar a los jóvenes a un cada vez más cambiante mercado de trabajo. Han de ser en suma medidas proactivas y no simplemente reactivas para facilitar tanto la movilidad profesional voluntaria y positiva como el aumento de la competitividad empresarial. No obstante, la Comisión reconoce con preocupación que esto no ha sido así en Europa en los últimos tiempos, y se formula estas preguntas: “¿Es viable un planteamiento de previsión con respecto a la gestión del cambio y la reestructuración? ¿Cómo pueden mejorarse las orientaciones y directrices sobre reestructuración existentes a la luz de las enseñanzas obtenidas de la crisis y los nuevos retos económicos y sociales? ¿Cómo pueden difundirse y aplicarse las enseñanzas de la crisis?”.

6. Un amplio bloque del documento está dedicado a cómo crear sinergias en el proceso de cambio industrial, es decir cuál ha de ser la planificación estratégica a largo plazo, cómo deben preverse las necesidades en materia de empleo y de aptitudes profesionales, de qué manera puede minimizarse el impacto externo “económico, social, ambiental y regional” que todo proceso de reestructuración comporta, y cuál puede y/o ha de ser el espacio reservado al diálogo social entre todos los agentes implicados. Me interesa destacar la importancia que concede la Comisión a las relaciones entre el ámbito empresarial y los diferentes ámbitos educativos ya que las mismas son del todo punto necesarias “para detectar el tipo de formación idóneo y las aptitudes necesarias y saber dónde pueden hallarse en el futuro”. No está nada mal que, al menos en el plano teórico, se reconozca en un documento de la UE que es necesaria una política de responsabilidad social y de transparencia por la parte empresarial como paso previo a que los representantes de los trabajadores, y estos mismos, se impliquen en la búsqueda de soluciones. No menos importante es plantearse qué medidas de flexibilidad interna son las más adecuadas como alternativa a la pérdida definitiva de puestos de trabajo, y en el supuesto de que esta pérdida se produzca cómo saber gestionar su impacto en términos de políticas de creación de empleo, protección social y gestión del estado de salud de las personas afectadas.

Las diferentes preguntas que formula la Comisión en este bloque son las siguientes: “¿Qué podría hacerse para estimular enfoques estratégicos a largo plazo y planteamientos innovadores para la gestión del cambio, incluidos los aspectos del empleo y las aptitudes? ¿Cómo pueden mejorarse las sinergias entre las empresas, las autoridades locales y otros agentes locales? ¿Cómo deben distribuirse las responsabilidades y los cometidos específicos entre las empresas, los interlocutores sociales y las autoridades públicas? ¿Cómo pueden seguir fomentándose prácticas eficaces para prever las necesidades de empleo y aptitudes dentro de las empresas? ¿Cómo puede desarrollarse la formación como elemento permanente de la gestión de los recursos humanos?¿Cómo puede promoverse la sinergia entre la actuación de las empresas y las iniciativas del sector público para facilitar unas políticas adecuadas de empleo y competencias? ¿Cómo puede incitarse a las empresas y sus empleados a participar en una preparación temprana y adecuada de los procesos de reestructuración que favorezca la aceptación del cambio? ¿Cuáles son las mejores prácticas a este respecto? ¿Qué importancia tienen la confianza mutua y el diagnóstico compartido para la buena gestión de la reestructuración? ¿Cómo pueden promoverse dentro de las empresas y en contextos más amplios? ¿Qué pueden hacer las empresas y los trabajadores para minimizar el impacto laboral y social de las operaciones de reestructuración? ¿Qué papel tienen las políticas públicas para facilitar estos cambios? ¿Qué es lo más útil que pueden hacer las empresas, las autoridades locales y todas las demás partes interesadas para minimizar el impacto regional de las reestructuraciones? ¿Cómo puede apoyarse a las empresas afectadas por la reestructuración de otra empresa en su propio proceso de ajuste? En particular, ¿de qué manera puede ofrecerse a las PYME mejor información y asistencia en los procesos de reestructuración? ¿Qué papel tienen la evaluación y los informes sobre operaciones de reestructuración anteriores para ampliar los conocimientos y mejorar las prácticas de las partes interesadas? ¿Qué papel podría tener el diálogo social a la hora de difundir y estimular las mejores prácticas de previsión y gestión de las reestructuraciones? La Comisión, teniendo plenamente en cuenta las enormes diferencias entre los Estados miembros a este respecto, desea conocer los puntos de vista de las partes interesadas (en particular, las autoridades nacionales y las organizaciones de interlocutores sociales) sobre la necesidad de revisar determinados aspectos de los sistemas de protección del empleo a la luz de una transición hacia la previsión y la protección proactiva del empleo”.

7. Por último, el documento dedica unas pocas líneas a cuál debe ser el papel de las autoridades regionales y locales, en el bien entendido que en todo el texto y no sólo en este bloque se incluyen amplias referencias a sus funciones, y lo hace a partir de la explicación de algunas de las mejores prácticas y de destacar la importancia que pueden jugar los fondos comunitarios, señaladamente el FSE y el FEAG, en los procesos de ajuste en el ámbito de las políticas de formación y reincorporación del personal afectado por los cambios al mercado de trabajo, con una mención especial a la importancia de los pactos territoriales para el empleo. La pregunta formulada es la siguiente: “¿Cómo se puede fomentar un papel de apoyo para las autoridades públicas, sobre todo a nivel regional, en los procesos previsores, así como en determinadas reestructuraciones, teniendo en cuenta las distintas tradiciones nacionales en lo que respecta a la participación de las autoridades públicas en los procesos empresariales?”.

Buena lectura del documento.