sábado, 14 de enero de 2012

La presidencia danesa de la Unión Europea. Un apunte sobre sus propuestas en materia laboral y de inmigración.

1. Dinamarca, con un gobierno de centro-izquierda presidido por Helle Thorning-Schmidt, resultado de las últimas elecciones legislativas celebradas en septiembre de 2011, ha asumido la presidencia rotatoria de la Unión Europea durante el primer semestre de 2012. Su programa apuesta por centrar la atención en cuatro ámbitos de trabajo con carácter prioritario para intentar salir de la crisis en que se encuentra el viejo continente, que ejemplifica en estas cuatro palabras después de Europa: responsable, dinámica, verde y segura.

El gobierno danés apuesta por una Europa que tenga una política económica responsable que garantice unas finanzas públicas sólidas y que ponga en práctica las reformas estructurales necesarias para así poder avanzar en “la creación de un crecimiento y de empleos estables”. El dinamismo de la UE pasa por el desarrollo y consolidación del mercado único europeo en beneficio de los ciudadanos y de las empresas, considerándolo como indispensable para “garantizar el retorno del crecimiento y la mejora del empleo en Europa, tanto a corto como a largo plazo”. La Europa verde debe poner el acento en la transición hacia un nuevo modelo de producción y de consumo más ecológicos y menos contaminante. En fin, la seguridad de Europa pasa por una cooperación reforzada tanto en el propio seno de la UE como con los países vecinos, manifestando ya el documento ahora examinado en su parte introductoria que los Estados miembros de la UE “deben reforzar su cooperación para asegurar la buena gestión de la política de asilo y de inmigración”.

2. En materia sociolaboral el gobierno danés apuesta por reforzar la dimensión social del mercado interior, con una mención específica, e importante a mi parecer, a mejorar la aplicación de la Directiva de 1996 sobre desplazamiento de trabajadores. No menos importante, y habrá que seguir con atención de qué forma se concreta la propuesta, es la llamada a clarificar la relación jurídica entre los derechos sociales de los trabajadores y el ejercicio de la libertades reconocidas en el Tratado UE para las empresas, “confiriéndoles el mismo estatuto”, pues si esta tesis prospera decaería buena parte de la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (asuntos Laval, Viking, Luxemburgo) que han colocado a los derechos colectivos laborales en una posición de subordinación con respecto a las libertades de establecimiento y de prestación de servicios de las empresas en la UE.

Por otra parte, la relación entre adaptación de las empresas a las nuevas condiciones económicas globales y afectación de la vida de las personas trabajadoras no se plantea en términos de reducción de derechos de estas últimas, como es práctica frecuente en muchos países europeos en los últimos tiempos, sino desde una perspectiva de complementariedad de los intereses de ambos (un buen ejemplo de la buena parte del llamado modelo danés de la flexiguridad), de tal manera que la adaptación empresarial vaya de la mano “con el desarrollo de un entorno laboral de calidad y con el reforzamiento de las cualificaciones de los trabajadores”. Atención especial debe ser prestada a la situación de los jóvenes y a su inserción en el mundo laboral, mediante políticas de formación dirigidas a jóvenes que abandona prematuramente el mundo educativo, en sectores con potencial de crecimiento tanto a corto como medio plazo, con mención expresa en el documento de “la innovación, las tecnologías verdes y las ciencias naturales”.

No hay especiales novedades en el texto de la presidencia danesa con respecto a todo aquello que ya se está haciendo (bien o mal es otra cuestión) en el seno de la UE, es decir las políticas de atención especial a colectivos más afectados por la crisis económica y de empleo, pero sí cabe destacar el especial acento que se pone en las actuaciones dirigidas a las personas de edad avanzada, en el marco del año europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad generacional; de ahí que se insista (por cierto, las propuestas sindicales y empresariales españolas en los debates sobre la reforma laboral parecen ir en dirección contraria) en el incremento de la edad media de acceso a la jubilación, combinado con una mejora de las condiciones de trabajo y de la formación de los trabajadores que les permita permanecer más tiempo, y en condiciones adecuadas en el mercado de trabajo.

En el ámbito educativo, en estrecha relación con el laboral, la presidencia danesa insistirá en la conexión entre ambos, promoviendo tanto el aprendizaje permanente durante toda la vida como la flexibilidad del sistema educativo que así lo permita, tratando tanto de mejorar la calidad y la transparencia de la formación profesional en Europa como de favorecer la creatividad y el espíritu de empresa en todos los niveles educativos.

3. Dinamarca apuesta por potenciar la inmigración legal “de una mano de obra cualificada”, ya que considera que la misma es necesaria para el mercado de trabajo europeo en los próximos años, y de ahí que insista (ya se ha hecho en presidencias anteriores, pero hemos avanzado poco en la materia) en la puesta en marcha de un sistema “más eficaz” para el reconocimiento mutuo de las calificaciones profesionales. Si la regla general ha de ser la promoción de buenas condiciones de trabajo para todos los ciudadanos de terceros países, la mención específica en el documento es a la puesta en marcha de la flexibilización y “desburocratización” del acceso que se ofrece desde los Estados de la UE a los inmigrantes que vayan a desarrolla un trabajo altamente cualificado en el seno de la Unión (una eficaz aplicación de la Directiva UE “blue card” sería la mejor forma de avanzar en una política adecuada para potenciar este trabajo altamente cualificado).

Plenamente partidaria del respeto de la normativa laboral y del cumplimiento de la normativa europea, Dinamarca pondrá el acento en garantizar que la política de inmigración esté estrechamente relacionada con el respeto de la normativa laboral, tanto legal como convencional, de los países de acogida, así como también en la observancia de las reglas relativas a la libre circulación de las personas en el marco del mercado único europeo. La lucha contra la inmigración ilegal seguirá siendo necesaria y a tal efecto se apuesta por reforzar el sistema Schengen, con un control eficaz de fronteras, una adecuada política de concesión de visados y otra que sea efectiva en materia de retorno de inmigrantes en situación irregular a sus países de origen.

Como es habitual en todos los documentos que abordan la política de inmigración desde el inicio de los cambios políticos y sociales en varios países del Norte de África, y que ha merecido la atención de Comunicaciones de la Comisión y también en las Conclusiones de los Consejos Europeos, se llama a un diálogo sobre esta política con el fin de reforzar tanto la movilidad como la seguridad, poniendo de manifiesto que “una buena gestión de la política de inmigración es crucial para el seguimiento de la situación en África del Norte, que presenta tanto desafíos como oportunidades”.

En fin, la política de integración de los inmigrantes que acceden y viven en la UE de forma regular deberá seguir haciéndose tanto mediante el intercambio de experiencias (buenas prácticas) entre los Estados como mediante acciones comunes a escala europea (cabe recordar aquí la agenda para la integración, de la que ya realicé un amplio comentario en una anterior entrada del blog). Son necesarias políticas de integración inclusivas que fortalezcan los valores democráticos, refuercen la igualdad de oportunidades para todos, fortalezcan la cohesión social, eviten “las sociedades paralelas” y prevengan el extremismo. No me parecen nada mal estas propuestas viniendo de un país cuyo gobierno anterior no se había caracterizado precisamente por una aplicación de estos principios ahora defendidos.

Buena lectura del documento