Los Dictámenes sobre políticas de empleo del Comité Económico y Social Europeo (I).

1. La 473ª sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo, celebrada los días 13 y 14 de julio, ha sido muy provechosa en el ámbito sociolaboral, ya que se han aprobado cuatro dictámenes que tratan directamente sobre política de empleo, además de un quinto que también incluye cuestiones de interés laboral y en el que se aborda la cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil y los entes locales y regionales en la integración de los inmigrantes.

La excelente página web del CESE publica con mucha rapidez los textos aprobados, y de ahí que ya podemos disponer de todos los aprobados en la última sesión plenaria. El objeto de esta entrada es analizar los dictámenes sobre empleo y extraer las tesis e ideas más importantes a mi parecer de los mismos. Hay que destacar el altísimo grado de consenso alcanzado en todos ellos para su aprobación, algo que no deja de sorprender si reparamos en las dificultades que se encuentran los agentes sociales en muchos Estados para acercar posiciones en una materia tan importante, y tan delicada, como la creación de empleo y la aprobación y puesta en marcha de medidas adecuadas para ello.

Como decía, son cuatro los dictámenes objeto de especial interés. Un dictamen exploratorio, solicitado por la (entonces) futura presidencia polaca versa sobre “el futuro del mercado de trabajo en Europa. En busca de una respuesta eficaz a las tendencias demográficas”; dos dictámenes de iniciativa tratan sobre “Estrategia de salida de la crisis de la UE y transformaciones industriales: ¿empleos precarios o sostenibles?” y “La crisis, la educación y el mercado de trabajo”; en fin, el último dictamen responde la consulta formulada por la Comisión Europea sobre su comunicación “Agenda de nuevas cualificaciones y empleos: una contribución europea hacia el pleno empleo”.

2. El primer Dictamen fue aprobado el 13 de julio por 120 votos a favor y 11 abstenciones. El CESE se plantea cómo aprovechar el potencial de empleo que existe en todos los grupos de edad, la importancia de la permanencia de las personas mayores en el mundo del trabajo y “su importancia creciente como consumidores para el conjunto de la economía”, y la adaptación necesaria del mundo laboral, que no afecta sólo a las personas mayores pero sí que incide especialmente sobre ellas, a una sociedad que debe adaptarse al envejecimiento de una parte cada vez más importante de su población. El Dictamen tiene un especial interés ante el previsible incremento, según datos de EUROSTAT, del número de personas mayores en la UE en los próximos años y la disminución del de las personas en edad de trabajar

El CESE es crítico con las propuestas que apuestan por incrementar la edad legal de jubilación, y argumenta que no son las relaciones demográficas, es decir la relación entre personas mayores y aquellas en edad de trabajar, las que determinan las necesidades de financiación de las pensiones, sino que lo realmente importante es la tasa de dependencia económica, es decir “la proporción entre los perceptores de prestaciones y la población ocupada”, y que aquello que debe hacerse es ante todo aproximar la edad de jubilación efectiva a la edad legal de jubilación vigente, algo que no ocurre en muchos Estados de la UE. El incremento de la población ocupada aligeraría sensiblemente las cargas económicas para hacer frente a las prestaciones que perciben las personas mayores, y al respecto conviene recordar el importante número de personas desempleadas en la UE, que personas en edad de trabajar ya son pensionistas por motivos de salud, el número significativo de personas inactivas, en gran medida involuntariamente, por cuidado de familiares, o quienes sufren alguna discapacidad y encuentran especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Ahora bien, el hecho de apostar decididamente por una mayor participación de la población trabajadora en el mercado laboral, y de hacerlo específicamente por el de la población de más edad, no debe llevar a un deterioro de las prestaciones sociales, ya que “jubilarse es un derecho reconocido por los convenios de la OIT y las pensiones deben permitir a sus beneficiarios una vida decente”.

Desde la perspectiva de creación de empleo que plantean las necesidades de las personas de la tercera edad en materia de salud, asistencia, cuidados, actividades socioculturales, deporte, medios de comunicación, telecomunicaciones, etc, el CESE valora la importancia que pueden tener para el incremento de la población activa, pero pone el acento, al igual que hacen otros organismos internacionales, en que tales empleos tengan un nivel de cualificación profesional y salarial que los hagan atractivos para la población.

Nuevamente se insiste, y van.., en la importancia de adoptar medidas formativas tanto al inicio como durante toda la vida laboral de la persona trabajadora, con reconocimiento de períodos de excedencia para dedicarse única y exclusivamente a tales actividades, y en que los puestos de trabajo para las personas de más edad deben ser adecuados a sus conocimientos, evitándose los riesgos o efectos nocivos para la salud, y valorándose positivamente el acuerdo alcanzado en marzo de 2010 por los agentes sociales sobre mercados inclusivos de trabajo. Además, el cambio en la composición sectorial del empleo, con una importancia creciente del sector servicios y el aumento de las competencias sociales y la disminución de la importancia del esfuerzo físico, pueden facilitar la permanencia de las personas mayores en el mercado laboral, y de ahí que, según el CESE, “las empresas no deberían sólo apostar por los empleados más jóvenes”, al mismo tiempo que deberían integrar los cambios demográficos que acaecen en nuestras sociedades en su política de desarrollo del personal, aprovechando a tal efecto “una combinación óptima de los puntos fuertes de los trabajadores de diferentes edades”.

En definitiva, hay que proponer un amplio abanico de medidas, y así lo hace el CESE, para conseguir una mejora del mundo laboral y el mantenimiento y participación de las personas mayores, cuya lectura recomiendo. Coincido especialmente con el CESE en la necesidad de facilitar el tránsito entre la vida “activa” y la “pasiva” con medidas como las jubilaciones parciales, las adaptaciones de los puestos de trabajo para aprovechar al máximo las potencialidades de los trabajadores de edad, una vida laboral que incentive la formación permanente y que contemple espacios temporales para ello (años sabáticos, excedencias para formación), y políticas de incentivos económicos adecuados para las empresas que permitan integrar en el empleo a las personas de edad. Pero, probablemente la más importante, aún cuando de consecuencias no inmediatas, sea desarrollar campañas de sensibilización de la importancia de las personas de edad y de superación de estereotipos sobre sus limitaciones, y de ahí que el CESE proponga luchar “contra la discriminación relacionada con la edad y los clichés negativos sobre los trabajadores de más edad”.

3. El segundo Dictamen, también aprobado el 13 de julio con 123 votos a favor, 5 en contra y 6 abstenciones, trata sobre el tipo de empleos existentes y que deben crearse en el marco de un proceso de amplias transformaciones industriales en el seno de la UE. La tesis central del documento es el reconocimiento de la importancia de empleos sostenibles, entendiendo por tales “puestos de trabajo que permitan a las personas obtener ingresos en un entorno de trabajo seguro y saludable y en un ambiente que reconozca los derechos de los trabajadores y deje espacio a un diálogo social fructífero”, puestos de trabajo muy productivos que generen valor añadido en términos de “innovación, calidad, eficiencia y productividad”.

El Dictamen pasa revista a dónde se encuentra la economía europea en la actualidad, y destaca la importante pérdida de 32,5 millones de empleo, con especial impacto en la industria y la agricultura, durante 2009 y 2010. La disminución del número de personas mayores ocupadas, objeto de atención en el primer dictamen, puede provocar un problema añadido a las empresas, ya que hay carencia de jóvenes cualificados para cubrir determinados puestos de trabajo y porque la rapidez como se realiza el reemplazo “pone en peligro la transmisión de conocimientos dentro de las empresas”. Tras recordar que la UE apostó desde la creación de la Comisión Económica Europea en 1957 por un modelo social europeo que protege los derechos sociales de sus ciudadanos, el Dictamen constata que la realidad actual es mucho más compleja, con el incremento del número de puestos de trabajo precarios, mal retribuidos y con escasa protección social, tanto en el sector público como en el privado, y la aparición desde hace varios años de una categoría anteriormente inexistente, la de “trabajadores pobres” que alcanzaba en 2008 al 8’66 % de las personas que se encuentran en el mercado laboral. Al respecto, me parece digna de interés la apreciación de que el trabajo temporal no es siempre precario, y que hay que entender por este último el que está basado en un contrato temporal “que en cualquier momento puede ser rescindido unilateralmente por el empresario sin que ello genere obligaciones por su parte”, y también que la creciente desigualdad en el seno de la UE genera unos costes sociales elevados en términos de protección social, y no menos importante en el ámbito de la cohesión social, haciendo referencia el Dictamen a estudios que demuestran que “una sociedad con una desigualdad material relativamente alta rinde peor en prácticamente todos los demás aspectos de la vida cotidiana que una sociedad en que la desigualdad material es relativamente baja”.

El CESE se plantea hacia dónde queremos ir en el futuro inmediato, y efectúa un amplio análisis de las diversas propuestas elaboradas en el seno de la UE y con especial atención a la Estrategia Europa 2020. Se destaca la importancia de apostar por políticas que potencien la innovación, calidad, eficacia y productividad, para hacer frente a los países emergentes, ya que con buen criterio se defiende que la UE no puede competir sobre la base de costes laborales en países como por ejemplo China, India y Brasil. Se insiste en la importancia de políticas adecuadas de formación, en especial para quienes tienen mayores necesidades, y se critica que el grueso de las actividades formativas vaya dirigido a jóvenes y personas con un elevado nivel de cualificación. Nuevamente se pide prestar especial atención a la problemática de los trabajadores de edad, y a la combinación de la educación teórica con la realización de prácticas en las empresas, ya que, se afirma, “la educación y la formación sólo tienen sentido si los programas son eficaces y permiten a los trabajadores que los siguen adquirir realmente las competencias necesarias para adaptarse a un mercado en rápido proceso de cambio”.

En definitiva, el Dictamen asume que las personas desean seguridad durante su vida laboral, y que ello no implica necesariamente “un empleo para toda la vida”, con garantías en términos de protección jurídica y cobertura social, algo de lo que carecen en la actualidad un buen número de trabajadores precarios. De ahí que el CESE no se muestre especialmente crítico con la flexiseguridad como respuesta a las necesidades empresariales pero siempre y cuando vaya acompañada “de un nivel de seguridad comparable al de un empleo fijo”. Un mundo del trabajo, en donde la mejora formativa debe permitir una mayor participación de los trabajadores en todas las cuestiones que les afecten en su vida laboral, con una gestión mejorada de los recursos humanos y con incitación, que me parece muy acertada siempre y cuando tenga consecuencias reales en la marcha de la empresa, a que los trabajadores “tomen iniciativas y asuman responsabilidades para mejorar su rendimiento individual y colectivo”.

4. El tercer dictamen, aprobado el 14 de julio por unanimidad, versa sobre la crisis, la educación y el mercado de trabajo, y aborda varios aspectos de especial interés: la educación y la formación como instrumentos esenciales para hacer frente a la crisis; relaciones entre educación y formación y el mundo laboral; integración de los jóvenes en el mercado de trabajo; necesidades empresariales de formación de su trabajadores y responsabilidades que asumen para su consecución; en fin, el fomento de un empleo digno y de calidad, algo que es recurrente en todos los dictámenes aprobados en la última sesión plenaria del CESE y que están siendo ahora objeto de mi atención. En la elaboración del Dictamen el CESE ha tomado en consideración diversos documentos de la UE: la agenda de nuevas cualificaciones y empleo, a la que me referiré más adelante, la iniciativa juventud en movimiento, ampliamente analizada en el blog, la Comunicación sobre cómo abordar el abandono escolar prematuro, y el marco europeo de cualificaciones.

Entre las recomendaciones que dirige a los Estados miembros, destaca la importancia de mantener la inversión pública en educación, investigación y formación profesional, el fomento del espíritu emprendedor, la mejora de la formación para los jóvenes pocos cualificado, el reconocimiento de las competencias adquiridas de manera informal, el apoyo a los programas de inserción profesional y a su utilización parte empresarial, y el respeto al “derecho individual a la formación certificada de calidad en el contexto profesional, independientemente del nivel de cualificación y del tipo de contrato”. El CESE apuesta por dirigir gran parte de los recursos económicos en materia de formación hacia la población desempleada y recuerda el importante papel que asumen los servicios públicos de empleo para atender a los colectivos desfavorecidos o prioritarios (no es cuestión ahora de hacer caballo de batalla de la terminología utilizada), entre los que se citan los trabajadores con menos competencias y cualificaciones o con empleos precarios, y “las personas con discapacidades, los desempleados de más edad y los inmigrantes”. En línea con el primer dictamen examinado, el CESE subraya la importancia de valorar el potencial de los trabajadores de mayor edad “para la transmisión de conocimientos en el lugar de trabajo” y llama a que esta cuestión sea objeto de debate entre el mundo empresarial y laboral.

El documento pasa revista en primer lugar a la crisis y el mercado de trabajo, aportando datos ya conocidos de la OIT a escala internacional y de EUROSTAT en el seno de la UE que reflejan la gravedad de la situación, concretada en el crecimiento del desempleo y el deterioro de la calidad del empleo y una mayor vulnerabilidad, con especial impacto en el colectivo juvenil, y también destaca la importancia de la adquisición de los conocimientos formativos adecuados para la nueva realidad del mundo del trabajo, dado que “el carácter de los empleos que se generan se aparta cada vez más del carácter de los empleos que se pierden, y los desempleados encuentran cada vez más dificultades para volver a integrarse”; unos conocimientos que deben incluir obviamente el aprendizaje informático, manifestando su preocupación el CESE, como ya había hecho antes la Comisión Europea, por el hecho de que el 30 % de los europeos nunca haya utilizado Internet, al mismo tiempo que enfatiza que el aprendizaje de útiles informativos en la edad escolar es una factor de inclusión en la sociedad actual. Ahora bien, los conocimientos formativos adquirirán mucha mayor solidez si las personas estudiantes han adquirido unos conocimiento básicos de manera sólida, ya que ello les permitirá una mayor adaptación a los cambios.

El documento efectúa una serie de interesantes consideraciones sobre aquello para lo que debe servir la educación, y que han merecido una lectura más detallada por mi parte en atención a mi actividad docente, y constato la bondad de las tesis expuestas aunque creo que queda mucho por hacer para que sean plenamente incorporadas al acervo educativo; no creo que se puede estar en desacuerdo con las propuestas de que la educación debe servir para ayudar a los alumnos a filtrar la información recibida, fomentar su conciencia crítica y el desarrollo de un espíritu emprendedor, tomar conciencia de la realidad en la que viven y aceptar el esfuerzo que implica aprender, así como reconocer su valor, alcanzar unos buenos conocimientos en materia de lenguas, tener un espíritu abierto a la cultura y la innovación, y todo ello, como preciosa conclusión que, no se olvide, hay que trasladar después a la práctica, para “formar ciudadanos libres y solidarios, conscientes de sus derechos y obligaciones y capaces de ejercer un trabajo digno en las mejores condiciones”.

La mejora de la educación, con su indudable impacto sobre los conocimientos que han de ser de utilidad para el acceso y permanencia en el mercado de trabajo, pasa ineludiblemente por un reforzamiento de los conocimientos del personal docente y de su adaptación a una realidad educativa cada vez más compleja, en donde el uso de nuevas tecnologías va de la mano con cambios que operan en el mundo laboral y con la presencia de un número cada vez mayor de estudiantes extranjeros. Todo ello también implica que los poderes públicos deben apostar por la mejora de las condiciones laborales y salariales del profesorado.

Y si es necesario un cambio en el sistema educativo, que afecta tanto a los estudiantes como al profesorado, no es menos cierto que los cambios que afectan al mundo laboral requieren de un personal más formado, con más competencias y cualificaciones, con una apuesta por el empleo de calidad y una adecuada inversión en políticas activas de empleo y formación profesional, identificando el Dictamen algunos de los cambios en curso y que afectan directamente al mundo laboral, como son “aumento de la competencia internacional, revolución científica y técnica, cambio climático, rápido desarrollo de las economías emergentes y envejecimiento de la población”.