1. La Comisión Europea trabaja a marchas forzadas en la elaboración de los documentos de trabajo que permitan desarrollar la Estrategia Europa 2020, muy en especial durante el primer año de su puesta efectiva en marcha. El pasado 12 de enero el Presidente de la Comisión presentó, en cumplimiento de lo dispuesto en aquella, el estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, con el subtítulo de “anticipo de la respuesta global de la UE a la crisis”. A este texto se acompañan tres amplios e importantes Anexos: en primer lugar, el Informe de Evolución sobre Europa 2020, en el que se pasa revista a cómo están avanzando los Estados miembros en el cumplimiento de la Estrategia; en segundo término, y al igual que en años anteriores, se presenta el borrador del Informe conjunto sobre el empleo, para su definitiva aprobación por el Consejo Europeo; en fin, el Informe macroeconómico propone las medidas que deben adoptarse por los Estados miembros en los próximos años para dar cumplimiento a la Estrategia.
El objeto de esta entrada del blog es prestar especial atención al primer documento citado, en el bien entendido que mi interés se centrará en aquellas cuestiones, medidas y propuestas que guarden más relación, directa o indirectamente, con las políticas de empleo, dejando el examen del Informe conjunto sobre el empleo para otro comentario. Sobre las políticas de empleo y sus reformas, y refiriéndome ahora incidentalmente a España, habrá que abordar en otro momento, y de forma detallada, las reformas recogidas en el recientemente firmado Acuerdo Social y Económico y que desde el plano jurídico necesitan de una concreción normativa por medio de los instrumentos legales pertinentes.
2. Como acabo de indicar, el documento de referencia en mi análisis en la Comunicación de la Comisión, de 12 de enero, que lleva por título “Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento: anticipo de la respuesta global de la crisis”, documento que, tal como se indica en su introducción, “marca el inicio de un nuevo ciclo de gobierno económico en la UE y abre el primer semestre europeo de coordinación de la política económica”, y en el que se hace, una vez más y van…, una llamada a la aceleración de las reformas en el seno de la UE y de sus Estados miembros, para tratar de dar respuesta a las consecuencias de la crisis, cuyas implicaciones son graves para el bienestar de la UE si no se adoptan medidas adecuadas para abordarlas, ya que se han traducido desde 2008 en “una gran disminución de la actividad económica, un importante aumento del desempleo, una brusca caída de la productividad y un considerable debilitamiento de las finanzas públicas”. Traducidas las grandes frases a números más concretos, detrás de los cuales hay el rostro de muchas personas, se habla de tasas del desempleo del 9,6 %, que alcanza hasta el 40 % en algunos países (no se cita a España, pero así es) para el colectivo juvenil, y de cerca de 80 millones de personas que viven por debajo del umbral de pobreza.
3. La Comisión plantea diez medidas prioritarias de actuación para el inmediato futuro, que se resumen en tres grandes marcos generales donde encuadrarlas, y que deberán ponerse en marcha teniendo en consideración las situaciones específicas de cada Estado miembro. Se propugna en primer término “un saneamiento fiscal riguroso que permita aumentar la estabilidad macroeconómica”, en segundo lugar “reformas del mercado de trabajo para lograr mayores tasas de empleo”, y por último, con una referencia muy genérica, poner en marcha “medidas de fomento del crecimiento”.
A) La primera gran línea de actuación pasa por fijar, concretar y poner en práctica unos “prerrequisitos macroeconómicos para el crecimiento”, es decir conseguir un riguroso saneamiento fiscal, corregir los desequilibrios macroeconómicos, y garantizar la estabilidad del sector financiero. La receta es clara: todos los Estados, y muy en especial los que tienen un déficit excesivo, deberán mantener su gasto público por debajo del crecimiento del PIB, apostar por medidas de gasto que propicien el crecimiento sostenible (se citan los sectores de investigación, educación y energía), y en su caso adoptar planes de gasto que demuestren claramente cómo se va avanzar en la reducción del déficit.
Sobre el sector bancario, encontramos una moderada y prudente referencia a la necesidad de acelerar su reestructuración, al objeto de “salvaguardar la estabilidad financiera y sustentar la provisión de crédito a la economía real”, y una no tan moderada referencia (algo ya estamos viendo en la práctica en España) a que los bancos (y cajas de ahorro en España) “deberán reforzar progresivamente su base de capital a fin de aumentar su capacidad de resistencia a las repercusiones adversas”.
B) El segundo eje de trabajo es el de la “movilización de los mercado laborales y creación de empleo”, calificándose como tareas esenciales la lucha contra el desempleo y la prevención de la exclusión del mercado laboral, alertándose sobre la dificultad de conseguir el objetivo del 75 % de tasa de empleo en 2020 si no se adoptan medidas adecuadas que incentiven la participación en el mercado laboral y la mejora de las cualificaciones profesionales, ya que los datos actuales de los Estados miembros y sus proyecciones futuras ponen de manifiesto, según se constata en el documento “Informe de evaluación sobre Europa 2020”, que estaríamos entre un 72,6 y un 73 %.
En la misma línea que en los documentos elaborados desde el inicio de la crisis, y en sintonía con las directrices orientadoras de las políticas de empleo durante el próximo quinquenio para los Estados miembros, se proponen diversas medidas para incrementar la presencia de todas las personas disponibles en el mercado de trabajo:
a) En primer lugar, y bajo el rótulo de “trabajo más atractivo”, se plantea una reducción de los costes fiscales sobre el trabajo, una organización más flexible de la actividad productiva que facilite la compatibilización de la vida familiar y laboral, medidas que desincentiven la economía irregular y que permitan aflorar la mayor parte de su contenido, o en fin, y en estrecha relación con lo anterior, la vinculación más estrecha de las prestaciones por desempleo a las actividades formativas y de búsqueda de empleo por parte del sujeto desempleado.
b) En segundo término, le toca el turno a la “reforma del sistema de pensiones” (¿algo sabemos de eso en España, verdad?), con repetición de las medidas propuestas en el libro verde y que pasan en síntesis por un aumento de la edad de jubilación, la desincentivación de las jubilaciones anticipadas y la correlativa medida de incentivar el mantenimiento en el mercado de trabajo de las personas de edad avanzada, así como la puesta en marcha de fondos de pensiones privados como complemento (no se utiliza el término “sustitución”) de las pensiones de jubilación.
c) En tercer lugar, se propugna la “reinserción de los desempleados en el mercado laboral”, aunque no alcanzo a ver la razón de su regulación diferenciada con respecto a la primera medida, ya que aquello que se propugna es una reforma de los sistemas de protección por desempleo que incentiven el retorno al trabajo y que se adapten normativamente a los cambios en los ciclos económicos, de tal manera que se propone la condicionalidad de las prestaciones a la formación y búsqueda de empleo, y la adaptación de la normativa protectora para que “la protección quede reforzada en las fases de recesión económica” (una forma educada de decir que los regímenes jurídicos de protección por desempleo deben ser menor protectores cuando la situación económica mejore o se estabilice).
d) En fin, no podía faltar la propuesta de encontrar ese tan deseado (¿quién no lo desea) equilibrio entre flexibilidad y seguridad, o más exactamente, por ceñirme a la literalidad del documento, entre “la seguridad y la flexibilidad”, formulándose propuestas genéricas ya suficientemente conocidas y a las que he dedicado, y parece que habrá que seguir dedicando, especial atención, y crítica, en el blog:
-- Por una parte, hay que “equilibrar la protección laboral”, de tal forma que se plantea modificar la legislación laboral cuando sea necesario “con el fin de reducir la sobreprotección de los trabajadores con contratos fijos y brindar protección a quienes se encuentran fuera del mercado laboral o en sus márgenes”, remitiéndose a lo expuesto en otra importante Comunicación de la Comisión, en concreto la relativa a la agenda de nuevas cualificaciones y empleo, para concretar cómo pueden “introducirse más contratos indefinidos” en sustitución de los temporales (una forma educada de decir, aunque afortunadamente el texto final de la citada Comunicación rebajó el tono de los primeros borradores, que puede reducirse la protección de los trabajadores estables contra la extinción de su relación laboral y los costes de indemnización que conlleva si así se incentiva la contratación de nuevas personas).
-- También se propugnan medidas para favorecer la reducción del abandono escolar y para mejorar la libre circulación de trabajadores en el espacio europeo mediante el reconocimiento de las titulaciones profesionales.
C) El tercer gran bloque de actuación pretende colocar las medidas de fomento del crecimiento en primer plano, y llama a reformas estructurales “urgentes” de los mercados de servicios y productos destinadas a mejorar el entorno empresarial. Hay que aprovechar el potencial del mercado único y lograr la plena aplicación de la Directiva sobre servicios, suprimiendo cualquier restricción injustificada que limite la libertad de prestación de servicios, atraer capital privado para financiar el crecimiento y crear un acceso rentable a la energía, intensificando los Estados miembros las políticas de eficiencia energética “a fin de generar ahorro y crear puestos de trabajo en los sectores de la construcción y los servicios”.
4. Concluyo… de momento. En cumplimiento de lo previsto en la Estrategia Europea, este documento ha de servir de base para que los Estados miembros presenten sus informes nacionales a mediados de abril, con indicación de las medidas a adoptar. La Comisión formulará recomendaciones y el Consejo aprobará antes del verano las directrices políticas por cada país “que los Estados miembros deberán tener en cuenta en su preparación de los presupuestos para 2010 y en la aplicación de sus políticas de crecimiento”.
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