Traspaso de las políticas activas de empleo al País Vasco (y IV).

7. A) Para el portavoz del PNV en el Congreso, Sr. Erkoreka, el acuerdo supone “un inmenso salto en el autogobierno”, un “regalo” que recibe el gobierno vasco por la actuación del PNV, y el cumplimiento de la reivindicación mantenida desde 1998 que ha sido ahora posible plasmarla en un acuerdo “merced a una coyuntura como la actual propicia para negociar este tipo de contenidos, pero que ha sido oportunamente y eficazmente aprovechada por el PNV”, afirmando, desde esa euforia de haber alcanzado algo por lo que se luchaba por el nacionalismo vasco desde hace más de 30 años, que “al gobierno vasco, más que la última palabra le corresponde estampar la firma al pie de lo acordado entre el PSOE y PNV”.


B) Casualidad o no, y me inclino por lo segundo, el acuerdo se suscribió un día antes de la celebración del debate de política general en el Parlamento vasco. En su primera intervención, el lehendakari Sr. López manifestó su satisfacción por el traspaso de las PAE y criticó al PNV por haber puesto, obviamente a su parecer, el veto a un acuerdo el año anterior “y que ha impedido que los desempleados de Euskadi contaran con una buena herramienta para mejorar su empleabilidad durante estos doce meses”, valorando positivamente lo que calificó de acuerdos adoptados con la referencia de los acuerdos parlamentarios vascos de 1995 y 2005, en desarrollo del estatuto de Gernika, y que permitirán “iniciar y poner en marcha una reforma profunda de los servicios de empleo, de formación, y también de las prestaciones sociales que existen en la actualidad”. En la misma línea, obviamente, se manifestó el portavoz socialista Sr. Pastor, y también lo haría la consejera de empleo y asuntos sociales, Sra. Zabaleta, que precisó que será la comisión mixta de transferencias a la que “corresponderá hacer la interpretación en lo relacionado con las presupuestos y cuantías económicas del acuerdo”.


El portavoz del grupo popular, Sr. Basagoiti, se manifestó prudentemente sobre el acuerdo, a la espera de conocer su contenido, pidiendo el mantenimiento de la caja única de la Seguridad Social y esperando a leer todo el texto “para ver si lo que se transfiere es la competencia de las políticas activas de empleo o algo más que pueda acabar siendo negativo para los propios vascos”.


Para el portavoz del PNV, Sr. Egibar, se trata de un acuerdo importante y responsabilizó al gobierno español de que no hubiera podido alcanzarse hasta ahora, defendiendo su constitucionalidad ahora igual que cuando se aprobó el Estatuto, y manifestando de forma muy clara, como ya lo había hecho el Sr. Erkoreta, que el texto “sí es una transferencia arrancada a través de un acuerdo pero por un cuadro de necesidad del gobierno español y punto”.


Del turno de réplica me interesa destacar dos intervenciones que tienen sin duda un fuerte componente político y con impacto indudable en el ámbito jurídico. Para el lehendakari, con el acuerdo alcanzado “no se rompe la caja única”, ya que esta “seguirá teniendo la solidaridad y los recursos, otra cosa es la mano que los pague, pero seguirá manteniendo los recursos para seguir garantizando la solidaridad de todos”. Para el portavoz del PNV, el gobierno vasco ha tenido que rectificar sus propuestas anteriores y hacer suyas ahora las del acuerdo, y cita una respuesta parlamentaria del lehendakari de fecha 28 de julio a una pregunta del PNV en la que afirma que “la valoración de las transferencias no se están considerando las partidas de gasto que en los presupuestos generales del Estado se destinan a políticas que se financian mediante bonificaciones de las cuotas a la Seguridad Social”.


C) Al día siguiente del debate, y con ocasión de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, la vicepresidenta Sra. Fernández de la Vega, resalto que el acuerdo no afecta al principio de caja única de la Seguridad Social, ya que “ni quita ingresos ni recursos de la Seguridad Social”, y que no estaba previsto ningún plan para el mismo traspaso a otras autonomías, si bien dejó la puerta abierta a ello al firmar que “si hay peticiones, por supuesto, como siempre hace el gobierno, las analizará con todo rigor y adoptará las decisiones, por supuesto, que en cada caso correspondan”. Y en efecto, hay peticiones y ya acuerdo con otras autonomías en la materia; el 18 de octubre el grupo parlamentario socialista y Coalición Canaria firman un acuerdo “para aprobar los presupuestos generales del Estado y para la estabilidad política, institucional, económico y social”, en el que entre otros puntos se incluye el siguiente: “5º Asimismo, y en el marco del vigente Estatuto de Autonomía, se realizarán las actuaciones necesarias para posibilitar el traspaso a la Comunidad Autónoma de Canarias de funciones ejecutivas en materia de trabajo y relaciones laborales, correspondientes a la inspección de trabajo y Seguridad Social, así como la adscripción orgánica de funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. También se procederá a la ampliación de funciones y servicios traspasados en materia de políticas activas de empleo. Los trabajos de la Comisión Mixta de Transferencias empezarán antes 31 de octubre del presente año, debiéndose hacer efectivos los traspasos antes del 31 julio de 2011”. En relación con esta cuestión, el presidente del gobierno canario, Sr. Paulino Rivero, destacó la próxima transferencia a Canarias de las políticas activas de empleo "en las mismas condiciones que a Euskadi y de las competencias de inspección de trabajo en las mismas condiciones que Cataluña”.


D) El debate se traslado al parlamento español, en concreto al Congreso de los Diputados, el día 29 de septiembre, con ocasión de una interpelación del Partido Popular. Reproduzco algunos de las intervenciones más relevantes del debate.


Sr. Chaves. “¿Cuál es la diferencia con otras comunidades autónomas? Las bonificaciones que están relacionadas con los incentivos a la contratación, es decir, incentivos que pueden aplicarse a las empresas para contratar a trabajadores con especiales dificultades para encontrar un puesto de trabajo. ¿Esto supone romper la caja única, señor Montoro? No, en absoluto. El régimen, la unidad económica patrimonial del sistema de la Seguridad Social, es decir, la unidad de caja, la solidaridad financiera, en absoluto se ve afectada porque no se traspasan las cuotas de la Seguridad Social, señor Montoro, a ver si se enteran ustedes. El traspaso de los incentivos a la contratación que tiene la naturaleza de bonificaciones se hace conforme a dos principios; primero, que la bonificación siempre ha de respetar la legislación del Estado, que es el que decide quién y cuánto se bonifica y el tiempo de la bonificación, y segundo, que la comunidad autónoma ha de compensar a la Seguridad Social el coste de las bonificaciones, señor Montoro, en el mismo sentido que antes del traspaso efectuaba el INEM a la Seguridad Social. Ahora las empresas aplican las bonificaciones correspondientes y el Estado, a través del INEM, es el que transfiere a la Seguridad Social el importe de dichas bonificaciones, por tanto, hay una compensación a la Seguridad Social. Con el traspaso al País Vasco el mecanismo es el mismo, señor Montoro, con la salvedad respecto a la situación actual de que a partir de la transferencia será la Comunidad Autónoma del País Vasco la que llevará a cabo la compensación a la Seguridad Social. No se ven afectadas las cotizaciones que realizan los empresarios y los trabajadores a la Seguridad Social o al desempleo. Por tanto, señor Montoro, ni se rompe la unidad de caja ni se resquebraja nuestro sistema de pensiones ni ninguna de las barbaridades que ustedes han dicho cuando se han pronunciado sobre las políticas activas de empleo.


A modo de conclusión, señor Montoro, la transferencia de las políticas activas de empleo a la Comunidad vasca no afectan a la unidad económica y patrimonial de la Seguridad Social, permiten cerrar el mapa competencial de traspaso en los ámbitos referidos a las políticas activas de empleo, la Seguridad Social no sufre ninguna incidencia económica y permite también una mayor eficiencia en la gestión de las políticas activas al estar más implicadas las administraciones autonómicas en este ámbito”.


Sr. Montoro. “Señor Chaves, le voy a decir con toda tranquilidad y con la mayor naturalidad que cuando el Partido Popular estaba en el Gobierno negociamos con todos los grupos nacionalistas. Cuando hemos tenido mayoría absoluta en esta Cámara —y yo he sido ministro de Hacienda— hemos negociado el concierto económico del País Vasco con el PNV y hemos llegado al mejor concierto económico que jamás ha tenido el País Vasco. Por eso puedo subir a esta tribuna con ese currículum para presentarlo ante la sociedad vasca y ante la sociedad española. Hemos negociado y hemos llegado a acuerdos cuando teníamos mayoría absoluta y no necesitábamos esos acuerdos, pero lo hemos hecho porque había lealtad institucional. No se hablaba de la caja de la Seguridad Social, no se hablaba de transferencias que tienen problemas porque, cuando se territorializan, ¿quién paga las cuotas de la Seguridad Social? ¿No le pasa igual que al impuesto sobre sociedades? ¿No se paga más en los territorios donde está ubicado un mayor número de sedes sociales de empresas? ¿Se puede territorializar determinadas políticas sin un coste y sin abrir gravemente la unidad de mercado en España? ¿Usted de dónde viene?”


Sr. Chaves. “La caja única de la Seguridad Social, la solidaridad que representa la caja única de la Seguridad Social, se mantiene. Ustedes saben perfectamente que no hay ninguna ruptura de la caja de la Seguridad Social. No supone ninguna merma de ingresos a la Seguridad Social. Y si ustedes quieren un blindaje, el mejor blindaje que tiene la caja única de la Seguridad Social y la solidaridad que esta representa es la propia Constitución española. Ahí es donde está el blindaje. En nada queda afectada la igualdad en la formación y el empleo en toda España con las transferencias a las políticas activas de empleo. Todo lo que ustedes dicen no son más que excusas”.


Después de leer las intervenciones del Ministro Sr. Chaves y del diputado popular Sr Montoro, llego a una conclusión que someto a mejor consideración: ciertamente no se pone en cuestión la caja única de la Seguridad Social (basta recordar que las partidas presupuestarias para incentivos a la contratación y para financiación de la formación profesional se encuentran en el presupuesto del Servicio Público de Empleo Estatal) con el traspaso (siempre refiriéndonos al documento hecho público por el MTIN), y sí parece que puede producirse un incremento importante de recursos para que el gobierno vasco ponga en marcha sus políticas de empleo.


Preguntas: ¿estoy en lo cierto? ¿La compensación que el gobierno vasco ha de hacer a la Seguridad Social implica que aquello que percibes por una vía lo recuperas -- gobierno estatal - por otra? ¿Tendrá el gobierno vasco más recursos para las políticas activas de empleo pero menos para otras políticas si ha de efectuar dicha compensación? El traspaso de competencias debe acordarse en el seno de la Comisión de transferencias Estado -Gobierno Vasco, ciertamente, pero ¿podrá decir algo la conferencia sectorial de empleo y asuntos sociales sobre dicho traspaso si implica realmente un incremento importante de recursos para una única Comunidad Autónoma en materia de políticas activas de empleo? Si el acuerdo aprobado no cuestiona la caja única de la Seguridad Social, y así lo creo, ¿hay algún obstáculo jurídico para el traspaso del montante económico de las bonificaciones en las contrataciones a la Seguridad Social y en cuota de formación a todas las Comunidades Autónomas que puedan solicitarlo en virtud de lo dispuesto en sus Estatutos de Autonomía sobre competencias en materia de ejecución de la legislación laboral, o sólo será un problema económico?


E) El debate se trasladó nuevamente al Parlamento vasco con la interpelación presentada por el grupo popular el 30 de septiembre, en la que critica el desconocimiento del acuerdo y de aquello que supone realmente en términos económicos, por lo que pide al gobierno que informe y que además responda si piensa firmar aquello que se le ponga delante sin más, y si es su propósito “firmar acuerdos sobre transferencias que vulneren el principio de caja única de la Seguridad Social o perjudiquen económicamente a los vascos”. En su intervención en la sesión plenaria del pasado día 7, el Sr. Damborenea criticó los desajustes económicos entre las propuestas que se trabajaban para llegar a un acuerdo durante el mes de agosto y el texto final, afirmando que “si según este gobierno, en el mes de agosto el acuerdo estaba a falta del visto bueno de economía y se valoraba en 327 millones de euros, o por lo menos eso es lo que ustedes publicaron en la prensa, y luego resulta que se nos dice también por la prensa, no ustedes sino otros, que ahora son 472 millones pero incluye las bonificaciones, a nosotros de entrada no nos sale ninguna cuenta”. Más adelante, el Sr. Damborenea criticó que no se faciliten las cifras económicas del acuerdo, ni por el gobierno vasco ni por el gobierno del Estado. Con respecto a este último, e importante, aspecto, el lehendakari respondió sin responder, si me permiten un juego de palabras, ya que expuso que llevaban 16 meses de negociación con la Administración central y que en estos días un equipo de gobierno estaba “ultimando los detalles de la transferencia”, manifestando su deseo de que en breve pueda procederse a la firma del traspaso y que será entonces cuando “daremos todos los datos y todas las cifras”. Respecto al debate sobre la posible ruptura del principio de caja única de la Seguridad Social, el Sr. López insistió nuevamente que no es así y que lo único que ocurrirá será que a partir del traspaso corresponderá al gobierno autonómico, y no al servicio público de empleo, el abono al Estado de la cuantía de las bonificaciones en las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social y por formación continua. Es decir, será el gobierno vasco el encargado de hacer lo que hacia antes el servicio publico de empleo: “la transferencia a la Seguridad Social en la cuantía exacta en que la propia Tesorería general de la Seguridad Social certificaba que se habían producido esas bonificaciones empresariales”. Sí arriesgo algo más el lehendakari al responder en el turno de réplica a la pregunta de cuál era la valoración económica de las bonificaciones, afirmando que e sistema de concierto económico “es un sistema de riesgo.. y que habrá veces que serán negativos los números y habrá veces que serán positivos”.


F) Una valoración negativa del traspaso, siempre según el documento del MTIN, ha sido efectuada por la central sindical nacionalista ELA-STV en un informe presentado el 1 de octubre. Desde su lógica política puede entenderse la afirmación de que no se han transferido las políticas activas de empleo porque ello significaría “tener capacidad de fijar los criterios que rigen las mismas”,y que el llamado traspaso de las PAE es “una mera descentralización, traspasando funciones de mera gestión”. No comparto, no obstante, esta segunda afirmación, porque el texto del acuerdo, junto con el marco normativo vigente en materia de empleo, permite una actuación bastante amplia a las autonomías en este ámbito, con el único y obligado respeto a la normativa marco estatal, concretada ahora en la Ley de Empleo y sus normas de desarrollo, y pendiente aún de aprobación definitiva el Real Decreto de ordenación de las políticas activas de empleo.


Más calado tiene la crítica al posible efecto negativo del acuerdo sobre el presupuesto autonómico, y habrá que estar nuevamente a la espera de conocer el texto definitivo para poder valorar si la crítica tiene o no razón de ser. Ya he indicado antes que el lehendakari manifestó que podía haber “resultados económicos positivos o negativos” con el traspaso, y el sindicato argumenta que serán negativos porque el gobierno autonómico recibirá el 6,24 % “del total de lo que se recauda en el Estado Español por esas cotizaciones”, y el peso de esas cotizaciones (más exacto sería hablar a mi parecer de bonificaciones) es superior en el País Vasco (no se aportan cifras en el informe), por lo que se critica que no se exija por parte del gobierno autonómico el compromiso de que el gobierno español “traslade al gobierno vasco el equivalente a la recaudación que por estas cotizaciones gestiona la tesorería territorial de la Seguridad Social”, afirmando que el ingreso de 177 millones (mencionados en las notas informativas del PNV) no impedirá que el gobierno vasco tenga “una pérdida financiera”. En los mismos términos se manifestaba el abogado especialista en asuntos financieros Sr. Ruiz Soroa, afirmando que el acuerdo “probablemente” signifique un perjuicio económico para Euskadi, ya que “con el 6,24 % del presupuesto español total de bonificaciones y reducciones de cuota (unos 174 millones) no les llegará para financiar todas las que efectivamente se realizan en Euskadi (aunque la Seguridad Social se niega denodadamente a facilitar el dato, hay consenso en que se producen por valor de 200 millones como mínimo”, argumentando que ese posible efecto negativo no preocupa a los negociadores del PNV porque para ellos, más allá de cualquier otra consideración, “es de relevancia suma, simbólica y política, que todos los flujos financieros o económicos entre España y el País vasco se sujeten al inflexible criterio numérico concertado”.


G) El traspaso también mereció un mínimo debate con ocasión de la presentación del proyecto de presupuestos de la Secretaría general de Empleo en el Congreso de los Diputados el 4 de octubre. El portavoz popular Sr, Echaniz insistió en la necesidad de conocer los términos presupuestarios del acuerdo, y la Secretaria de Empleo, Sra. Rojo, defendió que se trataba de una transferencia de gestión y que no se ponía en tela de juicio el principio de caja única de la Seguridad Social porque las bonificaciones a la contratación “son una aportación del Estado a través del servicio público de empleo que se compensa a la Seguridad Social”, por lo que dichas bonificaciones a la contratación “no tienen nada que ver con las cuotas a la Seguridad Social ni afectan para nada a la caja de la Seguridad Social”.


H) Nuevamente en sede parlamentaria estatal, el Pleno del Congreso del pasado día 13 vio el debate entre el portavoz popular Sr. Burgos y los de los restantes grupos parlamentarios con ocasión de la interpelación presentada por el PP “sobre los motivos que han llevado al gobierno a acordar la transferencia de las políticas sociolaborales a la Comunidad Autónoma del País Vasco con el único objetivo de pasar el trámite de la aprobación de los presupuestos generales para 2011”. Me interesa resaltar en primer lugar la intervención del portavoz del PNV Sr. Azpiazu, que afirmó enfáticamente que no se rompe la caja única de la SS, ya que esta no se va a ver afectada negativamente por el acuerdo, porque “el importe que deduzcan los empresarios vascos al pagar las cuotas a la Seguridad Social, las bonificaciones son compensadas en su integridad por el gobierno vasco, con lo que la Seguridad Social no sufre ninguna merma”, y además… “la legislación la establece esta Cámara y es exactamente la misma que se va a aplicar en todo el estado; los empresarios cuentan con las mismas bonificaciones que las del resto del Estado, no hay ninguna discriminación”. De otras intervenciones, como por ejemplo la del portavoz de CiU Sr. Campuzano, cabe destacar la propuesta de que estas políticas pasen a ser financiadas por la imposición general, “con lo cual si existiese alguna duda sobre la afectación a la denominada caja única quedaría disipada”. Desde una perspectiva más juridica, el portavoz socialista Sr. Seco manifestó que la doctrina del Tribunal Constitucional no califica las bonificaciones empresariales “como integrantes del régimen económico de la Seguridad Social”, que su financiación es externa al sistema de Seguridad Social y que “sólo cuando son objeto de ingreso en la tesorería, en sustitución de la parte de las cuotas empresariales a las que viene a suplir, puede entenderse que pasan a formar parte del patrimonio único de la seguridad Social”.


8. Vamos llegando al final (hasta ahora). El jueves 14 de octubre el PNV afirmaba en un comunicado de prensa que había conseguido “un compromiso del gobierno español para encauzar el cumplimiento íntegro del estatuto de Gernika”. Además, se manifestaba que ambas partes habían acordado que antes del finalizar la tramitación del proyecto de ley de PGE los gobiernos español y vasco “firmen la recepción de las transferencias ya acordadas entre ambos grupos parlamentarios el pasado mes de septiembre, de manera que entre en vigor el 1 de enero de 2011 (políticas activas de empleo, formación profesional ocupacional y continua, Instituto Social de la marina, …). De esta manera, en el “listado de traspasos y convenios/participación relativos a la Comunidad Autónoma del País Vasco” se incluyen en el 2010 los tres que se han acabado de citar. Para el primer semestre de 2011 se incluyen “Inspección de Trabajo” y “Regulación de Empleo”, y para el segundo “Fondo de Garantía Salarial”. Respecto a la gestión del régimen económico de la Seguridad Social se indica lo siguiente “Alternativa por estudiar. Posibilidad del convenio previsto en la DT 5ª EAPV). Recuérdese que esta disposición transitoria estipula que “La Comisión Mixta de Transferencias que se crea para la aplicación de este Estatuto establecerá los oportunos convenios, mediante los cuales la Comunidad Autónoma asumirá la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, dentro de su carácter unitario y del respeto al principio de solidaridad, según los procedimientos, plazos y compromisos que, para una ordenada gestión, se contengan en tales convenios”. Con respecto a este último punto, el portavoz de EAJ-PNV en el Congreso de los diputados, Josu Erkoreka, ha asegurado que el acuerdo presupuestario alcanzado con el PSOE recoge "negro sobre blanco" una posible transferencia del régimen económico de la Seguridad Social", y que "a lo largo del 2011, algún acuerdo tenemos que alcanzar para dotar de contenido a lo que recoge el Estatuto de Gernika sobre este asunto".

Respecto al traspaso de la ITSS se pondrá en marcha, según el Subsecretario de Trabajo e Inmigración, Sr. González Gallardo, siguiendo el modelo catalán, valorando positivamente el mismo en su comparecencia parlamentaria del día 4 de octubre para presentar el proyecto de presupuestos del MTIN, y afirmando que se trata de modelo, en el marco de un estado autonómico complejo, “en el que una vez que se produzcan los traspasos, primará la colaboración entre las administraciones y no la división en el ejercicio de las competencias” ya que esta “ha sido la apuesta de un modelo nuevo para una nueva generación de traspasos”. Quizás no todos los miembros del cuerpo de la ITSS en Cataluña sean del mismo parecer que el Subsecretario, pero quizás eso sean “pequeños detalles” que no deben enturbiar, parece, el triunfalismo político.


Continuará… probablemente.