sábado, 11 de septiembre de 2010

La reunión de Oslo sobre el empleo y la crisis.

1. El lunes día 13 de septiembre se celebrará en Oslo una conferencia organizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), en colaboración con el gobierno de Noruega, que lleva por título “los desafíos del crecimiento, el empleo y la cohesión social”, con la participación de altos responsables del mundo político, empresarial y sindical, entre ellos el presidente del gobierno español José Luís Rodríguez Zapatero. Con motivo de este acto, ambas organizaciones han elaborado un documento conjunto para debate (me imagino que no sólo durante ese día sino también con más detenimiento y profundidad en otras reuniones y sesiones de trabajo) en el que se plantean muchos de los problemas existentes, qué retos tienen ante sí todos los países para abordar, cada uno en razón de sus particularidades, la crisis económica y social, y se proponen alternativas para avanzar en su salida.

Es un buen momento para recordar algunos de los problemas más importantes que tenemos en la actualidad en materia de empleo y qué perspectivas de futuro pueden preverse en función de la adopción, o no, de medidas dirigidas a satisfacer los intereses de la mayor parte de la ciudadanía. Para ello, tomo como punto de referencia los datos recogidos en la citada publicación y también en otros documentos internacionales publicados recientemente por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico y la Unión Europea; en concreto, las previsiones económicas de la OCDE publicadas el día 9 de este mes, y el Informe presentado el mismo día por la Comisión Europea al Parlamento Europeo y el Consejo relativo a las actividades del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización durante 2009.

2. El documento del FMI y la OIT lleva por título el mismo de la conferencia. En su introducción se destaca que dos años después del inicio de la crisis el desempleo se mantiene en niveles muy elevados en muchas economías avanzadas y que hay pocas esperanzas de una rápida reducción, y que al mismo tiempo la crisis ha provocado un crecimiento del empleo informal en los países en desarrollo y un incremento de las personas y familias que están por debajo de los niveles de pobreza.

Se pone de manifiesto que la crisis económica y financiera actual es la más importante vivida desde la de los años 30 del siglo XX y que amenaza con dejar tras de sí un legado de un incremento importante del desempleo y del subempleo, así como también de la inseguridad en el trabajo. Sobre este último punto, la OIT insiste en la importancia de poner de manifiesto que es necesario un trabajo decente y con participación de las personas trabajadoras y su organizaciones en las decisiones que les afecten, ya que las presiones de la globalización han incrementado la vulnerabilidad de los trabajadores “a través de una mayor intensidad del trabajo, la introducción de contratos más flexibles, la disminución de la protección social y la reducción del poder de negociación y la voz de los trabajadores”.

Ciertamente, los datos aportados en el documento son realmente preocupantes para quienes tengan un mínimo de sensibilidad social: incremento de las desigualdades en muchos países, con disminución de la participación de los salarios en la renta nacional y al mismo tiempo un incremento importante de los salarios más elevados; 210 millones de personas desempleadas en 2010, con un incremento de más de de 30 millones desde 2007, con un 75 % de este incremento en países desarrollados; un 80 % de la población mundial que no dispone de mecanismos adecuados de protección social; incremento de tres puntos de porcentaje de desempleo en economías desarrolladas y de 0,25 en los mercados emergentes, con diferencias acusadas entre los Estados según cuál haya sido la importancia de la caída de la demanda agregada, la de los sectores financiero e inmobiliario, y cómo se hayan utilizado las políticas activas de mercado de trabajo para encarar la crisis (por ejemplo, los incentivos a la reducción de jornada como alternativa a la extinción de contratos); el importante incremento del desempleo entre la población joven, con una mención específica (y sin duda desagradable) a la realidad española donde se ha producido el aumento más importante durante la crisis actual, llegando al 40 %, así como también el de larga duración. Con respecto a la situación de los jóvenes, la reciente publicación de la OCDE “Panorama de la educación 2010”, constata con preocupación que “la transición de la educación a la fuerza laboral no siempre es sencilla para los jóvenes, y en algunos países hay adolescentes mayores (de entre 15 y 19 años) que no estudian ni participan en la fuerza laboral o se encuentran desempleados. La proporción varía de más de 32.6% en Turquía a 2.1% en los Países Bajos”.

¿Cuál es uno de los principales mensajes, a mi parecer, que lanza el FMI en el documento de trabajo? Que la recuperación de la demanda agregada es la mejor cura contra el desempleo y que como estrategia general “las economías más avanzadas no deberían adoptar políticas fiscales más restrictivas antes de 2011, porque hacerlo antes podría comprometer la recuperación. Los planes de consolidación que tienen estos países para 2011 implican, en promedio, un cambio del saldo estructural de 1¼ puntos porcentuales del PIB. No obstante, sin duda la situación fiscal varía de un país a otro, lo cual hace necesario adaptar esta estrategia general en función del espacio fiscal disponible”.

La OIT presenta un panorama sombrío de la situación del empleo a escala mundial. En la nota oficial de síntesis del documento se recogen algunos datos que es del todo punto necesario tener presente para conocer la gravedad de la crisis: “a pesar de los notables avances logrados en los últimos años, aproximadamente 1.200 millones de mujeres y hombres, es decir, un 40% de la fuerza de trabajo mundial, aún no ganaban un salario suficiente para poder superar junto con sus familias el umbral de pobreza de US$2 diarios en 2008”. Al analizar los desafíos de política creados por el desempleo a más largo plazo, la OIT estima que “en los próximos 10 años se necesitarán más de 440 millones de nuevos empleos para absorber a quienes se incorporen al mercado de trabajo, y aún más para revertir el desempleo causado por la crisis”.

Desde estas constataciones, ambas organizaciones internacionales pretenden generar un amplio debate sobre cómo pueden ponerse en marcha medidas a escala internacional que permitan generar suficientes empleos decentes para satisfacer las necesidades de la población, con un documento claramente dividido en dos partes y cada una de ellas asignada a una organización. En efecto, el FMI ha redactado la parte dedicada a cómo reducir el coste humano de las recesiones, mientras que la OIT, en línea con sus documentos sobre el Pacto Mundial para el Empleo, se encarga de proponer modelos dirigidos a un crecimiento sostenido y sostenible, así como al crecimiento del empleo. Estas son las 10 preguntas y cuestiones para debate que se recogen en el documento:

A) ¿Cuál ha sido el impacto de la gran recesión de 2007-09 sobre los mercados de trabajo? ¿Cuáles son las perspectivas para el empleo en 2011? ¿Cómo se diferencian las perspectivas entre los países avanzados y los restantes? Sin perjuicio de analizar con detalle la realidad económica de cada Estado, los datos de la OCDE destacan que 28 de sus 30 Estados miembros han sufrido la recesión durante el período 2008-2009, con las únicas excepciones de Australia y Polonia.

B) ¿Qué políticas han demostrado ser más eficaces para reducir el coste humano del impacto de la recesión en los mercados de trabajo? ¿Estímulos fiscales y monetarios, programas de reducción del tiempo de trabajo, regulación de prestaciones de protección por desempleo, subvenciones a la creación de empleo, otros? En este punto, cabe destacar que el informe económico de la OCDE pone de manifiesto que los programas de reducción del tiempo de trabajo pueden haber contribuido a reducir el desempleo de trabajadores estables entre el 0,1 y el 1,3 % según los diferentes países. Son justamente estas políticas las que, a juicio de la OCDE, han contribuido a que la destrucción de empleo haya sido inferior en varios países europeos y en Japón que en Estados Unidos y España, donde el impacto de la crisis se ha notado en una importante caída del empleo acompañada del incremento de la productividad.

C) ¿Puede la política monetaria y fiscal seguir apoyando la demanda agregada, y así también el empleo, a corto plazo, por ejemplo durante el período 2010-12? ¿Es necesaria la coordinación de políticas monetarias y fiscales para reforzar su eficacia?

D) ¿Pueden continuar a corto plazo las políticas adoptadas para reducir el coste la crisis sobre los mercados de trabajo, por ejemplo programas de trabajo de reducción de jornada o la regulación de la protección por desempleo, o tienen que ser modificadas o retiradas progresivamente? La OCDE es partidaria de un ajuste gradual y paulatino, prestando mucha atención a las circunstancias de cada país y destacando la importante función que han jugado tales programas, en especial el de protección económica por desempleo, en la difícil situación vivida desde 2008 en muchos hogares que han perdido total o parcialmente otras fuentes de ingresos.

E) ¿Qué políticas, como por ejemplo las subvenciones para la creación de empleo, pueden acelerar la recuperación de los empleos a corto plazo?

F) ¿Qué combinación de políticas es necesaria en la transición de la recuperación a un crecimiento global fuerte, sostenible y equilibrado? ¿Qué instrumentos podrían ayudar a asegurar el desarrollo equilibrado de salarios y productividad para apoyar el crecimiento sostenible?

G) ¿Qué políticas de formación y desarrollo de las pequeñas empresas son las mejores para aumentar el crecimiento de la productividad y los resultados económicos globales?

H) ¿Qué políticas de protección social y mercados de trabajo inclusivos son necesarias para un desarrollo global más equilibrado? La OCDE destaca la importancia de mantener los incentivos para ayudar a la búsqueda de empleo, así como también para proporcionar oportunidades de formación y acceso a experiencias laborales para los trabajadores que se encuentran en más difícil situación en el mercado de trabajo o que disponen de niveles inferiores de cualificación profesional, ya sean ocupados o desempleados.

I) ¿Cómo puede ser reforzada la importancia de la negociación colectiva, la consulta tripartita y el diálogo social?

J) ¿Cómo puede ser mejorada la coherencia política para avanzar en una globalización más justa, incluyendo las políticas macroeconómicas y las políticas de economía social y de empleo?

Sin dar propiamente respuesta a esta pregunta, sí que creo importante destacar aquí la importancia de la educación para lograr una sociedad más justa y solidaria, y con un impacto indudable sobre el empleo. El documento “Panorama de la educación 2010” de la OCDE pone de manifiesto que “la educación también juega un papel crucial para ayudar a que los trabajadores se mantengan en la fuerza laboral durante más tiempo, lo cual es una ventaja que se está volviendo una necesidad conforme la población envejece en los países de la OCDE. Asimismo, la educación aumenta las tasas de empleo: en promedio, desde 1997 en los países de la OCDE las tasas de desempleo de quienes tienen educación terciaria han estado en o por debajo del 4%, mientras que quienes cuentan con bachillerato o menos han alcanzado el 10% varias veces”.

3. La importancia de dedicar recursos económicos para favorecer la formación, el reciclaje y la readaptación de los trabajadores que han perdido sus empleos como consecuencia de la crisis económica se pone claramente de manifiesto en el último informe de la Comisión sobre el FEAG, en donde se constata el importante incremento de solicitudes de ayuda a partir del inicio de la crisis.

A) Recordemos brevemente que es el FEAG, cuya regulación se encuentra en el Reglamento (CE) nº 1927/2006 de 20 de diciembre de 2006, modificado por el Reglamento (CE) nº 546/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de junio de 2009. La modificación amplió los supuestos en los que puede solicitarse ayuda, redujo el número de trabajadores afectados por las extinciones de contratos, amplió temporalmente la tasa de cofinanciación a cargo del Fondo (como regla general pasó a ser del 50 %, con posibilidad de llegar al 65 %) y también el período durante el cual pueden llevase a cabo las acciones para las que se haya pedido, y obtenido, la ayuda (que pasó de 12 a 24 meses.

La creación del Fondo tuvo por finalidad contribuir a cubrir los costes sociales derivados del proceso de globalización económica cuando este impacte sobre las empresas radicadas en la UE e implique la pérdida de puestos de trabajo. Con el objetivo de minimizar ese impacto, la norma posibilita prestar ayuda “a los trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios en los patrones del comercio mundial provocados por la globalización cuando dichos despidos tengan una incidencia negativa importante en la economía regional o local”, y pretendía facilitar la reinserción en el mercado de trabajo de los trabajadores que pierdan sus empleos. Es decir, el Fondo financia medidas de política activa de empleo, básicamente de formación, orientación y reintegración laboral, con una atención especial a las personas discapacitadas o de más edad para que no abandonen el mercado laboral, de tal forma que queda claro que el objetivo del Fondo es mantener el empleo “en el marco de un conjunto coordinado de servicios personalizados destinados a la reinserción laboral de los trabajadores que hayan perdido sus puestos de trabajo”. De forma taxativa la norma dispone en su artículo 3 que el Fondo “no financiará las medidas pasivas de protección social”.

Los criterios de intervención del Fondo se definen en el artículo 2, y se delimitan por el número de trabajadores afectados en un determinado período de tiempo, con un margen económico limitado de actuación (15 % del presupuesto) para dar cobertura a otras situaciones que no se ajusten a las reglas anteriores, con especial atención a que el Fondo puede intervenir cuando los despidos tengan un grave impacto en el empleo y la economía local. La intervención comunitaria podrá producirse cuando del expediente presentado por la autoridad correspondiente se deduzca con claridad que los despidos encuentran su razón de ser en “grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, que produzcan una grave perturbación económica como un incremento importante de las importaciones de la UE, una disminución acelerada de la cuota de mercado comunitaria en un determinado sector, o deslocalizaciones hacia terceros países”.

La modificación incorporada por el Reglamento de 2009 incluyó un nuevo supuesto que permitirá la utilización del Fondo para las solicitudes que se presenten desde el 1 de mayo de 2009 hasta el 31 de diciembre de 2011. Se trata de despidos que encuentren su razón de ser directa de la actual situación de crisis financiera y económica mundial, debiendo los Estados miembros que soliciten la ayuda establecer “un vínculo directo y demostrable entre los despidos y la crisis financiera y económica”.

En el Reglamento del año 2006 el número necesario de trabajadores afectados era de 1.000, mientras que la reforma lo redujo a 500. De tal manera, los dos supuestos básicos en los que intervendrá el Fondo serán los siguientes: cuando se produzca un despido de cómo mínimo 500 trabajadores de una empresa en un Estado miembro durante un período de cuatro meses, disponiendo la norma que en ese número se incluirán también los asalariados despedidos por los proveedores o los transformadores de productos de dicha empresa; cuando el número de afectados sea también como mínimo de 500, en un período de nueve meses, en particular en pymes en sectores determinado por la normativa comunitaria, o en una región o dos regiones continuas. También podrá intervenir el Fondo en pequeños mercados laborales o “en circunstancias excepcionales debidamente justificadas por el Estado miembro”, o cuando los despidos tengan un grave impacto en el empleo y la economía local, aún cuando no se alcance dicho número de afectados. El artículo 2 regula de forma detallada la forma de cómputo del número de trabajadores afectados, con especial atención a la aplicación del a Directiva comunitaria de 1998 sobre despidos colectivos.

El Fondo complementará las acciones llevadas a cabo por los Estados y no financiará en ningún caso la reestructuración de empresas o sectores. Además, en todas las actuaciones deberá velarse, tanto por la Comisión como por los Estados miembros, por el respeto del principio de igualdad de hombres y mujeres, y por la evitación de cualquier discriminación con ocasión de acceso a las ayudas económicas del Fondo.

B) Con datos globales desde su puesta en marcha en 2007, el FEAG ha recibido 65 solicitudes de asistencia por importe de más de 373 millones de euros y dirigidas a ayudar a más de 70.000 trabajadores de 22 sectores de 18 Estados (por cierto, España es uno de los que más ha utilizado y accedido a las ayudas del FEAG). En el año 2009 se presentaron 30 solicitudes por importe de más de 166 millones de euros para ayudar a 29.021 trabajadores despedidos en 17 sectores industriales, constatando el documento de la Comisión que ello supuso “un 700 % de aumento frente a 2008”, habiéndose concedido 52.349.047 euros para ayudar a 10.938 trabajadores (entre ellos los de las empresa Delphy en España).

La mayor parte de esos recursos se han invertido en la asistencia a los trabajadores para búsqueda de empleo, mediante acciones de formación y orientación profesional, con un porcentaje de trabajadores reinsertados oficialmente disponible del 40,1 %, y digo oficialmente porque hay un 26,3 % de personas “cuya situación no fue comunicada” por parte de las autoridades estatales. Debe destacarse también que se han beneficiado de las ayudas un 4,53 % de trabajadores que no son ciudadanos de la UE (cantidad que podría verse incrementada, a buen seguro, si se conocieran la nacionalidad de un 46,52 % de trabajadores acogidos a las ayudas del FEAG y para los que no está disponible tal información).

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