Resoluciones sobre protección social aprobadas en el debate sobre el estado de la Nación.

Reproduzco en esta entrada del blog las resoluciones aprobadas el día 20 de julio, tras la celebración los días 14 y 15 del debate sobre el estado de la Nación, que tienen un contenido de protección social, y que me han parecido más especialmente significativas de cómo influye la actual composición del Congreso en las decisiones que se adoptan, con impacto negativo para las propuestas del gobierno en más de una ocasión. Obsérvese que en varias de las Resoluciones se pide al gobierno que haga marcha atrás en algunas de las reformas recientemente aprobadas, y también que no vaya hacia adelante en otras, como la ampliación de la edad de jubilación, si no se aprueban en el marco del Pacto de Toledo. Estos textos aprobados auguran, sin duda, más dificultades al gobierno para llevar a cabo algunas de sus propuestas en materia de protección social.

¿Se fijan en que no he mencionado la palabra “laboral” o la expresión “reforma laboral”? es cierto, y no lo he hecho porque no hay ninguna resolución que se pronuncie sobre esta cuestión. Los grupos parlamentarios parece que han dejado esta cuestión para debate del proyecto de ley de reforma laboral, pero no hubiera estado de más que hubiéramos pudiéramos conocer ya algunas de sus tesis al respecto.

También incorporo una resolución aprobada, a instancia de CiU, sobre la política de inmigración y que traza las grandes líneas de por dónde puede ir la política en esta materia en el próximo futuro, señaladamente por lo que respecta al contenido del Reglamento que desarrolle la Ley Orgánica 2/2009 de 11 de diciembre.

Resolución nº 3

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a apostar por una estrategia de salida social a la crisis que favorezca la recuperación económica sin comprometer la cohesión y las políticas sociales. Esta estrategia debe incluir, entre otros, los siguientes ejes:

1. Una reforma fiscal que refuerce los principios de equidad y progresividad del sistema tributario.

2. Asegurar la cobertura con cargo a la financiación pública de las actuales prestaciones de los servicios públicos, sin introducir fórmulas adicionales de copago.

3. El refuerzo del sistema público de Seguridad Social, como pilar básico del Estado del bienestar, sin introducir modificaciones que recorten las prestaciones existentes en la actualidad ni que conlleven elevar obligatoriamente la edad legal de jubilación.

4. En el marco del Pacto de Toledo se valorarán las fórmulas para la ampliación voluntaria de la edad real de jubilación a través de los correspondientes incentivos.


Resolución nº 8

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar soluciones alternativas en los
Presupuestos Generales del Estado de 2011 y 2012, dentro de la política de reducción del déficit público, a la medida de la congelación de las pensiones, de forma que se asegure que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo.


Resolución nº 9

El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de mantener el espíritu de consenso en el Pacto de Toledo y reafirma la validez de los principios y mecanismos establecidos en el mismo, y subraya la necesidad de alcanzar un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas para cualquier modificación, y para continuar impulsando las reformas que mejoren los niveles de protección social existentes y garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones. Asimismo insta al Gobierno a:


a) Cumplir las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo, plenamente en vigor, para garantizar el necesario clima de confianza y lealtad que ha de presidir su eventual renovación.

b) Preservar los principios de consenso político y social, imprescindibles para acometer las reformas necesarias de nuestro sistema de pensiones, en orden a adecuarlo a los retos demográficos y socioeconómicos a los que ha de enfrentarse.

c) Eliminar las medidas en materia de pensiones, incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, y restituir la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los españoles en 2011, especialmente relevante en tiempos de crisis económica. A tal fin, el Gobierno adoptará las medidas alternativas de ahorro económico que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público sin merma de la capacidad económica de los pensionistas españoles.


Resolución nº 27

Defensa del Pacto de Toledo.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

a) Cumplir las recomendaciones contenidas en el Pacto de Toledo, plenamente en vigor, para garantizar el necesario clima de confianza y lealtad que ha de presidir su eventual renovación.

b) Preservar los principios de consenso político y social, imprescindibles para acometer las reformas necesarias de nuestro sistema de pensiones, en orden a adecuarlo a los retos demográficos y socio-económicos a los que ha de enfrentarse.

c) En particular, restituir la garantía del mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones de los españoles, especialmente relevante en tiempos de crisis económica. A tal fin, el Gobierno adoptará las medidas alternativas de ahorro económico que permitan atender los objetivos de reducción del déficit público sin merma de la capacidad económica de los pensionistas españoles.

Resolución nº 28

Protección del Estado del Bienestar.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a buscar y respetar los pactos necesarios para proteger el Estado del Bienestar, de manera que las futuras reformas, que afecten a los derechos sociales básicos de los ciudadanos, no se aborden de forma unilateral sin la participación de los grupos parlamentarios, los agentes sociales y todas las Administraciones Públicas afectadas, de forma similar a cómo el Pacto de Toledo se constituyó en relación con el sistema de pensiones.

Resolución nº 29

Apoyo a las familias más necesitadas.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legales oportunas con el objeto de restablecer en la cuantía de 500 euros anuales las prestaciones por hijo a cargo para menores de tres años, que fueron recortadas por el artículo 7 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, tal y como se establecía en la redacción anterior del artículo 182 bis uno de la Ley General de la Seguridad Social.

Resolución nº 31

Sobre el mantenimiento del Pacto de Toledo.

1. El Congreso de los Diputados manifiesta la voluntad de mantener el espíritu de consenso en el Pacto de Toledo y subraya la necesidad de requerir un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas para cualquier modificación.

2. Por ello, insta al Gobierno español a mantener para el año 2011 la revalorización de las pensiones que establece el Pacto de Toledo, suprimiendo el artículo 4 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, mediante el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011.

Resolución nº 32

Mantenimiento del Programa temporal de protección por desempleo e inserción.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Aprobar una nueva prórroga de seis meses del Programa Temporal de Protección por Desempleo e Inserción cuya vigencia finaliza el 15 de agosto de 2010.

2. Esta prórroga debería atender especialmente a los parados de larga duración, mayores de 45 años y menores de 30, así como al desarrollo de políticas activas de reciclaje y formación para ellos.

3. De acuerdo con lo establecido en la Disposición adicional primera de la Ley 14/2009, de
11 de noviembre, por la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, presentar durante el mes de septiembre un estudio sobre los resultados de la prestación extraordinaria por desempleo, así como sobre las prestaciones y subsidios por desempleo, la renta activa de inserción y los restantes mecanismos de protección de estas contingencias por parte de las Comunidades Autónomas y las entidades locales.

Resolución nº 37

Pensiones, cumplimiento de los Pactos de Toledo y mejora del sistema de atención a la dependencia.

El Congreso de los Diputados reafirma la validez de los principios y mecanismos establecidos en el denominado Pacto de Toledo, para continuar impulsando las reformas que mejoren los niveles de protección social existentes y garanticen la sostenibilidad futura del sistema de pensiones.

Asimismo, el Congreso de los Diputados reitera la necesidad de impulsar dichas reformas con el máximo consenso político y en base al diálogo social, y reclama al Gobierno que suspenda las medidas en materia de pensiones, incluidas en el Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, adoptadas unilateralmente, garantizando con ello el mantenimiento del poder adquisitivo de los pensionistas en 2011.

En esta línea, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno en materia de Dependencia a:

- Aprobar, antes de finalizar el 2010, un plan global para favorecer la creación de empleo en el sector de la dependencia que incluya entre otras, las medidas establecidas en la Moción 173/000124 de CiU, aprobada por el Pleno el 16 de marzo.

- Establecer un nuevo sistema de financiación en materia de Dependencia que garantice la sostenibilidad del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y se base en los costes reales de los servicios.

Finalmente, el Pleno del Congreso de los Diputados considera oportuno que, a través de los cauces reglamentariamente previstos, se pueda crear en el seno de la Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo, una Subcomisión para seguir el desarrollo y aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y para participar en su evaluación.

Resolución nº 39

Política de inmigración y cooperación.

1. Inmigración.

El Congreso de los Diputados, en el actual momento de crisis económica, considera necesario reforzar la plena integración social y laboral de las personas inmigrantes en situación legal y evitar un incremento de las personas inmigrantes en situación irregular.


A tal efecto insta al Gobierno a:

- Impulsar las medidas pertinentes para garantizar la eficacia en el control de las fronteras terrestres y aéreas y el retorno de aquellas personas que se encuentren en situación administrativa irregular.

- Incrementar las inversiones en aquellos municipios con más población extranjera para contribuir a su integración y evitar su exclusión social.

- Promover, de común acuerdo con las Comunidades Autónomas, políticas activas de ocupación orientadas, de manera prioritaria, a la formación de los trabajadores extranjeros en situación de desempleo, incentivando el conocimiento de las lenguas oficiales reconocidas en la Comunidad Autónoma en la cual residen, como instrumento indispensable para la integración en la sociedad de acogida y la incorporación al mercado de trabajo.

- Proceder al desarrollo reglamentario de la Ley de Extranjería para incorporar todas aquellas previsiones introducidas por la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, especialmente las que hacen referencia a la participación activa de las Comunidades Autónomas en dicha política y las relativas a los mecanismos para prevenir la irregularidad sobrevenida.


Resolución nº 41

Políticas contra la pobreza y la exclusión social.

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a hacer el seguimiento y evaluación del Plan de Acción para la Inclusión Social 2008-2010 y a tener en cuenta estas conclusiones para la elaboración de un nuevo Plan de Acción para la Inclusión Social 2011-2015 que deberá atender tanto a los tradicionales perfiles de grupos de población afectados por la exclusión social, como a las personas recientemente incorporadas.

Dicho Plan deberá también:

- Tener en cuenta la descentralización de competencias en materia de protección social entre las diferentes administraciones.

- Elaborarse favoreciendo una coordinación más activa y directa de todos los actores implicados en las actuaciones a favor de la integración e inserción social, las Comunidades Autónomas y las entidades del Tercer Sector.

- Seguir los objetivos de la Estrategia Europea para la Inclusión Social.

- Acompañarse de un diagnóstico de la situación de pobreza y exclusión social que incorpore los datos más actuales posibles.

Además, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

- Incrementar los recursos de las ONG para la integración laboral de las personas en riego de exclusión social, a través del fondo extraordinario que con este objetivo se ha creado recientemente.

- Introducir criterios sociales para la contratación pública en la Administración General del Estado a fin de incentivar la contratación de personas en riesgo de exclusión social y con discapacidad.

- En lo relativo a los procedimientos de contratación pública, fiscalidad e IVA, cuando intervengan en ellos entidades del Tercer Sector, dar cumplimiento a lo aprobado en la Proposición no de Ley 161/001666 aprobada en la Comisión de Sanidad y Política Social celebrada el día 19 de mayo de 2010, con el objeto de permitir un amplio desarrollo de las actividades de las organizaciones del Tercer Sector.