Lecturas de política de empleo de la UE (II).

Continúo con la reproducción de algunos de los textos consultados para preparar mi ponencia en el curso de la Universidad del País Vasco sobre la Unión Europea, con una síntesis de las ideas que me han sido de mayor utilidad para preparar dicha intervención,

6. Conclusiones del Consejo EPSCO de 8 de junio de 2010.

El Consejo aprobó las conclusiones, basadas en una propuesta del Comité de Empleo, sobre “nuevas capacidades para nuevos empleos: el camino a seguir”. De dichas conclusiones me interesa destacar su referencia a los varios factores que están estimulando a largo plazo, según el Consejo, la demanda de capacidades distintas y de más alto nivel, e impulsando profundos cambios sectoriales y profesionales: “la mundialización y el comercio internacional, la adaptación al cambio climático -que exige efectuar la transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono, que utilice más eficazmente los recursos y con una necesidad cada vez mayor de capacidades "verdes"- la creciente importancia de la economía basada en el conocimiento, en particular de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de las nanotecnologías, el envejecimiento de la población, la urbanización y el cambio de las estructuras sociales”.

Además, me parece importante la petición dirigida por el Consejo a la Comisión Europea de la necesidad de mejorar la comprensión de los retos mundiales en materia de empleo y de capacidades “mediante la cooperación con la OCDE y la OIT, y a través del diálogo y las asociaciones con otros países y regiones”.

7. Conclusiones del Consejo Europeo de Bruselas. 17 de junio de 2010.

El Consejo Europeo adoptó formalmente la Estrategia Europa 2020, a la que califica como “nuestra nueva estrategia para el empleo y el crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, que debe servir para favorecer la realización de las reformas estructurales que necesita la UE y que constituye un marco coherente “para que la Unión movilice todos sus instrumentos y políticas y para que los Estados miembros actúen con una mayor coordinación”.

Según las conclusiones adoptadas, la nueva EE 2020 responde al desafío de “orientar las políticas de la gestión de la crisis a la introducción de reformas a medio o largo plazo que fomenten el crecimiento y el empleo y garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas, a través de la reforma del sistema de pensiones, entre otros medios”.

Sobre las directrices integradas para las políticas económicas y de empleo, que se aprobarán formalmente en octubre una vez que se aprueben previamente las de empleo, se recuerda, para satisfacción de los Estados, que se atendrán plenamente a las disposiciones del Tratado y normas pertinentes de la UE “y no alterarán las competencias de los Estados miembros, por ejemplo en ámbitos como la educación”.

8. Comunicación de la Comisión. Reforzar la coordinación de las políticas económicas para fomentar la estabilidad, el crecimiento y el empleo. Instrumentos para una mejor gobernanza de la UE. Bruselas 30.6.2010. COM (2010) 367 final.

El objetivo de la Comunicación es: “Desarrollar las propuestas de reforzamiento de la coordinación y supervisión de la política económica establecidas en la Comunicación de la Comisión, de 12 de mayo, relativa al reforzamiento de la coordinación de las políticas económicas, presentando propuestas concretas encaminadas a: i) corregir los desequilibrios mediante un reforzamiento de la supervisión macroeconómica, que incluya mecanismos de alerta y de sanción; ii) fortalecer los marcos presupuestarios nacionales especificando exigencias mínimas para los mismos, en particular, pasando de una planificación presupuestaria anual a una planificación presupuestaria plurianual; iii) reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, especialmente centrándose en la dinámica de la deuda y en los déficit”.

El objetivo de la supervisión temática de las reformas estructurales emprendidas por los Estados miembros pretende facilitar el logro de los objetivos de la EE 2020, en particular los cinco objetivos globales, y de ahí que incluya “medidas en las áreas de empleo, inserción social, investigación y desarrollo, educación, energía y cambio climático, así como medidas encaminadas a corregir cualesquiera otros factores que dificulten el crecimiento o desarrollo económico de los Estados miembros”.


Según la Comunicación, el objetivo fundamental de la propuesta presentada es “conferir una clara dimensión ex ante a la coordinación de las políticas económicas en la UE y en la zona del euro”. Según la Comunicación, la intención de los nuevos mecanismos que se pretenden poner en marcha para coordinar las políticas económicas de los Estados miembros no es exigir a dichos Estados que presenten sus presupuestos completos ante la UE para que sean validados antes de la presentación en los parlamentos nacionales, pero sin embargo, “estos programas deberán incluir la información necesaria para el mantenimiento de debates significativos ex ante sobre política presupuestaria, de tal forma que la información que deberá facilitarse a los poderes públicos comunitarios incluirá como mínimo:


“un escenario macroeconómico actualizado completo; indicaciones concretas sobre los planes para el año «t+1»; una descripción de las políticas previstas; las previsiones a medio plazo para las principales variables de las finanzas públicas; una evaluación de la evaluación presupuestaria en el año «t-1»; una actualización de los planes presupuestarios para el año en curso”.

9. Ajuste de los mercados de trabajo a la recesión en la zona euro. Boletín del Banco Central Europeo. Julio 2010.

“A finales de 2009 el empleo volvió a su nivel de mediados de 2006, lo que supuso una reversión de dos años de crecimiento”, con unas pérdida de empleo particularmente acentuada en el sector de la industria y de la construcción. La recesión de 2008 y 2009 “ha sido la más fuerte registrada en la zona euro desde la Segunda Guerra Mundial”.

Para el BCE la diversidad experimentada en los diversos Estados en cuanto al incremento del desempleo y la mayor o menor destrucción de empleo se debe en parte, a la diferencia de composición sectorial (de la actividad económica), a las diferencias en las estructuras de los empleos (mayor o menor número de trabajadores con contratos temporales o indefinidos), la situación financiera de las empresas, y a “la interacción de las características institucionales y de las políticas de los distintos países” (entre las que cita el mayor o menor grado de acuerdo con el mundo sindical parta aceptar la flexibilidad y moderación salarial).

La crisis del empleo ha afectado de manera diferente a la población trabajadora según su edad, situación contractual o nivel de cualificación. Ha afectado mucho más a los jóvenes (menores de 25 años), trabajadores temporales y personas con bajo nivel de cualificación (escolares básicas o inferiores).

El BCE es muy crítico con lo que califica de excesivo grado de protección legal del empleo (se refiere a la contratación indefinida y los costes de su extinción) llegando a argumentar que “a más largo plazo, la protección legal del empleo puede incluso reducir la creación neta de empleo, ya que, ante unos elevados costes de ajuste, las empresas se muestran poco dispuestas a contratar”. De ahí que apueste más por facilitar la movilidad y la flexibilidad laboral que por incrementar la protección del empleo de los trabajadores temporales.

10. Balance la Presidencia Española en materia laboral y de inmigración, a cargo del Ministro C. Corbacho. Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso de los Diputados. 6 de julio de 2010.

El Ministro destaca tres hechos importantes durante la presidencia española y que han influido fuertemente en su desarrollo:

A) “La crisis financiera y sus efectos sobre la economía real y sobre el mercado de trabajo en particular en el conjunto de Europa y España”. La tesis del gobierno español en esta cuestión es clara: “para hablar de la recuperación económica no basta con sanear el sistema financiero sino que hay que volver a los niveles de empleo de antes de la crisis.

B) “Adaptación a los cambios institucionales recogidos en el Tratado de Lisboa”. La nueva figura del Presidente del Consejo y cambios en el proceso de toma de decisiones que implican en muchos casos mayoría cualificada (no unanimidad) del Consejo Europeo y codecisión del Parlamento Europeo (antes sólo, en muchas ocasiones, el PE debía ser escuchado).

C) “Presentación de la estrategia Europa 2020”. El Ministro destaca la influencia que ha tenido España en la inclusión de criterios sociales en esta Estrategia (señaladamente en el ámbito de la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social) que permitan que la UE sea un verdadero actor económico global “que hace de la política social uno de sus pilares fundamentales”.

En este apartado, el Ministro destaca la coincidencia de la Estrategia Europa 2020 con las conclusiones de la reunión del G20 de Empleo los días 20 y 21 de abril en Washington y que son las siguientes:

“Acelerar la creación de empleo y asegurar una recuperación sostenible y un crecimiento futuro. Reforzar los sistemas de protección social y promover políticas activas de mercado de trabajo inclusivas. Situar la calidad del empleo y la reducción de la pobreza en el centro de las estrategias económicas nacionales y globales. Preparar a la población activa para los futuro retos y oportunidades a través de la educación y del aprendizaje permanente, la capacitación laboral y las estrategias de desarrollo de las cualificaciones”.

11. Libro verde de la Comisión Europea. En pos de unos sistemas de pensiones europeos adecuados, sostenibles y seguros. Bruselas 7.7.2010. COM (2010) 365 final.

La tesis central del libro verde, que se somete a consulta para toda la ciudadanía interesada entre el 7 de julio y el 15 de noviembre, es que hay que retrasar la edad efectiva de la jubilación, y que “hay que revisar por completo el marco de la UE” porque con las tendencias actuales de salida temprana del mercado de trabajo “la situación es insostenible”. Se defiende que hay que ofrecer pensiones “adecuadas y sostenibles” como mecanismo esencial de cohesión social, y que para ello hay que tener en cuenta que “el envejecimiento demográfico ha sido más rápido de lo esperado y la reciente crisis financiera y económica ha tenido un impacto impresionante sobre los presupuestos, los mercados de capitales y las empresas”.

Para conseguir el objetivo de incrementar la edad efectiva de jubilación la Comisión repasa las distintas medidas que se están adoptando en los Estados miembros para adaptarse a la nueva situación y cita algunas medidas concretas: aumentar la edad de jubilación; recompensar a quien se jubila más tarde y penalizar a quien lo haga antes; calcular las prestaciones no sobre las retribuciones de los mejores años sino sobre la media de las percibidas a lo largo de la vida laboral; restringir (o prohibir) medidas que permitan esa salida temprana (jubilaciones anticipadas); medidas que incentiven la permanencia de las personas de edad avanzada en el mercado de trabajo (bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, políticas adecuadas de formación y de conciliación de la vida familiar y laboral).

La Comisión critica que en la actualidad “menos del 50 % de la gente sigue trabajando a la edad de 60 años”, en flagrante contradicción con los objetivos europeos (Estrategia Lisboa 2000, Estrategia Europa 202,…). Por consiguiente, hay que adoptar medidas para aumentar la edad efectiva de jubilación, y también plantearse incrementar el número de años que es necesario cotizar para poder acceder a una pensión completa. Y todo ello, se expone, debe ponerse en relación con el año europeo del envejecimiento activo, previsto para 2012, animando a los Estados miembros, los agentes sociales y otras partes interesadas a prolongar la vida laboral y por consiguiente “a crear mejores oportunidades y condiciones de trabajo para la participación de los trabajadores de más edad en el mercado laboral”.