La creación de empleo en la sociedad europea: una respuesta necesaria para salir de la crisis (II).

II. ¿Qué ha hecho, y qué está haciendo, la UE para enfrentarse a la crisis, para crear empleo y para reducir el desempleo, en el período 2008- 2010?

1. La gestión de la recuperación económica.

La Comisión Europea presentó una importante Comunicación el 4 de marzo de 2009, que llevaba justamente por título “Gestionar la recuperación económica” , como aportación al Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebraba en Bruselas los días 19 y 20. Desde la perspectiva de las políticas de empleo conviene destacar que la Comunicación le dedicaba un apartado específico que llevaba por título “apoyar a la ciudadanía durante la crisis”, en el que se manifestaba que la difícil situación económica y social que estábamos viviendo a escala mundial se traduciría en la UE en un descenso del número de personas ocupadas en los próximos dos años y un crecimiento importante del desempleo, con afectación especial de las consecuencias de la crisis para jóvenes, personas con contratos de corta duración y trabajadores migrantes, y visto en perspectiva histórica no hay duda, desgraciadamente, del acierto de la tesis.

Las propuestas que se formulaban en la Comunicación eran sensiblemente semejantes, y no me parece que pudiera ser de otra forma, a las que se estaban adoptando por los Estados miembros, entre ellos España. En efecto, la Comisión apostaba en primer término por mantener al mayor número posible de la población ocupada en activo, o dicho en otros términos a evitar las medidas empresariales de extinción de contratos de trabajo, y para ello propugnaba acuerdos de reorganización de los tiempos de trabajo en sede empresarial, combinados con políticas formativas que permitieran orientar a los trabajadores hacia nuevos empleos. En segundo término, se propugnaba una mejora de la protección social para las personas desempleadas, tanto en términos estrictamente económicos como de inversión pública en políticas formativas que orientaran a dichas personas hacia los empleos del futuro, y todo ello combinado con una reforma de los servicios públicos de empleo para hacer frente al aumento del desempleo, a las nuevas necesidades de búsqueda de empleo, y a las políticas formativas adecuadas en tiempos de crisis. Con atención especial a algunos colectivos, se apostaba por prestar la debida atención a la reducción de costes no salariales de los trabajadores no cualificados, así como a las medidas para atenuar el desempleo juvenil y evitar el abandono escolar prematuro que es una vía directa desgraciadamente en muchas ocasiones al incremento del desempleo juvenil cuando la situación económica y social, como ocurre en la actualidad, se ve seriamente afectada por una crisis. No podía faltar ciertamente en las recomendaciones comunitarias la llamada al refuerzo de las políticas de educación y formación para permitir ampliar el bagaje intelectual de los jóvenes y para acoger a todas aquellas personas que deseen ampliar su formación durante la vida laboral, así como a la puesta en marcha de las políticas de flexiseguridad que tiendan a reducir la segmentación y a mejorar el funcionamiento de los mercados laborales (como es bien sabido, esta es una cuestión muy polémica en todos los Estados miembros, ya que dependen en dónde se ponga el acento puede valorarse de una forma u otra, en el bien entendido que una política adecuada sólo es posible a mi parecer si combina las reformas tendentes a conseguir una mayor estabilidad en el empleo para toda la población trabajadora con una cobertura adecuada económica y formativa para toda aquella que, en un momento determinado de su vida laboral, pueda encontrarse en situación de desempleo). Ante los riesgos de un retorno a medidas proteccionistas en el ámbito laboral, la Comisión enfatizaba su apoyo y defensa de la libre circulación de trabajadores, no ya como uno de los pilares básicos del modelo comunitario, sino como mecanismo que puede, incluso durante las etapas de ralentización económica, “ayudar a resolver la persistencia de desajustes entre las cualificaciones y las necesidades del mercado laboral”.

2. Las respuestas políticas a la crisis del empleo.

El documento “La crisis del empleo. Tendencias, respuestas políticas y acciones clave” , de 24 de noviembre, fue la aportación de la Comisión al Consejo Europeo de Empleo y Política Social de los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. Estaba dedicado a la crisis del empleo en la UE y sus Estados miembros, con el examen de cuáles eran las tendencias, las respuestas políticas adoptadas, y qué acciones claves debían emprenderse en el próximo futuro para mejorar la situación de las personas trabajadoras, tanto las que se encontraban en el mercado de trabajo como aquellas que lo habían abandonado temporalmente o estaban fuera del mismo pero querían incorporarse.

La parte más importante del documento a mi parecer es aquella en la que se proponían cinco acciones claves para el próximo año y también para los venideros, si bien también constato que son tesis y propuestas que ya se han ido plasmando en documentos comunitarios de los últimos años.

En primer lugar, se pedía invertir en medidas eficaces del mercado de trabajo y en competencias, a fin de evitar el paro de larga duración, con acento especial en las políticas educativas y formativas, en la adopción de medidas que posibiliten que los trabajadores permanezcan más tiempo en el mercado de trabajo, y en el apoyo personalizado para los demandante de empleo y para quienes deseen una mejora de sus competencias como medida preventiva ante posibles cambios posteriores. La Comisión llamaba a una mejor utilización de los fondos europeos para llevar a cabo las diferentes acciones.

En segundo lugar, se pedía ayudar a las empresas a crear nuevos puestos de trabajo, con un mejor y más adecuado acceso a la financiación y a la disponibilidad crediticia, incentivos a la creación o mantenimiento de puestos de trabajo, o incentivos financieros a la innovación y formación. En tercer lugar, se apostaba (y deseo destacarlo) por medidas de flexibilidad interna, tales como la reducción del tiempo de trabajo, para evitar despidos, si bien se insistía nuevamente en que tales medidas se revisarían periódicamente para saber si seguían siendo necesarias o no, y que se aplicarían a empresas sólidas y que no se vieran afectadas por problemas estructurales de rentabilidad y competitividad, en cuyo caso debería apostarse por facilitar medidas formativas al personal para adquirir las cualificaciones necesarias para acceder a nuevos empleos y ocupaciones.

Con respecto a los jóvenes y a otras personas más afectadas por la crisis se insistía en facilitar para los primeros las transiciones adecuadas de la escuela al trabajo y en promover las medidas formativas y contractuales más adecuadas para facilitar la incorporación estable al mundo laboral, mientras que para los restantes grupos vulnerables se insistía en la conveniencia de disponer igualmente de medidas formativas y contractuales adecuadas, combinadas en su caso con las de protección social. De especial interés a mi parecer era la insistencia del documento en la cooperación entre servicios públicos y privados para mejorar la gestión de las políticas de empleo, llamándose al establecimiento de asociaciones público – privadas para conseguir esos objetivos.

En fin, la mejora de la situación de los trabajadores con contratos atípicos también era destacada, llamando nuevamente a la mejora de la seguridad del empleo, a facilitar las transiciones y a desplazar el centro de atención de las políticas de empleo desde la atención de la defensa de un puesto de trabajo a la defensa del acceso al empleo, con una llamada al diálogo social para que contribuyera al logro de esta protección.

3. Informe conjunto sobre el empleo 2009- 2010.

El Consejo europeo del 25 de marzo de este año aprobó el Informe conjunto sobre el empleo 2009- 2010 . El examen de qué políticas de empleo se proponen y/o adoptan por los poderes públicos, tanto en ámbito estatal como comunitario, adquiere mayor importancia si se repara en que el desempleo es la principal preocupación de los ciudadanos europeos, seguida muy de cerca por la difícil situación económica que hemos vivido en los dos últimos años y que algunos países (entre ellos España) sigue viviendo en la actualidad. Al respecto, los datos del eurobarómetro de otoño de 2009 sobre las percepciones de la opinión pública constataban que el desempleo era la más importante preocupación para el 51 % de los ciudadanos en sus respectivos Estados, seguida de la crisis económica (42 %), porcentajes que en el caso español se incrementaban hasta el 66 y 55 % respectivamente.

En el Informe se insiste en conseguir el equilibrio entre el mantenimiento, por ser necesarias, de medidas a corto plazo que mantengan y estimulen el empleo, de la medidas a corto plazo y la adopción gradual de medidas a medio y largo plazo que hagan más resistente a la UE ante hipotéticas futuras crisis. Conviene recordar que la creación de empleo se produce con cierto retraso respecto de la mejora de la situación económica (estudios de la OIT cifran este retraso entre 3 y 5 años), y que hay colectivos especialmente afectados por la crisis vivida, y sufrida, a los que debe dedicarse especial atención como son los jóvenes, las personas con baja cualificación, y la población inmigrada. En el último Informe sobre el empleo en el mundo, elaborado por la OIT se expone que el empleo no volverá a los niveles anteriores a la crisis hasta 2013 en los países con un elevado PIB per cápita, mientras que en los países emergentes y en desarrollo “los niveles de empleo podrían comenzar a recuperarse en 2010, pero no alcanzarán los niveles anteriores a la crisis antes de 2011” . De ahí que sea necesario mantener, y reforzar si procede, las medidas de lucha contra la crisis.

En la misma línea que en documentos anteriores, se enfatiza por la UE la necesidad de adoptar medidas que faciliten el acceso y el mantenimiento en el empleo de la población trabajadora más que en un concreto puesto de trabajo, siendo para ello necesario facilitar la adquisición de las capacidades necesarias para favorecer las transiciones y la movilidad en el mercado laboral, con un justo equilibrio entre las medidas de flexibilidad y seguridad laboral que permitan superar la preocupante segmentación del mercado de trabajo que afecta a los trabajadores con contratos de duración determinada y que faciliten la adaptación de las empresas a los cambios requeridos por las nuevas realidades económicas y productivas sin merma de los derechos de los trabajadores, siendo el objetivo incrementar la resistencia de la economía europea a futuras crisis.

En fin, el Informe llama a proseguir “con buen ritmo” la reforma del mercado laboral, argumentando su necesidad para que la UE pueda contar “con más y mejor empleo y con una mayor integración social”. Lógicamente, no ahonda más en este terreno, dadas las diferencias existentes en cada Estado, por una parte, y sobre qué debe entenderse por reforma laboral por otra, aunque no conviene olvidar que la UE ha hecho de la flexiseguridad el eje central de todas su políticas de empleo y de protección social en los últimos años, entendiendo que la seguridad debe ir referida a la permanencia en el mercado de trabajo y no a un puesto de trabajo concreto, y que las transiciones profesionales deben ir acompañadas de las medidas adecuadas que potencien la adaptabilidad y formación de los trabajadores y la protección social adecuada cuando ello fuere necesario.