La OIT y las políticas de empleo.

Uno de los documentos que más atención ha suscitado en la 99ª conferencia anual de la OIT, iniciada el 2 de junio y que finaliza el viernes 18, es el informe adjunto a la memoria del Director General dedicado a “Recuperación y crecimiento bajo el signo del trabajo decente”. En el texto se contienen lúcidas y sugerentes reflexiones sobre la difícil situación económica y social que padecen millones de personas en todo el planeta, desde su manifestación inicial (de especial interés para la situación actual de la Unión Europea) de que los primeros síntomas de recuperación se enfrentan “a una nueva fase de la crisis financiera, relacionada con la deuda soberana, que pone en peligro las perspectivas de crecimiento de algunos países, puede afectar a la economía mundial y vuelve a sembrar dudas sobre la estabilidad del sistema monetario y financiero internacional”.

A esta difícil situación, y a sus secuelas sociales, se refirió también el Director General, Sr. Juan Somavia, en el discurso de inauguración de la Conferencia pronunciado el 2 de junio, afirmando que en poco tiempo se ha producido una nueva crisis en torno a la deuda soberana y que “la presión de los mercados financieros hizo que un número creciente de países europeos anunciaran reducciones del déficit más rápidamente de lo que se juzgaba prudente sólo unas pocas semanas antes. Estas medidas afectan directamente al empleo y los salarios”.

El documento, no se olvide que emanado de una organización internacional tripartita, es especialmente crítico con la economía financiera, con el mundo de las finanzas, del que se argumenta que cada vez está más alejado de la economía real, con una dura crítica a los “salarios y bonificaciones sin límites” de los ejecutivos financieros, que contrasta con el estancamiento de los salarios reales de buena parte de los trabajadores del sector y de los restantes sectores en los últimos 15 años, y con propuestas de nueva reglamentación del sector financiero “para impedir que la especulación se convierta en una profecía que se cumple a sí misma”.

Una economía que afecta a las personas y no a los números, y que provoca una distribución muy desigual de los efectos de la crisis, del tal manera que cobra pleno sentido plantearse la cuestión de las decisiones políticas a adoptar desde la perspectiva de la equidad y preguntarse, como así hace el Informe, “¿qué capas de la sociedad deberán soportar el costo de la crisis y cómo se puede proteger mejor y dar más autonomía a los más vulnerables?, para ya responder de forma clara que no puede ser que dicho peso “recaiga en última instancia en las familias trabajadoras y en las pequeñas empresas”.

De ahí que se apueste por otorgar preferencia a la puesta en marcha de programas gubernamentales que potencien el empleo y la protección social, ya que entre las lecciones derivadas de las respuestas de los Estados a la crisis se constata que dicha protección por medio de los llamados estabilizadores sociales “han desempeñado una función esencial, y en particular las transferencias sociales que beneficiaron a los hogares con rentas bajas y fuerte propensión al consumo”. Así lo confirma también un reciente estudio realizado por el Departamento de Seguridad Social de la propia OIT, en el que se estudia el efecto estabilizador de la protección social, en especial de las prestaciones por desempleo, y se confirma que estos mecanismos “resultan eficaces a la hora de amortiguar los efectos negativos de la disminución de ingresos y sostener la demanda”.

Es desde esta perspectiva cuando cobra especial interés la propuesta programática contenida en el documento de la OIT de poner en marcha el llamado “nuevo equilibrio de políticas” entre “las dimensiones económica, social y ambiental de la vida, la economía financiera y la economía real, los intereses del capital y las necesidades del trabajo”, y en donde quizás pueda tener cabida un intercambio pactado de derechos y obligaciones entre la parte empresarial y la trabajadora, como puede ser, y este es uno de los ejemplos que se recogen en un estudio de la OIT sobre la reestructuración de empresas en el marco del diálogo social, “la seguridad en el empleo a cambio de recortes o congelaciones salariales de carácter temporal pactados con los trabajadores”.

Como todos los documentos emanados de la OIT, el informe ahora analizado aporta datos de indudable interés para comprender la gravedad de la situación social a escala internacional, como por ejemplo que el número de trabajadores vulnerables (el total de trabajadores por cuenta propia y trabajadores familiares auxiliares) se ha incrementado en 110 millones de personas entre 2008 y 2009, de tal manera que “unos 1.500 millones de trabajadores, o sea la mitad de los trabajadores de todo el mundo, se hallaban atrapados en el empleo vulnerable en 2009”. Otro dato de especial interés, y que guarda relación con el fenómeno migratorio, es la disminución del envío de remesas a los países de origen, que se calcula que cayeron en un 8 % en el año 2009, si bien el impacto de la crisis es diferente y varía “según el país de destino, el sector de empleo, la regularidad de la situación y el sexo del remitente”.

Por último, deseo destacar que una parte significativa del documento está dedicada a formular alternativas y propuestas para garantizar la recuperación y sentar las bases de una “globalización equitativa”, desde la manifestación previa de que el reto sigue siendo más empleo, estable y de calidad, es decir “aumentar la cantidad y calidad de las oportunidades de trabajo para todas las personas en edad de trabajar y que desean trabajar”. Se propone poner el acento en la gradualidad de las medidas que se adopten para ir suprimiendo las medidas de estímulo fiscal adoptadas durante la crisis, a fin de conseguir que tales medidas incrementen el consumo de los hogares, reactiven las inversiones empresariales y generan nuevos empleos y crecimiento económico. Como puede comprobarse, el debate planteado por la OIT es el mismo que existe en el seno de la Unión Europea, aunque en esta parece que ganan (de momento) los partidarios de las medidas radicales para reducir los déficits públicos, sin preocuparse por la secuelas sociales sobre la mayor parte de la población.