El Consejo de Ministros EPSCO y la nueva política de empleo de la Unión Europea (III).

IV. El Consejo EPSCO aprobará el Informe conjunto sobre el empleo 2009- 2010, que encuentra su origen en el documento previo presentado el 15 de diciembre de 2009, si bien la delegación del Reino Unido ha formulado una reserva de examen parlamentario sobre dicho Informe.

1. El examen de qué políticas de empleo se proponen y/o adoptan por los poderes públicos, tanto en ámbito estatal como comunitario, adquiere mayor importancia si se repara en que el desempleo es la principal preocupación de los ciudadanos europeos, seguida muy de cerca por la difícil situación económica que hemos vivido en los dos últimos años y que algunos países (entre ellos España) sigue viviendo en la actualidad. Al respecto, los datos del eurobarómetro de otoño de 2009 sobre las percepciones de la opinión pública constatan que el desempleo es la más importante preocupación para el 51 % de los ciudadanos en sus respectivos Estados, seguida de la crisis económica (42 %), porcentajes que en el caso español se incrementan hasta el 66 y 55 % respectivamente.

2. El anterior Consejo EPSCO, celebrado los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2009, dedicó especial atención a los retos fututos de las políticas de empleo. En dicho Consejo se celebró un debate sobré que medidas deben ser adoptadas y/o mantenidas a corto plazo para salir de la crisis, y cuáles deben ser las actuaciones a adoptar a largo plazo para evitar que se produzcan situaciones como las que hemos vivido en los dos últimos años.

Me parece importante destacar el consenso alcanzado sobre la necesidad de mantener medidas de política activa de empleo como las ayudas a las medidas de reducción de jornada, combinadas con políticas de formación para los trabajadores afectados por dichas reducciones, y para colectivos especialmente afectados como son los jóvenes, las personas de edad avanzada, los trabajadores temporales y las personas con discapacidad.

En cuanto se refiere al medio y largo plazo, resalto el énfasis puesto en las reformas de los sistemas de protección social para afrontar el proceso de envejecimiento demográfico de la población comunitaria y garantizar la viabilidad financiera de los regímenes públicos de pensiones, con una nueva llamada (que hasta el presente no parece que haya sido acogida) para desincentivar las salidas anticipadas del mercado de trabajo, así como también las adopción de medidas que faciliten el cuidado de los menores y de las personas mayores para posibilitar tanto la creación de empleo en el sector de asistencia a las personas como para favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y el incremento de la participación femenina en el mercado de trabajo. Por cierto, el proceso de envejecimiento demográfico y su impacto sobre las condiciones de vida de la población y las finanzas públicas ha sido objeto de especial atención en el estudio de la OCDE sobre el panorama de las pensiones en 2009, en el que se consta que todos los países que forman parte de la Organización están envejeciendo pero con diferentes ritmos.

3. En el Informe conjunto, objeto de debate y aprobación en el Consejo EPSCO del 8 y 9 de marzo y que posteriormente ha de ser aprobado por el Consejo Europeo el día 25 del mismo mes, se insiste en conseguir el equilibrio entre el mantenimiento, por ser necesarias, de medidas a corto plazo que mantengan y estimulen el empleo, de la medidas a corto plazo y la adopción gradual de medidas a medio y largo plazo que hagan más resistente a la UE ante hipotéticas futuras crisis. Como se ha destacado por las autoridades de la UE, hay que “reforzar, reorientar y finalmente retirar gradualmente nuestras medidas contra la crisis con el fin de mejorar la flexibilidad y seguridad de los mercados laborales de la UE e incrementar la resistencia de la economía a futuras desaceleraciones”.

A) Conviene recordar que la creación de empleo se produce con cierto retraso respecto de la mejora de la situación económica (estudios de la OIT cifran este retraso entre 3 y 5 años), y que hay colectivos especialmente afectados por la crisis que hemos vivido y a los que debe dedicarse especial atención como son los jóvenes, las personas con baja cualificación, y la población inmigrada. En el último Informe sobre el empleo en el mundo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se expone que el empleo no volverá a los niveles anteriores a la crisis hasta 2013 en los países con un elevado PIB per cápita, mientras que en los países emergentes y en desarrollo “los niveles de empleo podrían comenzar a recuperarse en 2010, pero no alcanzarán los niveles anteriores a la crisis antes de 2.011”.

De ahí que sea necesario mantener, y reforzar si procede, las medidas de lucha contra la crisis (nuevamente se enfatiza la bondad de las políticas de reducción de jornada como vía alternativa a la de extinción de contratos, si bien se recuerda que son validas mientras la situación de crisis existe pero no en etapas de mejora de la situación económica, y que además deben ir dirigidas a empresas y sectores viables de cara al futuro; también, un reforzamiento de las políticas personalizadas de orientación y formación por parte de los servicios de empleo).

B) En la misma línea que en documentos anteriores, se enfatiza por la UE la necesidad de adoptar medidas que faciliten el acceso y el mantenimiento en el empleo de la población trabajadora más que en un concreto puesto de trabajo, siendo para ello necesario facilitar la adquisición de las capacidades necesarias para favorecer las transiciones y la movilidad en el mercado laboral, con un justo equilibrio entre las medidas de flexibilidad y seguridad laboral que permitan superar la preocupante segmentación del mercado de trabajo que afecta a los trabajadores con contratos de duración determinadas y que faciliten la adaptación de las empresas a los cambios requeridos por las nuevas realidades económicas y productivas sin merma de los derechos de los trabajadores, siendo el objetivo incrementar la resistencia de la economía europea a futuras crisis.

C) El Informe llama a proseguir “con buen ritmo” la reforma del mercado laboral, argumentando su necesidad para que la UE pueda contar “con más y mejor empleo y con una mayor integración social”. Lógicamente, no ahonda más en este terreno, dadas las diferencias existentes en cada Estado, por una parte, y sobre qué debe entenderse por reforma laboral por otra, aunque no conviene olvidar que la UE ha hecho de la flexiseguridad el eje central de todas su políticas de empleo y de protección social en los últimos años, entendiendo que la seguridad debe ir referida a la permanencia en el mercado de trabajo y no a un puesto de trabajo concreto, y que las transiciones profesionales deben ir acompañadas de las medidas adecuadas que potencien la adaptabilidad y formación de los trabajadores y la protección social adecuada cuando ello fuere necesario.

D) En el proyecto de Informe, y en el texto definitivo que será aprobado este mes, se ha tomado en consideración el Dictamen del Comité de Empleo sobre la estrategia europea para el empleo en el marco del programa de Lisboa para el período posterior a 2010, en el que se defiende la validez de los objetivos marcados en su momento por la Estrategia Europea para el Empleo y la toma en consideración de las nuevas realidades económicas y sociales; de esta forma, las políticas de empleo deben tomar en consideración factores como el proceso de envejecimiento de la población, el crecimiento proceso de mundialización económica, el fortalecimiento de los recursos humanos y la apuesta decidida por las políticas de innovación, el cambio climático y su impacto sobre la creación/destrucción de puestos de trabajo, y la necesidad de reforzar la dimensión social de la EEE.

Se solicita que se mantengan los objetivos generales de la EEE, como son la búsqueda del pleno empleo, la mejora de la calidad y la productividad del trabajo, y el reforzamiento de la cohesión económica, social y territorial, pero al mismo tiempo se pide que las prioridades de acción en el próximo futuro sean limitadas, muy vinculadas al contexto político y económico actual, y que sean claramente visibles y conocidas por la ciudadanía. Por decirlo con las mismas palabras del documento, la futura EEE “debe presentar una estructura más simple y ser formulada en términos más claros para comunicar más eficazmente al gran público la necesidad de reformas y los costes que implica que no se pongan en práctica, para reforzar la apropiación y la adhesión a los objetivos de las políticas”. Además, se sugiere que puedan adoptarse objetivos que tengan en consideración la diferente situación de los Estados comunitarios, argumentando que ello podría contribuir a que fueran más eficaces y con mayor posibilidad de ser realizados.

De especial interés, además de las referencias ya contenidas en documentos anteriores sobre la necesidad de políticas inclusivas y la creación de empleos de calidad, me parece la mención a la conveniencia y necesidad de poner en marcha políticas que faciliten el tránsito desde los sectores y actividades en crisis o en fase intensa de reestructuración hacia otros con mayor protección de futuro y en el marco de los llamados sectores “verdes” emergentes, así como también el apunte sobre la necesidad de dedicar una especial atención a una mejor gestión de las migraciones económicas.