La protección social y la inclusión social en la Unión Europea en 2010.

1. La Comisión Europea ha presentado recientemente, en una Comunicación, su propuesta de informe de conjunto sobre la protección social e inclusión social 2010, texto acompañado de un exhaustivo documento de trabajo de la propia Comisión en el que se amplían y argumentan todas las propuestas expuestas en la Comunicación. Por consiguiente, es recomendable que la lectura del primer texto se acompañe de la del segundo, o al menos de aquellas partes del texto de las que la persona que proceda a su lectura esté más interesada en profundizar. Destaco a continuación aquellos datos, tesis y propuestas que considero de mayor interés.

2. Se valora positivamente la actuación de los poderes públicos para enfrentarse a la crisis económica que vivimos desde 2008, y se alerta sobre la necesidad de actuar para evitar que se incremente el número de personas que puedan llegar a encontrarse en situación de riesgo de desempleo de larga duración y exclusión, con la observación de que dichas personas ya no serán únicamente los denominados habitualmente “colectivos más desfavorecidos” y entre los que se incluye, por sus dificultades de acceso al mercado de trabajo, a inmigrantes, jóvenes, trabajadores de edad madura, mujeres y contratados con contratos de duración determinada.

Con tasas de desempleo que pueden alcanzar el 10 % en la UE, la previsión de incremento del gasto social es de 30,8 % del PIB durante el año en curso, más de 3 puntos del dedicado en 2007 (27,5 %). Este incremento se distribuye de forma muy desigual entre los diferentes Estados miembros, ya que las tasas de desempleo y de riesgo de pobreza son también muy diversas, y según datos de la oficina estadística Eurostat el desempleo oscila entre el 3,9 y el 20,9 %, mientras que las diferencias en el riesgo de pobreza se encuentran entre el 9 y el 26 %. Frente a esta difícil situación, la Comisión enfatiza la necesidad de combinar las medidas de actuación a corto plazo con aquellas que es necesario adoptar con previsión de medio y largo plazo para mantener la cohesión social; por decirlo con las propias palabras del texto, “las respuestas a corto plazo tienen que ser coherentes con las reformas estructurales necesarias para modernizar la política social, evitar que la economía y la sociedad sufran daños duraderos, y preparar el camino para los retos a largo plazo, como el envejecimiento”.

3. La necesidad de adoptar políticas de inclusión social eficaces y eficientes durante la crisis y después de esta es una constante en todo el texto, que alerta en especial sobre el impacto de la crisis sobre el desempleo de los jóvenes y los inmigrantes, cuya tasa de desempleo (20,7 y 19, 1%) es prácticamente es doble que la de la media comunitaria, así como también sobre las personas más alejadas del mercado de trabajo (inactivos que desean incorporarse, desempleados de larga duración que carecen de nuevos conocimientos para los nuevos empleos, etc.), ya que la disminución de puestos de trabajo que se ofertan llevan a una mayor competitividad por los mismos y una mayor dificultad para que puedan acceder al mercado de trabajo quienes dispongan de menores conocimientos.

4. Desde la perspectiva de los sistemas de protección social, tanto contributivos como asistenciales, la crisis económica ha obligado a numerosos Estados a prolongar la duración de las prestaciones por desempleo y flexibilizar los requisitos para su acceso, pero ello no ha impedido que se incremente el número de personas que se acoge a las prestaciones asistenciales como último recursos tras el agotamiento de las restantes prestaciones, cuestión que en España se puede constatar con el incremento de perceptores de los ingresos mínimos de inserción existentes en las diferentes Comunidades Autónomas, y después de haber pasado buena parte de sus perceptores por el subsidio de desempleo, que ha experimentado igualmente un importante incremento, tanto en la cuantía económica que dedica el Servicio Público de Empleo Estatal a su pago como en el número de perceptores.

Con respecto a las rentas o ingresos mínimos, los documentos comunitarios ponen de manifiesto y constatan algunos datos sobre los que deberíamos reflexionar: en primer lugar, que estas medidas reducen la intensidad de la pobreza pero no bastan por sí solas para que las personas afectadas (y ahora me estoy refiriendo básicamente a las personas trabajadoras que han agotado, o no han podido percibir, las restantes prestaciones) salgan de ella; en segundo término, que un buen número de las personas potencialmente con derecho a percibirlas no acceden a las mismas (aunque intuyo que esta hipótesis de trabajo deberá revisarse en futuros informes ante el importante incremento del número de perceptores, que en el caso de España es ciertamente elevado) por diversos motivos a los que las autoridades comunitarios ya se han referido en anteriores informes, y de ahí que se constate que estos sistemas de renta mínima disponen de un margen adecuado para aumentar su efectividad y eficacia si se corrigen los desajustes existentes que impiden llegar a todos los colectivos y personas afectadas, como son “complejidad de las reglas, falta de información, carácter discrecional de la evaluación, errores administrativos y miedo a quedar estigmatizado”.

5. Las políticas de inclusión social tienen un importante componente no estrictamente económico y al que he tenido oportunidad de referirme en numerosas ocasiones al analizar documentos sobre políticas de empleo, como son las políticas que potencien la participación en el mercado de trabajo mediante acciones formativas a lo largo de toda la vida, con especial atención para quienes dispongan de menos conocimientos. En esta línea, además, una adecuada combinación de políticas activas de empleo y medidas de protección social cuando fuere necesario permiten que las personas beneficiadas se mantengan activas y evitan el incremento de los costes económicos de la Seguridad Social que se produce cuando hay un incremento, por la razón real de imposibilidad de permanecer en el mercado laboral, de jubilaciones anticipadas o de prestaciones de larga duración por enfermedad o incapacidad. En esta justa combinación de políticas habitualmente denominadas “activas y pasivas” de empleo, y que deben ir inescindiblemente unidas, la importancia de los itinerarios individualizados de inserción es clara y evidente, y en atención a que nos estamos refiriendo a colectivos con especiales dificultades, no sólo económicas, en numerosas ocasiones, la actuación conjunta de los servicios sociales y de empleo adquiere particular relevancia.

6. El documento comunitario dedica además algunas reflexiones específicas sobre la necesidad de actuar en el ámbito de la vivienda, de la salud, y de los regímenes de pensiones. Del primer punto, es importante poner de manifiesto que el 38 % de las personas en riesgo de pobreza gasta más del 40 % de su renta disponible en vivienda, mientras que ese porcentajes es únicamente del 19 % cuando se trata de toda la población, y que las políticas comunitarias deben ser integradas, combinando tanto el apoyo financiero a las personas necesitadas como una regulación eficaz y unos servicios sociales de calidad, “incluyendo los servicios relativos a la vivienda, el empleo, la sanidad y la protección social”.

Con respecto a la salud, se constata que las situaciones de dificultad económica (tales como la incertidumbre laboral, las reestructuraciones empresariales y las situaciones de desempleo de larga duración, por citar sólo algunos ejemplos significativos) tienen un indudable impacto sobre la salud de las personas afectadas y hacen necesario reforzar los mecanismos de protección. Al mismo tiempo, y desde la perspectiva ahora proactiva de destacar la importancia del sector sanitario en la creación de empleo, se constata, como ya se ha hecho en anteriores documentos que el sector de la salud, con inclusión del cuidado de las asistencia de larga duración, “representa aproximadamente el 10 % del empleo total, y debido al envejecimiento de la población, la demanda de servicios sanitarios y sociales irá en aumento”.

Con respecto al apartado de las pensiones, el más cercano a mis reflexiones sobre las políticas de empleo, se constata la mayor protección de la que disponen en la actualidad las personas de edad, dada la resistencia de los regímenes públicos de reparto ante la crisis, aún cuando se pone de manifiesto que esta resistencia puede verse debilitada por la reducción de las personas empleadas que a su vez, y siempre según la Comisión, “reduce las cotizaciones y la base imponible”. Por el contrario, y me parece digno de destacar, la Comisión es bastante crítica con los regímenes de capitalización, o más exactamente con su debilidad frente a la “volatilidad de los mercados financieros”, y de ahí que se enfatice la necesidad de que las autoridades políticas y las de regulación y supervisión “promuevan una gestión más prudente del ahorro destinado por los ciudadanos a la jubilación, hallando así un medio equilibrado para aprovechar las ventajas de los regímenes de capitalización”.

7. En el debate actualmente existente en España, y que seguirá sin duda por mucho tiempo, sobre la reforma del sistema público de pensiones de la Seguridad Social, y en especial de las pensiones de jubilación, cobra especial interés conocer cuáles son las tesis comunitarias, que apuntan en la línea de tomar en consideración los períodos de cotización de toda la vida, y de ahí que se subraye que si las personas trabajadoras desean obtener una pensión máxima al finalizar su vida laboral, esta deberá ser “muy larga y sin interrupciones”, y de ahí que la adecuación del sistema a este hipotético cambio no radique sólo en la capacidad de los trabajadores para permanecer en el mercado de trabajo, sino también, y muy especialmente, “en la capacidad de los mercados de trabajo para ofrecer suficientes oportunidades de carreras más largas e ininterrumpidas”, o dicho en otros términos “la adecuación de las pensiones dependerá de la capacidad de los mercados de trabajo para dar la oportunidad de realizar carreras contributivas más completas y de mayor duración”. No deja de ser polémica la tesis del documento, pero tampoco conviene dejarla caer en saco roto y desdeñarla de entrada en el momento en que se inicia (o se reinicia, porque llevamos debatiendo desde hace muchos años) el debate en España.