1. Recomiendo la lectura del “III Informe sobre demandas atendidas a través de la red confederal de acogida y atención primaria” correspondiente al primer semestre de este año y elaborado por el equipo de estudios de Cáritas Española en el marco de su “observatorio de la realidad”, de fecha 12 de noviembre. La razón de esta recomendación es clara y evidente: porque aporta una excelente radiografía de los nuevos problemas de vulnerabilidad y exclusión social que sufre una parte de la población afectada por la crisis económica que vive en España.
2. ¿Qué es aquello que me parece más importante destacar del Informe? Que ha seguido incrementándose el número de solicitudes o demandas de ayuda recibidas: en el primer semestre se ha producido un incremento del 40,7 % sobre el año anterior, debido en gran medida, y coincido con la tesis del documento, al aumento del desempleo y más especialmente a mi parecer “por la pérdida de protección de las personas que terminan las prestaciones por desempleo”. En efecto, repárese por una parte en que la nueva prestación extraordinaria de protección por desempleo puede paliar en parte esta situación durante un período temporal de tiempo (6 meses), a la par que puede facilitar la reincorporación al mercado laboral de una parte de las personas afectadas hasta el momento del percibo de la nueva prestación por la carencia de rentas, pero por otra también debemos constatar el elevado número de personas que están pasando desde la prestación contributiva al subsidio y cómo una parte no menospreciable de ese colectivo pudiera quedar desprotegido por no cumplir los requisitos fijados por la norma reguladora del PRODI.
En segundo término, debe constatarse “la elevada presión social a la que la institución tiene que hacer frente”, y la preocupación que se manifiesta en el informe por la “extrema lentitud” de los procesos de orientación laboral, dada la difícil situación del mercado laboral y las urgencias, en ocasiones extremas, de las personas que solicitan ayuda en búsqueda de trabajo. No debiera dejarse de prestar atención a esta manifestación de que los procesos “en muchos momentos se convierten en contención emocional, en desahogo… pero… se resienten en cuanto a la duración, la intensidad y los resultados”.
3. Desde la perspectiva de las políticas de empleo y de las medidas que pueden adoptarse ante la crisis, también me parece importante destacar la alerta del Informe sobre la saturación observada en los servicios de formación y orientación, y muy en especial (estos informes reflejan con gran claridad los cambios que experimenta la sociedad) “los nuevos perfiles de las personas y familias atendidas”, en gran medida consecuencia de los cambios en el mercado de trabajo y el incremento del desempleo con especial virulencia en algunos sectores (el caso de la construcción sería paradigmático) que afecta tanto a autóctonos como a extranjeros.
Entre los efectos sociales de la crisis el informe constata que la situación es especialmente preocupante para las personas más vulnerables (colectivos especialmente desfavorecidos y en situación o riesgo de exclusión social), y pone claros ejemplos: la disminución del número de ofertas de trabajo para personal externo al servicio del hogar familiar (menos técnicamente y con mayor claridad práctica el informe habla de “empleadas de hogar externas”), aunque aumenta el de “internas”; aumenta el tiempo de búsqueda de empleo como consecuencia de las escasez de oferta de trabajo en los sectores hacia los que puede dirigirse la contratación de personas vulnerables, destacándose que ello afecta en especial a las personas demandantes de primer empleo, las mayores de 50 años, y los inmigrantes (situación de especial gravedad para este último colectivo, ya que ante esa dificultad corren el riesgo de “agotar los plazos legales de sus autorizaciones de residencia y trabajo”); incremento de la precariedad laboral, con contratos de muy poca duración y jornadas reducidas de trabajo, con la imposibilidad de que dicha actividad permita salir del circuito de la vulnerabilidad y/o exclusión, y manifestación (habrá que analizar con más detalle este punto, aunque es un fenómeno que se produce en las situaciones de crisis) de que “se está desarrollando un fenómeno de competencia entre trabajadores que ofrecen sus servicios más baratos”; impacto del desempleo de la persona titular de la familia sobre la situación social de toda ella; preocupación especial por la llegada a los servicios de Cáritas de personas con poca o nula cualificación profesional procedentes de la construcción e industria y que se han visto afectadas por la destrucción de empleo experimentado en los últimos meses; mujeres que solicitan trabajo como empleadas de hogar o en el pequeño comercio y que se incorporan o reincorporan al mercado laboral (ya se trate de autóctonas o extranjeras) como consecuencia de que su marido o pareja se ha quedado en paro.
4. Con respecto al ámbito específico de las personas extranjeras, y además de los problemas comunes ya referenciados al referirme al mercado de trabajo, el informe constata los problemas existentes para poder renovar las autorizaciones de residencia y trabajo (está por ver, dado que el informe es del primer semestre y las reformas en el Reglamento 2393/2004 entraron en vigor a finales de julio, como afectará la mayor flexibilidad legal introducida en dicha tramitación a los efectos de reducción del número de personas que se encuentren en dificultades para la renovación), básicamente por no tener cubierto el período requerido de cotización a la Seguridad Social o por no disponer de una oferta de trabajo que permita poder renovar la residencia. También me parece relevante destacar el aumento de solicitud de asesoramiento en materia de arraigo (dado que hay un número no menospreciable de personas que se encuentran en situación irregular, ya sea originaria o bien sobrevenida después de haber regularizado su situación en el proceso de normalización extraordinario que se llevó a cabo en 2.005). Igualmente, y esta es otra constatación de la necesidad, a mi parecer, de establecer una adecuada coordinación de todas las políticas públicas de las distintas Administraciones en materia de protección social, se constata el aumento de las personas inmigrantes “que solicitan asesoramiento sobre el acceso a prestaciones públicas de ayuda económica – especialmente de carácter autonómico – y que se encuentran en serias dificultades de renovación al no encontrar empleo”.
5. La vulnerabilidad es “nueva” sólo para una parte de las personas que acuden a Cáritas, siendo quizás más preocupante el “regreso” de personas que habían ya finalizado sus procesos de inserción y que la situación de crisis económica y social les ha vuelto a colocar en situación de “vulnerabilidad social y precariedad laboral”.
El examen de los perfiles demográficos de las personas que solicitan ayuda es claramente significativo de la nueva realidad del mercado de trabajo y de las dificultades de acceso al empleo para determinados colectivos: jóvenes demandantes de primer empleo, con escasa formación y que, a diferencia de años anteriores, ya no pueden incorporarse al mundo laboral aunque sea en trabajos precarios y de escasa cualificación; desempleados mayores de 45 años, una edad que parece maldita para poder reincorporarse al mercado de trabajo, algo que choca frontalmente con el aumento de la expectativa de vida de la población que está aumentado en los últimos años; las familias jóvenes con menores (aunque el informe amplía considerablemente el concepto de joven, ya que lo alarga hasta los 40 años); mujeres solas con cargas familiares, mujeres inmigrantes reagrupadas y generalmente mayores de 40 años, que buscan trabajo como empleadas de hogar (el informe constata que “se trata, en general, de esposas de maridos en paro”); hombres solos mayores de 45 años, que se encuentran separados o divorciados, en situación de desempleo y que no disponen de recursos económicos para el pago del alojamiento donde vivir; parados con poca cualificación que provienen de la construcción, hostelería e industria, muchos de ellos inmigrantes regulares.
En fin, un dato bastante relevante a tener en cuenta en el análisis de la realidad social y de las medidas que deben adoptarse para afrontar la crisis es el incremento del número de familias y personas autóctonas en situación de vulnerabilidad social y con la persona (habitualmente varón) titular de la familia en paro y mayor de 40 años, con una especial atención al hecho de que entre estos colectivos se encuentran muchos autónomos de pequeños comercios y talleres “que han tenido que cerrar al quedar arruinados y con muchas deudas a trabajadores, proveedores, impago de clientes, créditos no pagados, etc.”.
5. Hay otros muchos más datos muy interesantes en el informe, en especial en relación con la problemática de la población inmigrante en situación regular y que corre el riesgo de pasar a la irregularidad. Les recomiendo la lectura del documento, con una mirada abierta para tratar de analizar qué cambios se están operando en la realidad social de los colectivos vulnerables clásicos” y “nuevos”, y que debe hacerse para corregir los problemas detectados. Informes como el ahora presentado contribuyen a ello.
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