Sigue preocupando la (poca) creación de empleo (I).

1. En los últimos días he tenido oportunidad de leer algunos documentos sobre la situación económica y social (bueno, más exactamente de alguno sólo he leído el amplio resumen ejecutivo), y me gustaría compartir con las personas lectoras de este blog algunas de las ideas que considero más significativas. Hay que decir, además, que dichos documentos giran alrededor del debate internacional sobre asuntos económicos y sociales que está teniendo lugar desde el inicio de la crisis y que ha merecido especial atención en las pasadas reuniones del G-20 y de los Ministros de Trabajo y Empleo de la OCDE, que han sido ya objeto de atención en otras entradas.

2. Justamente con ocasión de la reunión del G-20 los días 24 y 25 de septiembre en Pittsburgh, la Organización Internacional de Empleadores envío el día 21 una carta abierta a los dirigentes de los países que iban a reunirse en dicha ciudad de los Estados Unidos, con el objetivo, se afirmaba, de enviarles algunos mensajes clave “para abrir una senda que conduzca a la recuperación efectiva de las empresas y a la restauración de la confianza en el mercado laboral”. El documento empresarial no hace sino reiterar las propuestas que hemos leído y escuchado desde hace mucho tiempo, y desde luego hay que decir que se cuida mucho el uso de cada palabra y de cada frase, de forma que es difícil estar en desacuerdo con las propuestas que se formulan en el ámbito laboral, aunque la falta de concreción sobre cómo aplicar las medidas propuestas lleva a un prudente escepticismo sobre aquello que se plasma por escrito en el documento presentado al G-20.

En efecto, la OIE, después de proponer diversas medidas en el ámbito económico (proseguir los esfuerzos encaminados a crear unos sistemas financieros asentados en prácticas responsables y sostenibles…., actuar con decisión en pro de unos entornos reglamentarios propicios para las empresas sostenibles…, convertir las necesidades de las PYME en una prioridad política…, luchar contra el proteccionismo y defender un entorno comercial más abierto) formula una propuesta muy general en el ámbito laboral.

Se insta al G20 a velar “porque la legislación y las instituciones del mercado laboral sirvan en la práctica para propiciar la transición de la recesión a la recuperación”, y se enfatiza por la organización empresarial que la crisis ha reforzado su convicción de que “los legisladores tienen que centrarse en la protección del empleo más que en la de los puestos de trabajo”.

¿Vamos a estar en desacuerdo con esta propuesta? Desde luego yo no, porque también la he plasmado por escrito, su segunda parte, en varios de mis artículos sobre las políticas de empleo. Ahora bien, realizada esta afirmación, habrá que ponerse de acuerdo en la “letra pequeña” de la propuesta.

Habrá que mejorar considerablemente las políticas activas de empleo por lo que respecta a la formación, información, orientación y asesoramiento a las personas que están en el mercado de trabajo o que desean incorporarse a él, y habrá en especial que dedicar especial atención a las personas que se encuentran en situación de desempleo. Habrá que reforzar los mecanismos que permitan una mayor implicación del personal en las empresas, de forma que el avance hacia esa tan deseada (al menos en teoría) empresa socialmente responsable sea algo más que un piadoso deseo, y eso significa mejorar los canales de información, consulta y negociación sobre las decisiones que afectan al personal de la empresa, tanto de los propios trabajadores como muy especialmente de sus representantes (unitarios y sindicales en España). Qué decir de la necesidad de reforzar los mecanismos de cobertura de protección económica para las personas desempleadas, de tal forma que el período más o menos largo en que puedan encontrarse sin trabajo no sea una fuente de incertidumbre y de inseguridad sobre su futuro; refuerzo de los mecanismos económicos, dicho sea de paso, que no implica sólo hablar de prestaciones por desempleo sino también de políticas formativas que mejoren la empleabilidad de dichas personas (de especial interés en el caso de España, donde los datos de los Servicios Públicos de Empleo ponen de manifiesto que hay un número importante de persona con posibilidades bajas o muy bajas de ser ocupadas). Por cierto, una organización seria y responsable como la OIT ha lanzado la propuesta, en el marco del Pacto Mundial para el Empleo, de establecer un régimen mínimo de protección social en todos los países, ciertamente adaptado a las realidades locales y apoyado en una base fiscal sostenible, que debería incluir “el acceso a la atención de la salud, la seguridad del ingreso para las personas mayores y las personas con discapacidades, las prestaciones por hijo a cargo y la seguridad del ingreso, combinadas con programas públicos de garantías de empleo para los desempleados y los trabajadores pobres”.

La “letra pequeña” requiere, en suma, apostar por un nuevo modelo de gestión de las relaciones de trabajo en las empresas y por un mayor impulso de las políticas activas y pasivas de empleo (cada vez me gusta menos utilizar los dos adjetivos para referirme a las políticas de empleo, porque creo que son dos partes de un mismo todo, pero lo hago porque sigue siendo la terminología comúnmente aceptada), que en el ámbito español requiere además de una estrecha implicación, cooperación, colaboración y coordinación entre las distintas Administraciones Públicas implicadas.

Si nos ponemos de acuerdo en la “letra pequeña”, ya sea por las reformas que sean necesarias en vía legal (la tan querida por algunos “reforma laboral” en España, que parece que vaya a ser el bálsamo de fierabrás que cure todos nuestros males, tal como parece dar a entender el editorial de un importante diario catalán de hoy domingo, y que olvida por cierto que hay muchas más propuestas de reforma laboral que las del manifiesto de los 100 economistas o las defendidas por algunas organizaciones internacionales), o en vía convencional (la negociación colectiva, santo y seña de un modelo de relaciones de trabajo que se asienta de forma preferente sobre el acuerdo de los agentes sociales y que deja en un segundo lugar, sin olvidar ciertamente su importancia, al marco normativo legal), no habrá entonces problema alguno en aceptar la última parte de la propuesta de la OIE, en la que se utiliza la palabra tan querida por unos y denostada por otros, flexibilidad.

La organización empresarial afirma que para proteger al empleo se requieren unas instituciones del mercado de trabajo “que proporcionen flexibilidad, de modo que empleadores y trabajadores puedan aplicar medidas acertadas y creativas que permitan mantener los niveles de empleo”.

Pues bien, pongámonos de acuerdo en qué debe entenderse por “medidas acertadas y creativas”: ¿una reducción de los costes de la extinción del contrato? ¿Una ampliación de las posibilidades de contratación de duración determinada, aunque formalmente se vista bajo la cobertura de una contratación indefinida con un coste económico reducido para el empleador en caso de extinción, sin causa o con ella? ¿Mecanismos de flexibilidad interna pactados en el seno de la empresa y que permitan combinar las necesidades empresariales en cada momento del ciclo económico con el derecho de los trabajadores tener una reglas estables en materia de remuneración salarial, ordenación del tiempo de trabajo, o regulación de las condiciones contractuales sobre movilidad? A mí me gusta mucho la tercera propuesta, y creo que las dos primeras tienen quizás un carácter creativo, pero desde luego no son acertadas para resolver la crisis del empleo. Y coincido con el director general de la OIT, Juan Somavia, cuando afirma, en el informe al que me refiero más adelante, que no se ha dado a las dimensiones sociales y económicas del desarrollo sostenible la misma prioridad que a la dimensión económica, y que “en las políticas de mercado trabajo ha predominado la flexibilidad sobre la necesidad igualmente importante de ofrecer seguridad laboral”, por lo que se necesita de verdad mercado de trabajo calificados de integradores, es decir aquellos que engloben a instituciones que hayan superado la prueba del tiempo “y sustenten la seguridad y adaptabilidad de los trabajadores y de las empresas”.

La OIE afirma en la parte final de su comunicado que sus propuestas están reflejadas en el Pacto Mundial para el Empleo aprobado por la Conferencia Internacional de la OIT de este año. Nuevamente estoy de acuerdo en que es así, y que aquello que hay que concretar es la “letra pequeña”, para ayudar a cada país “a formular unas políticas que respondan a sus necesidades nacionales”. Pues venga, pónganse manos a la obra gobiernos y organizaciones empresariales y sindicales para resolver la difícil situación. Yo hago mía la tesis recogida recientemente en un documento de la Confederación Sindical Internacional sobre sus propuestas de soluciones a la crisis y en el que apuesta por un modelo de desarrollo económico que sea económicamente eficiente, socialmente justo y ambientalmente sostenible recuperación coordinada y crecimiento más sostenible en el empleo y los ingresos…, nuevas normas para regular los mercados financieros…, acabar con la deflación salarial y la desigualdad…, un nuevo “green deal” para impulsar la recuperación económica y de empleo), y aunque no estoy seguro que sea del agrado de la OIE, valoro positivamente la propuesta sindical de apostar porque el programa de trabajo decente de la OIT sea impuesto “como eje de las instituciones económicas y sociales internacionales, el FMI, el Banco Mundial, la OCM y la OCDE, así como el de una carta mundial para una actividad económica sostenible basada en los principios generales de las políticas laborales, sociales, medioambientales y de desarrollo”. Recordemos aquí, por si a alguien se le ha olvidado, que el concepto de trabajo decente incorpora el respeto de los principios y derechos fundamentales proclamados en los Convenios de la OIT, la promoción de la igualdad de género y el fomento de la expresión, de la participación y del diálogo social.