Las negociaciones de las estrategias y los programas de la política comunitaria de cohesión del periodo de programación 2007-2013.

Una reciente Comunicación de la Comisión Europea analiza cuál ha sido el resultado de las negociaciones entre las autoridades comunitarias y los Estados miembros de la Unión Europea (UE) para la puesta en marcha de nuevos programas sectoriales y regionales de política de cohesión para el período 2007-2013, programas a los que la UE dedicará 347.000 millones de euros, cantidad que supone la segunda partida del presupuesto comunitario.

Los resultados de la negociación, centrada en los objetos de reducir las disparidades en el seno de la UE y de fomentar la cohesión económica, social y territorial, se han concretado ya en la preparación de los 27 marcos estratégicos nacionales de referencia y 429 programas operativos (frente a un total de 455 esperados). En suma, se trata de seguir desarrollando en los ámbitos sectoriales y regionales correspondientes, una política de desarrollo sostenible que consolide el crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusión social, y que proteja y mejore la calidad del medio ambiente. Tal como se indica textualmente en el documento comunitario, “apoyar a las regiones europeas para que se beneficien de un mundo cambiante exige invertir en mejorar la competitividad desarrollando el conocimiento, la innovación y el apoyo a progresos científicos y tecnológicos europeos para aprovechar su ventaja comparativa. Al invertir en capital humano y físico, la política de cohesión ayuda a impulsar el mercado laboral europeo y la productividad total de los factores: un resultado muy buscado para retener su ventaja competitiva”.

La nueva política comunitaria implicará que el 65 % de los recursos en las regiones de convergencia, y el 82 % en las de competitividad regional y empleo, se centrarán en las prioridades de la Agenda de Lisboa.

Desde la perspectiva más cercana a las políticas de empleo, cabe destacar la previsión en los nuevos programas de dedicar 14.000 millones de euros a políticas proactivas, es decir aquellas que permitan a las empresas y a los trabajadores consolidar su capacidad de anticiparse a los cambios (económicos, técnicos, organizativos) y gestionarlos adecuadamente, con una partida concreta de 2.500 millones para ayudar a la adaptación de las empresas y sectores que se enfrentan a procesos de globalización y reestructuración. También la mejora de la educación y la formación se considera muy importante, y por ello se destinan cerca de 26.000 millones, al objeto de facilitar la movilidad profesional y mejorar la competitividad europea. Para ayudar a reducir o suprimir los obstáculos que limitan el acceso al mundo laboral, o en su caso, la reincorporación, de colectivos con dificultades específicas tales como mujeres, jóvenes, trabajadores de edad o poco cualificados, se destinan 19.000 millones, sin olvidar los 1.200 millones destinados a facilitar en todos los ámbitos las políticas de integración de los inmigrantes. El documento comunitario destaca el ejemplo de Suecia, que dedica el 67 % de su presupuestos del Fondo Social Europeo al aumento de la oferta de mano de obra, y subraya que incluso en los mercados laborales (como el sueco) con niveles de empleo relativamente altos, “la política de cohesión puede ofrecer una ayuda valiosa con medidas adaptadas a quienes representan mano de obra sin aprovechar”.

La nueva política de cohesión ha de ponerse en marcha con una mayor implicación y participación de las administraciones regionales y locales, y de todos los sujetos interesados en los distintos ámbitos territoriales, ampliando de tal forma la participación de los sujetos implicados en la aplicación de la Agenda de Lisboa. El principio de cooperación y la gestión descentralizada de los fondos se convierten en elementos de referencia centrales para la política de cohesión. En especial, el principio de cooperación, tal como se constata en el documento comunitario, “moviliza el conocimiento local y ayuda de modo más eficiente y eficaz a las estrategias de crecimiento centradas en recursos locales. También fomenta la cooperación entre el sector público y el privado, a menudo formalizada a través de una cooperación público-privada, lo que crea un efecto multiplicador y consolida el impacto de la inversión”.

En definitiva, por medio de esta nueva política, tanto la Comisión como los Estados miembros pretenden, y deben adaptar las medidas necesarias para que ello sea así, que los programas se centren en inversiones que aumenten el crecimiento y el empleo, que sean coherentes con otras prioridades comunitarias, y en especial que gocen de la adaptabilidad necesaria para “superar los retos a los que Europa y sus regiones se enfrentarán a medio plazo”.